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La oferta hídrica del Municipio está representada por una importante red hidrográfica que hacen parte de la cuenca de los ríos Caquetá y Orteguaza. Los principales afluentes del río Caquetá son: ríos Fragua Grande, Zabaleta, Fraguita y Yurayaco, y los del río Orteguaza: Fragua Chorroso y San Pedro. Estos ríos y sus afluentes nacen en la cordillera Oriental, por tanto, son ríos de origen andino – amazónicos. Por transcurrir a través de paisajes de montaña, arrastran consigo gran cantidad de sedimentos que son depositados en las partes bajas cuando descienden a los valles aluviales. Estos ríos descienden de la cordillera con gran velocidad de flujo debido a la fuerte inclinación de las pendientes, por lo que presentan una alta torrencialidad en sus partes altas formando patrones de drenaje erosionales. En el lomerío amazónico nacen algunas quebradas afluentes de estos ríos, y que se alimentan del agua que fluye de manera subterránea desde la cordillera. (Alcaldía San José de Fragua)

En un estudio de caso sobre San José de Fragua y la minería ilegal de la Universidad del Rosario (Romero, Ríos & Güiza 2020) se expone que, la industria minera en Colombia se ha desarrollado principalmente de manera informal sin una clara regulación oficial, especialmente a finales del siglo XIX se consideraba como un elemento relevante en la economía del país. Es en el siglo XX, que se crean las primeras políticas municipales para promover la minería artesanal a pequeña escala. En 2001, la Ley 685 expidió el Código de Minas, con los lineamientos para regular la minería por parte del Estado. “”Dicha ley resalta que “todos los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado” (Ley 685 de 2001), por lo que para llevar a cabo cualquier tipo de exploración o explotación se debe contar con un título otorgado por la Agencia Nacional de Minería”” (Romero, Ríos & Güiza 2020). De esta manera el Estado central, es el encargado de la administración, regulación y fiscalización de esta actividad la minería. “”Igualmente, a partir de ese momento se dan una serie de esfuerzos para crear herramientas de formalización y sistematización de los mineros artesanales o tradicionales existentes, con el objetivo de diferenciarlos de los pequeños y medianos explotadores informales y de los mineros ilegales””. Romero, Ríos & Güiza 2020 señalan la importancia de la expedición de la ley 1892 de 2018, por medio de la cual el Congreso de Colombia dispuso eliminar el uso del mercurio en la minería a 2018 y en la industria a 2023. Así mismo, a través de la Ley 1892 de 2018, el Congreso “aprobó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y, por medio de la Sentencia C-275/19, la Corte Constitucional declaró exequible su contenido, señalando que las cifras advierten que se trata de un desafío inconcluso para el Estado colombiano, del cual todavía dependen miles de familias, inmersas en complejas dinámicas de violencia, contaminación, exclusión y pobreza.”(Romero, Ríos & Güiza 2020)

El conflicto se da en torno a la extracción informal de oro tanto en veta como en aluvión, en al menos once lugares de algunas veredas de San José del Fragua, municipio cercano al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. Para la extracción se utiliza maquinaria o mini dragas, así como mercurio que genera contaminación de las fuentes hídricas. La minería está ligada a cultivos de uso ilícito, pues estas economías se alternaron históricamente en el municipio. (Romero, Ríos & Güiza 2020) Quienes antes se dedicaban a cultivos de coca después de la firma de los Acuerdos de Paz y de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS han encontrado en la minería una opción de subsistencia.

La posición de la comunidad sobre la minería no es unánime (Semana Rural, 2019). Quienes desarrollan esta actividad la defienden por ser una fuente importante de ingresos para su subsistencia y argumentan que esta actividad no genera más contaminación que la exploración y explotación petrolera realizada por Pacific Rubiales, de manera legal, en el mismo municipio. En contraste otro sector de la comunidad señala la contaminación hídrica y ambiental por minería. Ambas posturas se han puesto en la agenda pública mediante divulgación en medios de comunicación.

