Otras Actividades
- Ocupación Territorio Nükak
- Acaparamiento y uso de la tierra Mapiripán
- Ocupación Resguardo Yaguara
- Ocupación PNN Chiribiquete
- Territorialidades superpuestas P.N. Sierra de la Macarena
- Afectación Corredor Calamar
Conflictos por ocupación del territorio en el Resguardo Indígena Nükak
Descripción
El pueblo nükak ha tenido contacto reciente con otras sociedades distintas, y este contacto junto con su incorporación en la sociedad mayoritaria, ha traído grandes consecuencias para su cultura. Desde sus primeros contactos con colonos, los Nükak fueron noticia nacional e internacional, pero su situación empeoró cuando el conflicto armado entró en su territorio, lo que ha causado su desplazamiento forzado a San José de Guaviare en distintos momentos (Akubadaura, 2021). Con fines de protección a favor del pueblo nükak fue constituido el Resguardo indígena Nükak Makú, esto mediante Resolución número 136 del 23 de noviembre de 1993 del INCORA, con una superficie de 632.160 ha, entre el río Guaviare y el río Inírida al norte del departamento del Guaviare. Posteriormente, en 1997 el INCORA mediante la Resolución No 056 de diciembre de 1997 decide ampliar el territorio Nükak Makú en un área de 322.320 ha, para un total de 954.480 ha, esto con el fin de garantizar la pervivencia del pueblo nómada.
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El resguardo indígena Nükak no ha sido ajeno al conflicto armado y por tal motivo en distintos momentos los nükak han tenido que vivir en asentamientos por fuera de su resguardo, en proximidad con campesinos y otras comunidades, con todo lo que esto conlleva en el impacto sobre sus prácticas, tradiciones y saberes culturales, incluyendo que las nuevas generaciones de nükak desconocen mucho de la forma de vida en el resguardo (Zimmermann, 2016). De manera paralela a esta situación, medios de comunicación como Semana Sostenible (2020) y Ambiente y Sociedad (2020), entre otros, señalan que ahora en el resguardo Nükak, se encuentran fincas, cambios de paisaje, cultivos de uso ilícito, lo cual los ha obligado a desplazase a las afueras. En los últimos años, las amenazas al pueblo nükak vienen de las disidencias de las FARC comandada por Gentil Duarte. A lo anterior, en estos medios de comunicación también se indica que a los territorios han llegado grupos paramilitares, (AUC), carteles del narcotráfico; al igual que han llegado actividades productivas como la ganadería extensiva, la industria ilegal de la palma africana y el eucalipto. Todo lo anterior, conlleva a la aparición de nuevos actores, que quieren asentarse en su territorio y que generan diferentes presiones y usos sobre el mismo, al apropiarse de las tierras desprotegidas por las instituciones estatales (Pardo, 2020).
La deforestación intensiva que se viene registrando al interior del resguardo nükak en los últimos años, a pesar de la amplia extensión de tierra titulada a nombre del pueblo nükak, se ha visto reflejada en el aumento y en la ampliación de predios al interior del resguardo (FCDS, 2020). Lo anterior acompañado de la construcción de vías ilícitas para conectar las fincas y potreros para sacar por allí la producción hacia ríos o centros de comercio. Algunas de las limitaciones que se han planteado desde el estado para actuar al interior del resguardo, se relaciona con el hecho que al interior del resguardo no ha sido tan fácil avanzar con el programa de desminado y limpieza de minas antipersonales.
Adicionalmente se expresan tensiones entre instituciones, campesinos e indígenas, evidenciadas en las manifestaciones sociales expresadas en bloqueos y paros campesinos cuando se realizan acciones de control a cultivos de uso ilícito. Esto ha generado desconfianza y tensiones entre distintos actores con entidades del estado. Algunas de las tensiones sociales que se han generado en torno a esta situación se relacionan con i) campesinos cultivadores de hoja de coca suspendidos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS como consecuencia del traslape de sus predios con el resguardo Nükak, ii) Recolectores de hoja de coca del pueblo nükak quienes están vinculados al PNIS, pero están a la espera del inicio del programa con enfoque diferencial (Rubiano-Lizarazo, et. al. 2022).
Esta última situación ha generado situaciones de tensión con entidades del estado, puesto que las familias del pueblo nükak aparecen inscritas en los documentos del PNIS, sin embargo, según funcionarios, estas familias no están vinculadas oficialmente pues no se pudieron suscribir acuerdos con ninguna comunidad indígena del Guaviare (Rubiano-Lizarazo, et. al. 2022). Lo anterior genera la tensión social por aparentes temas de incumplimiento, ya que varios indígenas Nükak han encontrado en el uso ilícito de los cultivos de coca una alternativa económica. En esta economía, los nükak son contratados como mano de obra mal paga, que encuentran en este trabajo un ingreso laboral que no necesariamente los va a ayudar a satisfacer sus necesidades básicas.
