Atlas | Tipología Hidrocarburos

En el territorio desde los años 80 se expresan actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, el narcotráfico y los cultivos de hoja de coca. (Castro Hurtado, 2015) Sumado a lo anterior la presencia de grupos armados al margen de la ley, tanto guerrillas como paramilitares terminan de complejizar la difícil realidad de la región, aún hoy hay presencia de grupos de disidencias y otros actores armados ilegales (Asociación Ambiente y Sociedad,2022) sumado a lo anterior se da el abandono estatal y la actuación de la Fuerza Pública para intervenir en procesos como la erradicación forzada. (Suárez, 2020). Como lo indican los estudios de Ambiente y Sociedad 2022 en esta zona habitan comunidades campesinas, muchas de ellas han dependido de los cultivos ilícitos, es decir, son zonas cocaleras, sus habitantes defienden su forma de subsistencia por la ausencia del Estado y las pocas oportunidades que hay para que dejen esta actividad. “El corredor Puerto Vega-Teteyé es habitado por quince mil habitantes, aproximadamente, hay tres resguardos y dos cabildos indígenas, cincuenta y dos Juntas de Acción Comunal. Es corredor natural del Jaguar, está bañado por los ríos Putumayo, San Miguel y Cohembí, hay más de 10 humedales que hacen parte de un complejo lagunar, es decir, tiene un potencial hídrico muy importante. Desde antes de la llegada de las petroleras, la gente se abastecía del agua de los caños y lagunas, pues desde esa época hasta hoy no cuentan con servicio de acueducto.” (Ambiente y Sociedad, 2022)

La Sentencia SU123/18 de la Corte Constitucional, expone en detalle el proceso de exploración y explotación de petróleo que se ha dado en la zona en el corredor de Puerto Vega -Teteyé. Expresa como desde el comienzo de los procesos de exploración, se dejó expreso la presencia del Cabildo del Alto Lorenzo y de comunidad Awá de la vereda La Cabaña. Luego deja en claro como el proceso comenzó con ECOPETROL, que entre 1988 y 1991 declaró los campos de Quillacinga, Curiquinga y Piñuña como productores en el Área Suroriente. Posteriormente con la Resolución 0587 del 2 de julio de 1998, el Ministerio de Ambiente estableció un Plan de Manejo Ambiental, para vigilar y seguir dichos pozos, y en dicho acto administrativo se hizo referencia expresa a la presencia del cabildo del Alto Lorenzo, comunidad que se encontraba fuera del área de influencia de la fase I del proyecto. A su vez, se señaló que para la etapa II del plan, denominada “infraestructura de transporte”, se tramitaría un estudio independiente. El 13 de junio de 2001, ECOPETROL S.A. y el Consorcio Colombia Energy suscribieron el “contrato No. 438 de producción incremental de hidrocarburos”, en el Área Suroriente (con inclusión del Desarrollo de los Campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, localizado en el municipio de Puerto Asís- Departamento de Putumayo). Ese negocio jurídico tendría la duración de 22 años. La empresa designada como operadora y responsable de la ejecución del proyecto sería VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. y era la encargada de adelantar los respectivos trámites o requerimientos sobre licencias, permisos y otros. En dicho proceso se conocía de la comunidad Awá de La Cabaña. Posteriormente en 2019 Colombia Energy vendió la concesión del bloque sur a la multinacional Canadiense Grand Tierra.

En el Auto 3938 del 19 de Diciembre de 2011 la ANLA, hace referencia a las diferentes resoluciones y autos generados hacia Colombia Energy y los campos petroleros ubicados en Puerto Asís. “La resolución 973 del 22de Mayo de 2009, en la que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo licencia ambiental global al CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, para el proyecto “Desarrollo de los campos Quinde, Cohembi, y Quillacinga” localizado en jurisdicción del Municipio de Puerto Asís en el Departamento del Putumayo. Que con el Auto 417 del 19 de febrero de 2010, el Ministerio aprobó parcialmente la medida de compensación y efectúo requerimientos al CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, relacionado con el programa de inversión del 1%. Que con Auto 702 del 12 de Marzo de 2010, el Ministerio efectuó seguimiento y control ambiental al mencionado proyecto. Que mediante Resolución 1930 del 1 de Octubre de 2010, el ministerio modificó la licencia ambiental global otorgada al CONSORCIO COLOMBIA ENERGY (…) en el sentido de adicionar unas actividades y lo referente a permisos para el uso, aprovechamiento, y/o afectación de recursos naturales renovables” (ANLA, 2011).

La principal causa que ha generado tensiones sociales ha sido la contaminación de fuentes hídricas en el Corredor Puerto Vega-Teteyé, asociadas a la actividad de explotación petrolera (Terrae, 2015) a derrames de petróleo por fallas técnicas en las operaciones (ANLA, 2011) y en algunas ocasiones causadas también por grupos armados al margen de la ley (OCHA,2015). Adicionalmente, se ha generado contaminación de la tierra, de las fuentes hídricas, afectación a las especies vegetales y animales y a la salud humana, situación agravada por el uso de otras sustancias como ha sido el glifosato, debido a la aspersión como una estrategia para atacar los cultivos de coca para uso ilícito (Corpoamazonía, 2011). Estas situaciones se han venido presentando desde hace al menos 18 años, generando contaminación de las fuentes hídricas y disminución de fuentes de agua potable. A esto se debe adicionar que se han secado y/o contaminado con crudo, más de 20 nacimientos de agua (Noticias Caracol). Dadas estas situaciones, compañías como Gran Tierra Energy entregan agua con carro-tanque a algunas comunidades, pero no es constante, por lo que esto generó un paro en el 2020 en la Vereda El Cristal (Calle, 2020).