La Fuerza Pública, junto a la Fiscalía General y otras instituciones, han implementado operaciones en contra de esta actividad, incluyendo la destrucción de maquinaria, captura de personas y el inicio de investigaciones penales por delitos ambientales (Romero, Ríos & Güiza 2020; Fiscalía, 2022). En este sentido se realizaron operativos militares y procesos judiciales para detener las actividades de explotación de oro y el uso de mercurio, es el caso de la vereda la Cristalina. Respecto a la contaminación ambiental se ha denunciado contaminación por mercurio en ríos como el Zabaleta, fuente hídrica local utilizado para la pesca y para actividades recreativas (Semana Rural, 2019). También se señala pérdida de fauna acuática por la contaminación y la formación de lodos. Debido a su cercanía con el PNN Alto Fragua Indi Wasi se considera una actividad que pone en riesgo la conectividad de ecosistemas.

Como concluye (Romero, Ríos & Güiza 2020) en su estudio sobre los desafíos del Estado Colombiano al aprovechamiento ilícito de oro y los cultivos de uso ilícito en San José de Fragua (2020) existen pocos estudios y poca documentación oficial frente a esta actividad de economía ilícita. Frente a los impactos, evidencia las afectaciones por deforestación y el vertimiento de mercurio como los principales impactos ambientales. Frente los impactos sociales, la expresión de conflictos por la explotación minera y los cultivos de uso ilícito, la llegada de grupos armados y el aumento de la violencia, especialmente una vez las FARC firmaron el acuerdo de paz y el consecuente ingreso de otros grupos armados que luchan por el control de las economías ilícitas.

Si bien con la firma del Acuerdo de Paz cambiaron las dinámicas de control que los actores armados ejercían sobre estas dos economías y se establecieron planes y proyectos para lograr una transformación integral del territorio y la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, los compromisos del gobierno no fueron aceptados por todos los productores, y quienes sí se vincularon a las iniciativas no han recibido los subsidios y apoyos a tiempo. Con demoras de más de un año en la implementación de programas como el PNIS, muchos campesinos cultivadores han optado por volver a las siembras ilícitas, mientras que otros se han trasladado a la actividad de extracción de oro.

El resguardo indígena Nükak no ha sido ajeno al conflicto armado, y por tal motivo en distintos momentos los Nükak han tenido que vivir en asentamientos por fuera de su resguardo, en proximidad con campesinos y otras comunidades, con todo lo que esto conlleva en el impacto sobre sus prácticas, tradiciones y saberes culturales, incluyendo que las nuevas generaciones de Nükak desconocen mucho de la forma de vida en el resguardo (Zimmermann, 2016). De manera paralela a esta situación, medios de comunicación como Semana Sostenible (2020) y Ambiente y Sociedad (2020), entre otros, señalan que ahora en el resguardo Nükak, se encuentran fincas, cambios de paisaje, cultivos de uso ilícito, lo cual los ha obligado a desplazase a las afueras. En los últimos años, las amenazas al pueblo Nükak vienen de las disidencias de las FARC comandada por Gentil Duarte (Ambiente y Sociedad, 2020). A lo anterior, en estos medios de comunicación también se indica que a los territorios han llegado grupos paramilitares, (AUC), carteles del narcotráfico; al igual que han llegado actividades productivas como la ganadería extensiva, la industria ilegal de la palma africana y el eucalipto. Todo lo anterior, conlleva a la aparición de nuevos actores, que quieren asentarse en su territorio y que generan diferentes presiones y usos sobre el mismo, al apropiarse de las tierras desprotegidas por las instituciones estatales (Pardo, 2020).

La deforestación intensiva que se viene registrando al interior del resguardo Nükak en los últimos años, a pesar de la amplia extensión de tierra titulada a nombre del pueblo Nükak, se ha visto reflejada en el aumento y en la ampliación de predios al interior del resguardo (FCDS, 2020). Lo anterior acompañado de la construcción de vías ilícitas para conectar las fincas y potreros para sacar por allí la producción hacia ríos o centros de comercio. Algunas de las limitaciones que se han planteado desde el estado para actuar al interior del resguardo, se relaciona con el hecho que al interior del resguardo no ha sido tan fácil avanzar con el programa de desminado y limpieza de minas antipersonales.

