Extracción Minera y Materiales de Construcción
- 001
- 002
- 005
- 009
- 010
- 029
- 030
- 032
Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía
Descripción
Este conflicto socioambiental se ubica en Guainía en el municipio de Inírida, en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo. Desde 1992 en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se ha desarrollado minería aluvial para extraer oro, actividad que ha venido siendo desarrollada principalmente por colonos y algunos pueblos indígenas (Escobar, 2016). Es una actividad de la que dependen económicamente muchas familias y habitantes de Inírida (Escobar, 2016) y que adicionalmente se ha ido convirtiendo en una fuente de financiación para grupos al margen de la ley (El Espectador, 2023) por su alta rentabilidad (Fonseca, et. al., 2019).
Los mineros reivindican la minería aluvial ejercida hace más de dos décadas en la región y han llevado a cabo acciones formales para intentar legalizar la actividad (Escobar, 2016). Adicionalmente, han llevado a cabo acciones colectivas como protestas y marchas a favor de la minería informal y en contra de los operativos militares, estas acciones han sido apoyadas por el sector comercial de Inírida, que también se beneficia económicamente de la minería. La minería es una de las principales actividades económicas y se constituye en la fuente de empleo directa e indirecta más importante del departamento. Algunas de los pobladores, incluso no reconocen que con esta práctica minera se está dando alguna afectación ambiental, y en algunos casos así lo sepan no es un tema de interés para ellos (CDA, 2023).
+ Info
Los mineros han intentado legalizar su actividad, pero no ha sido posible debido a la confluencia de figuras de protección ambiental y ordenamiento territorial como por ejemplo la Zona de Reserva Forestal, la Zona RAMSAR con la Estrella fluvial del Inírida (Minambiente, 2014), la existencia de 26 Resguardos indígenas y el Reserva Nacional Natural Puinawai. De un lado, la normativa no tenía especificaciones respecto a esta actividad, y por otro lado, no existía una capacidad institucional que pudiera garantizar el cumplimiento de las normas ya existentes.
La vida en Guainía puede llegar a ser hasta el triple de costosa que en las ciudades del interior de Colombia (Suárez, 2024). Parte de las explicaciones que se dieron sobre estos altos valores en el costo de vida en comparación con otras regiones de Colombia, en el marco de los talleres que se desarrollaron en el 2024 para identificación de CSA, es que hay dificultad para que lleguen ciertos insumos, alimentos, mercancías entre otros, y que cuando hay alguna mina o minas activas, muchos de estos productos se envían a las minas puesto que se puede obtener una mejor ganancia que comercializándolo en el casco urbano de Puerto Inírida, generando problemas de desabastecimiento en este casco urbano elevando costo de los productos. Por ejemplo, mientras estuvo activo el tema minero que se hacía de manera ilegal en el parque natural de Venezuela Yapacana, desde la capital de Guainía salían todos los días lanchas repletas de víveres, combustible y cualquier producto útil para la extracción minera (Suárez, 2024).
En cuanto al tema de la relación con los pueblos indígenas, el desarrollo de esta actividad les ha generado grandes transformaciones culturales, algunos de estos pueblos se oponen a esa actividad (Sikuani y los agrupados en el resguardo de El Paujíl y Asocrigua). Debido a la relación particular que establece cada pueblo indígena frente a esta actividad, se han exacerbado los conflictos interétnicos por las visiones divergentes sobre la minería (Escobar, 2016).
Sin embargo, la creación de nuevas figuras legales en el territorio, como fue la inclusión del Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida en la lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR (Minambiente, 2014), donde se debe cumplir unas medidas de protección ambiental, generaron el aumento de la presencia institucional en la zona.
Dentro de las posiciones institucionales, se encuentra que las autoridades mineras nacionales y locales, históricamente han fluctuado entre la tolerancia y la persecución a la minería informal. Según diversas fuentes, la minería de oro genera daños ambientales sobre los ríos y las vegas asociados a la contaminación por uso de mercurio y combustibles, así como la deforestación que causan los campamentos mineros. La respuesta de la Fuerza Pública ha sido realizar operaciones militares de destrucción de balsas y captura de mineros (El Tiempo, 2015).
Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo a comunicado de la Defensoría de 2023 sobre extracción ilegal de oro y coltán que financia a grupos armados organizados que están afectando derechos de comunidades en Guainía, señalan que: “… encontramos que esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia, y de imponer el control territorial y social…”. Dentro de la población en riesgo están las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales (Semana, 2023).
Además, se evidencia reclutamiento de ciudadanos venezolanos y de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, la Defensoría del Pueblo emitió 33 recomendaciones para que tanto las autoridades del orden municipal, departamental y nacional, como la Fuerza Pública tomen medidas urgentes de prevención con el propósito de que se disuada, mitigue o controle el riesgo para los habitantes de los municipios alertados (Defensoría, 2023).
Ubicación
Departamento: Guainía
Municipio: Inírida
Otros datos de ubicación: Ríos Inírida, Guainía y Atabapo.
Causas
El conflicto socioambiental que se origina en Guainía en el municipio de Inírida, en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se relaciona con la práctica de la minería ilegal a pequeña escala, una actividad económica que se venía realizando sin mayores restricciones en ciertas áreas fluviales (Escobar, 2016). Desde 1992 en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se ha venido desarrollado minería aluvial para extraer oro, por parte de colonos y algunos pueblos indígenas (Escobar, 2016).
+ Info
La minería de oro fluvial es una actividad económica que, a pesar de ser ilegal, varias personas junto con sus familias dependen de algún modo del desarrollo de esta actividad. Se han venido dando iniciativas por parte de algunas personas que practican la actividad para legalizar su actividad, pero no ha sido posible debido a la confluencia de figuras de protección ambiental y ordenamiento territorial como por ejemplo la Zona de Reserva Forestal, la Zona Ramsar con la Estrella fluvial del Inírida (Minambiente, 2014), la existencia de 26 Resguardos indígenas y el Reserva Nacional Natural Puinawai.
La actualización normativa y la creación de nuevas figuras legales del territorio, enfocadas en la protección ambiental, permitieron y promovieron el aumento de la presencia institucional para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal actual, como fue el caso de la designación del Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, por parte de Minambiente en el 2014, para ser incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR. Dentro de las razones que señalan las personas que practican la minería a pesar de ser una actividad ilegal, es por que requieren ingresos para atender sus necesidades y que no hay otras oportunidades laborales diferentes
Igualmente en algunos de los ríos del Guainía y en sus áreas contiguas en los que se incluyen la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, se encuentran grupos al margen de la ley, -dentro de los que están las disidencias de las FARC-, quienes han encontrado mecanismos para lucrarse de la extracción del oro ilegal (Fonseca, et. al., 2019; El Espectador, 2023). A esto se suma que las disputas y alianzas entre los grupos armados ilegales complejizan el panorama (El Espectador, 2023)
Actores
Grupos Étnicos | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|---|
Puinave; Piapoco; Cubeo; Curripaco; Sikuani; Piaroa; Yeral; Tucano; Tuyuca; Siriano; Baré; Wuanano; ASOCRIGUA: Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía. | Mineros; colonos; comerciantes; migrantes. | Agencia Nacional de Minería ANM; Gobernación de Guainía; Alcaldía de Inírida; Ejército Nacional; Fiscalía General de la Nación. | Cooperativa de mineros - Coolmicop | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) Otras autoridades ambientales. | Disidencias de las FARC. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
---|---|
Impacto ambiental principal Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impacto ambiental secundario Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Pérdida de medios de subsistencia Impacto social, cultural y económico secundario Militarización y aumento de la presencia policial Otros impactos sociales, culturales y económicos Desempleo |
Momentos Clave
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, autorizó el convenio entre Ecopetrol y Ecominas para que Ecopetrol realizara la evaluación preliminar del potencial de unos yacimiento auríferos localizados en la región denominada Serranía de Naquén en la comisaria Especial del Guainía. El objetivo principal del proyecto Minero del Guainía era encontrar, delimitar y proporcionar áreas promisorias para la exploración detallada y explotación de depósitos naturales de orto en la Serranía de Naquén.
Llegada de minería con balsas a Inírida desde Brasil.
Creación de la Cooperativa de mineros – Colmicoop.
Aumento de títulos y solicitudes mineras en el departamento de Guainía: Incremento de operaciones militares en contra de la minería informal con captura de mineros y quema de balsas.
Arribo de colonos atraídos por la minería. Solicitudes de legalización minera informal.
Constitución de Guainía como Área Estratégica Minera desde las autoridades mineras nacionales.
Operación ‘Anostomus’ llevada a cabo por las fuerzas conjuntas de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía, Defensoría del Pueblo y miembros del CTI de la Fiscalía contra la minería ilegal.
Declaratoria de inconstitucionalidad de las resoluciones de Áreas Estratégicas Mineras. Junta de Formalización Minera entre la Agencia Nacional de Minería, otras autoridades y los mineros.
Anuncio de firma de memorando de entendimiento entre la gobernación de Guainía y la empresa minera canadiense Auxico Resources. Movilización y protestas en oposición a la minería a gran escala y en defensa de la minería a pequeña escala. Anuncio por parte de la gobernación de cancelar las negociaciones con la empresa minera Auxico Resources.
Operaciones militares en contra de la actividad minera informal con destrucción de balsas y captura de mineros. Realización de marchas en apoyo de la minería.
El Gobierno de Venezuela emprendió una cruzada para sacar a miles de personas de la reserva natural de Yapacana mediante la operación Autan, que durante décadas ha sido arrasada por la extracción ilegal de oro a cielo abierto, lo que generó un retorno de mineros colombianos a Inírida. De acuerdo al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo que más de 11.594 mineros ilegales fueron desalojados de Yapacana, una gran parte de ellos de nacionalidad colombiana.
La Defensoría del pueblo emitió la Alerta Temprana 03 de 2023 en la que se advierte la situación que enfrentan los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe. La Alerta Temprana también advierte que las poblaciones indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los Ríos Inírida, Atabapo y Guainía son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#minería-oro-rios-inirida-atabapo-guainia
Minería de cobre, molibdeno y otros minerales en la cuenca alta del río Mocoa
Descripción
Este conflicto socioambiental viene gestándose décadas atrás entorno a yacimientos importantes de cobre y molibdeno ubicados a 10 kilómetros al norte del casco urbano de Mocoa. Han sido varias las empresas que han tenido actividad exploratoria en la zona, en la actualidad existe una fuerte oposición por parte de las comunidades locales y de las autoridades municipales, frente a las diferentes concesiones otorgadas en zonas de reserva forestal y de resguardos indígenas entre otras figuras de ordenamiento y protección ambiental, en este sentido adquiere gran relevancia el Acuerdo Municipal 020 de 2018 que prohibió la pequeña y gran minería en el municipio de Mocoa (UNAL, 2023). En este sentido Corpoamazonía (2022) ha indicado que La concesión de títulos de exploración, por parte de la Agencia Nacional Minera (ANM 21/04/2021), se contrapone a la legislación ambiental nacional, especialmente a la Ley 1450 de 2011 que “prohibió las actividades mineras en estas reservas. El parágrafo 1 del artículo 204 dispone que en las áreas de reserva forestal protectoras no se podrán desarrollar actividades mineras, ni se podrán sustraer para ese fin (Corpoamazonía, 2022).