Algunas visiones que tienen algunos actores involucrados en el conflicto, como es el caso de los campesinos, indican que tanto los indígenas como los campesinos tienen una cantidad de problemas históricos no resueltos por las instituciones del Estado. Para los actores locales no hay proyectos productivos, no hay educación, no hay salud, señalando que en territorio donde viven carecen de los elementos básicos para una vida digna. Adicional a lo anterior, existe otra tensión tanto con pueblos indígenas como con colonos, a quienes se les ha reconocido como propietarios por igual sobre los mismos terrenos.
Frente a la presencia de campesinos en la zona de resguardo, algunos indígenas señalan que los campesinos fueron titulados sin consulta previa a las comunidades indígenas, porque siempre ha habido comunidades étnicas en el territorio (Brand, 2019). Además de esto, varios indígenas ven en la convivencia con los colonos, una situación difícil puesto que consideran que sus medios de producción son terriblemente nocivos para sus formas tradicionales y culturales de supervivencia y su relación con el territorio (Brand, 2019).
Ubicación
Departamento: Guaviare
Municipios: San José de Guaviare, El Retorno
Otros datos Ubicación: Resguardo indígena Nükak.
Causas
Hay distintas causas de ocupación del resguardo Nükak, las cuales tienen distintos orígenes, por un lado, hay ocupación de comunidades campesinas, asociadas en gran parte a cultivos de uso ilícito y en menor escala la práctica de ganadería. Una parte de estas ocupaciones por parte de campesinos están relacionadas con los problemas de traslape del resguardo con algunas de las veredas de colonos que se encuentran en el borde de las zonas del resguardo y la zona de reserva campesina del Guaviare. Lo cual ha generado situaciones de tensión entre los nükak y los campesinos que habitan la región.
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Más recientemente, pero con mayores impactos en el resguardo, se ha venido presentando ocupación de las tierras con la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito, principalmente. Dentro de los supuestos que tienen algunas autoridades y varios medios de comunicación al respecto, es que consideran que lo que está causando este fenómeno, es que hay presencia de actores como el Cártel de Sinaloa de México, quienes a través de testaferros buscan lavar dinero. Sumado a lo anterior, la presencia de los integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, coinciden en ese mismo territorio y pueden ser parte de los interesados en adelantar las quemas.
Además de esto, la FCDS tiene mapeadas 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Pardo, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque han tumbado selva de lado a lado, y ya se ven pequeñas fincas a lo largo del trayecto, generando ocupación del resguardo para distintas actividades como praderización, acaparamiento, desarrollo de ganadería, cultivos de coca para uso ilícito entre otras. Todo lo anterior, va en detrimento de las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas del resguardo Nükak.
Estas dinámicas se han visto incentivadas por la falta de presencia de instituciones estatales en las regiones que quedaron sin control territorial luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que ha permitido la intromisión de grandes ocupantes y acaparadores de tierra.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|---|
Pueblo indígena nükak. | Juntas de acción comunal. | Varios niveles Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Minambiente, Gobernación, Alcaldías San José y El Retorno, Fuerza Pública. | Fedegán y Fedepalma. | CDA | Paramilitares "Autoridades Consejo comunitario Mauro Muno. Disidencias de las FARC. |
Impactos
Deforestación
Cambio en el uso del suelo
Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad)
Apropiación privada de áreas
Desplazamiento
Pérdida de medios de subsistencia
Denuncias públicas
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflictos por ocupación del territorio en el Resguardo Indígena Nükak [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/otras-actividades/#conflicto-por-ocupacion-del-territorio-nukak
Conflicto en acaparamiento y uso de la tierra en Mapiripán, Meta
Descripción
El municipio de Mapiripán es el resultado de procesos de colonización a comienzos del siglo XX, atraídos por la explotación del caucho hacia 1950 y 1960 objeto de migración extranjera (IGAC, 2022). El área municipal es de 11.938 km² y limita al Norte con San Martín y Puerto Gaitán (Meta), al Este con Cumaribo (Vichada), al Sur con Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) y al Oeste con Puerto Lleras (Meta) (IGAC, 2022). Mapiripán, ha sido descrito como un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía. En Mapiripán a lo largo de su historia se han dado distintas situaciones de conflicto que han terminado afectando en muchos momentos gravemente a su población.
