Presiones Socioambientales
Desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta el día de hoy, las actividades económicas desarrolladas en la Amazonia se han orientado por la extracción de recursos vegetales, forestales, animales y mineros-energéticos. Además de esto desde ya hace varios años se ha empezado a desarrollar una serie de proyectos productivos que van en contravía de la vocación de los suelos de la Amazonia. Estas situaciones no solo han sido fuente de atracción para los grupos poblacionales que hoy en día habitan, sino también para el Estado, empresas nacionales, internacionales y multinacionales que han desarrollado actividades industriales (principalmente, minero-energéticas) que han aumentado algunas de las presiones socioambientales que se presentan en la región.
A continuación se desarrollan cinco presiones socioambientales sobre la Amazonia a partir de información obtenida por el Sistema de Información Ambiental de Colombia, desarrollado en el ámbito regional de la Amazonia colombiana -SIAT-AC-, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI-, la Agencia Nacional de Minería- ANM-, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- y el DANE. Las presiones descritas a continuación, generan condiciones para generar conflictos socioambientales, es decir, preceden a los desencuentros y conflictos en la medida que entrecruzan un conjunto de actores que tienen procesos autónomos de toma decisión y nociones subjetivas de lo que debe ser la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Pérdida de bosque y Praderización
La pérdida de bosque y praderización en la Amazonia hace parte de un proceso de largo aliento, producto de normatividades y políticas públicas que han incentivado la colonización de tierras. Por colonización se entiende un proyecto de integración territorial y social de la nación que ha tenido diferentes etapas cuyo hilo histórico es el establecimiento de la soberanía del Estado en las regiones de frontera (Ramírez, 2022). La Amazonia, conceptualizada desde 1843 como territorio nacional y tierra baldía, es decir, administrada y subordinada al gobierno central; ha sido fuente histórica de conflictos al delimitar arbitrariamente el suelo, fomentar mercados que han monetizado la naturaleza e ignorado en principio las dinámicas locales y nociones de propiedad de los pueblos indígenas y habitantes rurales no indígenas.
En la Amazonia, la pérdida de bosque se presenta principalmente en el departamento del Caquetá, Sur del Meta y Guaviare, en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, y San José del Guaviare. El índice de pérdida de bosque permite afirmar que en estos cuatro municipios, son escenarios de potenciales CSA, porque se está aumentando la frontera agrícola y pecuaria en ZRFA, los PNN y RI. Por otra parte, este conjunto de municipios fueron los ejes del control territorial de las extintas FARC antes del tratado de paz con el Estado colombiano. Hoy en día son municipios donde permanecen grupos de disidencias de las FARC, que se movilizan a través de un circuito o corredor que bordea al PNN Chiribiquete. De esta manera, la pérdida de bosque sobre los bordes de las zonas boscosas de las figuras de protección, también están directamente relacionados con las dinámicas de los grupos armados y su control territorial, además de la infraestructura vial local y la ocupación ganadera.
Cultivos Ilícitos
La Amazonia colombiana ha sido un escenario de cultivos de uso ilícito desde la década de 1980, los principales departamentos de la región han sido Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Según cifras del SIMCI en el año 2001 la Amazonía concentró el 74,8% de los cultivos a nivel nacional y el 29,9% estaban en el departamento de Putumayo. En el 2010 esta relación cambió y disminuyó la concentración de cultivos, llegando a una cifra de 32,9% del total nacional. Entre los años 2012 y 2017 el porcentaje osciló entre cifras del 32-47% y entre los años 2018-2021 ha sido de cifras entre 18-29% (SIMCI, 2020). Un hecho de especial interés, es que el 2021 ha sido el año con mayor proporción de cultivos de uso ilícito en el país de los últimos 20 años, en la Amazonia también hubo un incremento de aproximadamente 10.000ha con respecto al año anterior para un total de 38.411ha; no obstante, a pesar del aumento del 134%, a nivel nacional la Amazonia registró el menor porcentaje con respecto a la cifra nacional de los últimos 20 años, con 18,8%.