+ Info
Mocoa junto con el departamento del Putumayo, ha sido una región multicultural y biodiversa afectada en diferentes momentos por oleadas extractivistas (quina, caucho, maderas, pieles, tagua, petróleo, coca), por los procesos de colonización y de ampliación de la frontera agrícola; y a su vez, por las olas de violencia de las últimas décadas, asociadas al conflicto armado interno y al narcotráfico. Desde la década de los 70 se hicieron estudios geoquímicos por parte de INGEOMINAS, Naciones Unidas y Ecominas para determinar la factibilidad económica y un programa de exploración para un área que se denominó el “depósito de Mocoa” al norte del municipio. (Carvajal, 2022; Mongabay,2022; OCA, 2023). Entre 1973 y 1983 se realizaron 31 perforaciones constatando la presencia de cobre y molibdeno (OCA, 2023). Iniciando el siglo XXI se da la denominada, piñata minera en el periodo de 2002 a 2010 (Rengifo, 2023).
Se trata de la concesión de títulos a diferentes empresas que se van relevando una tras otra. Este proceso inició con los títulos mineros otorgados en 2004 a la empresa Anglo Gold Ashanti (adquiría 6 concesiones sobre dicho depósito), posteriormente en 2009 dichas concesiones pasaron a Mocoa Ventures (subsidiaria de B2Gold Corp.), luego en 2018 fueron adquiridas por Libero Cobre (Empresa Canadiense) “haciéndose a los títulos mineros FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142 que suman 7.830 hectáreas (más JAP-16141 y JAP-16181 que no han sido registradas), y en estructura el Proyecto Mocoa de minería a cielo abierto, localizado a 10 km al norte del casco urbano de Mocoa (ANM, 2021; LCL, 2022, p.21).
Sin embargo, las pretensiones de LCL van más lejos, pues el depósito de Mocoa hace parte de un cinturón de pórfidos del Jurásico en el sur de Colombia, hecho que explica las 30 solicitudes mineras que LCL tramita en los departamentos de Cauca y Putumayo, de acuerdo con información de la ANM (OCT, 2022).
La presencia de títulos de concesión minera desde 2007 e inicio de labores de prospección o exploración de cobre en 2020 se ha dado en áreas restringidas para la minería, como la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa, donde convergen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo. Sumado a esto no se ha realizado consultas previas a los pueblos indígenas que ejercen jurisdicción en esos territorios (Diario del Sur, 2022; Mi Putumayo, 2022).
Lo primero que se debe tener en cuenta para la comprensión de este conflicto es la importancia ecosistémica que reviste el municipio de Mocoa. Entre el mundo Andino y el Mundo Amazónico, este municipio está ubicado dentro del límite del Macizo colombiano definido por el CONPES 3915 de 2018, con toda su riqueza hídrica, bosques subandinos y complejos paramunos, donde nacen los principales ríos hacia la cuenca caribe (Río Cauya y, Magdalena), Pacífica (Patía) y Amazónica (Rio Caquetá). Y a su vez, hace parte del límite de la Amazonía comprendida como biorregión definida por el Instituto de Estudios Amazónicos (SINCHI, 2014).
La situación extraordinaria de este municipio se caracteriza por contar con una altísima biodiversidad, por su riqueza hídrica, por ser un corredor de biodiversidad, para el oso de anteojos y la danta andina entre otros (OCA, 2023). Este municipio se encuentra ubicado en el piedemonte Andino – Amazónico, piedemonte cordillerano como “parte del macizo colombiano que fue declarado por la Unesco como ‘Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino’ (Min Ambiente,2021).
Desde la perspectiva ecosistémica esta zona reviste una gran importancia por sus funciones de regulación hídrica y por ser parte del Macizo Colombiano declarado reserva de la biosfera Cinturón Andino (MinAmbiente, 2022). En este sentido es bueno recordar que Colombia suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica, reglamentado en el decreto 2372 de 2010, donde se indica que las distinciones internacionales son estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica (Salazar, 2022). Mocoa es entonces parte del Macizo Colombiano, “la convergencia orográfica, la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural, es una red de ecosistemas estratégicos interconectados donde además del río Caquetá y Putumayo, nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía, entre otros, que generan el 70% del agua dulce del país (DNP, 2018. pág. 3). En 2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de vida”, también contempla su protección y restauración (OCA, 2023). Igualmente, esta zona al ser una zona cordillerana ubicada sobre las fallas geológicas del borde amazónico es una zona vulnerable a deslizamientos torrenciales como el ocurrido en 2017, que se debió a un evento climático extremo, que pone en evidencia los efectos del cambio climático en el territorio.
En el comunicado a la opinión pública 004/2022 de Corpoamazonía, esta entidad ordenó a Libero Cobre la suspensión inmediata de actividades, pues encontró que las concesiones se traslapan con la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa. “LIBERO COBRE LTD en el año 2019, adquirió cuatro títulos mineros en la modalidad de contrato de concesión para la exploración y explotación de cobre y molibdeno y otros metales preciosos, en un área aproximada de 7.800 hectáreas localizadas en el Macizo Colombiano sobre un sector de la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Ahora bien, con relación a los usos permitidos en las Reservas Forestales Protectoras Nacionales se hace claridad que, la Ley 1450 de 2011 prohibió las actividades mineras en estas reservas. El parágrafo 1 del artículo 204 dispone que en las áreas de reserva forestal protectoras no se podrán desarrollar actividades mineras, ni se podrán sustraer para ese fin” (Corpoamazonía 2022).
Esta zona de reserva, se caracteriza por contener páramos azonales, sectores de bosque alto andino, que aportan conectividad ecosistémica y además en la reserva cruza el río Rumiyaco, y se caracteriza por la gran diversidad de avifauna. Igualmente es una zona que se encuentra amenazada por crecientes y por la presencia de las fallas geológicas del borde amazónico, que configuran un alto riesgo geológico para la población (OCA,2023). En esta zona se vienen adelantando estudios para proyectar la explotación minera de Cobre y Molibdeno que también afecta el territorio de pueblos indígenas especialmente el resguardo Inga de Condagua (Mongabay, 2022).
Diferentes actores multinacionales -empresas de extracción minera- han puesto su interés en esta región como una potencial zona de extracción de cobre y molibdeno. Desde décadas atrás diferentes empresas han emprendido acciones para hacer de este un lugar de explotación minera. “Entre 1973 y 1983, estudios y expediciones dieron cuenta de la presencia de cobre y molibdeno en el llamado “depósito de Mocoa” que hoy tienen relación con 4 títulos mineros pertenecientes a la multinacional canadiense Libero Cobre Ltda., con una superficie de 7.830 ha, equivalentes al 6% de todo el territorio del municipio y localizado a solo 10km al norte del casco urbano de Mocoa. A estos se suma la radicación de 30 solicitudes mineras en los departamentos de Cauca y Putumayo, dentro de un cinturón de pórfidos del Jurásico (cinturón de yacimientos de cobre) en el macizo colombiano, que ascienden a 103.578 hectáreas”(OCA, 2023).
En la actualidad, la multinacional Libero Cobre Ltda., filial de la empresa Canadiense Libero Copper and Gold, se ha asociado con Anglo Asian Mining su mayor accionista “para el diseño inicial, ingeniería y modelado financiero del depósito Mocoa Porphyry Copper-Molybdenum (…) El concepto del proyecto es delinear y confirmar una oportunidad de desarrollo para un camino acelerado hacia la producción a través de una operación subterránea de cimentación e instalaciones locales para la producción de molibdeno, cátodos de cobre y productos de cobre. Los estudios se centrarán en el uso de métodos subterráneos de extracción de tonelaje a granel de bajo impacto, la evaluación del relleno, utilización de la innovación y la tecnología para minimizar la huella ambiental del proyecto” (Valora Analitik 2023).
Como lo expone Valora Analitik Libero Cobre espera extraer metal y molibdeno de la zona donde se ubica la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa para aportar a la eficiencia energética, la industria verde y la transición energética (Valora Analitik, 2023).
La minera Libero Copper aliada con Anglo Asian, es un actor fundamental que ha realizado procesos de exploración en la zona, en la actualidad el Proyecto Mocoa de esta multinacional está en fila para comenzar a operar (Portafolio, 2022). En sus sitios oficiales Libero Copper indica que tiene bajo su posesión esta zona de Mocoa como uno de los lugares más ricos en cobre y molibdeno en el mundo. “Libero Copper es una empresa de exploración mineral que posee una colección de depósitos de pórfido de cobre en toda América en jurisdicciones prolíficas pero estables.
El portafolio incluye Mocoa, un depósito de pórfido de cobre y molibdeno ubicado en Putumayo, Colombia (Sitio Oficial Libero Copper). Dentro de lo que señala la empresa Libero Cobre en Mocoa esta: “Lo que hacemos es explorar un mineral estratégico para la transición energética como es el cobre. Sin cobre no hay transición. Es el material por excelencia en cuanto a conductividad de energía” (Mi Putumayo, 2024).
Esta multinacional tiene proyectos de explotación minera en Argentina, Canadá y Colombia y a través de su presidente Ian Harris ha expresado que el proyecto Mocoa es uno de los más importantes de la corporación (Portafolio 2022). Según Harris “”Es un proceso desde 1980 y que fue perforado en 2000 hasta 2012 por B2Gold, pero no había oro. Libero compró el proyecto en 2018 (…) más o menos a finales de 2021 es cuando comenzamos con la geofísica reactualizando y en 2022 comenzamos con la geoquímica. Es el recurso más grande de cobre en Colombia, en recursos es 2 millones de toneladas y más o menos 500 millones de libras de molibdeno; para ponerlo en contexto, la producción mundial es 600 millones de libras” (Portafolio, 2022).
Recientemente el Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA, Universidad Nacional de Colombia, elaboró una nota periodística en la que retoma el asunto del “proyecto para la explotación de cobre en Mocoa”, indicando como este proyecto genera una importante oposición en los habitantes y autoridades locales del municipio y el departamento, recalcando la preocupación local que despierta una posible explotación minera al norte de Mocoa, luego de la tragedia nacional de la “avalancha” o avenida fluviotorrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017 de Mocoa, “que causó la muerte de 335 personas y dejó otras 22.324 damnificadas al igual que 1.456 viviendas destruidas (…) La preocupación del impacto sobre el macizo aumenta por la pretensión de la multinacional de sustraer el área de Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Mocoa, área protegida desde 1984, y por el desconocimiento de la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia.