En este sentido “”El Bloque Suroriente es una zona de explotación petrolera ubicada en el departamento de Putumayo cerca a la población de Puerto Asís y a la frontera con Ecuador. Allí existen 3 campos “de producción” pertenecientes al Consorcio Colombia Energy, operados por la empresa Vetra: Cohembí, Quillacinga y Quinde””(HeienrichBollstiftug, 2023). Según estudios de Terrae (2015), se han presentado irregularidades cometidas durante el proceso de licenciamiento: “”EIA caracterizado por la falta de rigor técnico para abordar los componentes de geología, hidrogeología, amenaza sísmica, entre otros. (…) estas deficiencias son de extrema gravedad si se tiene en cuenta que en el caso del corredor Puerto Vega-Teteyé se adoptaron alternativas como la reinyección de aguas “de producción” en el subsuelo, con las incertidumbres que esta práctica implica”” (Terrae, 2015).

Estas situaciones de contaminación de las fuentes de agua, han sido reconocidas a través de diversos medios de comunicación (SEMANA,2016, Noticias Caracol 2022a y 2022b) y por la Sentencia STC7630-2016 de la Corte Suprema de Justicia “los caudales afectados por el derramamiento de crudo en los años 2014 y 2015 “(…) sobrepasaban los límites establecidos para los parámetros de Cadmio, Plomo, Fenoles y Fosfatos, y que los Fenoles podrían provenir de las aguas de producción de la industria petrolera o de derivados de hidrocarburos que se utilicen en actividades industriales en la zona (…)”, siendo importante que las autoridades ambientales, entre ellas, la aquí impugnante, presten atención especial a los sitios de muestreo relacionados donde se reportan valores altos de tales sustancias químicas, porque es indudable que las mismas pueden afectar la salud de los lugareños”. (Sentencia STC7630-2916 de la Corte Suprema de Justicia).

En este sentido las comunidades del corredor asumen que la actividad petrolera no les ha traído beneficios sino todo lo contrario les ha traído conflictos, que les ha causado una situación de crisis pues la mayoría de cuerpos de agua están contaminados por vertimientos de crudo (Caracol, Informe especial,2022). La contaminación hídrica de lagos, humedales y ríos se da por el impacto de vertimientos de crudo. Organizaciones campesinas como ACSOMAYO, ASOCPUERTOASIS Y MOVICAC se han esforzad por documentar el caso y hacer sus propios estudios, para identificar y caracterizar sus áreas afectadas, para buscar una solución. La Asociación Ambiente y Sociedad (2022) ha indicado que se afecta el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al ambiente sano, esto ha generado problemáticas para la subsistencia de las comunidades, finalmente estas comunidades desean ser reconocidos como víctimas ambientales.

Como lo expone Calle (2022) en El Espectador y en Tierra de Resistentes, las comunidades se han organizado para protestar en contra de los impactos negativos de la actividad petrolera sobre el medio ambiente, no solo por temas de accidentes en la operación de los procesos, sino también por los impactos de la misma actividad como la reinyección de aguas (Caracol, 2022): “Este ha sido el escenario de una decena de paros campesinos en oposición a la explotación petrolera, la contaminación del agua y el glifosato. También es a lo largo de este camino en donde defensores del agua han sido amedrentados, perseguidos, amenazados de muerte o simplemente ultimados a tiros. Muchos no se atreven a denunciar la contaminación del agua en el Corredor por miedo a las represalias que grupos armados y empresas petroleras con presencia en la región puedan tener contra ellos o sus familias.” Calle (2022).

Como lo expone la revista SEMANA (2016) la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha tenido un manejo ambiguo frente a esta problemática “En 2011 abrió un proceso sancionatorio contra Vetra por contaminación a los recursos hídricos, pero en 2012 le amplió la licencia para perforar otros 39 pozos de explotación. Un año más tarde inició otra investigación por incumplimientos en el plan de manejo ambiental y, sin embargo, en marzo 2014 volvió a extender la licencia para la apertura de 100 pozos más.”