Adicionalmente, se expresan tensiones entre instituciones, campesinos e indígenas, evidenciadas en las manifestaciones sociales expresadas en bloqueos y paros campesinos cuando se realizan acciones de control a cultivos de uso ilícito. Esto ha generado desconfianza y tensiones entre distintos actores con entidades del estado. Algunas de las tensiones sociales que se han generado en torno a esta situación se relacionan con i) campesinos cultivadores de hoja de coca suspendidos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS como consecuencia del traslape de sus predios con el resguardo Nükak, ii) Recolectores de hoja de coca del pueblo Nükak quienes están vinculados al PNIS, pero están a la espera del inicio del programa con enfoque diferencial (Rubiano-Lizarazo, et. al. 2022).

Esta última situación ha generado situaciones de tensión con entidades del estado, puesto que las familias del pueblo Nükak aparecen inscritas en los documentos del PNIS, sin embargo, según funcionarios, estas familias no están vinculadas oficialmente pues no se pudieron suscribir acuerdos con ninguna comunidad indígena del Guaviare (Rubiano-Lizarazo, et. al. 2022). Lo anterior genera la tensiones sociales por aparentes temas de incumplimiento, ya que varios indígenas Nükak han encontrado en el uso ilícito de los cultivos de coca una alternativa económica. En esta economía, los Nükak son contratados como mano de obra mal paga, que encuentran en este trabajo un ingreso laboral que no necesariamente los va a ayudar a satisfacer sus necesidades básicas.

Algunas visiones que tienen algunos actores involucrados en el conflicto, como es el caso de los campesinos, indican que tanto los indígenas como los campesinos tienen una cantidad de problemas históricos no resueltos por las instituciones del Estado. Para los actores locales no hay proyectos productivos, no hay educación, no hay salud, señalando que en territorio donde viven carecen de los elementos básicos para una vida digna. Adicional a lo anterior, existe otra tensión tanto con pueblos indígenas como con colonos, a quienes se les ha reconocido como propietarios por igual sobre los mismos terrenos.

Frente a la presencia de campesinos en la zona de resguardo, algunos indígenas señalan que los campesinos fueron titulados sin consulta previa a las comunidades indígenas, porque siempre ha habido comunidades étnicas en el territorio (Brand, 2019). Además de esto, varios indígenas ven en la convivencia con los colonos, una situación difícil puesto que consideran que sus medios de producción son terriblemente nocivos para sus formas tradicionales y culturales de supervivencia y su relación con el territorio (Brand, 2019).

Estas situaciones muestran que hay distintas causas de ocupación del resguardo Nükak, las cuales tienen distintos orígenes, por un lado, hay ocupación de comunidades campesinas, asociadas en gran parte a cultivos de uso ilícito y en menor escala a la práctica de ganadería. Una parte de estas ocupaciones por parte de campesinos están relacionadas con los problemas de traslape del resguardo con algunas de las veredas de colonos que se encuentran en el borde de las zonas del resguardo y la zona de reserva campesina del Guaviare. Lo cual ha generado situaciones de tensión entre los Nükak y los campesinos que habitan la región.

Más recientemente, pero con mayores impactos en el resguardo, se ha venido presentando ocupación de las tierras con la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito, principalmente. Dentro de los supuestos que tienen algunas autoridades y varios medios de comunicación al respecto, es que consideran que lo que está causando este fenómeno, es que hay presencia de actores como el Cártel de Sinaloa de México, quienes a través de testaferros buscan lavar dinero (Ambiente y Sociedad, 2020). Sumado a lo anterior, la presencia de los integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, coinciden en ese mismo territorio y pueden ser parte de los interesados en adelantar las quemas (Ambiente y Sociedad, 2020).

Además de esto, la FCDS tiene mapeadas 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Pardo, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque han tumbado selva de lado a lado, y ya se ven pequeñas fincas a lo largo del trayecto, generando ocupación del resguardo para distintas actividades como praderización, acaparamiento, desarrollo de ganadería, cultivos de coca para uso ilícito entre otras (FCDS, 2020). Todo lo anterior, va en detrimento de las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas del resguardo Nükak. Estas dinámicas se han visto incentivadas por la falta de presencia de instituciones estatales en las regiones que quedaron sin control territorial luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que ha permitido la intromisión de grandes ocupantes y acaparadores de tierra.