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Dentro de las tensiones sociales que han perdurado en el tiempo en este conflicto, se destaca lo señalado por la comisión intereclesial de justicia y paz (2021) quienes indican que la empresa Poligrow con el respaldo de instituciones estatales prohíbe a las comunidades indígenas Sikuani y Jiw el acceso a sus zonas sagradas, al igual que al ejercicio tradicional de la caza y la pesca. Estas comunidades, señala la comisión que están siendo vulneradas por la producción palmera puesto que esta actividad les ha ocasionado escasez y contaminación de agua entre otras afectaciones para su subsistencia. Adicionalmente en el marco de este conflicto desde la CIJP (2018) se señala que algunos indígenas han sido asesinados en la zona, con signos de tortura, como fue el caso de una líder comunitaria, que trabajaba en el esclarecimiento de la propiedad de tierras. En los testimonios que ha recogido la CIJP (2021) se encuentra el sentir de esta comunidad que manifiesta “Queremos volver al territorio, reconectar con nuestros espíritus y mayores, necesitamos nuestro territorio libre de palma y así poder volver a ser Sikuani”. Afirmación referente a las exigencias que la comunidad Sikuani le hacen a las instituciones del Estado para la restitución del territorio y en exigencia a que se garantice su derecho fundamental a la consulta previa sobre la continuidad o no del proyecto palmero.
En el 2017, sale informe de la Contraloría, donde se señala que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala por lo que se hace traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si existen responsabilidades penales y/o disciplinarias. En contraste a esta situación la organización Tierra en Disputa, señala que durante el 2016 y 2017 hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal en adquirir varios predios en el territorio contra el representante de la empresa Poligrow, esta organización entre otras organizaciones indican que en agosto de 2017, un juez determinó la inocencia del representante legal de la empresa, tras no hallar pruebas ni testimonios contundentes. Posterior a esto en el 2020, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WMR) señaló en uno de sus artículos que la empresa palmícola Poligrow en Colombia, planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores”.
Adicional a esto, desde la CIJP (2016, 2018 y 2021) junto con otras fuentes, se señala que dentro de las malas prácticas ambientales que tiene la empresa esta el uso del agua de lagunas naturales, morichales y humedales, contaminándolos y afectando la biodiversidad que depende de estas fuentes como el caño Yamu. Igualmente señalan que, en las solicitudes de agua, realizadas por la empresa a Cormacarena son para el uso exclusivo de agua concesionada para riego, pero la usan también en el campamento de empleados y la extractora. Así mismo, se indica que aunque la empresa tiene prohibido depositar el fruto directamente en el suelo por los lixiviados y contaminación que produce, se sigue haciendo de este modo. Junto con estas situaciones, se le suma que se señala que la empresa también construyó una presa sobre una laguna para aumentarle el tamaño, modificando sus ciclos naturales, además a esto se ha acusado a la empresa por crear deforestación.
El representante de la empresa Poligrow afirma que en Mapiripán hay 400.000 hectáreas que hacen parte de la frontera agrícola, y que potencialmente para ser cultivadas hay 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están con palma de aceite. Por lo anterior para el representante la idea no es pensar si hay monocultivos y cómo acabarlos, si no más bien se debe pensar que Colombia puede alimentar al mundo superando el “mito” de que la palma de aceite no deja espacio para nada más.
Igualmente medios como La Metro Noticias (2019), indican que hay personas de la población de Mapiripán cuya posición es: “Mapiripán ha surgido de la oscuridad a la luz, es una zona que a pesar de las adversidades y de todos los problemas de violencia que se vivieron hace varios años, ha tratado de salir adelante gracias a la intervención de empresas privadas como Poligrow”.
Ubicación
Departamento: Meta
Municipios: Mapiripán
Otros datos Ubicación: Caserío el Rincón del Indio, Predio Las Zaragozas, Laguna Sagrada de las Toninas, Caño Ovejas, Haciendas Macondo I, II Y III, Toninas y Barandales.
Causas
En Mapiripán durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándolas de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Igualmente varias publicaciones identifican que uno de los principales actores involucrados en este conflicto socioambiental de la última década, ha sido la empresa palmera Poligrow, la cual llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con la palma africana. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales, en donde se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994.
En fuentes como el informe de Indepaz (2015) hay señalamientos que incluso desde la Alcaldía de Mapiripán se ha favorecido la compraventa ilegal de tierras, con lo cual ha visto favorecida la empresa. Esta situación contrasta con las solicitudes de restitución de tierras, siendo Mapiripán uno de los municipios que aún en 2020, no ha visto retornar a la población víctima de desplazamiento forzado, por falta de garantías de seguridad reportada por la Fuerza Pública.
Igualmente, Indepaz (2015) indicó que INCODER demandó a Poligrow por la acumulación de UAFs, que originalmente eran baldíos. A esto se le suma que la producción de la palma en predios como Barandales, Las Toninas y Macondo I, II y III, es contrastante debido a que se señala que en esta zona sólo se permite su uso con fines de conservación, restauración y reserva forestal. Sin embargo, allí se ha estado llevando a cabo la explotación agroindustrial de cultivo y procesamiento de aceite de palma.