Es importante tener en cuenta el detallado y exhaustivo estudio realizado por Terrae – Mesa Minero Energética, 2015) frente al proceso de licenciamiento ambiental otorgado al Consorcio Colombia Energy. En primer lugar, este informe comienza por referenciar el estudio de la Government Accountability Office-GAO (2012) en el que se establece que “la extracción de gas o petróleo genera riesgos sobre las aguas superficiales y subterráneas por la extracción de aguas de corrientes, lagos y acuíferos para las operaciones de perforación y fractura hidráulica, la cual puede afectar de manera negativa las fuentes de agua en cuanto a su cantidad. La extracción extensiva de aguas para dichas operaciones puede abatir los niveles freáticos y afectar manantiales y corrientes de agua superficial que se alimenten de ellos, así como a comunidades humanas”. Este informe da cuenta de las falencias del estudio de impacto ambiental, a partir de los documentos oficiales y entre otras cosas expone que “No se incluye la ubicación de plataformas, excavaciones, vías, ductos ni teas, con anterioridad a su emplazamiento, lo cual impide una real evaluación de impactos ambientales y sociales del proyecto (…) Pese a los múltiples incumplimientos a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental global evidenciados a través de la documentación referenciada a lo largo del documento, al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación y de Corpoamazonía, denuncias allegadas por la Defensoría del Ecuador, y la apertura de procesos sancionatorios ambientales a la empresa CONSORCIO COLOMBIA ENERGY (Auto 3968 de 2011 y Auto 1225 de 2013), la ampliación del proyecto fue aprobada. Ni los 19 pasivos ambientales referenciados por Corpoamazonía, ni los reiterativos incumplimientos a la licencia señalados en los conceptos técnicos de seguimiento, ni las recomendaciones de la Procuraduría General de “no conceder una nueva ampliación de la licencia ambiental otorgada mediante resolución 937 de Mayo 22 de 2009, hasta cuando el Consorcio Colombia Energy cumpla a cabalidad dicha licencia y el Plan de Manejo asociado”, fueron suficientes para denegar la nueva solicitud que dicha empresa presentó a la ANLA para la ampliación de la producción de hidrocarburos” (Terrae 2015)

Como lo presenta la Asociación Ambiente y Sociedad (2022) Comunidades del corredor Puerto Vega-Teteyé, en el sur del Putumayo, no tienen agua potable, pues sus principales fuentes están contaminadas. En fuentes como la BiodiversidadLa (2020) se indica que la defensa del agua les está costando la vida a los líderes campesinos del corredor Puerto Vega-Teteyé, debido al asesinato de varios lideres ambientales. Este mismo portal señala que se han amenazado a otros líderes por las denuncias que han hecho sobre la contaminación de las fuentes hídricas.

Otras de las causas que han generado situaciones de tensiones sociales en la zona, se asocia al hecho que no se han llevado a cabo las consultas previas en ninguno de los casos de exploración y explotación petrolera, porque el Ministerio de Interior certificó que en la zona de influencia no existía ninguna comunidad indígena, cuando sí las hay como quedó señalado en el 2018 en la Sentencia SU123/18 (Corte constitucional, 2018). El periódico El Espectador expone que “Las tres veces que el consorcio pidió licencia ambiental para funcionar, en el 2009, el 2010 y el 2014, el Ministerio del Interior certificó que no había comunidades indígenas. Nunca hubo consulta previa (…) A pesar de que el resguardo no se encuentra en las casi 12.800 hectáreas licenciadas, sí está ubicado dentro de las 38.000 hectáreas de influencia del proyecto. De hecho, está a sólo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga, lo que hace que el impacto ambiental los toque” (El espectador, 2017). Como lo menciona Rutas del Conflicto (2022) “En septiembre de 2005, Ecopetrol le cedió los derechos del Plan de Manejo Ambiental del Bloque al Consorcio Colombia Energy, representado por la petrolera Vetra Exploración. En 2009 entraron en funcionamiento los campos petroleros Cohembí y Quillacinga, que hacen parte de la gran concesión, y se encuentran ubicados fuera del resguardo nasa. Sin embargo, las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto incluyen las 1363 hectáreas del territorio indígena.”

Según la inspección realizada a la zona y señalada en la STC 7630 de 2016 por parte de la Corte Suprema Sumado a lo previamente señalado, con los derrames ocurridos en septiembre de 2013, octubre de 2014 y mayo de 2015, el Consorcio no atendió adecuadamente las aguas y terrenos, lo que provocó alergias, infecciones, cáncer de esófago y enfermedades en niños, además en esta inspección también se aseguró que el ruido afecta a las comunidades por el paso de caminos pesados.

En cuanto a la contaminación por glifosato, esta zona como área cocalera del Putumayo, tuvo períodos en los que la aspersión aérea con glifosato fue frecuente, cada cinco meses, más o menos el mismo ciclo de crecimiento de la coca lo que ha generado también contaminación a las fuentes hídricas. (Cale, 2022)

Dadas estas situaciones que se vienen dando en el territorio, se han realizado varios paros campesinos en protesta por la explotación petrolera, la contaminación del agua y la aplicación del glifosato. Situaciones que se han agravado durante los últimos 10 años, tanto es así que en la información compartida en la Biodiversidadla (2020) y en la Sentencia SU123/18 (2018) se señala que han sido asesinados en esta zona 4 líderes, quienes denunciaron la contaminación del agua, y adicionalmente otros han sido amenazados.