En el 2023 la Unidad de Restitución de Tierras como apoderada judicial de los Nükak (URT, 2023), busca con la acción judicial del juez de Villavicencio, que los 632 sobrevivientes del pueblo ancestral accedan al derecho fundamental de restitución y al goce efectivo de su territorio, constituido por 954.480 hectáreas, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización; así como la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio, entre otras pretensiones (URT, 2023).

Adicional a esto, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública con el fin de superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, que ha estado afectando a los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de Guaviare (Salazar, 2023). Igualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un acuerdo con Minambiente, para dignificar la labor del campesinado, de los pueblos indígenas y las comunidades negras (Minagricultura, 2023). Es por esto que, a través de la constitución de las Zonas de Reserva Campesina del Amazonas, se esta apuntando a reconocer su gobernanza y promover sus sistemas productivos, en donde como parte del acuerdo también se incluyó el cumplir las medidas cautelares de la demanda de restitución del pueblo Nukak y resguardo Llanos del Yarí Yaguará II (Minagricultura, 2023). Todos estos compromisos y acciones se espera que contraresten la deforestación al interior del resguardo, el cual entre el 2021 y 2022 fue uno de los más afectados por el tema de Deforestación (Villamil, 2023).

En el resguardo indígena multiétnico Yaguará II, inicialmente conformado por los indígenas de las etnias Tucano, Pijao y Piratapuyos, se han venido presentando distintas situaciones que han generado conflictos socioambientales a lo largo de su conformación. Como parte de las situaciones que se han presentado, han estado los enfrentamientos entre las extintas FARC y las fuerzas militares estatales, como parte del operativo del gobierno de turno “Destructor II” que tenía como objetivo atacar el corredor de narcotráfico que existía en la zona, al igual que era un operativo contra el comandante guerrillero “Mono Jojoy”, muerto en combates en el 2010 (García, 2017). Estas situaciones que acontecieron en ese momento en esa zona, generaron un deterioro ambiental y social, que dieron como resultado que en el 2004 se terminara generando un gran desplazamiento del resguardo de miembros de la etnia indígena Pijao por miembros de las extintas FARC (González, 2012). Luego en los lugares que dejaron los Pijao se reubicaron indígenas de la etnia Nasa, desplazados también por las extintas FARC, desde el resguardo de Altamira (González, 2012).

En algunas de las tierras que fueron despojadas a la etnia Pijao, a parte de la llegada de otra etnia indígena, como fueron los Nasa, estuvo el inició de un proceso progresivo y drástico de deforestación en las tierras, al igual que de siembra de cultivos de coca para usos ilícitos. En el 2015 hay unos conflictos interétnicos en donde los Nasa que se habían ubicado en el Yaguará II salen de este resguardo (Sánchez, 2021). Al año siguiente se viene el Acuerdo de Paz, con la salida de las extintas FARC, y la no presencia de entidades del Estado para retomar el control territorial, se comenzaron a dar procesos de acaparamiento y ocupación de tierras de manera ilegal al interior del resguardo por distintos actores, como fueron los grupos armados ilegales, quienes han vuelto a desplazar a la comunidad, bajo amenaza de reclutar a los menores, no obstante esta situación algunos pobladores permanecen en el territorio a pesar de la difícil situación de seguridad (Rutas del Conflicto, 2021). Miembros de las comunidades indígenas que fueron desplazados hace dos décadas, han intentado retornar a sus tierras para impedir que aumente la deforestación, pero no cuentan con garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado (Tierra de Resistentes, 2020).

Actualmente el territorio perteneciente al resguardo Yaguara II, hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lo que lo protege de posible enajenación (Tierra de Resistentes, 2020). Dentro de la importancia que se le ha reconocido al resguardo Yaguara II, aparte de ser el lugar donde habitan distintas etnias indígenas, es que constituye parte de uno de los corredores biológicos más importantes entre la Amazonia y los Andes, y la conexión entre los parques naturales Chiribiquete y La Macarena. No obstante estas situaciones, se ha señalado que hay intereses económicos para conectar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo Yaguara II (Pérez, 2021). La conexión de estas vías se señala que permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, pero hay versiones que dicen que es algo que puede cambiar muy pronto (Pérez, 2021).