La empresa Poligrow realizó una consulta sobre la existencia de comunidades indígenas en traslape con las tierras que pretendía adquirir y explotar en donde la Certificación número 1318 de 2012 de Ministerio de Interior, señaló la no presencia de comunidades indígenas, no obstante esto contrasta con lo señalado por algunos medios como contagio radio (2018), en donde señalan que el Juzgado de restitución de tierras de Villavicencio indicó que estás son tierras ancestrates de los Sikuani. De otro lado, la CIJP (2016, 2018 y 2021) ha venido señalando que la empresa también ha estado limitando el ejercicio de las actividades tradicionales indígenas en la zona, lo que además de afectar su libertad y libre desarrollo, ha estado afectando su seguridad alimentaria. Muchas de las tierras ancestrales de los Sikuani y los Jiw en el municipio de Mapiripán están ocupadas por las plantaciones industriales de palma africana de la empresa multinacional Poligrow (PBI Colombia, 2017).
Igualmente, la producción palmera realizada por la empresa ha realizado un aprovechamiento de agua de lagunas y caños naturales, para su explotación, generando contaminación de fuentes hídricas con residuos, creando a su vez escasez de agua para las comunidades de acuerdo a lo se señala en medios como la verdad abierta (2015).
Actores
Comunidades Indígenas | Actores Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Sector Privado | Actores Armados | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Indígenas Jiw Cabildo Caño Ovejas, Indígenas Sikuani. | Juntas de acción comunal | Contraloría General, Fiscalía General de la Nación, Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formación de Tierras, INCODER (actual Agencia Nacional de Tierras - ANT) Alcaldía de Mapiripán, Agencia Nacional de Tierras. | CORMACARENA | Persona Jurídica: Poligrow, Fedepalma. | Paramilitares | Comisión Intereclesial de Justicia y Paz |
Impactos
Cambio en el uso del suelo
Contaminación/afectación a fuentes hídricas
Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad)
Apropiación privada de áreas
Desplazamiento
División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad
Visibilidad medios de comunicación
Otras expresiones:
“Constancia Histórica y Censura Ética por instituciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Manifestaciones del pueblo indígena sikuani
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflicto en acaparamiento y uso de la tierra en Mapiripán, Meta [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/otras-actividades/#conflicto-en-acaparamiento-y-uso-de-la-tierra-en-mapiripan-meta
Ocupación y usos indebidos de la tierra en el resguardo indígena Yaguara II
Descripción
El resguardo indígena Yaguara II, fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano (Tierra de Resistentes, 2020).
En el resguardo indígena multiétnico Yaguará II, inicialmente conformado por los indígenas de las etnias Tucano, Pijao y Piratapuyos, se han venido presentando distintas situaciones que han generado conflicto socioambientales a lo largo de su conformación. Como parte de las situaciones que se han presentado, estuvieron los enfrentamientos entre las extintas FARC y las fuerzas militares estatales, como parte del operativo del gobierno de turno “Destructor II” que tenía como objetivo atacar el corredor de narcotráfico que existía en la zona, al igual que era un operativo contra el comandante guerrillero “Mono Jojoy”, muerto en combates en el 2010 (García, 2017). Estas situaciones que acontecieron en ese momento en esa zona, generaron un deterioro ambiental y social, que dieron como resultado que en el 2004 se terminara generando un gran desplazamiento del resguardo de miembros de la etnia indígena Pijao por miembros de las extintas FARC (González, 2012). En donde luego en los lugares que dejaron los Pijao se reubicaron indígenas de la etnia Nasa desplazados también por las extintas FARC del resguardo de Altamira (González, 2012).
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En algunas de las tierras que fueron despojadas a la etnia Pijao, a parte de la llegada de otra etnia indígena, como fueron los Nasa, estuvo el inició de un proceso progresivo y drástico de deforestación en las tierras, al igual que de siembra de cultivos de coca para usos ilícitos. En el 2015 hay unos conflictos interétnicos en donde los Nasa que se habían ubicado en el Yaguará II salen de este resguardo. Al año siguiente se viene el Acuerdo de Paz, en donde la salida de las extintas FARC, y la no llegada de entidades del Estado a retomar el control territorial, generó que se empezaran a dar procesos de acaparamiento y ocupación de tierras de manera ilegal al interior del resguardo por distintos actores, como fueron los grupos armados ilegales, quienes han vuelto a desplazar a la comunidad, bajo amenaza de reclutar a los menores, no obstante esta situación algunos pobladores permanecen en el territorio a pesar de la dificíl situación de seguridad. Miembros de las comunidades indígenas que fueron desplazados hace dos décadas, han intentado retornar a sus tierras para impedir que aumente la deforestación, pero no cuentan con garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado.
Actualmente el territorio perteneciente al resguardo Yaguará II, hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lo que lo protege de posible enajenación (Tierra de Resistentes, 2020). Dentro de la importancia que se le ha reconocido al resguardo Yaguará II, aparte de ser el lugar donde habitan distintas etnias indígenas, es que constituye parte de uno de los corredores biológicos más importantes entre la Amazonia y los Andes, y la conexión entre los parques naturales Chibiriquete y La Macarena. No obstante estas situaciones se ha señalado que hay intereses económicos para conectar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo Yaguara II (Pérez, 2021). La conexión de estas vías se señala que permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, pero hay versiones que dicen que es algo que puede cambiar muy pronto (Pérez, 2021).
Con Auto 0263 del 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (medida cautelar), se le ordenó a las autoridades ambientales regionales correspondientes, así como a Minambiente que impartieran una estrategia integral inmediata para cesar la tala ilegal del bosque dentro de Yaguará II y judicializar a quienes traficaran la madera de allí extraída, así como implementar un plan de recuperación ambiental y reforestación (Tierra de Resistentes, 2020). En la nota publicada en el 2020 por Tierra de Resistentes, se señaló que Corpoamazonia indicó que para poder cumplir con la orden del Juzgado Civil de Ibagué, deben contar con acompañamiento de las Fuerzas armadas del Estado, dada la compleja situación de orden público en la zona; pero confirmaron que la situación ambiental es crítica pues se están desarrollando quemas para la implementación de ganadería extensiva. Igualmente en esta nota Cormacarena, expresó la misma necesidad de acompañamiento, para poder cumplir con las obligaciones impuestas. La CDA igual, además de alegar falta de personal suficiente y la amplitud del territorio.
Ubicación
Departamento: Guaviare, Caquetá, Meta.
Municipios: La Macarena (Meta), Calamar (Guaviare) San José del Guaviare (Guaviare)
San Vicente del Caguán (Caquetá) El Retiro, El Jordán y El Morichal (La Macarena)
Itilla (Calamar) Puerto Cachicamo, (San José del Guaviare) La Tunia (San Vicente del Caguán)”
Otros datos de Ubicación: Resguardo indígena Yaguara II.
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Incluye tambien los departamentos de Caqueta y Meta Municipios: La Macarena Calamar San José del Guaviare San Vicente del Caguán
Causas
La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó especialmente porque se encontraban en un corredor del narcotráfico, con lo cual distintos actores armados ilegales buscaban tener control territorial en la zona, situación que se ha repetido en distintos momentos (González, 2012; García, 2017). En la actualidad las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo. A pesar que los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus distintos esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más afectiva, no ha permitido que se tenga este control del territorio.
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A esta situación de que se haya presentado un corredor de narcotráfico, se le suma la apertura y construcción de la infraestructura vial, Marginal de la Selva, con la cual se ha facilitado el ingreso de agentes dedicados a la deforestación y acaparamiento de tierras mediante tala y quema de grandes extensiones; en una buena parte de los casos para el establecimiento de pasturas para ganadería extensiva (Peréz, 2021). En estos escenarios de vías y deforestación, el foco de mayor impacto por deforestación, actualmente lo constituye la vía ilegal que pasa por el reguardo y atraviesa por el Parque Natural Chibiriquete que va desde Puerto Cachicamo – La Tunia, desprendiéndose de la Marginal de la Selva (Rutas del Conflicto, 2021; Peréz, 2021). Hay otras 2 vías ilegales que revisten importancia: La Tunia – Camuya y La Playa – Río Yarí. De forma complementaria a la Marginal de la Selva, se han abierto vías informales (Peréz, 2021).
De acuerdo a los análsis hechos por FCDS (2019) las imágenes satélite muestran que en la última década, en especial en los últimos tres años, la zona ha perdido 7000 hectáreas de bosque, en varios parches abiertos hechos por terceros ocupantes para el establecimiento de ganadería, cultivos de usos ilícitos y apertura de vías ilegales. Por otra parte, al cruzar la capa de la frontera Agrícola de la UPRA del portal SIPRA 2022, con la capa del resguardo indígena de Yaguara II de la Agencia Nacional de Tierras 2022 del portal “Colombia en mapas”, se observa en el costado occidental del resguardo una sobreposición entre ambas figuras. Esta sobreposición de figuras en los territorios fue identificada por los asistentes territoriales que se adelantaron en Florencia.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|---|
Resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II (Pijao, Tukano y Piratapuya) y Nasa | Juntas de acción comunal | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Agencia Nacional de Tierras (ANT), Ministerio de Interior, Fiscalía General de la Nación. | Fedegán | Corporación para desarrollo sostenible norte oriente amazónico – CDA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - Corpoamazonía, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena. | Disidencias de las FARC. Otros grupos armados ilegales. |
Impactos
Deforestación
Cambio en el uso del suelo
Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad)
Desplazamiento
Despojo de tierras
Amenazas
Otras expresiones del conflicto: Denuncias públicas – Carta de la comunidad al presidente de la República, denunciando el nuevo desplazamiento, solicitando protección.
Intento de denuncia colectiva del desplazamiento ante Alcaldía de San Vicente del Caguán que no fue recibida.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Ocupación y usos indebidos de la tierra en el resguardo indígena Yaguara II [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/otras-actividades/#ocupacion-y-usos-indebidos-de-la-tierra-en-yaguara-dos
Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones
Descripción
El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue reservado, alinderado y declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura (PNNC, 2022). En el año 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha. Recientemente, se efectuó una nueva ampliación en los municipio de San José del Guaviare, Miraflores y Calamar en el Guaviare; y en San Vicente del Caguan y Solano en el departamento del Caquetá, acto formalizado mediante la resolución 1256 del 10 de julio de 2018, del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible-MADS (PNNC, 2022).
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Como parte de los problemas que ha tenido el área natural protegida de Chiribiquete desde su creación, ha sido la falta de presencia estatal en la zona donde se conformó el área natural protegida, la falta de asignación presupuestal , y el desconocimiento de la zona por parte de la institucionalidad dado su difícil acceso (Castellanos y Rojas, 2018). Todos estos elementos en conjunto, sumado a que es el parque nacional más grande del país, con más de cuatro millones de hectáreas después de las ampliaciones, han facilitado la intensificación de los motores de transformación en la zona, los cuales se han visto agudizados por la falta de control efectivo del territorio por parte de la fuerza pública y de las autoridades ambientales que están a cargo del área. A esto se le debe sumar las nuevas situaciones de presiones que se han generado por las ampliaciones que se le han hecho a esta área protegida, que en algunos casos ha generado nuevas presiones o ha intensificado las ya existentes. Además, posterior al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, se empezó a dar un riesgo permanente del control territorial por distintos grupos armados al margen de la ley, producto de la salida de las extintas FARC de la zona (Semana Sostenible, 2018).
Sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley, hay otros actores ilegales que han estado aprovechando la falta de control territorial estatal posterior del Acuerdo de Paz, control que era ejercido por las extintas FARC antes de este Acuerdo (Semana Sostenible, 2018). Igualmente, la ausencia o poca presencia de entidades estatales en estos territorios, ha dificultado la articulación con los sistemas de gobernanza locales, desaprovechando la oportunidad que estos sistemas le puedan aportar a un mayor control de la zona (Castellanos y Rojas, 2018). Dentro de las posiciones que tienen algunos de los líderes sociales y autoridades estatales para el caso de la parte de Chiribiquete que se encuentra en el departamentos de Caquetá, es que la solución al grave problema de la deforestación, no es solamente judicial y con la intervención de la fuerza pública, si no que también se debe realizar una concertación con las comunidades afectadas para lograr medidas más efectivas.
NOTA*
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Ubicación
Departamento: Guaviare, Caqueta
Municipios: Calamar, Cartagena del Chairá, Solano, Calamar, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare
Otros datos de ubicación: Veredas con mayor deforestación en áreas límites de las ampliaciones: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yari, Zonas de ampliación de Chiribiquete” “Municipios de Caquetá: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano; municipios de Guaviare: Calamar, San José del Guaviare, Miraflores. Veredas: Ciudad Yarí, Paraíso del Yarí, Nueva Esperanza, Alta Gracia y el Camulla (en San Vicente del Caguán), así como en las veredas de Puerto Polaco y Brisas del Itilla (en Calamar), veredas de Manabil y Choapal en el Corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare”.
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Otros datos de ubicación (corregimiento, resguardo, coordenadas):
Municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), y Calamar (Guaviare), Ciudad Yarí, Paraíso del Yarí, Nueva Esperanza, Alta Gracia y el Camulla (en San Vicente del Caguán), así como en las veredas de Puerto Polaco y Brisas del Itilla (en Calamar), veredas de Manabil y Choapal en el Corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare
Causas
En varias de las zonas circundantes a las áreas ampliadas de Chiribiquete al igual que en las áreas ampliadas se ha venido dando un proceso de deforestación para la posterior expansión de las praderas, esto con el fin de apropiarse y ocupar ilegalmente las tierras, en muchos casos con la visión de dedicarlas a la ganadería (Semana Sostenible, 2018). Adicional a esto, la autoridad ambiental CDA, señala que hay actores externos a la zona, que suelen financiar estas actividades y ven en la ocupación, posesión ilegal de la tierra, y en el cambio de su uso, la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de talar indiscriminadamente los bosques naturales y praderizarlos. Además de esto, otras entidades señalan que detrás de estos procesos de ocupación hay un gran cantidad de dinero que proviene de actividades ilícitas, como es el caso de ganancias obtenidas del narcotráfico (Cardenás, 2021), con lo cual esto funciona como un mecanismo de lavado de dinero.
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Sumado a esto, al parecer, parte de estas tierras ocupadas y acaparadas son negociadas de alguna manera en las notarías, mediante negocios ilegales que luego quedan registrados en las oficinas de instrumentos públicos (Semana Sostenible, 2018). En relación con esto, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, habla de la ausencia de un catastro rural actualizado que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca.
A esta falta de presencia y fortalecimiento de las entidades estatales que se ha venido dando tanto al interior del parque como en su periferia, se adiciona los presupuestos limitados que han venido recibiendo las administraciones del parque, y el desconocimiento que aún se tiene del área natural protegida, lo cual no ha permitido tener un mayor control sobre las distintas presiones que se han venido presentando en el entorno del parque y en su interior (Castellanos y Rojas, 2018). Esto muestra claramente que existen grandes limitaciones para que las autoridades ambientales puedan tener el control de esta área, incluyendo la administración del parque, puesto que no han tenido ni tienen la capacidad de un control real en el territorio, y no han contado ni cuentan con el suficiente personal ni con la dotación necesaria para contrarrestar los distintos problemas que se han venido dando a partir del establecimiento y la ampliación del parque Chiribiquete (Castellanos y Rojas, 2018; Semana Sostenible, 2018). Aunque Chiribiquete es el parque natural más grande del país, no en toda el área se presentan tensiones, son seis las áreas donde especialmente se concentran estas presiones concentradas en los municipios colindantes como Bajo Caguán y Calamar (WWF, 2021).
En cuanto a los operativos de Artemisa, que fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, se ha señalado por parte de algunos líderes sociales de la zona, que esta operación reavivo muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del estado, lo cual ha venido incremento la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|---|
Uitoto, Carib, Arawak, Tukano, Cubeo, Wanano, Desanos, Pijaos, Piratapuyos, Yukuna, Matapí, Tanimuka y Andoque, entre otros. | Guardianes de Chiribiquete, Juntas de Acción Comunal de la vereda Puerto Polaco (Municipio de Calamar), Juntas de acción comunal de las otras veredas. | Fiscalía, la Procuraduría, la Fuerza Pública, Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa y Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras - ANT, Alcaldías de: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Solano, Calamar, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Gobernación Guaviare, Gobernación Caqueta, la Agencia de Desarrollo Rural (ARN), Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DCSI de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) | Fedegán y Fedepalma | CORPOAMAZONIA CDA | Disidencias de las FARC |
Impactos
Pérdida de cobertura vegetal
Cambio en el uso del suelo
Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad)
Militarización y aumento de la presencia policial
Desplazamiento
Amenazas
Protestas
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/otras-actividades/#parque-chiribiquete-superposicion-de-territorialidades
Territorialidades superpuestas en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena
Descripción
El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena reviste una gran importancia ecológica, biológica y ambiental. Por su ubicación sobre el Escudo Guyanes y su interconectividad ecológica con los parques Tinigua y Picachos, es un punto de unión del corredor que une la Orinoquía, la Amazonia y los Andes, contando con altos niveles de endemismo biológico y con una gran expresión de biodiversidad.
El actual Parque Nacional natural tiene una larga antecedentes) historia de conformación y consolidación que está imbrincada con diferentes procesos y momentos de colonización, dirigidos por el Estado, de esta manera durante los años 50 y 60 se dieron diferentes momentos en los que los gobiernos promovieron la colonización del rio Ariari y de la Reserva Nacional Sierra de la Macarena. Luego de varios conflictos territoriales entre los colonos y las instituciones ambientales, y desconociendo los estudios de la Universidad Nacional de Colombia y los aportes de la misma, el gobierno de Virgilio Barco determinó con el decreto 1989 de 1989 la creación del Parque Natural Sierra de la Macarena, dentro del decreto quedó establecido que el Área de Manejo Especial de La Macarena (AME-Macarena), estaría integrado por: i) El PNN Sierra de La Macarena; ii) los DMI de La Macarena; iii) el PNN Tinigua; iv) el DMI del Ariari – Guayabero; y v) el “Territorio” de los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos y Sumapaz comprendido en la jurisdicción del Departamento del Meta. ( )
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La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados indíces de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación ( ), sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC. El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, de narcotrafico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque ( ), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró remplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsisencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica.
Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de ésta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Panque Natural ( ), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.
Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación ( ). Igualmente los cultivos de coca han disminuído pero no de manera contundente y han reaparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrantamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque. Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas(…) Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impida que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando”.( )
Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construíada de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes indíces de incendios y deforestación en los últimos años.El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (). Igualmente como lo indican varios funcionario el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforesación, incluso más que la siembra de cultivos de coca. Existen también presiones sobre el Area de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, al rededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque. ( ) Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los derechos Humanos del Meta, precisamente denunció como en Febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de ésas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con ésas familas e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas victimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesias, pero no hacia los grandes financiadores de la ganadería extensiva, los monocultivos de palma entre otros.
Ubicación
Meta, Vista Hermosa y Puerto Rico, Sector oriental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde se registran cerca del 50 % de los puntos de alertas. Veredas: Alto Caño Cafra, Las Ánimas y La Reforma Veredas: La Tigra, Laguna Gringa, Charco Carbón, Caño Ceiba y Monserrate. Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM)
Causas
La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se pueden observar la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de la deforestación.Detrás de éstas actividades a su vez, están las “caras no visibles” de personas que se hacen a grades extensiones de tierra, pagan jornales por talar y son los grandes financiadores de la ganadería extensiva. ( )
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Embera Katío. | AsproMacarena Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta Juntas de Acción Comunal Asojuntas AGROGUEJAR La Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del Rio Güejar ACATAMU La Asociación de Trabajadores Campesinos Ambientalistas de los Parques Tinigua y Macarena del municipio de Uribe CORPOAMEM La Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM | Parques Nacionales Naturales Gobernación del Meta Ministerio de Defensa Ministerio de Ambiente Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Fiscalía General de la Nación | Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) | CORPORINOQUIA | Disidencias de las FARC | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) Paramilitares, Ganaderos, Narcotraficantes |
Momentos Clave
Descargables
Ficha
Fuentes
Mapa
¿Cómo citar?
Territorialidades superpuestas en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena
Descripción
El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena reviste una gran importancia ecológica, biológica y ambiental. Por su ubicación sobre el Escudo Guyanes y su interconectividad ecológica con los parques Tinigua y Picachos, es un punto de unión del corredor que une la Orinoquía, la Amazonia y los Andes, contando con altos niveles de endemismo biológico y con una gran expresión de biodiversidad.
El actual Parque Nacional natural tiene una larga antecedentes) historia de conformación y consolidación que está imbrincada con diferentes procesos y momentos de colonización, dirigidos por el Estado, de esta manera durante los años 50 y 60 se dieron diferentes momentos en los que los gobiernos promovieron la colonización del rio Ariari y de la Reserva Nacional Sierra de la Macarena. Luego de varios conflictos territoriales entre los colonos y las instituciones ambientales, y desconociendo los estudios de la Universidad Nacional de Colombia y los aportes de la misma, el gobierno de Virgilio Barco determinó con el decreto 1989 de 1989 la creación del Parque Natural Sierra de la Macarena, dentro del decreto quedó establecido que el Área de Manejo Especial de La Macarena (AME-Macarena), estaría integrado por: i) El PNN Sierra de La Macarena; ii) los DMI de La Macarena; iii) el PNN Tinigua; iv) el DMI del Ariari – Guayabero; y v) el “Territorio” de los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos y Sumapaz comprendido en la jurisdicción del Departamento del Meta. ( )
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La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados indíces de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación ( ), sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC. El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, de narcotrafico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque ( ), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró remplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsisencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica.
Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de ésta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Panque Natural ( ), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.
Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación ( ). Igualmente los cultivos de coca han disminuído pero no de manera contundente y han reaparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrantamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque. Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas(…) Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impida que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando”.( )
Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construíada de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes indíces de incendios y deforestación en los últimos años.El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (). Igualmente como lo indican varios funcionario el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforesación, incluso más que la siembra de cultivos de coca. Existen también presiones sobre el Area de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, al rededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque. ( ) Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los derechos Humanos del Meta, precisamente denunció como en Febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de ésas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con ésas familas e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas victimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesias, pero no hacia los grandes financiadores de la ganadería extensiva, los monocultivos de palma entre otros.
Ubicación
Meta, Vista Hermosa y Puerto Rico, Sector oriental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde se registran cerca del 50 % de los puntos de alertas. Veredas: Alto Caño Cafra, Las Ánimas y La Reforma Veredas: La Tigra, Laguna Gringa, Charco Carbón, Caño Ceiba y Monserrate. Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM)
Causas
La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se pueden observar la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de la deforestación.Detrás de éstas actividades a su vez, están las “caras no visibles” de personas que se hacen a grades extensiones de tierra, pagan jornales por talar y son los grandes financiadores de la ganadería extensiva. ( )
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
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Embera Katío. | AsproMacarena Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta Juntas de Acción Comunal Asojuntas AGROGUEJAR La Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del Rio Güejar ACATAMU La Asociación de Trabajadores Campesinos Ambientalistas de los Parques Tinigua y Macarena del municipio de Uribe CORPOAMEM La Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM | Parques Nacionales Naturales Gobernación del Meta Ministerio de Defensa Ministerio de Ambiente Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Fiscalía General de la Nación | Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) | CORPORINOQUIA | Disidencias de las FARC | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) Paramilitares, Ganaderos, Narcotraficantes |