De otro lado, en el proceso de construcción de un Atlas de Conflictos Socioambientales adelantado por el SINCHI en 2022, y en los talleres realizados en Mocoa en el marco de dicho proyecto algunos de los aspectos que indicaron los actores convocados a los talleres de Mocoa (2022), es que a esto se le suma que ha sido una región donde ha habido ausencia de entidades del Estado, una buena parte de la falta de esta presencia de instituciones se debe a las pocas garantías de seguridad para la presencia institucional. Esto se ve reflejado en temas como la no planificación en las vías, que a su vez no permite mayor control en la zona por la falta de conectividad. Además de esto, algunas de las visiones que se tienen sobre las causas de este conflicto se relacionan con el hecho que los paros cocaleros aprovechan la presencia de hidrocarburos en la zona para generar mayor presión en las demandas que hacen al Estado.

El Consorcio Colombia Energy se ha comprometido con la comunidad y autoridades comunales a: descontaminar fuentes de agua, suministrar agua potable, hacer trabajos para mitigar el impacto ambiental generado por los derrames, y contratar a habitantes del corredor para tales actividades, compromisos que no se han cumplido según se señala en Biodiversidadla (2020). El Consorcio asegura que desde 2011 no realiza ningún vertimiento a fuentes hídricas superficiales, y que entregó agua hasta 2015, porque en las comunidades se presentaron intimidaciones, bloquearon las entregas o no quisieron recibirla. Pese al fallo de la Corte, el problema no ha sido resuelto y cuando no hay agua en botella, y hay verano, a los habitantes les toca beber agua de los caños. A pesar del evidente conflicto, de las tutelas interpuestas, de las sentencias entre otras evidencias de la problemática social y ambiental, el diario el Espectador reportó en Septiembre del presente año (2023) que “Ecopetrol y Gran Tierra Energy acordaron ampliar por 20 años el Contrato de Producción Incremental de hidrocarburos en el bloque Suroriente, ubicado en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Las compañías trabajan en este bloque de 36.000 hectáreas, con una participación del 52 % para Ecopetrol y 48 % para Gran Tierra, que ha sido el socio y operador del bloque Suroriente desde marzo de 2019.”

El municipio de Valparaíso ubicado en el departamento del Caquetá, ha sido un territorio caracterizado por un histórico abandono estatal y una persistente colonización campesina. La guerra y sus impactos se han ensañado contra su población y su territorio desde hace décadas. La presencia gubernamental se ha traducido en presencia militar y muy poco inversión social. Actualmente lo habita un alto porcentaje de población retornada que vive de la agricultura y la ganadería. En cuanto a sus características geográficas, Valparaíso cuenta con un área aproximada de 1.258,7 km2, los cuales fueron sustraídos de la reserva forestal de la Amazonia (Corpoamazonia, 2022). Al interior de este territorio se encuentra el resguardo indígena Cuzumbe-Agua Blanca, que cubre un área de 330,182 ha; igualmente se encuentra parte de la Reserva Forestal Puerto Solano creada mediante el Acuerdo 0031 del 30 de septiembre de 1976 del Ministerio de Agricultura (Corpoamazonia, 2022). 

Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el documento de pacto municipal para la transformación regional PMTR, del Municipio de Valparaíso suscrito en el 2018 (ART, 2018), se señala en la visión a 2028 que este municipio articulara los procesos de desarrollo económico ambiental y sociocultural, que impulsa y potencializa la utilización de energías alternativas y el crecimiento verde, con un catastro multipropósito y tierras debidamente formalizadas (ART, 2018). En este mismo documento indica que el desarrollo agropecuario es un potencial agroindustrial a través de la producción sostenible y sistemas de transformación integral (ART, 2018).

Los diversos conflictos socioambientales que se expresan en Valparaíso, están muy ligados a su historia de las últimas décadas. La ofensiva contrainsurgente de la década del 2000 impulsada por el Estado colombiano en esta región con histórico dominio guerrillero y la consecuente retoma militar de gran parte de la región por parte del Estado, abrieron la posibilidad para que ingresaran nuevas alternativas económicas como la de empresas petroleras interesadas en la explotación de hidrocarburos. En este contexto, en el año 2012 la empresa de origen chino Emerald Energy inició estudios sísmicos en Valparaíso. En ese mismo año, dicha empresa recibe la concesión para la exploración sísmica, perforación y explotación del bloque petrolero El Nogal, de una extensión de 239.414 hectáreas. 

Paralelamente, las comunidades de todo el departamento se activan y empiezan un consistente proceso de organización y movilización social, por la defensa del territorio y el medio ambiente. Se crea la Comisión por la vida del Agua, plataforma que agrupa a comunidades de los municipios de Morelia, Albania, San José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Curillo y Valparaíso, y a la Vicaría del Sur del Caquetá en contra de proyectos petroleros. Se va configurando de esta manera un conflicto socioambiental entre las comunidades campesinas y organizaciones sociales de la región en contra de la exploración petrolera y la concesión de bloques petroleros para su explotación en el municipio de Valparaíso.

En términos generales, la movilización de las comunidades se originó en parte para evitar una serie de impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría la puesta en marcha del proceso de extracción de hidrocarburos en la región. A nivel ambiental, la contaminación del agua es uno de los grandes temores de aquellas comunidades que dependen de las fuentes acuíferas para su subsistencia, ya que el bloque petrolero se ubica cerca de los ríos Bodoquero, Orteguaza y Pescado, afluentes del río Caquetá. La pérdida de la biodiversidad y el incremento de deforestación por la llegada de población trabajadora serían otros impactos inevitables. 