Según UNDOC y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI- la mayor concentración de cultivos de uso ilícito se presentan en las zonas que han adoptado el modelo de enclave productivo. Desde el 2016 se estableció la categoría de enclave por la coexistencia de un mercado global, una economía territorialmente definida, mercados influenciados por actores externos y un alto nivel de inestabilidad social y política (UNODC, 2022). En el año 2021 se identificaron 14 enclaves, de los cuales 12 están ubicados en zonas fronterizas y zonas con acceso a rutas al mar. De este grupo, dos se encuentran en la Amazonia; el primero, en la zona fronteriza por la cuenca del río San Miguel (municipios de Ipiales, Valle del Guaméz, San Miguel y la parte suroccidental de Puerto Asís), es un área de 650 km2 con aproximadamente 7.222ha; el segundo enclave, está ubicado en el municipio de Orito por la cuenca del río Vides registró 1.421ha, de cultivos, es decir, los dos enclaves concentran el 30,6% del total departamental (UNODC, 2022).
Hidrocarburos
La demanda mundial contemporánea de materias primas, en especial de hidrocarburos, ha sido fuente de presión para explorar y realizar actividades de perforación y extracción en el subsuelo nacional, los cuales tienen impactos directos en los ecosistemas, la economía local, el bienestar y los derechos de las comunidades locales. Esta actividad tiene una trayectoria de más de 60 años en la Amazonia, desde la década de 1950-1960, se han realizado exploraciones en lo que hoy es el departamento de Putumayo y Caquetá. La mayoría de estas exploraciones y extracción de hidrocarburos en la Amazonia se han realizado en las cuencas sedimentarias Putumayo-Caguán y de Llanos Orientales; también, durante la década de 1990 se realizaron exploraciones y perforaciones en la cuenca sedimentaria de Vaupés-Amazonas.
Desde la década de 1960 se han realizado 738 perforaciones de pozos petroleros distribuidos en 31 municipios de la Amazonia, de este grupo 554 están ubicados dentro de bloques en estado de producción independientemente si están activos o no. El 83,7% de los pozos dentro de bloques en producción están en Putumayo, el 11,1% en el Meta (La Macarena), el 2,8% en Cauca (Piamonte), 1,9% en Nariño (Ipiales) y el 0,1% en San Vicente del Caguán. Además, en la Amazonia hay 49 bloques de los cuales 12 están en estados de producción, 36 en exploración y 1 en evaluación técnica o TEA (ANH, 2022). De este conjunto 11 bloques en estado de producción están en el departamento del Putumayo, dos de los cuales comparten jurisdicción con las parcialidades de Cauca y Nariño, reúnen 464 pozos (activos e inactivos) y están operados por Ecopetrol y 4 empresas privadas (Tabla 1).
Minería
La minería está asociada a las economías extractivas, no obstante, esta actividad reúne un complejo de materiales que difieren en sus impactos, técnicas y escala de extracción. Por ejemplo, la extracción de carbón genera erosión de los suelos, mientras la extracción de oro y uranio requiere grandes volúmenes de agua y sustancias que sirven como reactivos para extraer el material (Conde y Lebillon, 2017). La diversidad de modalidades alrededor de la actividad minera, también reúne diferentes actores, desde grandes empresas multinacionales y nacionales asociadas a los extractivismos cuyas actividades se dirigen principalmente a la exportación de materias primas sin procesar, hasta comunidades indígenas y colonas, sin grandes volúmenes de extracción, poca intensidad y producto de una apropiación comunitaria (Lalander et al, 2020). A pesar de las diferentes vertientes de la minería, está actividad genera diferentes tipos PSA que pueden derivar en tensiones internas en las comunidades, transformación de los sistemas indígenas productivos, impactos sobre la fauna-flora, los recursos hídricos y escenarios de riesgo para la salud humana y de los ecosistemas, por tanto, ser potenciales CSA.
En el año 2022 con fecha de corte a marzo, se registran 214 títulos que cubren una superficie de 173.588ha que equivale al 0,35% de la superficie de la Amazonia. 56 de los títulos están dentro de resguardos indígenas y cubren un área de 125.133ha. Por otra parte, del total de área de los títulos mineros, el 27,2% del área (47.218ha) se concentra en seis títulos, cada uno con valores que oscilan entre 4.985-9980ha. Este grupo de títulos puede caracterizarse como minería a gran escala de minerales de oro, cobre, anhidrita, antracita, azufre y diferentes tipos de arcillas. Los títulos están ubicados en los municipios de Taraira (Vaupés), Puerto Colombia (Guainía), Mocoa (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca).