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El resguardo indígena Nükak no ha sido ajeno al conflicto armado y por tal motivo en distintos momentos los nükak han tenido que vivir en asentamientos por fuera de su resguardo, en proximidad con campesinos y otras comunidades, con todo lo que esto conlleva en el impacto sobre sus prácticas, tradiciones y saberes culturales, incluyendo que las nuevas generaciones de nükak desconocen mucho de la forma de vida en el resguardo (Zimmermann, 2016). De manera paralela a esta situación, medios de comunicación como Semana Sostenible (2020) y Ambiente y Sociedad (2020), entre otros, señalan que ahora en el resguardo Nükak, se encuentran fincas, cambios de paisaje, cultivos de uso ilícito, lo cual los ha obligado a desplazase a las afueras. En los últimos años, las amenazas al pueblo nükak vienen de las disidencias de las FARC comandada por Gentil Duarte. A lo anterior, en estos medios de comunicación también se indica que a los territorios han llegado grupos paramilitares, (AUC), carteles del narcotráfico; al igual que han llegado actividades productivas como la ganadería extensiva, la industria ilegal de la palma africana y el eucalipto. Todo lo anterior, conlleva a la aparición de nuevos actores, que quieren asentarse en su territorio y que generan diferentes presiones y usos sobre el mismo, al apropiarse de las tierras desprotegidas por las instituciones estatales (Pardo, 2020).

La deforestación intensiva que se viene registrando al interior del resguardo nükak en los últimos años, a pesar de la amplia extensión de tierra titulada a nombre del pueblo nükak, se ha visto reflejada en el aumento y en la ampliación de predios al interior del resguardo (FCDS, 2020). Lo anterior acompañado de la construcción de vías ilícitas para conectar las fincas y potreros para sacar por allí la producción hacia ríos o centros de comercio. Algunas de las limitaciones que se han planteado desde el estado para actuar al interior del resguardo, se relaciona con el hecho que al interior del resguardo no ha sido tan fácil avanzar con el programa de desminado y limpieza de minas antipersonales.

Adicionalmente se expresan tensiones entre instituciones, campesinos e indígenas, evidenciadas en las manifestaciones sociales expresadas en bloqueos y paros campesinos cuando se realizan acciones de control a cultivos de uso ilícito. Esto ha generado desconfianza y tensiones entre distintos actores con entidades del estado. Algunas de las tensiones sociales que se han generado en torno a esta situación se relacionan con i) campesinos cultivadores de hoja de coca suspendidos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS como consecuencia del traslape de sus predios con el resguardo Nükak, ii) Recolectores de hoja de coca del pueblo nükak quienes están vinculados al PNIS, pero están a la espera del inicio del programa con enfoque diferencial (Rubiano-Lizarazo, et. al. 2022).

Esta última situación ha generado situaciones de tensión con entidades del estado, puesto que las familias del pueblo nükak aparecen inscritas en los documentos del PNIS, sin embargo, según funcionarios, estas familias no están vinculadas oficialmente pues no se pudieron suscribir acuerdos con ninguna comunidad indígena del Guaviare (Rubiano-Lizarazo, et. al. 2022). Lo anterior genera la tensión social por aparentes temas de incumplimiento, ya que varios indígenas Nükak han encontrado en el uso ilícito de los cultivos de coca una alternativa económica. En esta economía, los nükak son contratados como mano de obra mal paga, que encuentran en este trabajo un ingreso laboral que no necesariamente los va a ayudar a satisfacer sus necesidades básicas.

Algunas visiones que tienen algunos actores involucrados en el conflicto, como es el caso de los campesinos, indican que tanto los indígenas como los campesinos tienen una cantidad de problemas históricos no resueltos por las instituciones del Estado. Para los actores locales no hay proyectos productivos, no hay educación, no hay salud, señalando que en territorio donde viven carecen de los elementos básicos para una vida digna. Adicional a lo anterior, existe otra tensión tanto con pueblos indígenas como con colonos, a quienes se les ha reconocido como propietarios por igual sobre los mismos terrenos.

Frente a la presencia de campesinos en la zona de resguardo, algunos indígenas señalan que los campesinos fueron titulados sin consulta previa a las comunidades indígenas, porque siempre ha habido comunidades étnicas en el territorio (Brand, 2019). Además de esto, varios indígenas ven en la convivencia con los colonos, una situación difícil puesto que consideran que sus medios de producción son terriblemente nocivos para sus formas tradicionales y culturales de supervivencia y su relación con el territorio (Brand, 2019).

Dentro de las tensiones sociales que han perdurado en el tiempo en este conflicto, se destaca lo señalado por la comisión intereclesial de justicia y paz (2021) quienes indican que la empresa Poligrow con el respaldo de instituciones estatales prohíbe a las comunidades indígenas Sikuani y Jiw el acceso a sus zonas sagradas, al igual que al ejercicio tradicional de la caza y la pesca. Estas comunidades, señala la comisión que están siendo vulneradas por la producción palmera puesto que esta actividad les ha ocasionado escasez y contaminación de agua entre otras afectaciones para su subsistencia. Adicionalmente en el marco de este conflicto desde la CIJP (2018) se señala que algunos indígenas han sido asesinados en la zona, con signos de tortura, como fue el caso de una líder comunitaria, que trabajaba en el esclarecimiento de la propiedad de tierras. En los testimonios que ha recogido la CIJP (2021) se encuentra el sentir de esta comunidad que manifiesta “Queremos volver al territorio, reconectar con nuestros espíritus y mayores, necesitamos nuestro territorio libre de palma y así poder volver a ser Sikuani”. Afirmación referente a las exigencias que la comunidad Sikuani le hacen a las instituciones del Estado para la restitución del territorio y en exigencia a que se garantice su derecho fundamental a la consulta previa sobre la continuidad o no del proyecto palmero.

En el 2017, sale informe de la Contraloría, donde se señala que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala por lo que se hace traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si existen responsabilidades penales y/o disciplinarias. En contraste a esta situación la organización Tierra en Disputa, señala que durante el 2016 y 2017 hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal en adquirir varios predios en el territorio contra el representante de la empresa Poligrow, esta organización entre otras organizaciones indican que en agosto de 2017, un juez determinó la inocencia del representante legal de la empresa, tras no hallar pruebas ni testimonios contundentes. Posterior a esto en el 2020, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WMR) señaló en uno de sus artículos que la empresa palmícola Poligrow en Colombia, planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores”.

Adicional a esto, desde la CIJP (2016, 2018 y 2021) junto con otras fuentes, se señala que dentro de las malas prácticas ambientales que tiene la empresa esta el uso del agua de lagunas naturales, morichales y humedales, contaminándolos y afectando la biodiversidad que depende de estas fuentes como el caño Yamu. Igualmente señalan que, en las solicitudes de agua, realizadas por la empresa a Cormacarena son para el uso exclusivo de agua concesionada para riego, pero la usan también en el campamento de empleados y la extractora. Así mismo, se indica que aunque la empresa tiene prohibido depositar el fruto directamente en el suelo por los lixiviados y contaminación que produce, se sigue haciendo de este modo. Junto con estas situaciones, se le suma que se señala que la empresa también construyó una presa sobre una laguna para aumentarle el tamaño, modificando sus ciclos naturales, además a esto se ha acusado a la empresa por crear deforestación.

El representante de la empresa Poligrow afirma que en Mapiripán hay 400.000 hectáreas que hacen parte de la frontera agrícola, y que potencialmente para ser cultivadas hay 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están con palma de aceite. Por lo anterior para el representante la idea no es pensar si hay monocultivos y cómo acabarlos, si no más bien se debe pensar que Colombia puede alimentar al mundo superando el “mito” de que la palma de aceite no deja espacio para nada más.

Igualmente medios como La Metro Noticias (2019), indican que hay personas de la población de Mapiripán cuya posición es: “Mapiripán ha surgido de la oscuridad a la luz, es una zona que a pesar de las adversidades y de todos los problemas de violencia que se vivieron hace varios años, ha tratado de salir adelante gracias a la intervención de empresas privadas como Poligrow”.

En algunas de las tierras que fueron despojadas a la etnia Pijao, a parte de la llegada de otra etnia indígena, como fueron los Nasa, estuvo el inició de un proceso progresivo y drástico de deforestación en las tierras, al igual que de siembra de cultivos de coca para usos ilícitos. En el 2015 hay unos conflictos interétnicos en donde los Nasa que se habían ubicado en el Yaguará II salen de este resguardo. Al año siguiente se viene el Acuerdo de Paz, en donde la salida de las extintas FARC, y la no llegada de entidades del Estado a retomar el control territorial, generó que se empezaran a dar procesos de acaparamiento y ocupación de tierras de manera ilegal al interior del resguardo por distintos actores, como fueron los grupos armados ilegales, quienes han vuelto a desplazar a la comunidad, bajo amenaza de reclutar a los menores, no obstante esta situación algunos pobladores permanecen en el territorio a pesar de la dificíl situación de seguridad. Miembros de las comunidades indígenas que fueron desplazados hace dos décadas, han intentado retornar a sus tierras para impedir que aumente la deforestación, pero no cuentan con garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado.

Actualmente el territorio perteneciente al resguardo Yaguará II, hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lo que lo protege de posible enajenación (Tierra de Resistentes, 2020). Dentro de la importancia que se le ha reconocido al resguardo Yaguará II, aparte de ser el lugar donde habitan distintas etnias indígenas, es que constituye parte de uno de los corredores biológicos más importantes entre la Amazonia y los Andes, y la conexión entre los parques naturales Chibiriquete y La Macarena. No obstante estas situaciones se ha señalado que hay intereses económicos para conectar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo Yaguara II (Pérez, 2021). La conexión de estas vías se señala que permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, pero hay versiones que dicen que es algo que puede cambiar muy pronto (Pérez, 2021).

Con Auto 0263 del 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (medida cautelar), se le ordenó a las autoridades ambientales regionales correspondientes, así como a Minambiente que impartieran una estrategia integral inmediata para cesar la tala ilegal del bosque dentro de Yaguará II y judicializar a quienes traficaran la madera de allí extraída, así como implementar un plan de recuperación ambiental y reforestación (Tierra de Resistentes, 2020). En la nota publicada en el 2020 por Tierra de Resistentes, se señaló que Corpoamazonia indicó que para poder cumplir con la orden del Juzgado Civil de Ibagué, deben contar con acompañamiento de las Fuerzas armadas del Estado, dada la compleja situación de orden público en la zona; pero confirmaron que la situación ambiental es crítica pues se están desarrollando quemas para la implementación de ganadería extensiva. Igualmente en esta nota Cormacarena, expresó la misma necesidad de acompañamiento, para poder cumplir con las obligaciones impuestas. La CDA igual, además de alegar falta de personal suficiente y la amplitud del territorio.

Como parte de los problemas que ha tenido el área natural protegida de Chiribiquete desde su creación, ha sido la falta de presencia estatal en la zona donde se conformó el área natural protegida, la falta de asignación presupuestal , y el desconocimiento de la zona por parte de la institucionalidad dado su difícil acceso (Castellanos y Rojas, 2018). Todos estos elementos en conjunto, sumado a que es el parque nacional más grande del país, con más de cuatro millones de hectáreas después de las ampliaciones, han facilitado la intensificación de los motores de transformación en la zona, los cuales se han visto agudizados por la falta de control efectivo del territorio por parte de la fuerza pública y de las autoridades ambientales que están a cargo del área. A esto se le debe sumar las nuevas situaciones de presiones que se han generado por las ampliaciones que se le han hecho a esta área protegida, que en algunos casos ha generado nuevas presiones o ha intensificado las ya existentes. Además, posterior al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, se empezó a dar un riesgo permanente del control territorial por distintos grupos armados al margen de la ley, producto de la salida de las extintas FARC de la zona (Semana Sostenible, 2018).

Sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley, hay otros actores ilegales que han estado aprovechando la falta de control territorial estatal posterior del Acuerdo de Paz, control que era ejercido por las extintas FARC antes de este Acuerdo (Semana Sostenible, 2018). Igualmente, la ausencia o poca presencia de entidades estatales en estos territorios, ha dificultado la articulación con los sistemas de gobernanza locales, desaprovechando la oportunidad que estos sistemas le puedan aportar a un mayor control de la zona (Castellanos y Rojas, 2018). Dentro de las posiciones que tienen algunos de los líderes sociales y autoridades estatales para el caso de la parte de Chiribiquete que se encuentra en el departamentos de Caquetá, es que la solución al grave problema de la deforestación, no es solamente judicial y con la intervención de la fuerza pública, si no que también se debe realizar una concertación con las comunidades afectadas para lograr medidas más efectivas.

NOTA* 

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La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados indíces de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación ( ), sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC. El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, de narcotrafico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque ( ), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró remplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsisencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica.

Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de ésta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Panque Natural ( ), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.

Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación ( ). Igualmente los cultivos de coca han disminuído pero no de manera contundente y han reaparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrantamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque. Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas(…) Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impida que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando”.( )

Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construíada de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes indíces de incendios y deforestación en los últimos años.El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (). Igualmente como lo indican varios funcionario el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforesación, incluso más que la siembra de cultivos de coca. Existen también presiones sobre el Area de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, al rededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque. ( ) Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los derechos Humanos del Meta, precisamente denunció como en Febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de ésas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con ésas familas e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas victimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesias, pero no hacia los grandes financiadores de la ganadería extensiva, los monocultivos de palma entre otros.

La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados indíces de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación ( ), sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC. El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, de narcotrafico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque ( ), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró remplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsisencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica.

Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de ésta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Panque Natural ( ), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.

Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación ( ). Igualmente los cultivos de coca han disminuído pero no de manera contundente y han reaparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrantamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque. Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas(…) Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impida que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando”.( )

Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construíada de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes indíces de incendios y deforestación en los últimos años.El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (). Igualmente como lo indican varios funcionario el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforesación, incluso más que la siembra de cultivos de coca. Existen también presiones sobre el Area de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, al rededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque. ( ) Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los derechos Humanos del Meta, precisamente denunció como en Febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de ésas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con ésas familas e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas victimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesias, pero no hacia los grandes financiadores de la ganadería extensiva, los monocultivos de palma entre otros.