Aunque la empresa ha presentado estudios de impacto ambiental, la comunidad ha señalado falencias en los mismos, tal como lo evidencio un grupo de expertos (Terrae, 2017) contratados por las comunidades y encargados de evidenciar los diversos riesgos ambientales no mencionados en los estudios de impacto ambiental como la contaminación de quebradas, humedales y aguas subterráneas. A la fecha el proyecto no tiene licencia ambiental para explotación y la comunidad solicita que se le niegue dadas las inconsistencias evidenciadas. Dentro de los impactos sociales que se denuncian en medios de comunicación, se encuentra la preocupación por el incremento de la presión demográfica, el encarecimiento de la vida y cambios culturales que la explotación petrolera pueda producir, así como las amenazas y estigmatización a liderazgos ambientales.

Paralelo al proceso de denuncia por las vías legales, las comunidades de la región también han usado vías de hecho para ser escuchadas y visibilizadas. Diversas formas de acción colectiva como marchas, protestas, huelgas y obstrucción de vías se han llevado a cabo, acciones que han generado confrontaciones con la fuerza pública. Líderes y lideresas del proceso en defensa del agua y en oposición a la explotación petrolera han denunciado amenazas contra su vida y desplazamientos forzados en razón a la oposición al proyecto (A la Orilla del Río, 2015; Tierra de Resistentes, 2021). Dentro de las acciones colectivas de oposición al proyecto llevadas a cabo por comunidades campesinas e indígenas, ONGs y comunidad religiosa se destacan las denuncias presentadas en distintos medios de comunicación como la Red de Justicia Ambiental en Colombia (2016), a la Orilla del Río (2015), entre otros.

La conflictividad social en la mayoría de los municipios del departamento con presencia de proyectos de hidrocarburos ha venido en aumento en la medida en que los escenarios de diálogo han sido sobrepasados por incumplimiento de acuerdos de parte de la institucionalidad, creciente contaminación ambiental por parte de las petroleras, vías de hecho por parte de las comunidades que han generado confrontaciones con las fuerza armadas del gobierno (Rutas del conflicto, 2023). Al mismo tiempo, se evidencia como la autoridad estatal encargada de impartir sanciones a las empresas de hidrocarburos que incumplen la normatividad ambiental, la ANLA, reporta una evidente incapacidad para hacer seguimiento a todos los casos de infracciones ambientales dada su limitada capacidad y el alto número de casos para hacer seguimiento (Rutas del conflicto, 2023).

Lo que sucedió en Los Pozos con un desenlace de un policía y un campesino muertos, con la retención temporal de más de 70 uniformados y contratistas de la firma petrolera por parte de los manifestantes, finalizaron en una serie de acuerdos y compromisos entre las partes, así como en la solicitud de suspensión de operaciones por parte de la petrolera ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Portafolio, 2023). Este complejo escenario de conflictividad social y orden público a nivel regional, sin duda impactó en la explotación petrolera de Valparaíso a cargo de la misma empresa, por lo que la firma china optó también por iniciar un proceso de negociación para la terminación por mutuo acuerdo del bloque el Nogal en dicho municipio con la ANH (Rutas Del Conflicto, 2023).”

De acuerdo a la información presentada en el informe sobre percepciones locales de la inversión China en Colombia (Colombia Risk Analysis, 2023) sobre cómo se perciben estas inversiones, se señala que “la experiencia de Emerald Energy resalta la falta de directrices claras para que el ejército responda a las disputas con las comunidades”, y que el Gobierno “prioriza los derechos y demandas de las comunidades sobre los de la Fuerza Pública y las empresas, así esto implique incumplir o modificar sus responsabilidades contractuales poniendo  en cuestión la solidez de las garantías jurídicas en Colombia”, y concluye que “Colombia no está dando a las empresas los requisitos mínimos para operar en el país” (Colombia Risk Analysis, 2023). 

Igualmente, en este mismo informe se indica que el conflicto y su resolución tienen múltiples implicaciones, se sugiere que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro le da más importancia a las peticiones de las comunidades cuando se expresan a través de vías de hecho, que, a las empresas perjudicadas, lo cual se presenta que sienta un precedente para que otras comunidades utilicen las vías de hecho como una forma legítima de protesta ante empresas mineras, ganaderas o de cualquier otro sector (Colombia Risk Analysis, 2023). Señala también este informe, que con la experiencia de Emerald Energy, se resalta la falta de directrices claras para que el ejército responda a las disputas con las comunidades, lo que indican en el informe que  demuestra, que el Presidente está dispuesto a dejar a la fuerza pública a la deriva para evitar confrontaciones directas con las comunidades, incluso cuando se toman rehenes. Finalmente, concluye el informe, que este hecho pone en cuestión la solidez de las garantías jurídicas en Colombia, dado que la señal que envía el Gobierno con su inacción es que prioriza los derechos y demandas de las comunidades sobre los de la Fuerza Pública y las empresas, independiente de lo que esto pueda ocasionar en términos de incumplimientos (Colombia Risk Analysis, 2023).

