El resguardo es compartido por comunidades Tikuna, Cocama y Yagua pero cada una ha buscado conservar sus tradiciones de forma independiente (Vieco, 2014). La población se acerca a las 7300 personas actualmente, de las cuales el 63% es Tikuna, 16% Cocama y 7% Yagua, aunque también hay presencia de otras comunidades indígenas, colonos y afrodescendientes (Aticoya, 2019). Se reparten entre 22 asentamientos, de los que el principal y más urbanizado es San Martín de Amacayacu. Este poblado fundado a inicios de la 1970 es el que ha visto más de cerca la explotación de recursos forestales en las últimas décadas por su proximidad a la cabecera urbana de Puerto Nariño.
Según testimonios recogidos para la identificación de conflictos por recursos naturales en la zona hecha por ATICOYA, la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama, Yagua de Puerto Nariño y Leticia, desde 1965 ha habido tala de maderas finas, particularmente cedro. Los testimonios indican que en muchas ocasiones los aserradores, de origen colombiano, peruano y brasileño, engañaban a los indígenas para que les mostraran dónde había cedros a cambio de maderas taladas de baja calidad; y también que antes solían respetar las decisiones de los curacas o las autoridades indígenas de cada poblado sobre si podían o no talar allí (Aticoya, 2019).
El Parque Nacional Natural Amacayacu fue creado en 1975 con la intención de proteger estas áreas de reserva forestal. Sin embargo, ha sido problemático el posterior traslape entre zonas de Parque y zonas de resguardo en el sector de San Martín. Para las autoridades indígenas, el limbo jurídico en que los pone el traslape de figuras de ordenamiento territorial ha debilitado su gobernabilidad sobre el territorio y esto facilita que haya tala ilegal de maderas (Aticoya, 2019).
Un testimonio apunta lo siguiente: “Ese es el problema para mí que no se sabe quién manda, si manda TICOYA, si manda Parques o si manda Corpoamazonía, para ingresar documentos tocaba pedirle a la comunidad, pero tampoco era así, sino es que parques se mete acá, Corpoamazonía se mete acá, entonces uno no sabe cuál es la verdad. Pedir permiso, tramitar, decomisaron la madera porque no sabía quién era el que mandaba, si Parques o Corpoamazonía” (Aticoya, 2019, p. 7) Según ellos, las licencias para aprovechamiento comercial de recursos forestales que ha dado Corpoamazonia a población colona ha sido un instrumento con el que se legalizan maderas extraídas de zonas no autorizadas (“lavar” la madera), mientras que las regulaciones de las oficinas de Parque Nacionales Naturales les prohíben a ellos el uso doméstico de maderas a su alcance. Por ejemplo, el achapo y aguacatillo se ha utilizado para hacer canoas; el costillo para hacer utensilios y el matamata y cedro para hacer postes y muebles (Córdoba, 2017). La creciente infraestructura destinada a proyectos turísticos también se aprovecha de esos recursos madereros legalizados con mecanismos irregulares porque no existen instrumentos eficientes que rastreen el origen de las maderas (Aticoya, 2019).
Desde 2009 las autoridades indígenas han llegado a acuerdos con Parques Nacionales sobre formas de usar la tierra, después de que en 2002 se reformulara el enfoque conservacionista hacia la propuesta de “Parques con la gente”. La creación de la guardia indígena ambiental es un trabajo conjunto que ha demostrado resultados en apoyar la conservación de la región (Sandstede, 2023), así como el Programa de Educación Ambiental que ha formado a los indígenas en estrategias para la conservación (PNN, 2013). Antes hubo tensiones por la creación de chagras y por la caza indígena tradicional, pero en los últimos años se ha logrado reconocer la necesidad de planear el desarrollo de la región teniendo en cuenta a los actores presentes. Aunque coinciden en que la ocupación de terceros del territorio para hacer tala ilegal es una de las principales problemáticas por los recursos naturales de la zona, en el documento hecho por Aticoya reconocen que la falta de oportunidades laborales y las difíciles condiciones socioeconómicas también han llevado a que algunos miembros de la comunidad hagan talas u otorguen permisos informales a terceros para talar a cambio de dinero en algunas partes del resguardo (Aticoya, 2019).