Con Auto 0263 del 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (medida cautelar), se le ordenó a las autoridades ambientales regionales correspondientes, así como a Minambiente, que impartiera una estrategia integral inmediata para cesar la tala ilegal del bosque dentro de Yaguará II y judicializar a quienes trafican la madera de allí extraída, para implementar un plan de recuperación ambiental y reforestación (Tierra de Resistentes, 2020). En la nota publicada en el 2020 por Tierra de Resistentes, se señaló que Corpoamazonia indicó que para poder cumplir con la orden del Juzgado Civil de Ibagué, deben contar con acompañamiento de las Fuerzas armadas del Estado, dada la compleja situación de orden público en la zona; pero confirmaron que la situación ambiental es crítica pues se están desarrollando quemas para la implementación de ganadería extensiva. Igualmente en esta nota Cormacarena, expresó la misma necesidad de acompañamiento, para poder cumplir con las obligaciones impuestas. La CDA igual, además de alegar falta de personal suficiente y la amplitud del territorio.

Dentro de las acciones que se están priorizando por parte del gobierno para disminuir la deforestación en esta área están a) la destrucción de la vía ilegal al interior del resguardo (Presidencia, 2023) y b) el invertir dinero en la implementación de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (Minambiente, 2023; Presidencia, 2023). Además de estás acciones desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un acuerdo con Minambiente, para dignificar la labor del campesinado, de los pueblos indígenas y las comunidades negras (Minagricultura, 2023). En este escenario, a través de la constitución de las Zonas de Reserva Campesina en el Amazonas, se está apuntando a reconocer su gobernanza y promover sus sistemas productivos, en donde como parte del acuerdo también se incluye el cumplir las medidas cautelares de la demanda de restitución del pueblo Nukak y resguardo Llanos del Yarí Yaguará II (Minagricultura, 2023). Todos estos compromisos y acciones se espera que contrarresten la deforestación al interior del resguardo, el cual entre el 2021 y 2022 fue uno de los más afectados por el tema de Deforestación (Villamil, 2023).

Este elemento por su alta densidad y su alta volatibilidad, tiene una gran capacidad de transmitirse por todo el ambiente y de afectar la salud humana a través de la respiración y la ingesta de alimentos. La falta de regulación y control sobre esta actividad ha llevado a un aumento desmedido del mercurio tanto en los ríos, en los animales acuáticos y su impacto en la cadena trófica, que hace que este elemento ingrese también al cuerpo humano (SEMANA, 2018). El mercurio se puede transformarse en metilmercurio (CH3Hg), el sexto compuesto más tóxico del mundo como lo indica el Convenio de Minamata (2013). Igualmente, la Organización Mundial de la Salud indica los graves efectos que tiene el mercurio en la salud humana, especialmente en mujeres embarazadas, gestantes y recién nacidos.

Según estudios de la Universidad de Cartagena y de la toxicóloga Liliana Carranza realizados en 2015, los indígenas Miraña y Bora tienen en sus cuerpos los más altos índices de mercurio, registrado en el país. En las comunidades Bora y Miraña ubicadas en los márgenes del río Caquetá cerca al Parque Nacional Canihuarí en la cuenca baja del río Caquetá, se estaban viendo gravemente afectadas, por la contaminación hídrica por mercurio, con los índices más altos de concentración en el cuerpo humano (El Espectador 2022), presentado en sus cabellos concentraciones quince veces más altas del estándar aceptado internacionalmente para la protección de la salud humana. Mas de la mitad de su población está contaminada, los niños nacen con más de seis dedos, con síndrome de Down y síntomas graves en el desarrollo de los niños, afectando a madres gestantes y otros. (Tribunal de Cundinamarca, 2022).