A pesar de las grandes inversiones mediáticas para el posicionamiento de Libero Cobre, la comunidad ha convocado masivas manifestaciones en contra porque no se logran despejar los temores asociados con lo que se sabe que genera la minería: la remoción de coberturas vegetales, la alteración de geoformas que puede intensificar los procesos erosivos, las vibraciones producto de las voladuras, en una zona de amenaza por remoción en masa, eventos fluviotorrenciales e inundaciones, a lo que se suma el miedo por la destrucción de sistemas hídricos subterráneos y superficiales al perforar a gran profundidad las entrañas de la montaña, en zonas de alta recarga acuífera” (OCA, 2023).
Por otra parte, se reportan tensiones entre la comunidad por denuncias de ofertas laborales de Libero Cobre y de donaciones a la sociedad civil para que apoyen el proyecto (Kabilando, 2022). No obstante, a través de fuentes como Religión Digital (2022) se señala que la iglesia católica es un actor de oposición al proyecto minero, en donde ha rechazado las donaciones de la minera a sectores de la sociedad civil y a comunidades parroquiales. A esto se suman las tensiones sociales que surgen entre los que quieren y se benefician de la actividad, y quienes se oponen a la minería. Algunas visiones de la gente en el territorio, señalan que la pobreza y abandono estatal histórico en la región, ha favorecido al proyecto minero al ofrecer oportunidades de trabajo y posibilidades de soluciones a problemáticas que están pendientes por atender.
Sumado a esto, algunas percepciones que se tienen es que se ha estado generando una ruptura del tejido social, ocasionando división de la población acerca de la visión de desarrollo de su territorio (SINCHI, 2022, Voces del Territorio). En este escenario se han generado más divisiones entre la comunidad debido a las ofertas de empleo, actividades sociales, eventos educativos, ayudas e incentivos que ha entregado la multinacional (Mi Putumayo, 2024).
Se trata de un conflicto entre actores globales y actores locales frente al uso que unos y otros esperan hacer del mismo territorio. En este contexto las autoridades ambientales y las políticas ambientales nacionales juegan un papel determinante al momento de garantizar la protección de estos ecosistemas estratégicos resguardados en figuras de protección ambiental, al igual que la normatividad municipal y local que prevalece sobre otras (Asociación Minga, 2022).”
En estas tensiones territoriales que se han venido dando alrededor de este conflicto socioambiental, por contravenir normas superiores y carecer de competencia se fundamenta el reciente fallo del Consejo de Estado sobre el Acuerdo 020 del 6 de diciembre de 2018, emitido por el Concejo Municipal de Mocoa; lo que ha generado un importante debate sobre la regulación de la minería no solo en Mocoa sino en el País (MiPutumayo, 2024a). Este acuerdo, que prohibía el desarrollo de actividades mineras en la jurisdicción del municipio, fue declarado nulo por distintas razones dentro de las que se encuentra la falta de:
a) Motivación y Competencia, a este respecto lo que se indica es que el concejo municipal no presentó razones suficientes que justificaran la prohibición de la minería, b) La importancia de respectar normas superiores, c) el restablecimiento del Orden Jurídico, d) Protección de Derechos y Competencias y, e) Fomento de la Responsabilidad Ambiental (Mi Putumayo, 2024a), no obstante, más allá de tener un panorama definitivo respecto a que va a pasar en este territorio, aún están vigentes la ordenanza 848 y la sentencia 4360 entre otras actos administrativos, por lo que este es un conflicto socioambiental sobre el que los actores involucrados seguirán expectantes sobre como se va desenvolviendo las nuevas acciones y manifestaciones por las parte interesadas. Otro de los aspectos que muestra que aún no se ha definido hacia donde podrían dirigirse lo que se decida hacer en este territorio se relaciona con que todavía la empresa no cuenta con una licencia ambiental para hacer explotación. (IPS, 2024)
Ubicación
Departamento: Putumayo
Municipio: Mocoa
Otros Municipios: Veredas Campucana, San Antonio, El Montclar, Pueblo Viejo.
Otros:
Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Cuenca alta del río Mocoa, Resguardo Condagua.
Resguardo Kamentsá Inga de Sibundoy.
Reserva de la Biosfera Cinturón Andino
1.) Ubicación título Nº FJT-141: sistema de origen oeste, punto arcifinio: 30508, descripción p.a: confluencia de la quebrada Conejoyaco con el rio Mocoa.
2.) Ubicación título Nº FJT-132: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 23990. Descripción del P.A: se tomó como punto arcifinio las coordenadas del pto 1 del poligono
3.) Ubicación título Nº FJT-142: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 30508. Descripción del P.A: se tomó como punto arcifinio confluencia de la quebrada Conejoyaco con el rio Mocoa.
4.) Ubicación título Nº JAP-16141: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 66593. Descripción del P.A: se tomó como punto arcifinio la Confluencia de la quebrada El Almorzadero con el rio Mocoa.
5.) Ubicación título minero No. FJT-131: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 23407, Descripción P.A: se tomó como punto arcifinio las coordenadas del pto 1 del polígono.
Causas
Mocoa junto con el departamento del Putumayo, ha sido una región multicultural y biodiversa afectada en diferentes momentos por oleadas extractivistas (quina, caucho, maderas, pieles, tagua, petróleo, coca), por los procesos de colonización y de ampliación de la frontera agrícola; y a su vez, por las olas de violencia de las últimas décadas, asociadas al conflicto armado interno y al narcotráfico. Desde la década de los 70 se hicieron estudios geoquímicos por parte de Ingeominas, Naciones Unidas y Ecominas para derminar la factibilidad económica y un programa de exploración para un área que se denominó el “depósito de Mocoa” al norte del municipio.(Carvajal, 2022; Mongabay,2022; OCA, 2023). Entre 1973 y 1983 se realizaron 31 perforaciones constatando la presencia de cobre y molibdeno.(OCA, 2023)
+ Info
Iniciando el siglo XXI se da la denomiada, piñata minera en el periodo de 2002 a 2010 (Rengifo, 2023). Se trata de la conseción de títulos a diferentes empresas que se van relegando una a la otra haciendo un relevo hasta llegar a la fecha de hoy. Este proceso inició con los títulos mineros otorgados en 2004 a la empresa Anglo Gold Ashanti (adquirío 6 concesiones sobre dicho depósito), posteriormente en 2009 dichas consesiones pasaron a Mocoa Ventures (subsidiaria de B2Gold Corp.), luego en 2018 fue adquirida por Libero Cobre (Empresa Canadiense) “haciéndose a los títulos mineros FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142 que suman 7.830 hectáreas (más JAP-16141 y JAP-16181 que no han sido registradas), y en estructura el Proyecto Mocoa de minería a cielo abierto, localizado a 10 km al norte del casco urbano de Mocoa (ANM, 2021; LCL, 2022, p.21). Sin embargo, las pretensiones de LCL van más lejos, pues el depósito de Mocoa hace parte de un cinturón de pórfidos del Jurásico en el sur de Colombia, hecho que explica las 30 solicitudes mineras que LCL tramita en los departamentos de Cauca y Putumayo, de acuerdo con información de la ANM (OCT, 2022).” (OCA, 2023)
Igualmente se ha dado la presencia de títulos de concesión minera desde 2007 e inicio de labores de prospección o exploración de cobre en 2020 en áreas restringidas para la minería, como la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa, donde convergen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo. Sumado a esto no se ha realizado consultas previas a los pueblos indígenas que ejercen jurisdicción en esos territorios (Diario del Sur, 2022; Mi Putumayo, 2022).
Adicionalmente algunos de los líderes indígenas, algunas de las instituciones territoriales y otros sectores, identifican que el apoyo a este tipo de proyectos por una parte de algunos pobladores en la zona, obedece en parte a la falta de oportunidades económicas que hay en el territorio. A lo que se le debe sumar la desarticulación que hay entre algunas de las políticas nacionales con algunas políticas locales.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Persona Jurídica | Autoridad Ambiental | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Resguardo Indígena Inga de Condagua; Pueblo Kamëntsá Biyá (Sibundoy); Yanacona (Anamú y YashayWasy); Pastos (Gran Putumayo y San José del Pepino); Siona (Jai ZiayaBain). | Mujeres Tejedoras de Vida; Asociación de Juntas de Acción Comunal de Mocoa;la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC; Asociación de Educadores de Putumayo; Observatorio ambiental ciudadano del Putumayo; Colectivo rios y reconciliación; Colectivo Guardinas de la Andinoamazonia;Colectivo Hilos de vida. | Agencia Nacional de Minería; Asamblea Departamental de Putumayo, Concejo Municipalde Mocoa; Alcaldía de Mocoa;Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa; | Libero Cobre Ltda. Libero Copper and Gold Corporation. Anglo Asian | CORPOAMAZONIA | Observatorio de Conflictos Ambientales Universidad Nacional de Colombia |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, culturales y económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impactos sociales, culturale y económicos primarios División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad Impactos sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Otros Impactos sociales, culturales y económicos Pérdida de medios de subsistencia |
Momentos Clave
Seis concesiones para el inicio de exploraciones por Anglo Gold Ashanti y Antofagasta Minerals s.a.
Contratos de concesión minera a la empresa canadiense Libero Cobre Ltda. (antes denominada Mocoa Ventures Ltda.) en áreas que se traslapan con figuras de protección ambiental como la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
Ampliación por parte de INCODER del Resguardo Inga de CONDAGUA bajo la Resolución 045 de 2006.
Exploración de yacimientos por la multinacional minera Anglo Gold Ashanti.
- 2010: Contrato de concesión a la alianza Libero Cooper y Anglo Gold Ashanti.
- Protestas de comunidades indígenas y campesinas en contra de la minería en Mocoa.
Legalización del resguardo Kamëntsá – Inga en zona de influencia del proyecto.
- Acuerdo municipal 020, mediante el cual el Concejo Municipal prohíbe actividades mineras a mediana y gran escala en todo el municipio de Mocoa.
- Desarrollo de una asamblea popular en contra de la minería en Pueblo Viejo y de la “Gran marcha contra la minería”.
- Gran Movilización Social en defensa del Territorio y del Agua.
- Concesión de 4 títulos mineros para Libero Cobre contrato de concesión para la exploración y explotación de cobre y molibdeno y otros metales preciosos, en un área aproximada de 7.800 hectárea
- Audiencia Pública Senatorial Ambiental Putumayo Somos Amazonía
- La Agencia Nacional de Minería (ANM) demandó el 18 de febrero de 2019 el municipio de Mocoa, argumentando que el acuerdo municipal 020 del 2018 interfiere con la propiedad estatal del subsuelo y le da la razón a la entidad demandante expresando que el municipio no tenía la autoridad para prohibir la minería, ya que se trata de un asunto de interés nacional.
- El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Acuerdo 006 de 2020, art. 3, prohibió la megaminería en Mocoa.