En 2010 las autoridades indígenas del resguardo agrupadas en Aticoya formularon un plan de manejo para las áreas del resguardo, incluidas aquellas en traslape, en el que se priorizó la conservación del bosque primario remanente. La iniciativa tuvo el acompañamiento de entidades como Corpoamazonia y Parques Nacionales, y fue incluida en programas de bonos de carbono gestionados por la empresa South Pole Carbon Asset Management S.A.S. Hasta 2017 se verificó el cumplimiento de los compromisos de no deforestación para la captación de carbono (Global Carbon Trace, 2019). Por otra parte en 2015 se intentó hacer un parque solar en tierras de traslape en San Martín, en el que se tumbaron 4 hectáreas de bosque, pero el proyecto terminó abandonado y en la actualidad no funciona (El Español, 2023). En 2020 el Parque Nacional Natural Amacayacu se quedó sin guardaparques en terreno porque las disidencias de las extintas FARC que operan en la zona, el frente primero o “Carolina Ramírez”, los amenazó. Desde entonces hay registros de que la tala ilegal de maderas finas ha aumentado, así como otras actividades extractivas en la región como la minería de oro y gravas sobre el río Amacayacu (Mongabay, 2023). También ha aumentado el turismo verde que llega a la región, lo que paradójicamente ha impulsado una renovada demanda por materias primas para la construcción de infraestructura para los visitantes; es decir, es una nueva presión sobre los recursos forestales del resguardo y del parque (Aticoya, 2019).
Un efecto de la tala de ciertas especies es que se trata de árboles frutales que, en temporada de inundaciones, sueltan sus frutos y así atraen a ciertas especies de peces. Las comunidades indígenas conocen estos patrones y han visto cómo la tala intensiva de algunos árboles ha implicado una reducción en la presencia de peces importantes en su dieta tradicional (Aticoya, 2019; Fundación Omacha, 2024). Esto se ha sumado a dinámicas intensivas de pesca que han llevado a que no haya peces en el lago Tarapoto y solo en años recientes se haya logrado su reinserción (Periódico Unal, 2023). Otro efecto es que, aunque la tala no es extensiva como en regiones en las que predomina la deforestación y praderización, sí deteriora los sistemas ecológicos por el daño a los árboles circundantes, los caminos necesarios para acceder y transportar la madera, el ruido de las motosierras, la penetración en zonas de bosque primario, y afectaciones a lugares sagrados para las comunidades indígenas y a los salados en los que se alimenta la fauna regional (Vásquez, Verschoor, 2011). También acelera procesos erosivos sobre la rivera del río porque los sedimentos se depositan y remueven a un ritmo distinto que si hubiera árboles de gran tamaño y raíces profundas (que son precisamente los talados). Un efecto a gran escala de esto es que desaparecen y se forman nuevas islas de sedimentos, afectando el curso de los ríos y a las poblaciones que de ellos dependen (El Espectador, 2020).
La problemática en torno a la tala y explotación ilegal de maderas del Resguardo Ticoya replica una problemática de mayor escala a nivel regional. A lo largo del trapecio amazónico, y en general también a lo largo de tramos de cientos de kilómetros de fronteras fluviales y terrestres con Brasil y Perú (las fronteras con ambos países son de 1600 kilómetros cada una aproximadamente, todos en la región amazónica), no ha habido presencias o mecanismos suficientes para controlar este fenómeno, además de que en algunos casos las instituciones presentes y los mecanismos usados son franqueados o corrompidos (EIA, 2019). La regulación de la tala ilegal de maderas finas es una tarea difícil por varias razones. Son áreas muy extensas, con poco control institucional, conectadas por redes de ríos para transportar la madera, y hay distintas jurisdicciones nacionales sobre comercio fronterizo y conservación ambiental cuya descoordinación es aprovechada por los traficantes de madera (Semillas, 2013).
