Extracción Minera y Materiales de Construcción
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Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía
Descripción
Este conflicto socioambiental se ubica en Guainía en el municipio de Inírida, en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo. Desde 1992 en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se ha desarrollado minería aluvial para extraer oro, actividad que ha venido siendo desarrollada principalmente por colonos y algunos pueblos indígenas (Escobar, 2016). Es una actividad de la que dependen económicamente muchas familias y habitantes de Inírida (Escobar, 2016) y que adicionalmente se ha ido convirtiendo en una fuente de financiación para grupos al margen de la ley (El Espectador, 2023) por su alta rentabilidad (Fonseca, et. al., 2019).
Los mineros reivindican la minería aluvial ejercida hace más de dos décadas en la región y han llevado a cabo acciones formales para intentar legalizar la actividad (Escobar, 2016). Adicionalmente, han llevado a cabo acciones colectivas como protestas y marchas a favor de la minería informal y en contra de los operativos militares, estas acciones han sido apoyadas por el sector comercial de Inírida, que también se beneficia económicamente de la minería. La minería es una de las principales actividades económicas y se constituye en la fuente de empleo directa e indirecta más importante del departamento. Algunas de los pobladores, incluso no reconocen que con esta práctica minera se está dando alguna afectación ambiental, y en algunos casos así lo sepan no es un tema de interés para ellos (CDA, 2023).
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Los mineros han intentado legalizar su actividad, pero no ha sido posible debido a la confluencia de figuras de protección ambiental y ordenamiento territorial como por ejemplo la Zona de Reserva Forestal, la Zona RAMSAR con la Estrella fluvial del Inírida (Minambiente, 2014), la existencia de 26 Resguardos indígenas y el Reserva Nacional Natural Puinawai. De un lado, la normativa no tenía especificaciones respecto a esta actividad, y por otro lado, no existía una capacidad institucional que pudiera garantizar el cumplimiento de las normas ya existentes.
La vida en Guainía puede llegar a ser hasta el triple de costosa que en las ciudades del interior de Colombia (Suárez, 2024). Parte de las explicaciones que se dieron sobre estos altos valores en el costo de vida en comparación con otras regiones de Colombia, en el marco de los talleres que se desarrollaron en el 2024 para identificación de CSA, es que hay dificultad para que lleguen ciertos insumos, alimentos, mercancías entre otros, y que cuando hay alguna mina o minas activas, muchos de estos productos se envían a las minas puesto que se puede obtener una mejor ganancia que comercializándolo en el casco urbano de Puerto Inírida, generando problemas de desabastecimiento en este casco urbano elevando costo de los productos. Por ejemplo, mientras estuvo activo el tema minero que se hacía de manera ilegal en el parque natural de Venezuela Yapacana, desde la capital de Guainía salían todos los días lanchas repletas de víveres, combustible y cualquier producto útil para la extracción minera (Suárez, 2024).
En cuanto al tema de la relación con los pueblos indígenas, el desarrollo de esta actividad les ha generado grandes transformaciones culturales, algunos de estos pueblos se oponen a esa actividad (Sikuani y los agrupados en el resguardo de El Paujíl y Asocrigua). Debido a la relación particular que establece cada pueblo indígena frente a esta actividad, se han exacerbado los conflictos interétnicos por las visiones divergentes sobre la minería (Escobar, 2016).
Sin embargo, la creación de nuevas figuras legales en el territorio, como fue la inclusión del Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida en la lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR (Minambiente, 2014), donde se debe cumplir unas medidas de protección ambiental, generaron el aumento de la presencia institucional en la zona.
Dentro de las posiciones institucionales, se encuentra que las autoridades mineras nacionales y locales, históricamente han fluctuado entre la tolerancia y la persecución a la minería informal. Según diversas fuentes, la minería de oro genera daños ambientales sobre los ríos y las vegas asociados a la contaminación por uso de mercurio y combustibles, así como la deforestación que causan los campamentos mineros. La respuesta de la Fuerza Pública ha sido realizar operaciones militares de destrucción de balsas y captura de mineros (El Tiempo, 2015).
Por otra parte, cabe destacar que de acuerdo a comunicado de la Defensoría de 2023 sobre extracción ilegal de oro y coltán que financia a grupos armados organizados que están afectando derechos de comunidades en Guainía, señalan que: “… encontramos que esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia, y de imponer el control territorial y social…”. Dentro de la población en riesgo están las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales (Semana, 2023).
Además, se evidencia reclutamiento de ciudadanos venezolanos y de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, la Defensoría del Pueblo emitió 33 recomendaciones para que tanto las autoridades del orden municipal, departamental y nacional, como la Fuerza Pública tomen medidas urgentes de prevención con el propósito de que se disuada, mitigue o controle el riesgo para los habitantes de los municipios alertados (Defensoría, 2023).

Ubicación
Departamento: Guainía
Municipio: Inírida
Otros datos de ubicación: Ríos Inírida, Guainía y Atabapo.
Causas
El conflicto socioambiental que se origina en Guainía en el municipio de Inírida, en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se relaciona con la práctica de la minería ilegal a pequeña escala, una actividad económica que se venía realizando sin mayores restricciones en ciertas áreas fluviales (Escobar, 2016). Desde 1992 en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo se ha venido desarrollado minería aluvial para extraer oro, por parte de colonos y algunos pueblos indígenas (Escobar, 2016).
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La minería de oro fluvial es una actividad económica que, a pesar de ser ilegal, varias personas junto con sus familias dependen de algún modo del desarrollo de esta actividad. Se han venido dando iniciativas por parte de algunas personas que practican la actividad para legalizar su actividad, pero no ha sido posible debido a la confluencia de figuras de protección ambiental y ordenamiento territorial como por ejemplo la Zona de Reserva Forestal, la Zona Ramsar con la Estrella fluvial del Inírida (Minambiente, 2014), la existencia de 26 Resguardos indígenas y el Reserva Nacional Natural Puinawai.
La actualización normativa y la creación de nuevas figuras legales del territorio, enfocadas en la protección ambiental, permitieron y promovieron el aumento de la presencia institucional para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal actual, como fue el caso de la designación del Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, por parte de Minambiente en el 2014, para ser incluido en la lista de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR. Dentro de las razones que señalan las personas que practican la minería a pesar de ser una actividad ilegal, es por que requieren ingresos para atender sus necesidades y que no hay otras oportunidades laborales diferentes
Igualmente en algunos de los ríos del Guainía y en sus áreas contiguas en los que se incluyen la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, se encuentran grupos al margen de la ley, -dentro de los que están las disidencias de las FARC-, quienes han encontrado mecanismos para lucrarse de la extracción del oro ilegal (Fonseca, et. al., 2019; El Espectador, 2023). A esto se suma que las disputas y alianzas entre los grupos armados ilegales complejizan el panorama (El Espectador, 2023)
Actores
Grupos Étnicos | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
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Puinave; Piapoco; Cubeo; Curripaco; Sikuani; Piaroa; Yeral; Tucano; Tuyuca; Siriano; Baré; Wuanano; ASOCRIGUA: Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía. | Mineros; colonos; comerciantes; migrantes. | Agencia Nacional de Minería ANM; Gobernación de Guainía; Alcaldía de Inírida; Ejército Nacional; Fiscalía General de la Nación. | Cooperativa de mineros - Coolmicop | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) Otras autoridades ambientales. | Disidencias de las FARC. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
---|---|
Impacto ambiental principal Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impacto ambiental secundario Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Pérdida de medios de subsistencia Impacto social, cultural y económico secundario Militarización y aumento de la presencia policial Otros impactos sociales, culturales y económicos Desempleo |
Momentos Clave
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, autorizó el convenio entre Ecopetrol y Ecominas para que Ecopetrol realizara la evaluación preliminar del potencial de unos yacimiento auríferos localizados en la región denominada Serranía de Naquén en la comisaria Especial del Guainía. El objetivo principal del proyecto Minero del Guainía era encontrar, delimitar y proporcionar áreas promisorias para la exploración detallada y explotación de depósitos naturales de orto en la Serranía de Naquén.
Llegada de minería con balsas a Inírida desde Brasil.
Creación de la Cooperativa de mineros – Colmicoop.
Aumento de títulos y solicitudes mineras en el departamento de Guainía: Incremento de operaciones militares en contra de la minería informal con captura de mineros y quema de balsas.
Arribo de colonos atraídos por la minería. Solicitudes de legalización minera informal.
Constitución de Guainía como Área Estratégica Minera desde las autoridades mineras nacionales.
Operación ‘Anostomus’ llevada a cabo por las fuerzas conjuntas de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía, Defensoría del Pueblo y miembros del CTI de la Fiscalía contra la minería ilegal.
Declaratoria de inconstitucionalidad de las resoluciones de Áreas Estratégicas Mineras. Junta de Formalización Minera entre la Agencia Nacional de Minería, otras autoridades y los mineros.
Anuncio de firma de memorando de entendimiento entre la gobernación de Guainía y la empresa minera canadiense Auxico Resources. Movilización y protestas en oposición a la minería a gran escala y en defensa de la minería a pequeña escala. Anuncio por parte de la gobernación de cancelar las negociaciones con la empresa minera Auxico Resources.
Operaciones militares en contra de la actividad minera informal con destrucción de balsas y captura de mineros. Realización de marchas en apoyo de la minería.
El Gobierno de Venezuela emprendió una cruzada para sacar a miles de personas de la reserva natural de Yapacana mediante la operación Autan, que durante décadas ha sido arrasada por la extracción ilegal de oro a cielo abierto, lo que generó un retorno de mineros colombianos a Inírida. De acuerdo al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo que más de 11.594 mineros ilegales fueron desalojados de Yapacana, una gran parte de ellos de nacionalidad colombiana.
La Defensoría del pueblo emitió la Alerta Temprana 03 de 2023 en la que se advierte la situación que enfrentan los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe. La Alerta Temprana también advierte que las poblaciones indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los Ríos Inírida, Atabapo y Guainía son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#minería-oro-rios-inirida-atabapo-guainia
Minería de cobre, molibdeno y otros minerales en la cuenca alta del río Mocoa
Descripción
Este conflicto socioambiental viene gestándose décadas atrás entorno a yacimientos importantes de cobre y molibdeno ubicados a 10 kilómetros al norte del casco urbano de Mocoa. Han sido varias las empresas que han tenido actividad exploratoria en la zona, en la actualidad existe una fuerte oposición por parte de las comunidades locales y de las autoridades municipales, frente a las diferentes concesiones otorgadas en zonas de reserva forestal y de resguardos indígenas entre otras figuras de ordenamiento y protección ambiental, en este sentido adquiere gran relevancia el Acuerdo Municipal 020 de 2018 que prohibió la pequeña y gran minería en el municipio de Mocoa (UNAL, 2023). En este sentido Corpoamazonía (2022) ha indicado que La concesión de títulos de exploración, por parte de la Agencia Nacional Minera (ANM 21/04/2021), se contrapone a la legislación ambiental nacional, especialmente a la Ley 1450 de 2011 que “prohibió las actividades mineras en estas reservas. El parágrafo 1 del artículo 204 dispone que en las áreas de reserva forestal protectoras no se podrán desarrollar actividades mineras, ni se podrán sustraer para ese fin (Corpoamazonía, 2022).