No obstante, esta posición señalada en este informe, algunas publicaciones sugieren que este tipo de aseveraciones intensifica los conflictos y riesgos sobre los derechos de las comunidades, además de ignorar las responsabilidades de las empresas frente a la vulneración de derechos y los escenarios de conflicto (Latinoamérica Sustentable y Sustentarse, coordinadores, 2024).

Los Pozos muestra cómo algunos pueblos del Caquetá crecieron de forma improvisada en torno a la explotación de ciertas bonanzas y sin presencia del Estado, siendo tierra de colonos. Como resultado de la violencia política y de las diferentes bonanzas, allí llegaron campesinos de Tolima, Huila, Cauca y de otros municipios del mismo Caquetá. También San Vicente es epicentro de iniciativas y organizaciones sociales que durante años han trabajado por la construcción de paz, organizaciones populares, campesinas y juveniles que han construido una realidad menos visibilizada de organización social (CNMH, 2017). San Vicente del Caguán es un lugar emblemático donde se sintetiza la compleja historia nacional, frontera de colonización y de dinámicas extractivistas, epicentro del conflicto armado interno, hizo parte de la zona de distensión creada en 1998, durante los diálogos que se sostuvieron entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las extintas guerrillas de las FARC-ep, que no desembocaron en acuerdos de paz, sino en una retoma y recrudecimiento del conflicto.

Este conflicto socioambiental está asociado a reclamos ambientales y sociales por parte de comunidades campesinas e indígenas de San Vicente del Caguán, alrededor de la extracción petrolera, los impactos ambientales que esta actividad genera y la falta de inversión social (FIP, 2023). Dentro de los temas que indican se están dando se encuentra la contaminación de fuentes hídricas, la exigencia de inversión vial y la falta de proyectos productivos (Verdad abierta, 2023). El bloque Ombú fue adjudicado a la empresa Emerald Energy PLC Colombia en el 2006 por medio del contrato E&P 043 en la zona de los Pozos, San Vicente del Caguán y la Macarena, Meta. El Ministerio de Ambiente otorgó licencia ambiental para el área de perforación Ombú- Durillo, por medio de la Res. 330 del 28 de febrero del 2008. En el año 2010 otorgó licencia para el área de perforación Sur-Durillo por medio de la Res. 1685 del 30 de agosto (Díaz, K. 2019). El Bloque petrolero fue adjudicado el 15 de diciembre de 2006 y tiene jurisdicción en San Vicente del Caguán, Caquetá, y en La Macarena, Meta, y cuenta con el 10% de participación de Carrao Energy S.A. Esta última se creó el 26 de noviembre de 2010 y se dedica a la extracción de petróleo. 

La empresa Emerald Energy una de las petroleras ubicadas en el departamento del Caquetá se radicó en Colombia en 1996 y es filial de la estatal china Sinochem, se estableció en la inspección Los Pozos desde 2006. Según los estudios de la FIP (2023) el conflicto entre la petrolera y las comunidades en San Vicente del Caguán se viene presentando desde hace 17 años. “La tensión entre los campesinos y la petrolera ha transitado por varios episodios, alimentados por las denuncias de infracciones ambientales —como la captación de aguas no autorizada, vertimiento de aguas residuales en quebradas cercanas al proyecto, deforestación y quemas a cielo abierto para construir locaciones no autorizadas— y el incumplimiento de las licencias ambientales, del Plan de Manejo Ambiental y de los Programas de Beneficio a las Comunidades” (FIP, 2023). De otro lado, la empresa “De acuerdo con los datos de la ANH, desde el 2010 Emerald ha obtenido en el bloque Ombú Capella 5.656.472,45 barriles estándar de petróleo (BLS). Un barril equivale a 158, 98 litros, lo que quiere decir que esta empresa ha extraído casi 900 millones de litros de petróleo” (Portafolio, 2023).

La movilización social de campesinos que venían protestando desde el mes de diciembre de 2022 estaba generando bloqueos esporádicos afectando el funcionamiento de la petrolera, se trataba de una movilización social que tuvo varios momentos y llegó a su punto álgido el 2 de marzo de 2023. Paralelo a las protestas se venían dando diálogos con el gobierno nacional. El 24 de Enero de 2023 “campesinos integrantes de Asoregional, Corpoayari, Asocampo, Ascal-G y Asopeproc, organizaciones comunitarias del Meta y Caquetá que hacen parte de COSCOPAAS, se juntaron para reclamar inversión social a la empresa petrolera Emerald Energy, que opera en Los Pozos (…) las comunidades le solicitaron a Emerald Energy invertir un millón de dólares anuales para desarrollar proyectos productivos en veredas de Caquetá y Meta” (Verdad abierta, 2023). Durante más de 40 días, se reunieron en las afueras de las instalaciones de la petrolera, comunidades campesinas para protestar.