Además, hay dinámicas comerciales que facilitan a los traficantes de madera o intermediarios “lavar” la madera proveniente de distintos lugares en Leticia y luego transportarla a otros países. El régimen especial aduanero que cobija a Leticia, pensado como una forma de agilizar el comercio fronterizo, es una legislación porosa que es manipulada por los intermediarios y traficantes de madera. Estos utilizan la técnica de fraccionar cargamentos de madera para que no superen los 1000 $USD, pues así no deben declararlos en Leticia frente a autoridades aduaneras. En principio, la ANLA debe autorizar importaciones o exportaciones de madera, pero no hay registros de que haya hecho esto en los últimos años a pesar de que la DIAN registra numerosas transacciones de este tipo (EIA, 2019). De esta manera, entre permisos fraudulentos y falta de controles efectivos la madera se mueve a los lados del río Amazonas y sus numerosos afluentes que se han convertido en conocidos corredores de tráfico ilegal de maderas, entre otras mercancías (Insight Crime, 2019).
La explotación ilegal de madera representa el 10% de la deforestación a nivel nacional. Se calcula que entre el 40% y 50% de esta madera es de origen ilegal (WWF, 2011; Ministerio de Ambiente, 2023), la gran mayoría proveniente de la región amazónica, pero las cambiantes dinámicas comerciales hacen que sea difícil tener constancia en estos datos en la región, porque los flujos del comercio de madera cambian dependiendo de dónde sea más fácil “lavar” la madera y comercializarla. La madera extraída ilegalmente en Colombia muchas veces termina en bodegas de ciudades ribereñas de Perú y Brasil, mientras que la madera extraída ilegalmente de esos países termina en Leticia (360 grados, 2019a). Por ejemplo, el cedro obtenido de Colombia, que tiene una prohibición de extracción, es “lavado” y comercializado como si fuera obtenido en Perú o es vendido en mercados peruanos, mientras que otras maderas finas de Brasil y Perú terminan siendo declaradas como colombianas o vendidas en puertos colombianos cuando los precios y permisos ilegales obtenidos les son favorables (360 grados, 2019b; Insight Crime, 2023).
Desde 2015 hasta 2025 y a nivel nacional hay una prohibición en la extracción de cedro por la tala intensiva y selectiva que se ha hecho de esta especie, que ha a llevado a poblaciones cada vez más reducidas y distantes en lugares en las que antes eran endémicas, particularmente en la Amazonía. (Ministerio de Ambiente, 2015). Un testimonio de un integrante del resguardo Ticoya dice: “Yo creo que mayor parte de este ya no se cuenta [el cedro] porque este ya está agotado de madera, pero más por el fondo yo creo que hay madera. De cedro, ni hablar de cedro, ya no existe aquí en este parque [PNNN Amacayacu] ya no hay nada” (Aticoya, 2019, p. 6). También se han hecho vedas a la tala de otras especies como Cedro, Caoba, Palorosa, Abarco y el Canelo de los Andaquíes.
Hay una larga cadena de actores en la extracción y comercialización de madera. Según investigaciones hechas por portales periodísticos, en muchas ocasiones se encuentra que los llamados “gasteros” son los que negocian los permisos para la extracción que luego manipulan para extraer más volumen de madera o de lugares no autorizados. Estos permisos los negocian con autoridades ambientales para legalizar la madera, y por otro lado con autoridades indígenas, para citar puntos de obtención de la madera autorizados que en la práctica no son respetados. Los aserradores de madera son población local colona o indígena que vive de su trabajo en condiciones precarias, a falta de otras oportunidades en la región, y son el eslabón más débil de esta cadena de extracción. Sin embargo sobre ellos recaen muchas de las operaciones de control que las instituciones realizan y que pasan por alto partes más poderosas de esta cadena. Los aserradores lanzan troncos a ríos y caños afluentes del Amazonas que luego son recogidos por los remolcadores. Estos actores funcionan como transportadores desde puntos de extracción hasta bodegas en ciudades peruanas o brasileñas, o en Leticia. Estos centros de acopio son controlados por los intermediarios, que están encargados de procesar la madera, es decir cortarla en tablas, y de encontrar cómo comercializarla con los compradores de mediana y gran escala que buscan hacer negocios fuera de las regulaciones nacionales que encarecen precios de maderas finas naturales. Son estos dos últimos los que más beneficios reciben de estas transacciones, tanto por lo que ahorran en impuestos como por lo que producen por la extracción irregular de recursos naturales. Eslabones más bajos en esta cadena de extracción reciben menos beneficios y más riesgos (Insight Crime, 2023; 360 grados, 2019, 2019a; EIA, 2019; Semana, 2019).
Dentro y en las inmediaciones del Resguardo Ticoya, hay puntos de extracción maderera en los alrededores de Puerto Nariño, San Martín de Amacayacu, San Juan de Atacuari y San Pedro de Tipisco. Del otro lado del Amazonas, en Perú, está Caballococha, un municipio de población mestiza y de tamaño medio que genera presiones sobre el borde sur del resguardo Ticoya y del PNN Amacayacu. La madera extraída de esta región es transportada por la red de ríos que llegan al Amazonas y por ese medio termina en San Pablo de Loreto e Iquitos, en Perú, o en Tabatinga, Manaos o la isla de aserraderos conocida como Islandia (Insight Crime, 2023b) en Brasil. Esta isla, muy cerca de la trifrontera, es un lugar que recibe buena parte de la madera ilegal colombiana y peruana y en el que no hay controles de ningún tipo según investigaciones hechas en la zona (360 grados, 2019a). Por otra parte, en la sección norte del Resguardo y del PNN Amacayacu, la explotación ilegal usa los ríos que conectan con el río Putumayo, pero las principales presiones están sobre el borde sur que colinda con el río Amazonas.
La denuncia hecha por Aticoya referente a que permisos concedidos por Corpoamazonía han terminado “lavando”, “blanqueando” o legalizando maderas extraídas ilegalmente es corroborada por diferentes investigaciones en las que aparece mencionado este método (Insight Crime, 2023; EIA, 2019). Procesos similares ocurren ante autoridades ambientales y comerciales peruanas y brasileñas, donde las instituciones de esos países también han estado involucradas en estas prácticas (Insight Crime, 2023a).
Otro problema compartido es que los controles de autoridades ambientales y comerciales se han hecho principalmente en el transporte fluvial o terrestre de la madera, lo cual es fácil de evitar para los intermediarios y transportadores porque se refugian del otro lado de las fronteras o en la red de ríos y caños que conecta la región, en lugar de hacer los controles en las bodegas, centros aserradores y centros de acopio que reciben esa madera ilegal, la procesan y esconden su origen para finalmente comercializarla (360 grados, 2019a). Este paso de transformación inicial de la madera es donde se pierde el rastro de su lugar de extracción, por lo cual estos lugares son fuertemente custodiados de manera informal. Desde allí comienza el tránsito a centros de acopio en ciudades como Cali, Bogotá o Neiva, o en ciudades peruanas y brasileñas, donde es recibida por sectores productivos que no se preocupan por su origen (Insight Crime, 2021). Estas técnicas han sido también documentadas por la prensa peruana y brasileña en distintas ocasiones, así como el aumento del comercio ilegal en los últimos años (El Comercio, 2022; Imazon, 2024).
En los últimos años ha habido esfuerzos conjuntos para implementar mayores controles en el comercio transfronterizo de madera entre los tres países involucrados (WWF, 2021) y por fomentar acuerdos y buenas prácticas en los sectores que utilizan madera (Ministerio de Ambiente, 2023). A pesar de esto, la subida en los precios de maderas finas naturales, la apertura a nuevos mercados en Asia y a nuevos segmentos de la población en los mercados internos, y la necesidad de ampliación de la infraestructura destinada al turismo verde en el trapecio amazónico, implican nuevas presiones en este conflicto fronterizo (Dialogue Earth, 2022; Global Witness, 2018).