- Reuniones de Libero cobre con comunidades de las veredas Montclar y JAC para socializar el proyecto…
- Demandas al acuerdo 20/2018
2021: Inicio de actividades de prospección geofísica por Libero Cobre. - Carta de la Asamblea Departamental de Putumayo dirigido a la Agencia Nacional de Minería y a la Procuraduría solicitando suspensión de actividades de Libero cobre y acatamiento de las prohibiciones municipales de la minería.
- Movilización social en oposición a la minería.
Libero cobre ha presentado más de 30 solicitudes de títulos mineros
- Permiso temporal de realizar actividades mineras en Áreas de Reserva Forestal mediante resolución 110 del 28 de enero del MADS.
- Pronunciamiento de Libero Cobre de inicio de actividades de perforación en el Yacimiento Pórfido de Cobre-Molibdeno Mocoa (febrero).
- Posterior suspensión temporal de la resolución (110 del 28 de enero) del MADS el 11 de marzo, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento.
- Carta del alcalde de Mocoa solicitando a la multinacional detener las actividades en virtud del acuerdo 020 de 2018.
- Comunicado de Corpoamazonía señalando que en la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa no se pueden desarrollar actividades mineras y solicitud de suspensión inmediata de actividades bajo normas del procedimiento sancionatorio ambiental.
- Radicación de tutela el 19 de abril del 2022 ante el juzgado 2do penal del circuito de Mocoa, la cual fue admitida el 02 de mayo y ordenó realizar la consulta previa con el resguardo Indígena Inga Condagua.
- Suspensión de actividades en el título FTJ 141 (Corpoamazonía Auto DTP No 202 del 2022)
- Festival Agua Montaña y Vida
- El gobernador sanciona la ordenanza 848 del 2022, en la que en el artículo 23 señala “El departamento de Putumayo, a través de las secretarias y las comunidades de la ACFPCA, protegerá los bienes comunes como el Agua, prohibiendo la presencia de la megaminería, liberando al territorio de transgénicos y agrotóxicos y garantizando la no criminalización de los frutos, plantas y semillas ancestrales de uso medicinal y comestible”.
- Convenio de Libero Cobre con la Facultad d Minas de la Universidad Nacional de Colombia para adelantar estudios geofísicos relacionados con el proyecto.
- Alianza entre Libero Copper y Asian.
- Festival Agua Montaña y Vida.
- Sanción contra libero cobre en Mocoa por infringir presuntamente normas ambientales. De Acuerdo a la nota de Mi Putumayo le impusieron una multa de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS($54.907.339)MCTE, por incumplimientos en el procedimiento ambiental.
- Treinta y uno de julio de 2024 Nulidad (Artículo 137 del CPACA). Declarar la nulidad del acuerdo 020 del 6 de diciembre de 2018 proferido por el concejo municipal de Mocoa – Putumayo, “Por medio del cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Mocoa Putumayo y se dicta otras disposiciones”.
- Instalación de la “Mesa Permanente por la Protección de la Vida, El Ambiente y La Paz – Mocoa Corazón Hídrico y de La Biodiversidad de la Andinoamazonia y el Mundo”.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de cobre y otros minerales en la cuenca alta del río Mocoa [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-cobre-y-otros-minerales-en-la-cuenca-alta-del-río-mocoa
Minería informal de oro en San José del Fragua, Caquetá
Descripción
El municipio de San José de Fragua cuenta con un área aproximada de 1.345,3 km2, de los cuales cerca del 30%, localizados en el paisaje de cordillera por encima de los 900 msnm, pertenece a la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2ª de 1959; sobrepuesto a esta área y con una cobertura aproximada al 50% del municipio se encuentra el Parque Natural Nacional Alto Fragua Indi Wasi (Corpoamazonía, 2022). Adicionalmente dentro del territorio del municipio se encuentra parte de tres globos de terreno reservados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de los mismos, uno de estos globos de terreno coincide dentro del área del Parque Nacional Indi Wasi y de la Reserva Forestal, los otros dos se localizan sobre áreas que ya fueron sustraídas de la reserva forestal para propiciar el asentamiento de las poblaciones localizadas en el Piedemonte y la Llanura Amazónica, y el establecimiento del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá (Corpoamazonía, 2022). La región se caracteriza por su riqueza hídrica, pero también por altas tasas de deforestación relacionadas con actividades como la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería.
+ Info
La oferta hídrica del Municipio está representada por una importante red hidrográfica que hacen parte de la cuenca de los ríos Caquetá y Orteguaza. Los principales afluentes del río Caquetá son: ríos Fragua Grande, Zabaleta, Fraguita y Yurayaco, y los del río Orteguaza: Fragua Chorroso y San Pedro. Estos ríos y sus afluentes nacen en la cordillera Oriental, por tanto, son ríos de origen andino – amazónicos. Por transcurrir a través de paisajes de montaña, arrastran consigo gran cantidad de sedimentos que son depositados en las partes bajas cuando descienden a los valles aluviales. Estos ríos descienden de la cordillera con gran velocidad de flujo debido a la fuerte inclinación de las pendientes, por lo que presentan una alta torrencialidad en sus partes altas formando patrones de drenaje erosionales. En el lomerío amazónico nacen algunas quebradas afluentes de estos ríos, y que se alimentan del agua que fluye de manera subterránea desde la cordillera. (Alcaldía San José de Fragua)
En un estudio de caso sobre San José de Fragua y la minería ilegal de la Universidad del Rosario (Romero, Ríos & Güiza 2020) se expone que, la industria minera en Colombia se ha desarrollado principalmente de manera informal sin una clara regulación oficial, especialmente a finales del siglo XIX se consideraba como un elemento relevante en la economía del país. Es en el siglo XX, que se crean las primeras políticas municipales para promover la minería artesanal a pequeña escala. En 2001, la Ley 685 expidió el Código de Minas, con los lineamientos para regular la minería por parte del Estado. Dicha ley resalta que “todos los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado” (Ley 685 de 2001), por lo que para llevar a cabo cualquier tipo de exploración o explotación se debe contar con un título otorgado por la Agencia Nacional de Minería”” (Romero, Ríos & Güiza 2020). De esta manera el Estado central, es el encargado de la administración, regulación y fiscalización de esta actividad la minería. “”Igualmente, a partir de ese momento se dan una serie de esfuerzos para crear herramientas de formalización y sistematización de los mineros artesanales o tradicionales existentes, con el objetivo de diferenciarlos de los pequeños y medianos explotadores informales y de los mineros ilegales””. Romero, Ríos & Güiza 2020 señalan la importancia de la expedición de la ley 1892 de 2018, por medio de la cual el Congreso de Colombia dispuso eliminar el uso del mercurio en la minería a 2018 y en la industria a 2023. Así mismo, a través de la Ley 1892 de 2018, el Congreso “aprobó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y, por medio de la Sentencia C-275/19, la Corte Constitucional declaró exequible su contenido, señalando que las cifras advierten que se trata de un desafío inconcluso para el Estado colombiano, del cual todavía dependen miles de familias, inmersas en complejas dinámicas de violencia, contaminación, exclusión y pobreza.”(Romero, Ríos & Güiza 2020)
El conflicto se da en torno a la extracción informal de oro tanto en veta como en aluvión, en al menos once lugares de algunas veredas de San José del Fragua, municipio cercano al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. Para la extracción se utiliza maquinaria o mini dragas, así como mercurio que genera contaminación de las fuentes hídricas. La minería está ligada a cultivos de uso ilícito, pues estas economías se alternaron históricamente en el municipio. (Romero, Ríos & Güiza 2020) Quienes antes se dedicaban a cultivos de coca después de la firma de los Acuerdos de Paz y de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS han encontrado en la minería una opción de subsistencia.
La posición de la comunidad sobre la minería no es unánime (Semana Rural, 2019). Quienes desarrollan esta actividad la defienden por ser una fuente importante de ingresos para su subsistencia y argumentan que esta actividad no genera más contaminación que la exploración y explotación petrolera realizada por Pacific Rubiales, de manera legal, en el mismo municipio. En contraste otro sector de la comunidad señala la contaminación hídrica y ambiental por minería. Ambas posturas se han puesto en la agenda pública mediante divulgación en medios de comunicación.
La Fuerza Pública, junto a la Fiscalía General y otras instituciones, han implementado operaciones en contra de esta actividad, incluyendo la destrucción de maquinaria, captura de personas y el inicio de investigaciones penales por delitos ambientales (Romero, Ríos & Güiza 2020; Fiscalía, 2022). En este sentido se realizaron operativos militares y procesos judiciales para detener las actividades de explotación de oro y el uso de mercurio, es el caso de la vereda la Cristalina. Respecto a la contaminación ambiental se ha denunciado contaminación por mercurio en ríos como el Zabaleta, fuente hídrica local utilizado para la pesca y para actividades recreativas (Semana Rural, 2019). También se señala pérdida de fauna acuática por la contaminación y la formación de lodos. Debido a su cercanía con el PNN Alto Fragua Indi Wasi se considera una actividad que pone en riesgo la conectividad de ecosistemas.
Como concluye (Romero, Ríos & Güiza 2020) en su estudio sobre los desafíos del Estado Colombiano al aprovechamiento ilícito de oro y los cultivos de uso ilícito en San José de Fragua (2020) existen pocos estudios y poca documentación oficial frente a esta actividad de economía ilícita. Frente a los impactos, evidencia las afectaciones por deforestación y el vertimiento de mercurio como los principales impactos ambientales. Frente los impactos sociales, la expresión de conflictos por la explotación minera y los cultivos de uso ilícito, la llegada de grupos armados y el aumento de la violencia, especialmente una vez las FARC firmaron el acuerdo de paz y el consecuente ingreso de otros grupos armados que luchan por el control de las economías ilícitas.
Si bien con la firma del Acuerdo de Paz cambiaron las dinámicas de control que los actores armados ejercían sobre estas dos economías y se establecieron planes y proyectos para lograr una transformación integral del territorio y la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, los compromisos del gobierno no fueron aceptados por todos los productores, y quienes sí se vincularon a las iniciativas no han recibido los subsidios y apoyos a tiempo. Con demoras de más de un año en la implementación de programas como el PNIS, muchos campesinos cultivadores han optado por volver a las siembras ilícitas, mientras que otros se han trasladado a la actividad de extracción de oro.
Ubicación
Departamento: Caquetá
Municipio: San José del Fragua, El Cristal
Otros Departamentos, otros municipios y veredas: Vereda El Cristal; río el Zabaleta; Vereda la Primavera; ríos Fragua Grande y Yurayaco; rio Fragua Chorroso.
Otros datos de ubicación: Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.
Causas
Presencia de minería aurífera informal de veta y aluvión, sin títulos mineros, con uso de mini-dragas y maquinaria en algunas veredas San José del Fragua, Caquetá. Esta actividad genera contaminación hídrica por uso de mercurio, pérdida de biodiversidad, conflictos comunitarios y con la institucionalidad.