Según Sandra Milena Rodríguez, secretaria del Gobierno del Departamento del Caquetá, en entrevista con W Radio Colombia, se venían dando un proceso de diálogo desde los meses de noviembre y de diciembre de 2022, se dieron mesas de diálogo, pero por incumplimientos del gobierno nacional quien canceló la última reunión programada, los campesinos e indígenas continuaron en protestas que desencadenaron en hechos violentos. Desde el mes de enero bloquearon la acción de la empresa, suspendiendo el ingreso a los trabajadores, en inicios de febrero se reunieron con la viceministra de diálogo social Lilia Solano, se realizaron dos reuniones con la viceministra, no se había llegado a acuerdos frente al pliego de peticiones, se acordaron unas fechas de nuevas reuniones que se fueron aplazando y la dilatación desencadenó en hechos de violencia con un policía y dos campesinos muertos, así como varios policías retenidos.  El 2 de marzo de 2023 durante horas, las tensiones entre las comunidades que estaban protestando fueron aumentando hasta que desencadenaron en hechos de violencia y más de 30 uniformados terminaron retenidos por los manifestantes. Los enfrentamientos fueron cada vez más violentos, entre el ESMAD y las comunidades, agresiones verbales se convirtieron en agresiones físicas y violentas con piedras, palos, disparos, y confrontación violenta.

Ante esta situación de orden público, el presidente Gustavo Petro envió una comitiva para atender este hecho. Adicionalmente la Defensoría del pueblo actuó en todo momento como un actor mediador “así lo dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al advertir que “resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”. (Defensoría del Pueblo, 2023). 

Las organizaciones campesinas estaban pidiendo a la empresa Emerald Energy mayor inversión social, pues consideran que no han visto la compensación de la empresa en el territorio, y le pedían una inversión social más evidente en el territorio. “El vocero de COSCOPAAS sostiene que la actividad petrolera ha generado afectaciones a las fuentes de agua que fluyen más allá del área de influencia de la petrolera. “La empresa está instalada en las cabeceras de las aguas: el caño El Águila, El Tigre, La Cristalina, La Viuda, Los Lobos, La Guadalosa y otros más pequeños. De estos nacimientos se conforman el río Tunía, el río Losada y el río Caguán. Por eso, no sólo le demandaban compensación para las 19 veredas de influencia directa, sino para las casi 200 comunidades de las cinco organizaciones.” (Verdad Abierta, 2023).

Según el medio de comunicación Portafolio (2023), la empresa Emerald Energy envió varios comunicados advirtiendo a las autoridades nacionales de las movilizaciones sociales y de la posibilidad de que la situación desembocara en hechos de violencia. Además, advirtió que la seguridad en el área se podría tornar más difícil porque el Ministerio del Interior canceló la reunión que había programado para ese día (28 de febrero). Nuevamente, la compañía pidió ejecutar acciones para proteger la vida de los trabajadores.

Posteriormente a las movilizaciones, protestas y ha los hechos violentos que se desencadenaron el 2 de marzo, el Gobierno Nacional convocó nuevamente a un espacio de diálogo a través de la instalación de una Mesa Técnica entre el Gobierno Nacional y las organizaciones campesinas en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá. De dichos diálogos surgió el documento de entendimiento “Acuerdo Los Pozos” que dejó varios puntos importantes para que se diera fin a la crisis y hechos de violencia. “Sin embargo, los reclamos de las comunidades siguen sin ser atendidos y afrontan una estigmatización reforzada por el cubrimiento de varios medios de comunicación, que relacionaron a la población con grupos armados al margen de la ley y que, inclusive, desinformaron, responsabilizando a la guardia indígena de los hechos violentos que ocurrieron ese día.” (Rutas del conflicto, 2023) 

Respecto  al “Acuerdo Los Pozos” según Rutas del Conflicto (2023), fueron acuerdos que permitieron plasmar necesidades que tienen los campesinos en diversos aspectos, de un lado la situación jurídica de campesinos judicializados dentro de ejercicios de protesta social y por el Plan Artemisa; así mismo la pavimentación de la vía San Vicente del Caguán – Los Pozos; dirigir las regalías para inversión social; la revisión jurídica de la supuesta solicitud de cancelación del contrato de Emerald Energy en Los Pozos, así como la evaluación de los impactos ambientales de esta compañía.” En el Acuerdos se pactó la visita de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al bloque Ombú Capella de Emerald Energy, ubicado en Los Pozos, para supervisar los impactos ambientales. Según la información que el Ministerio del Interior le proporcionó a Rutas del Conflicto, la ANLA le reportó a esta cartera que se encontraron indicios de afectaciones generadas por el derrame de crudo y sustancias químicas a las fuentes hídricas, flora y fauna aledañas a las locaciones” (Rutas del Conflicto, 2023).

De los seis puntos que quedaron plasmados en el acuerdo de Los Pozos 2023, en el 2024 desde la Gobernación del Caquetá se hicieron anuncios que en el marco de estos acuerdos, se estaba adelantando las obras de pavimentación de la vía San Vicente del Caguán – Los Pozos (Gobernación del Caquetá, 2024), no obstante, en el 2025 hay señalamientos por parte del Diputado Wilman Fierro respecto a que se han cumplido parcialmente con la pavimentación de dicha vía, incumpliendo con los acuerdos negociados (Noticias DVR, 2025). Por otra parte, también en el marco del acuerdo de Los Pozos, el 10 de enero del 2024, se adelantó reunión entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales Naturales, el MADR y el ICA, para analizar los porcentajes de cumplimiento de los compromisos suscritos en el “Acuerdo Los Pozos” de marzo del 2023, donde se planteó la posibilidad de redimensionar la Resolución ICA 00007067 del 2023 para que las medidas sancionatorias contempladas pudiesen ser aplicadas de manera diferencial, según lo ordena el Acto Legislativo 01 de 2023 con referencia al campesinado en condición de vulnerabilidad que habita los núcleos de deforestación (ICA, 2024), lo que sirve de antecedente para generar la resolución 00007440 del ICA sobre conservar el registro sanitario de predio pecuario de los predios que desarrollen su actividad ganadera de bovinos y/o bufalinos en los núcleos activos de deforestación dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Parques Naturales Regionales del país (ICA, 2024).

Este es el segundo acuerdo de Los Pozos que se firma en la historia de este centro poblado de San Vicente del Caguán, puesto que el primer acuerdo de Los Pozos se firmó entre El Gobierno de Andrés Pastrana y las extintas FARC-EP por medio de Manuel Marulanda en el año 2000, en donde en ese momento el grupo armado indicaba su voluntad de continuar con el proceso de paz y de buscar la solución del conflicto por la vía del diálogo y de la negociación (Indepaz, 2009) lo que muestra que es una zona donde en su historia se han dado distintos escenarios que han llevado a plantear negociaciones. En el primer acuerdo de los Pozos quedó señalado en su numeral 10 que: “… Las Farc-EP no se oponen a los proyectos de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos pero reitera que un proceso tal debe adelantarse de común acuerdo con las comunidades. El Gobierno Nacional y las Farc coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y recuperación del medio ambiente.” (Caracol, 2001).

La conflictividad social en la mayoría de los municipios del departamento con presencia de proyectos de hidrocarburos ha venido en aumento en la medida en que los escenarios de diálogo han sido sobrepasados por incumplimiento de acuerdos de parte de la institucionalidad, creciente contaminación ambiental por parte de las petroleras, vías de hecho por parte de las comunidades que han generado confrontaciones con las fuerzas armadas del gobierno (Rutas del conflicto, 2023). Al mismo tiempo, se evidencia como la autoridad estatal encargada de impartir sanciones a las empresas de hidrocarburos que incumplen la normatividad ambiental, la ANLA, reporta una evidente incapacidad para hacer seguimiento a todos los casos de infracciones ambientales dada su limitada capacidad y el alto número de casos para hacer seguimiento (Rutas del conflicto, 2023).

Lo que sucedió en Los Pozos con un desenlace de un policía y un campesino muertos, con la retención temporal de más de 70 uniformados y contratistas de la firma petrolera por parte de los manifestantes, finalizaron en una serie de acuerdos y compromisos entre las partes, así como en la solicitud de suspensión de operaciones por parte de la petrolera ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Portafolio, 2023). Este complejo escenario de conflictividad social y orden público a nivel regional, sin duda impactó en la explotación petrolera de Valparaíso a cargo de la misma empresa, por lo que la firma china optó también por iniciar un proceso de negociación para la terminación por mutuo acuerdo del bloque el Nogal en dicho municipio con la ANH (Rutas Del Conflicto, 2023).”

De acuerdo a la información presentada en el informe sobre percepciones locales de la inversión China en Colombia (Colombia Risk Analysis, 2023) sobre cómo se perciben estas inversiones, se señala que “la experiencia de Emerald Energy resalta la falta de directrices claras para que el ejército responda a las disputas con las comunidades”, y que el Gobierno “prioriza los derechos y demandas de las comunidades sobre los de la Fuerza Pública y las empresas, así esto implique incumplir o modificar sus responsabilidades contractuales poniendo  en cuestión la solidez de las garantías jurídicas en Colombia”, y concluye que “Colombia no está dando a las empresas los requisitos mínimos para operar en el país” (Colombia Risk Analysis, 2023). 

Igualmente, en este mismo informe se indica que el conflicto y su resolución tienen múltiples implicaciones, se sugiere que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro le da más importancia a las peticiones de las comunidades cuando se expresan a través de vías de hecho, que, a las empresas perjudicadas, lo cual se presenta que sienta un precedente para que otras comunidades utilicen las vías de hecho como una forma legítima de protesta ante empresas mineras, ganaderas o de cualquier otro sector. (Colombia Risk Analysis, 2023). Señala también este informe que con la experiencia de Emerald Energy, se resalta la falta de directrices claras para que el ejército responda a las disputas con las comunidades, lo que indican en el informe, que  demuestra que el Presidente está dispuesto a dejar a la fuerza pública a la deriva para evitar confrontaciones directas con las comunidades, incluso cuando se toman rehenes. Finalmente, concluye el informe, que este hecho pone en cuestión la solidez de las garantías jurídicas en Colombia, dado que la señal que envía el Gobierno con su inacción es que prioriza los derechos y demandas de las comunidades sobre los de la Fuerza Pública y las empresas independiente de lo que esto pueda ocasionar en términos de incumplimientos (Colombia Risk Analysis, 2023).

No obstante, esta posición señalada en este informe, algunos publicaciones sugieren que este tipo de aseveraciones intensifica los conflictos y riesgos sobre los derechos de las comunidades, además de ignorar las responsabilidades de las empresas frente a la vulneración de derechos y los escenarios de conflicto (Latinoamérica Sustentable y Sustentarse, coordinadores, 2024).