El río Caquetá tiene una longitud de 2.280 kilómetros nace en el macizo colombiano, atravesando el sur del departamento del Cauca, más adelante se convierte en la frontera entre el departamento del Caquetá y el Amazonas para terminar penetrando en el territorio brasilero, dentro de sus principales afluentes se destacan los ríos Yari, Orteguaza, Caguán y Apaporis. A lo largo de sus caudales varios pueblos indígenas y sus familias, al igual que comunidades campesinas y otros viven de la pesca y la navegación de sus aguas.Existen 6 comunidades o concentraciones de población a lo largo del río Caquetá dentro y fuera del límite meridional del Parque Canihuarí. Dos de ellos, San Francisco y Las Palmas están situados sobre la banda derecha del río (Resguardo Predio Putumayo y Parque Nacional), los cuatro restantes: Santa Isabel, Solarte, Puerto Remanso del Tigre y María Manteca o Mariápolis, están situados en la margen izquierda (Resguardo del Mirití Paraná). (Parques Nacionales)

El uso del mercurio como parte de la minería ilegal de extracción aluvial de oro, ha causado una contaminación en diversas fuentes hídricas de la Amazonia y se destaca especialmente la contaminación del río Caquetá a lo largo de su curso(García, 2017; Uniminuto 2020). Por su alta densidad y su alta volatibilidad, éste químico tiene una gran capacidad de transmitirse por todo el ambiente, por lo que ha afectado seriamente el bienestar de las fuentes hídricas, los animales, la vegetación y la salud humana. La falta de regulación y control sobre esta actividad ha llevado a un aumento desmedido del mercurio tanto en los ríos, y en los animales acuáticos, impactando la cadena trófica, que hace que este elemento ingrese también al cuerpo humano (SEMANA, 2018). La minería ilegal de oro genera impactos irreversibles en el medio ambiente, en la salud humana y en las prácticas culturales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y ribereñas, al transformar la relación de éstas con las fuentes hídricas afectadas.

Las poblaciones se han visto fuertemente afectadas ya sea por el consumo de alimentos contaminados con este químico o por la inhalación de vapores de Hg producidos, lo cual provoca problemas en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico del ser humano, siendo las mujeres gestantes y los recién nacidos la población más visiblemente afectada por las malformaciones que se presentan. Igualmente como se indica en el expediente T-253/16 remitiéndose a la tutela interpuesta por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Corpoamazonía, donde se indica que el mercurio además de los daños mencionados “incluye daño a los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en la piel e irritación ocular. Agrega que las exposiciones crónicas al mineral afectan de forma sistémica al organismo generando cambios y afectaciones permanentes en diferentes órganos y funciones y, además, alteraciones sensitivas y motoras en el sistema nervioso central y en el cerebro, particularmente durante la infancia y la etapa prenatal, debido a que el mercurio tiene la capacidad de traspasar rápidamente la barrera placentaria cuando el feto está en formación o ingresar al organismo a través de la ingesta de leche materna”. Este químico, usado con frecuencia en la explotación minera, puede transformarse en metilmercurio (CH3Hg), el sexto compuesto más tóxico del mundo, que también penetra a los llamados ríos voladores, corrientes o flujos aéreos de agua en forma de vapor que se trasladan por el viento y de esta manera éste toxico es transportado por todo el ecosistema y bioma de la selva Amazónica. A nivel ambiental son evidentes los estragos como la contaminación de ecosistemas, la afectación de la cadena nutritiva de las especies animales de ecosistemas afectados, la afectación del fitoplancton, la piel y vías respiratorias de los animales entre otros. Es conclusión el impacto del mercurio sobre la salud y el medio ambiente es de gran magnitud y alcance pues es un metal que se queda circulando en el aire, el agua y los suelos.

El río Caquetá al igual que otras importantes fuentes hídricas de la Amazonia, se encuentran en un estado delicado de contaminación (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2022, Semana 2018, El Espectador 2022, El Espectador 2020). Principalmente han sido los pueblos indígenas los más afectados con esta situación, debido a la relación cultural y tradicional que tienen con su entorno, igualmente las comunidades ribereñas quienes viven directamente de las aguas de este río se han visto gravemente afectadas. Los indígenas habían dado a conocer la llegada de dragas interesadas en la extracción de oro, por personas llegadas de Brasil, Putumayo, Caquetá y Antioquia, expresando una alerta sobre la minería que estaba encareciendo la vida en la selva y generando tala de árboles, transformando la vida selvática, ya que la maquinaria minera afecta también los sitios sagrados de éstos pueblos (Mongabay, 2021). También es importante destacar que existe a nivel internacional un llamado y alerta sobre el uso de este químico, el Convenio de Minamata adoptado en 2013 y ratificado por Colombia en 2019, es justamente un tratado de carácter internacional que busca eliminar el uso de mercurio por tratarse de un metal completamente nocivo para la salud humana. De otro lado la ley 1658 de 2013 que desde el pasado julio entró en vigencia rechaza el uso del químico en la minería colombiana.

En 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó un fallo ordenando a la Presidencia de la República y a tres ministerios (Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior) erradicar la extracción ilícita de minerales en la cuenca del rio Caquetá, debido a la situación que viven los indígenas Bora y Miraña por los altos niveles de concentración de mercurio (El Espectador, 2020). El tribunal ordena de manera inmediata erradicar la minería ilegal en la cuenca del río Caquetá con un plazo máximo de tres años. El gobierno y Corpoamazonia deben realizar dos mediciones por año de las concentraciones de mercurio en el agua y peces del afluente, y cada tres años los niveles de contaminación por mercurio deben reducirse un 33%. Así mismo un estudio liderado en 2015 por la Universidad de Cartagena, determinó las altas concentraciones de este metal en las comunidades indígenas de los pueblos Miraña y Bora, a partir de un estudio de toxicología que encontró los más altos niveles de mercurio en el cuerpo humano, 7 partes por millón, cuando la OMS sugiere que no deben pasar del 1ppm. Igualmente se encontraron seis especies de pescados en el río Caquetá que presentaron valores de concentración de mercurio, que superaban el máximo propuesto internacionalmente para proteger la salud de las personas, por lo anterior desde 2015 se restringió su consumo por alta peligrosidad para la salud humana (El Espectador 2020 ). A partir de varios estudios y denuncias se expuso que la comunidad Bora y Miraña, estaban envenenando su cuerpo tanto por vía respiratoria como por vía oral con mercurio, afectaciones que además han sido denunciadas varias veces, desde el año 2000. Sumado a lo anterior se han denunciado daños ecológicos y culturales causados por la extracción de oro en zonas sagradas de estos pueblos indígenas (El Espectador, 2020). La actividad minera vulnera los derechos fundamentales al territorio, a la supervivencia física y cultural, a la salud, al acceso al agua y a un medio ambiente sano, entre otros.

En este sentido se destaca que éste conflicto ambiental, está principalmente evidenciado a partir de diferentes procesos de litigio jurídico que se destacan desde el 2015 con la tutela interpuesta por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía (Expediente T-5364540) , en la cual se indicaba que los indígenas Bora y Miraña estaban soportando en sus cuerpos cantidades inhumanas de mercurio, y solicitaba la protección de los derechos fundamentales a la salud, al agua y a la integridad de los pueblos indígenas y el principio del interés superior del menor indígena de las comunidades que integra la Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas – Asociación PANI, así como de otros pueblos indígenas vinculados a la cuenca. Posteriormente a la tutela el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de septiembre 16 de 2015, declaró improcedente la acción de tutela al advertir falta de legitimación en la causa por activa del Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente respecto a la segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de diciembre 03 de 2015, confirmó el fallo de primera instancia, luego de compartir las consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Finalmente la Corte Constitucional con la sentencia T-253/16, también declaró improcedente la acción de tutela presentada por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. En este sentido el proceso de litigio negó la tutela como el mecanismo más idóneo para la protección de los pueblos Bora y Miraña de la Asociación PANI. Sin embargo, el demandante impugnó y el proceso se reactivó (Tribunal Administrativo de Cundinamarca)

Sin embargo, en 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través una Sentencia ordenó al Estado colombiano erradicar la minería ilegal en el río Caquetá y los afluentes en donde habitan las comunidades indígenas Bora y Miraña (El Espectador 2022). La sentencia se da en respuesta a la acción popular interpuesta por el Procurador 29 Judicial II Ambiental y Agrario, en representación de las comunidades indígenas Miraña y Bora con jurisdicción en el Amazonas quién había presentado una acción de tutela con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la vida, identidad cultural, integridad cultural y territorial y seguridad alimentaria de las comunidades antes mencionadas. Sin embargo, afirma la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que “Mientras que la minería ilegal avanza a pasos agigantados, las tutelas y acciones populares interpuestas para proteger la Amazonia reposan por años en los escritorios de los estrados judiciales, hecho que pone en riesgo la preservación de esta región y la vida de sus habitantes”.