En la zona se ha identificado una falta de oportunidades económicas, en donde varias investigaciones ha encontrado que es más fácil sacar un bulto de coca que de plátano, y lo que ha reemplazado en parte a los cultivos de coca para uso ilícito, es la minería informal (Guiza, et al. 2020). A todo esto toca sumarle el crecimiento de la población que se ha dado. La minería y los cultivos de uso ilícito son dos actividades económicas que se han venido alternanndo históricamente en el municipio.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|
Resguardos Indígenas El Portal, Las Brisas, San Antonio del Fragua, San Miguel y Yurayaco. | Mineros | Autoridades mineras nacionales y locales; Ejercito Nacional; Fuerza Aérea; Policía; Fiscalía;Tropas de la VI División;Comando áereo de combate No 6. CTI; SIJIN | CORPOAMAZONIA | Otros grupos armados ilegales |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Deforestación Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) | Impactos Sociales, Culturales y Económicos Primarios Militarización y aumento de la presencia policial Impactos Sociales, Culturales y Económicos Secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, Culturales, Económicos División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad |
Momentos Clave
- Arribo de mineros de Cauca y Putumayo a San José del Fragua.
- Cobro de extorsiones por parte de las extintas FARC a los mineros informales.
Aumento de minería tras la desmovilización de las FARC por la disminución de oferta en trabajos relacionados con cultivos de uso ilícito.
- Aumento de deforestación en el municipio.
- Municipio priorizado para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
Expedición de la ley 1892 de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO”, HECHO EN KUMAMOTO (JAPÓN) EL 10 DE OCTUBRE DE 2013.
- Inicio de operaciones conjuntas entre Fiscalía, Ejército y Fuerza Aérea contra la minería informal en la vereda El Cristal, con resultados como la captura de personas, incautación de maquinaria y el inicio de procesos penales.
- 10 de Agosto Operativo en la vereda Cristales donde se detiene a tres personas y se inicia procesos judiciales.
Operativo en la vereda el Cristal por Corpoamazonía detención de dos ciudadanos y destrucción de 5 motores. Emisión de concepto técnico remitido a la Policía Nacional.
- Por medio de la Ley 685 se expidió el Código de Minas.
- Continuación de operativos militares contra 8 minas que fueron desmanteladas, así como dragas incautadas.
Fuerza Aérea Colombiana en una operación conjunta con el Ejército, coordinada con la Policía e interagencial con la Fiscalía, dio un importante golpe a la minería ilegal en zona rural de la vereda “La Primavera”, municipio de San José del Fragua en el departamento de Caquetá. Fue así como se logró ubicar y destruir material empleado para la extracción ilícita de yacimientos mineros a cielo abierto; a su vez, durante la operación se llevó a cabo la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del GAO’r E62 “Miller Perdomo”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Florencia, donde se les imputará el delito de extracción ilícita de yacimiento minero y daño en los recursos naturales.
Diciembre Operativo conjunto contra la minería ilegal en San José del Fragua (Caquetá).
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería informal de oro en San José del Fragua [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-informal-de-oro-san-jose-del-fragua
Minería ilegal en Puerto Guzmán
Descripción
El municipio de Puerto Guzmán ubicado a orillas del río Caquetá, fue creado en 1992, cuenta con 4.569 km2, de los cuáles 3.543 km2 están declarados como área forestal protectora productora Mecaya-Sencella, y según lo indica Corpoamazonía aproximadamente el 45% del territorio se encuentra definido por el Estado para adelantar exploración y explotación de hidrocarburos. La densidad poblacional del municipio es baja y la mayoría de la población vive en zonas rurales. La problemática socioambiental que se presenta actualmente con la minería ilegal, de explotación de oro de aluvión principalmente, está asociada a las características sociales, económicas y demográficas del municipio, además de los diferentes procesos de colonización que han marcado su historia.
La historia de Puerto Guzmán ha estado definida por diferentes momentos u oleadas de poblamiento de personas llegadas de otras zonas del país, algunas como consecuencia de la de violencia armada, y otras por la falta de oportunidades productivas. En este sentido, la minería ilegal se convirtió en una actividad económica y productiva para muchas familias sin otras oportunidades de sustento económico. Durante mucho tiempo el municipio fue un territorio de guerra, entre el Ejército Nacional, la extinta guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares, lo que también determinó su configuración socioambiental.
+ Info
Puerto Guzmán fue catalogado en 2021 por el IDEAM, como el municipio del departamento con más altas tasas de deforestación (Rutas del Conflicto, 2022), el Estado ha privilegiado el tratamiento punitivo, impulsando acciones militares y judiciales, para enfrentar la deforestación y la minería ilegal (Mi Putumayo, 2013). Frente a lo anterior las comunidades han expresado su inconformidad, especialmente frente a las respuestas institucionales estatales que buscan resolver la problemática desde acciones policiales y judiciales, y atacando al pequeño productor (HoyNoticiasAgenciadeMedios, 2018), adicionalmente la inconformidad de las comunidades radica precisamente en la falta de otras oportunidades económicas ya que la minería ha sido fuente de subsistencia para muchas familias. La respuesta de las instituciones estatales locales, como la Alcaldía y la Gobernación, es que van a buscar apoyo de las instituciones del Estado del orden nacional para generar proyectos productivos.
Por otro lado, la dirección territorial de Corpoamazonía en Putumayo, ha explicado la necesidad de emprender acciones contra la deforestación y la minería ilegal. Por lo cual, a nivel institucional estatal, se crea la “”Burbuja de Medio Ambiente”” estrategia que inició en el departamento de Caquetá, posteriormente en Putumayo y finalmente en el departamento del Amazonas. Esta respuesta estatal cuenta con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía Nacional y otras instituciones estatales, para ubicar y judicializar a las personas responsables de la tala de bosques naturales públicos y privados, así como de la minería ilegal. Además de esto, se han llevado a cabo varios operativos, que han implicado la destrucción de maquinaria y la detención de personas vinculadas a la minería ilegal (Policía Nacional, 2014), con su posterior judicialización.
Los mineros y sus familias protestan ante las instituciones estatales denunciando el abandono y la falta de ayuda estatal para legalizar su actividad, según ellos el estado y los gobiernos si otorgan otros permisos para explotaciones petroleras en el municipio sin tener en cuenta las afectaciones ambientales (Hoy Noticias Agencia de Medios, 2018). En este sentido, es importante destacar que la explotación minera y petrolera viene afectando gravemente las fuentes hídricas. Muchas comunidades están en riesgo por las inundaciones y las afectaciones que causa la actividad minera y el cambio de cauce de los ríos y afluentes. En este sentido es importante comprender que hay familia y mineros que viven de esta actividad a falta de otras alternativas, también al parecer hay grupos armados al margen de la ley que hacen uso de esta actividad, por eso es importante intentar diferencias ambos actores para evitar estigmatizaciones hacia las familias mineras.
En el año 2023 continúan y casi que han aumentado los operativos contra la minería ilegal en Puerto Guzmán contra la minería ilegal con operativos en los meses de enero, abril y septiembre, la destrucción de dragas sobre el río Caquetá, la incautación de maquinarias y equipos artesanales, así como de insumos, en el municipio de Puerto Guzmán, en las veredas San Roque y la Sexta División del Ejército Nacional ha adelantado más de 30 operaciones militares contra la exploración y explotación de yacimientos mineros. “”Con este resultado se logra una reducción del impacto ambiental en aproximadamente 6 hectáreas. “Se evitó la contaminación de fuentes hídricas de la región, es de resaltar que el valor aproximado que se invierte para la recuperación del daño ambiental es cercano a los $696.000.000. De acuerdo a la información recopilada, con esta operación se afectan las economías ilícitas del GAO-r Estructura 48 Comandos de Frontera por un valor de $1.270.000.000.”, dice el Ejército.””( WRadio, 2023). De otro lado durante el año 2023 se ha dado un ejercicio de acercar a la institucionalidad al municipio de Puerto Guzmán. Para el actual gobierno en cabeza de Función Pública, es prioritario el acompañamiento y fortalecimiento institucional de Puerto Guzmán por su biodiversidad y riqueza natural; y las problemáticas de narcotráfico, y minería y economía ilegal que aquejan al municipio. Por ello se llevó a cabo una jornada con aproximadamente 40 instituciones como una apuesta para materializar el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026: Colombia potencia mundial de la vida, Función Pública lleva “”Juntémonos, el festival para tejer lo público”” a Puerto Guzmán (Putumayo), para acompañar al municipio en su fortalecimiento institucional, propiciar el ordenamiento territorial alrededor del agua y el cuidado del medioambiente.
Con las entidades participantes, la comunidad accedió a información, sobre trámites y servicios en temas como formalización minera, oferta educativa, apoyo a emprendimientos y proyectos productivos, formalización laboral, entre otros. Uno de los trámites más solicitados por la comunidad fue el registro en el sistema Génesis para los mineros artesanales y de subsistencia. Para acceder al trámite, los interesados deberían contar con: Documento de identidad en físico, Correo electrónico, Fotocopia del Registro Único Tributario RUT con fecha de expedición no mayor a 30 día, Fotocopia del SISBÉN. “”Para el Gobierno del Cambio y Función Pública es prioritario el acompañamiento y fortalecimiento institucional de Puerto Guzmán por su biodiversidad y riqueza natural; y las problemáticas de narcotráfico, y minería y economía ilegal que aquejan al municipio.”” (Ministerio de Educación, 2023)”
Ubicación
Departamento: Putumayo
Municipios: Puerto Guzmán
Otros Departamentos, otros municipios y veredas: Vereda la Selva; Santa Lucía; El Jauno; Vereda San Pedro Guadalupe; Centro poblado José María;Vereda La Mana; Vereda San Roque; Vereda la Chorrera; Vereda Los Corrales.
Otros datos Ubicación: Río Mandur; Rio Caquetá; Río Mecaya;
Centros poblados con alertas de EVOA en Agua: José María; Mayoyoque; El Gallinazo; San Roque.
Causas
Las causas que han generado el conflicto por la minería artesanal ilegal en Puerto Guzmán, están asociadas a la historia de poblamiento de esta región, las características socioeconómicas y demográficas, y determinada por procesos de colonización y de violencia armada. Así mismo otra causa, está relacionada con la manera como los pobladores de este municipio históricamente han resuelto su economía y subsistencia, quienes debido a la marginalidad y abandono estatal han encontrado en la minería y otras economías ilegales una fuente de recursos económicos. Puerto Guzmán es un municipio que ejemplifica, los patrones de poblamiento de la Amazonia colombiana, su historia construyó un modelo de ordenamiento territorial alrededor de los procesos de colonización asociados a bonanzas productivas y económicas en la explotación de recursos naturales. (Uribe, 2020)
+ Info
Los cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva, la minería artesanal, la explotación petrolera son algunas de las actividades económicas predominantes en Puerto Guzmán, lo cual nos demuestra una economía extractiva que depende de ciertas bonanzas. El municipio ha estado marcado por diferentes olas de violencia y por la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley. Algunas actividades productivas están causando graves afectaciones a los ecosistemas, la principal problemática está asociada a los altos niveles de deforestación por la ganadería extensiva, la minería y la explotación petrolera.
Algunas familias del municipio se han dedicado por generaciones a la extracción de oro de manera artesanal, como una actividad para garantizar su subsistencia, dicha actividad más recientemente ha vinculado maquinaria pesada y está causando contaminación de los ríos Caquetá, Mandur y sus afluentes. Según el informe: Colombia Explotación de Oro de Aluvión de UNODC, las alertas del monitoreo de evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), a partir de percepción remota muestran que Puerto Guzmán es uno de los municipios con alerta por presencia de EVOA en agua 2019.Según el informe Colombia Explotación de Oro de Aluvión de UNODC, Puerto Guzmán es uno de los municipios con alertas por EVOA en agua.
Actores
Comunidades Comunidades | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Resguardos indígenas La Aguadita; Calenturas; El Descanso; Villa Catalina de Puerto Rosario; Porvenir La Barrialosa y Alpamanga; de las etnias Inga y Páez (Nasa). | Mineros: Cooperativa Multiactiva de Mineros de Puerto Guzmán La Guaca; Asociación de Ex mineros de Tradición con Conciencia Ambiental; Asociación de exmineros de Tradición con Concienca Ambiental | Agencia la Burbuja del Medio Ambiente; Alcaldía de Puerto Guzmán; Gobernación del Putumayo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mesa técnica institucional para la sustitución de la minería ilegal; Ejército Nacional de Colombia Brigada de selva No. 27; Policía Naciona;l Batallón de Infantería N.º 25; Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33; Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Sur; la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y tropas del Batallón de Infantería N.° 25. | CORPOAMAZONIA | Otros grupos armados ilegales. | Cartel de Sinaloa; Frente No 1 de las Disidencias de las FARC; Grupos Armados Organizados; Comandos de Frontera. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales | Expresiones visibles del CSA - Acciones o repertorios de movilización |
---|---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Otros Impactos Ambientales Secundarios Deforestación Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) | Impactos Sociales, Culturales y Económicos Primarios Militarización y aumento de la presencia policial Impactos Sociales, Culturales y Económicos Secundarios Pérdida de medios de subsistencia
| Expresiones Visibles Protestas Otra expresión Reuniones de la alcaldía con mineros para socialización de la problemática de deforestación y contaminación por minería. Detenciones, destrucción de maquinaría, oposición por parte de las familias mineras. |
Momentos Clave
Puerto Guzmán es separado de Mocoa y elevado a la categoría de Municipio.
Adopción del primer esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Puerto Guzmán.
- Plan Colombia. El municipio se convierte en una zona de guerra entre el Ejército y la Guerrilla de las extintas FARC.
- Las fumigaciones de coca con glifosato, las masacres y los falsos positivos desocuparon veredas completas.
- Movilización social en contra de la contaminación del río Mandur a causa de la minería.
- Decreto 200-022 No 154 por el cual se prohíbe y suspende la explotación de minería ilegal en el Municipio de Puerto Guzmán.
- Creación del mecanismo de la Burbuja del Medio Ambiente contra la minería ilegal y la deforestación.
- Mesa técnica alternativa para la sustitución de la minería ilegal para el municipio de Puerto Guzmán.
- Salida de las tropas del Frente 32 de las extintas FARC.
Capacitación de barequeros de Puerto Guzmán por parte de la Alcaldía.
Según el informe Colombia Explotación de Oro de Aluvión de UNODC Puerto Guzmán es uno de los municipios con alertas de explotación de oro en agua.
Ejército Nacional con las comunidades logra la siembra de más de un millón de árboles en el Departamento del Putumayo.
Cerca de 12 familias, quienes se dedicaban a la minería artesanal; consolidaron un proyecto que buscaba dar un giro a la economía de esta comunidad, vereda San Pedro de Guadalupe.
- Enero. Vereda Los Corrales, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, lograron ubicar e intervenir dos unidades de producción minera.
- En el mes de Abril Unidades de la Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y coordinadas con la Policía Nacional en el departamento del Putumayo, incautaron maquinaria y equipos artesanales que eran utilizados para la extracción ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Puerto Leguizamo sobre el río Mecaya.
- Septiembre. Intervención de dio en la vereda La Chorrera, en el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, donde se intervino una unidad de producción minera, de la cual se estimaba una extracción de 4 kg de oro al mes, con un valor aproximado en el comercio de 920 millones de pesos. Adicionalmente, en el lugar fue destruida una excavadora empleada para el desarrollo de esta actividad ilícita y fueron capturadas dos personas.
- 22 y 23 de Septiembre Función Pública, como entidad encargada de materializar en el sector público el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida, estuvo en el municipio de Puerto Guzmán con 40 entidades, en “Juntémonos, el festival para tejer lo público”, entre otros temas se trataron los temas de formalización minera.
El Gobierno de Venezuela emprendió una cruzada para sacar a miles de personas de la reserva natural de Yapacana mediante la operación Autan, que durante décadas ha sido arrasada por la extracción ilegal de oro a cielo abierto, lo que generó un retorno de mineros colombianos a Inírida. De acuerdo al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo que más de 11.594 mineros ilegales fueron desalojados de Yapacana, una gran parte de ellos de nacionalidad colombiana.
La Defensoría del pueblo emitió la Alerta Temprana 03 de 2023 en la que se advierte la situación que enfrentan los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe. La Alerta Temprana también advierte que las poblaciones indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los Ríos Inírida, Atabapo y Guainía son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería Ilegal en Puerto Guzmán [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-ilegal-puerto-guzman
Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón en Guaviare
Descripción
El corredor río Guaviare en conexión con Venezuela está ubicado en el suroriente del país y es el que divide las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Está conformado por 4 departamentos –Meta, Vichada, Guaviare y Guainía– y 8 municipios alrededor del afluente principal, con presencia ancestral de los pueblos indígenas Sikuani, Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos, Cubeos y Jiw, además de población Nükak, desplazada por el conflicto armado (Comisión de la Verdad, 2022).
Debido a las prácticas de minería de grava que se viene desarrollando en el río Guaviare, en las zonas colindantes a los resguardos indígenas el Refugio, Barrancón y La Fuga, en los que habitan en la actualidad indígenas de distintas etnias como son los Jiw, Cubeo (Tucano Oriental) y Nükak, los habitantes de estos resguardos sienten que esta minería les está trayendo una afectación a sus prácticas culturales ancestrales, al igual que sienten que también está generando impacto sobre la pesca en el río Guaviare (Caracol, 2022). Otra de las percepciones que tienen los indígenas habitantes de estos resguardos, es que el desarrollo de esta minería les está afectando su movilidad puesto que ya no pueden circular por ciertos lugares que tradicionalmente recorrían como lo señalaron en el taller del 2022 que se adelanto en el marco del proyecto del atlas de CSA en San José del Guaviare.
+ Info
Los indígenas habitantes de estos territorios, señalan que ellos consideran que se les esta afectando de tal manera su diario vivir con esta actividad, que debió haberse hecho consulta previa antes de adelantar cualquier tipo de actividad que afectara el río Guaviare (Caracol, 2022). Igualmente, señalan que en algunas zonas donde se está haciendo minería hay sobrelapamiento con las zonas de resguardo, por lo que no comprenden por que se está haciendo esta minería. Adicional a la minería con licencia ambiental, también se viene dando la actividad de minería informal de grava, en donde la falta de verificación y control de la actividad por parte de las autoridades estatales competentes, ha generado una actividad económica para pescadores de gravilla, quienes de manera permanente están haciendo esta práctica sin ningún tipo de permisos, y expuestos a ahogamientos en el río Guaviare por hacer esta actividad sin ningún tipo de medidas de seguridad (Caracol, 2020). Hacia el 2019, algunos pescadores de gravilla en medio de estar en esta práctica se ahogaron (Caracol, 2019). Respecto a la minería informal de gravilla, las autoridades han hecho operativos para decomisar los elementos con las que hacen esta práctica de manera irregular (El Morichal, 2019). Por otra parte, también los mineros legales ven engorrosos todos los procedimientos legales para poder desarrollar su actividad económica de manera legal, y ven en contraste como si se desarrolla en algunas zonas la actividad sin ningún tipo de regulación (Caracol, 2020).
En el 2023 desde el Sinchi se contactó a personas que tuvieran conocimiento respecto a si se habían dado algunas nuevas situaciones sobre este CSA socioambiental a lo largo del 2023, puesto que no se encontró ningun hallazgo de información secundaria para ese año, sin embargo, las personas contactadas señalaron que no era posible seguir suministrando información.
Ubicación
Departamento: Guaviare,
Municipios: San José de Guaviare
Otros Municipios: Río Guaviare cerca a los Resguardos del Refugio, La Fuga, Barrancón, veredas Puerto Colombia, Progreso, Cámbulos.
Otros datos Ubicación:Resguardos del Refugio; La Fuga; Barrancón; veredas Puerto Colombia; Progreso; Cámbulos; Parcelación Santa Lucia.
Causas
Dentro de los reclamos que hacen las comunidades indígenas que habitan los resguardos de El Refugio, Barrancón y La Fuga, es que no se les hizo consulta previa para poder hacer el aprovechamiento de minería de grava en el río Guaviare que esta cercano a los resguardos donde habitan (Caracol, 2022). Las comunidades indígenas no están de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en el río Guaviare, puesto que señalan que esto está afectando sus sitios sagrados y culturales, además de estar afectando su base alimenticia, tal como lo manifestaron en la jornada de taller que se hizo en San José del Guaviare en agosto de 2022.
+ Info
Adicional a esto, en el caso del resguardo de La Fuga, de acuerdo a lo señalado en Tierra en Disputa (2016) ha habido ocupación del territorio, en algunos casos generado por errores de entidades estatales, como fue el caso del Incoder, que le asignó a otros actores tierras del Resguardo, desconociendo la presencia de comunidades indígenas en la zona, con las implicaciones que esto conlleva en términos de consulta previa para el desarrollo de determinadas actividades (Tierra en Disputa, 2016). De acuerdo a lo previamente señalado, para el caso del resguardo de La Fuga, las comunidades indígenas señalan que hay minería ilegal por un proceso de ocupación. Por otra parte, otra de las causas generadoras de tensiones sociales, es la visión de los pescadores de gravilla, quienes desarrollan la actividad de manera informal, y alegan que no se les esta permitiendo ejercer su actividad económica y que tampoco se les esta dando soluciones para poder sobrevivir (Caracol, 2017).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|---|
Jiw, Cubeo (Familia lingüística de los Tukano Oriental) y Nükak | Comunidades campesinas y afros; comunidades de mineros de informales | Agencia Nacional Minera-ANM, Mininterior, Fuerzas Militares, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Agencia Nacional de Tierras - ANT, Gobernación Guaviare, Alcaldía San José, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. | Cantera Lajitas, Asogravic. | CDA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación del componente ambiental geomorfo | Impactos Sociales, culturales y económicos primarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impactos Sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, culturales y económicos Despojo de tierras |
Momentos Clave
Desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado.
Los Jiw del Resguardo La Fuga, junto a la Unidad de Restitución de Tierras del Meta, interpusieron una demanda ante un juzgado de San José del Guaviare para reclamar sus derechos territoriales.
Las autoridades estatales hacen operativos de control sobre la minería informal de gravilla, en donde en uno de los operativos sancionan a 12 personas.
Mediante la resolución 00553 de 2018, la ANLA designa a la CDA como autoridad competente para otorgar Licencia de ambiental para Exploración de materiales de construcción en los municipios de Puerto Concordia (Meta) y San José de Guaviare (Guaviare).
Audiencia Pública de la Agencia Nacional de Minería, municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
- Reunión interinstitucional de nivel departamental para revisar avances en el plan de acción del convenio suscrito entre la OPIAC y el Ministerio de Minas y Energía
- Asamblea general del resguardo Barrancon y Veredas Aledañas, donde se hizo una citación de CDA, Ministerio de Interior y Fuerzas Armadas.
- Solicitud del resguardo a la Procuraduría Regional del Guaviare para que acompañe la rendición de cuentas del contrato de concesión IJH-10531.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-grava-en-los-resguardos-del-refugio-la-fuga-y-barracon
Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón en Guaviare
Descripción
El corredor río Guaviare en conexión con Venezuela está ubicado en el suroriente del país y es el que divide las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Está conformado por 4 departamentos –Meta, Vichada, Guaviare y Guainía– y 8 municipios alrededor del afluente principal, con presencia ancestral de los pueblos indígenas Sikuani, Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos, Cubeos y Jiw, además de población Nükak, desplazada por el conflicto armado (Comisión de la Verdad, 2022).
Debido a las prácticas de minería de grava que se viene desarrollando en el río Guaviare, en las zonas colindantes a los resguardos indígenas el Refugio, Barrancón y La Fuga, en los que habitan en la actualidad indígenas de distintas etnias como son los Jiw, Cubeo (Tucano Oriental) y Nükak, los habitantes de estos resguardos sienten que esta minería les está trayendo una afectación a sus prácticas culturales ancestrales, al igual que sienten que también está generando impacto sobre la pesca en el río Guaviare (Caracol, 2022). Otra de las percepciones que tienen los indígenas habitantes de estos resguardos, es que el desarrollo de esta minería les está afectando su movilidad puesto que ya no pueden circular por ciertos lugares que tradicionalmente recorrían como lo señalaron en el taller del 2022 que se adelanto en el marco del proyecto del atlas de CSA en San José del Guaviare.
+ Info
Los indígenas habitantes de estos territorios, señalan que ellos consideran que se les esta afectando de tal manera su diario vivir con esta actividad, que debió haberse hecho consulta previa antes de adelantar cualquier tipo de actividad que afectara el río Guaviare (Caracol, 2022). Igualmente, señalan que en algunas zonas donde se está haciendo minería hay sobrelapamiento con las zonas de resguardo, por lo que no comprenden por que se está haciendo esta minería. Adicional a la minería con licencia ambiental, también se viene dando la actividad de minería informal de grava, en donde la falta de verificación y control de la actividad por parte de las autoridades estatales competentes, ha generado una actividad económica para pescadores de gravilla, quienes de manera permanente están haciendo esta práctica sin ningún tipo de permisos, y expuestos a ahogamientos en el río Guaviare por hacer esta actividad sin ningún tipo de medidas de seguridad (Caracol, 2020). Hacia el 2019, algunos pescadores de gravilla en medio de estar en esta práctica se ahogaron (Caracol, 2019). Respecto a la minería informal de gravilla, las autoridades han hecho operativos para decomisar los elementos con las que hacen esta práctica de manera irregular (El Morichal, 2019). Por otra parte, también los mineros legales ven engorrosos todos los procedimientos legales para poder desarrollar su actividad económica de manera legal, y ven en contraste como si se desarrolla en algunas zonas la actividad sin ningún tipo de regulación (Caracol, 2020).
En el 2023 desde el Sinchi se contactó a personas que tuvieran conocimiento respecto a si se habían dado algunas nuevas situaciones sobre este CSA socioambiental a lo largo del 2023, puesto que no se encontró ningun hallazgo de información secundaria para ese año, sin embargo, las personas contactadas señalaron que no era posible seguir suministrando información.
Ubicación
Departamento: Guaviare,
Municipios: San José de Guaviare
Otros Municipios: Río Guaviare cerca a los Resguardos del Refugio, La Fuga, Barrancón, veredas Puerto Colombia, Progreso, Cámbulos.
Otros datos Ubicación:Resguardos del Refugio; La Fuga; Barrancón; veredas Puerto Colombia; Progreso; Cámbulos; Parcelación Santa Lucia.
Causas
Dentro de los reclamos que hacen las comunidades indígenas que habitan los resguardos de El Refugio, Barrancón y La Fuga, es que no se les hizo consulta previa para poder hacer el aprovechamiento de minería de grava en el río Guaviare que esta cercano a los resguardos donde habitan (Caracol, 2022). Las comunidades indígenas no están de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en el río Guaviare, puesto que señalan que esto está afectando sus sitios sagrados y culturales, además de estar afectando su base alimenticia, tal como lo manifestaron en la jornada de taller que se hizo en San José del Guaviare en agosto de 2022.
+ Info
Adicional a esto, en el caso del resguardo de La Fuga, de acuerdo a lo señalado en Tierra en Disputa (2016) ha habido ocupación del territorio, en algunos casos generado por errores de entidades estatales, como fue el caso del Incoder, que le asignó a otros actores tierras del Resguardo, desconociendo la presencia de comunidades indígenas en la zona, con las implicaciones que esto conlleva en términos de consulta previa para el desarrollo de determinadas actividades (Tierra en Disputa, 2016). De acuerdo a lo previamente señalado, para el caso del resguardo de La Fuga, las comunidades indígenas señalan que hay minería ilegal por un proceso de ocupación. Por otra parte, otra de las causas generadoras de tensiones sociales, es la visión de los pescadores de gravilla, quienes desarrollan la actividad de manera informal, y alegan que no se les esta permitiendo ejercer su actividad económica y que tampoco se les esta dando soluciones para poder sobrevivir (Caracol, 2017).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|---|
Jiw, Cubeo (Familia lingüística de los Tukano Oriental) y Nükak | Comunidades campesinas y afros; comunidades de mineros de informales | Agencia Nacional Minera-ANM, Mininterior, Fuerzas Militares, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Agencia Nacional de Tierras - ANT, Gobernación Guaviare, Alcaldía San José, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. | Cantera Lajitas, Asogravic. | CDA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación del componente ambiental geomorfo | Impactos Sociales, culturales y económicos primarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impactos Sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, culturales y económicos Despojo de tierras |
Momentos Clave
Desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado.
Los Jiw del Resguardo La Fuga, junto a la Unidad de Restitución de Tierras del Meta, interpusieron una demanda ante un juzgado de San José del Guaviare para reclamar sus derechos territoriales.
Las autoridades estatales hacen operativos de control sobre la minería informal de gravilla, en donde en uno de los operativos sancionan a 12 personas.
Mediante la resolución 00553 de 2018, la ANLA designa a la CDA como autoridad competente para otorgar Licencia de ambiental para Exploración de materiales de construcción en los municipios de Puerto Concordia (Meta) y San José de Guaviare (Guaviare).
Audiencia Pública de la Agencia Nacional de Minería, municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
- Reunión interinstitucional de nivel departamental para revisar avances en el plan de acción del convenio suscrito entre la OPIAC y el Ministerio de Minas y Energía
- Asamblea general del resguardo Barrancon y Veredas Aledañas, donde se hizo una citación de CDA, Ministerio de Interior y Fuerzas Armadas.
- Solicitud del resguardo a la Procuraduría Regional del Guaviare para que acompañe la rendición de cuentas del contrato de concesión IJH-10531.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-grava-en-los-resguardos-del-refugio-la-fuga-y-barracon
Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón en Guaviare
Descripción
El corredor río Guaviare en conexión con Venezuela está ubicado en el suroriente del país y es el que divide las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Está conformado por 4 departamentos –Meta, Vichada, Guaviare y Guainía– y 8 municipios alrededor del afluente principal, con presencia ancestral de los pueblos indígenas Sikuani, Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos, Cubeos y Jiw, además de población Nükak, desplazada por el conflicto armado (Comisión de la Verdad, 2022).
Debido a las prácticas de minería de grava que se viene desarrollando en el río Guaviare, en las zonas colindantes a los resguardos indígenas el Refugio, Barrancón y La Fuga, en los que habitan en la actualidad indígenas de distintas etnias como son los Jiw, Cubeo (Tucano Oriental) y Nükak, los habitantes de estos resguardos sienten que esta minería les está trayendo una afectación a sus prácticas culturales ancestrales, al igual que sienten que también está generando impacto sobre la pesca en el río Guaviare (Caracol, 2022). Otra de las percepciones que tienen los indígenas habitantes de estos resguardos, es que el desarrollo de esta minería les está afectando su movilidad puesto que ya no pueden circular por ciertos lugares que tradicionalmente recorrían como lo señalaron en el taller del 2022 que se adelanto en el marco del proyecto del atlas de CSA en San José del Guaviare.
+ Info
Los indígenas habitantes de estos territorios, señalan que ellos consideran que se les esta afectando de tal manera su diario vivir con esta actividad, que debió haberse hecho consulta previa antes de adelantar cualquier tipo de actividad que afectara el río Guaviare (Caracol, 2022). Igualmente, señalan que en algunas zonas donde se está haciendo minería hay sobrelapamiento con las zonas de resguardo, por lo que no comprenden por que se está haciendo esta minería. Adicional a la minería con licencia ambiental, también se viene dando la actividad de minería informal de grava, en donde la falta de verificación y control de la actividad por parte de las autoridades estatales competentes, ha generado una actividad económica para pescadores de gravilla, quienes de manera permanente están haciendo esta práctica sin ningún tipo de permisos, y expuestos a ahogamientos en el río Guaviare por hacer esta actividad sin ningún tipo de medidas de seguridad (Caracol, 2020). Hacia el 2019, algunos pescadores de gravilla en medio de estar en esta práctica se ahogaron (Caracol, 2019). Respecto a la minería informal de gravilla, las autoridades han hecho operativos para decomisar los elementos con las que hacen esta práctica de manera irregular (El Morichal, 2019). Por otra parte, también los mineros legales ven engorrosos todos los procedimientos legales para poder desarrollar su actividad económica de manera legal, y ven en contraste como si se desarrolla en algunas zonas la actividad sin ningún tipo de regulación (Caracol, 2020).
En el 2023 desde el Sinchi se contactó a personas que tuvieran conocimiento respecto a si se habían dado algunas nuevas situaciones sobre este CSA socioambiental a lo largo del 2023, puesto que no se encontró ningun hallazgo de información secundaria para ese año, sin embargo, las personas contactadas señalaron que no era posible seguir suministrando información.
Ubicación
Departamento: Guaviare,
Municipios: San José de Guaviare
Otros Municipios: Río Guaviare cerca a los Resguardos del Refugio, La Fuga, Barrancón, veredas Puerto Colombia, Progreso, Cámbulos.
Otros datos Ubicación:Resguardos del Refugio; La Fuga; Barrancón; veredas Puerto Colombia; Progreso; Cámbulos; Parcelación Santa Lucia.
Causas
Dentro de los reclamos que hacen las comunidades indígenas que habitan los resguardos de El Refugio, Barrancón y La Fuga, es que no se les hizo consulta previa para poder hacer el aprovechamiento de minería de grava en el río Guaviare que esta cercano a los resguardos donde habitan (Caracol, 2022). Las comunidades indígenas no están de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en el río Guaviare, puesto que señalan que esto está afectando sus sitios sagrados y culturales, además de estar afectando su base alimenticia, tal como lo manifestaron en la jornada de taller que se hizo en San José del Guaviare en agosto de 2022.
+ Info
Adicional a esto, en el caso del resguardo de La Fuga, de acuerdo a lo señalado en Tierra en Disputa (2016) ha habido ocupación del territorio, en algunos casos generado por errores de entidades estatales, como fue el caso del Incoder, que le asignó a otros actores tierras del Resguardo, desconociendo la presencia de comunidades indígenas en la zona, con las implicaciones que esto conlleva en términos de consulta previa para el desarrollo de determinadas actividades (Tierra en Disputa, 2016). De acuerdo a lo previamente señalado, para el caso del resguardo de La Fuga, las comunidades indígenas señalan que hay minería ilegal por un proceso de ocupación. Por otra parte, otra de las causas generadoras de tensiones sociales, es la visión de los pescadores de gravilla, quienes desarrollan la actividad de manera informal, y alegan que no se les esta permitiendo ejercer su actividad económica y que tampoco se les esta dando soluciones para poder sobrevivir (Caracol, 2017).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|---|
Jiw, Cubeo (Familia lingüística de los Tukano Oriental) y Nükak | Comunidades campesinas y afros; comunidades de mineros de informales | Agencia Nacional Minera-ANM, Mininterior, Fuerzas Militares, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Agencia Nacional de Tierras - ANT, Gobernación Guaviare, Alcaldía San José, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. | Cantera Lajitas, Asogravic. | CDA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación del componente ambiental geomorfo | Impactos Sociales, culturales y económicos primarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impactos Sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, culturales y económicos Despojo de tierras |
Momentos Clave
Desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado.
Los Jiw del Resguardo La Fuga, junto a la Unidad de Restitución de Tierras del Meta, interpusieron una demanda ante un juzgado de San José del Guaviare para reclamar sus derechos territoriales.
Las autoridades estatales hacen operativos de control sobre la minería informal de gravilla, en donde en uno de los operativos sancionan a 12 personas.
Mediante la resolución 00553 de 2018, la ANLA designa a la CDA como autoridad competente para otorgar Licencia de ambiental para Exploración de materiales de construcción en los municipios de Puerto Concordia (Meta) y San José de Guaviare (Guaviare).
Audiencia Pública de la Agencia Nacional de Minería, municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
- Reunión interinstitucional de nivel departamental para revisar avances en el plan de acción del convenio suscrito entre la OPIAC y el Ministerio de Minas y Energía
- Asamblea general del resguardo Barrancon y Veredas Aledañas, donde se hizo una citación de CDA, Ministerio de Interior y Fuerzas Armadas.
- Solicitud del resguardo a la Procuraduría Regional del Guaviare para que acompañe la rendición de cuentas del contrato de concesión IJH-10531.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-grava-en-los-resguardos-del-refugio-la-fuga-y-barracon
Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón en Guaviare
Descripción
El corredor río Guaviare en conexión con Venezuela está ubicado en el suroriente del país y es el que divide las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Está conformado por 4 departamentos –Meta, Vichada, Guaviare y Guainía– y 8 municipios alrededor del afluente principal, con presencia ancestral de los pueblos indígenas Sikuani, Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos, Cubeos y Jiw, además de población Nükak, desplazada por el conflicto armado (Comisión de la Verdad, 2022).
Debido a las prácticas de minería de grava que se viene desarrollando en el río Guaviare, en las zonas colindantes a los resguardos indígenas el Refugio, Barrancón y La Fuga, en los que habitan en la actualidad indígenas de distintas etnias como son los Jiw, Cubeo (Tucano Oriental) y Nükak, los habitantes de estos resguardos sienten que esta minería les está trayendo una afectación a sus prácticas culturales ancestrales, al igual que sienten que también está generando impacto sobre la pesca en el río Guaviare (Caracol, 2022). Otra de las percepciones que tienen los indígenas habitantes de estos resguardos, es que el desarrollo de esta minería les está afectando su movilidad puesto que ya no pueden circular por ciertos lugares que tradicionalmente recorrían como lo señalaron en el taller del 2022 que se adelanto en el marco del proyecto del atlas de CSA en San José del Guaviare.
+ Info
Los indígenas habitantes de estos territorios, señalan que ellos consideran que se les esta afectando de tal manera su diario vivir con esta actividad, que debió haberse hecho consulta previa antes de adelantar cualquier tipo de actividad que afectara el río Guaviare (Caracol, 2022). Igualmente, señalan que en algunas zonas donde se está haciendo minería hay sobrelapamiento con las zonas de resguardo, por lo que no comprenden por que se está haciendo esta minería. Adicional a la minería con licencia ambiental, también se viene dando la actividad de minería informal de grava, en donde la falta de verificación y control de la actividad por parte de las autoridades estatales competentes, ha generado una actividad económica para pescadores de gravilla, quienes de manera permanente están haciendo esta práctica sin ningún tipo de permisos, y expuestos a ahogamientos en el río Guaviare por hacer esta actividad sin ningún tipo de medidas de seguridad (Caracol, 2020). Hacia el 2019, algunos pescadores de gravilla en medio de estar en esta práctica se ahogaron (Caracol, 2019). Respecto a la minería informal de gravilla, las autoridades han hecho operativos para decomisar los elementos con las que hacen esta práctica de manera irregular (El Morichal, 2019). Por otra parte, también los mineros legales ven engorrosos todos los procedimientos legales para poder desarrollar su actividad económica de manera legal, y ven en contraste como si se desarrolla en algunas zonas la actividad sin ningún tipo de regulación (Caracol, 2020).
En el 2023 desde el Sinchi se contactó a personas que tuvieran conocimiento respecto a si se habían dado algunas nuevas situaciones sobre este CSA socioambiental a lo largo del 2023, puesto que no se encontró ningun hallazgo de información secundaria para ese año, sin embargo, las personas contactadas señalaron que no era posible seguir suministrando información.
Ubicación
Departamento: Guaviare,
Municipios: San José de Guaviare
Otros Municipios: Río Guaviare cerca a los Resguardos del Refugio, La Fuga, Barrancón, veredas Puerto Colombia, Progreso, Cámbulos.
Otros datos Ubicación:Resguardos del Refugio; La Fuga; Barrancón; veredas Puerto Colombia; Progreso; Cámbulos; Parcelación Santa Lucia.
Causas
Dentro de los reclamos que hacen las comunidades indígenas que habitan los resguardos de El Refugio, Barrancón y La Fuga, es que no se les hizo consulta previa para poder hacer el aprovechamiento de minería de grava en el río Guaviare que esta cercano a los resguardos donde habitan (Caracol, 2022). Las comunidades indígenas no están de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en el río Guaviare, puesto que señalan que esto está afectando sus sitios sagrados y culturales, además de estar afectando su base alimenticia, tal como lo manifestaron en la jornada de taller que se hizo en San José del Guaviare en agosto de 2022.
+ Info
Adicional a esto, en el caso del resguardo de La Fuga, de acuerdo a lo señalado en Tierra en Disputa (2016) ha habido ocupación del territorio, en algunos casos generado por errores de entidades estatales, como fue el caso del Incoder, que le asignó a otros actores tierras del Resguardo, desconociendo la presencia de comunidades indígenas en la zona, con las implicaciones que esto conlleva en términos de consulta previa para el desarrollo de determinadas actividades (Tierra en Disputa, 2016). De acuerdo a lo previamente señalado, para el caso del resguardo de La Fuga, las comunidades indígenas señalan que hay minería ilegal por un proceso de ocupación. Por otra parte, otra de las causas generadoras de tensiones sociales, es la visión de los pescadores de gravilla, quienes desarrollan la actividad de manera informal, y alegan que no se les esta permitiendo ejercer su actividad económica y que tampoco se les esta dando soluciones para poder sobrevivir (Caracol, 2017).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|---|
Jiw, Cubeo (Familia lingüística de los Tukano Oriental) y Nükak | Comunidades campesinas y afros; comunidades de mineros de informales | Agencia Nacional Minera-ANM, Mininterior, Fuerzas Militares, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Agencia Nacional de Tierras - ANT, Gobernación Guaviare, Alcaldía San José, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. | Cantera Lajitas, Asogravic. | CDA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación del componente ambiental geomorfo | Impactos Sociales, culturales y económicos primarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impactos Sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, culturales y económicos Despojo de tierras |
Momentos Clave
Desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado.
Los Jiw del Resguardo La Fuga, junto a la Unidad de Restitución de Tierras del Meta, interpusieron una demanda ante un juzgado de San José del Guaviare para reclamar sus derechos territoriales.
Las autoridades estatales hacen operativos de control sobre la minería informal de gravilla, en donde en uno de los operativos sancionan a 12 personas.
Mediante la resolución 00553 de 2018, la ANLA designa a la CDA como autoridad competente para otorgar Licencia de ambiental para Exploración de materiales de construcción en los municipios de Puerto Concordia (Meta) y San José de Guaviare (Guaviare).
Audiencia Pública de la Agencia Nacional de Minería, municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
- Reunión interinstitucional de nivel departamental para revisar avances en el plan de acción del convenio suscrito entre la OPIAC y el Ministerio de Minas y Energía
- Asamblea general del resguardo Barrancon y Veredas Aledañas, donde se hizo una citación de CDA, Ministerio de Interior y Fuerzas Armadas.
- Solicitud del resguardo a la Procuraduría Regional del Guaviare para que acompañe la rendición de cuentas del contrato de concesión IJH-10531.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-grava-en-los-resguardos-del-refugio-la-fuga-y-barracon