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Mocoa junto con el departamento del Putumayo, ha sido una región multicultural y biodiversa afectada en diferentes momentos por oleadas extractivistas (quina, caucho, maderas, pieles, tagua, petróleo, coca), por los procesos de colonización y de ampliación de la frontera agrícola; y a su vez, por las olas de violencia de las últimas décadas, asociadas al conflicto armado interno y al narcotráfico. Desde la década de los 70 se hicieron estudios geoquímicos por parte de INGEOMINAS, Naciones Unidas y Ecominas para determinar la factibilidad económica y un programa de exploración para un área que se denominó el “depósito de Mocoa” al norte del municipio. (Carvajal, 2022; Mongabay,2022; OCA, 2023). Entre 1973 y 1983 se realizaron 31 perforaciones constatando la presencia de cobre y molibdeno (OCA, 2023). Iniciando el siglo XXI se da la denominada, piñata minera en el periodo de 2002 a 2010 (Rengifo, 2023).
Se trata de la concesión de títulos a diferentes empresas que se van relevando una tras otra. Este proceso inició con los títulos mineros otorgados en 2004 a la empresa Anglo Gold Ashanti (adquiría 6 concesiones sobre dicho depósito), posteriormente en 2009 dichas concesiones pasaron a Mocoa Ventures (subsidiaria de B2Gold Corp.), luego en 2018 fueron adquiridas por Libero Cobre (Empresa Canadiense) “haciéndose a los títulos mineros FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142 que suman 7.830 hectáreas (más JAP-16141 y JAP-16181 que no han sido registradas), y en estructura el Proyecto Mocoa de minería a cielo abierto, localizado a 10 km al norte del casco urbano de Mocoa (ANM, 2021; LCL, 2022, p.21).
Sin embargo, las pretensiones de LCL van más lejos, pues el depósito de Mocoa hace parte de un cinturón de pórfidos del Jurásico en el sur de Colombia, hecho que explica las 30 solicitudes mineras que LCL tramita en los departamentos de Cauca y Putumayo, de acuerdo con información de la ANM (OCT, 2022).
La presencia de títulos de concesión minera desde 2007 e inicio de labores de prospección o exploración de cobre en 2020 se ha dado en áreas restringidas para la minería, como la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa, donde convergen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo. Sumado a esto no se ha realizado consultas previas a los pueblos indígenas que ejercen jurisdicción en esos territorios (Diario del Sur, 2022; Mi Putumayo, 2022).
Lo primero que se debe tener en cuenta para la comprensión de este conflicto es la importancia ecosistémica que reviste el municipio de Mocoa. Entre el mundo Andino y el Mundo Amazónico, este municipio está ubicado dentro del límite del Macizo colombiano definido por el CONPES 3915 de 2018, con toda su riqueza hídrica, bosques subandinos y complejos paramunos, donde nacen los principales ríos hacia la cuenca caribe (Río Cauya y, Magdalena), Pacífica (Patía) y Amazónica (Rio Caquetá). Y a su vez, hace parte del límite de la Amazonía comprendida como biorregión definida por el Instituto de Estudios Amazónicos (SINCHI, 2014).
La situación extraordinaria de este municipio se caracteriza por contar con una altísima biodiversidad, por su riqueza hídrica, por ser un corredor de biodiversidad, para el oso de anteojos y la danta andina entre otros (OCA, 2023). Este municipio se encuentra ubicado en el piedemonte Andino – Amazónico, piedemonte cordillerano como “parte del macizo colombiano que fue declarado por la Unesco como ‘Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino’ (Min Ambiente,2021).
Desde la perspectiva ecosistémica esta zona reviste una gran importancia por sus funciones de regulación hídrica y por ser parte del Macizo Colombiano declarado reserva de la biosfera Cinturón Andino (MinAmbiente, 2022). En este sentido es bueno recordar que Colombia suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica, reglamentado en el decreto 2372 de 2010, donde se indica que las distinciones internacionales son estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica (Salazar, 2022). Mocoa es entonces parte del Macizo Colombiano, “la convergencia orográfica, la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural, es una red de ecosistemas estratégicos interconectados donde además del río Caquetá y Putumayo, nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía, entre otros, que generan el 70% del agua dulce del país (DNP, 2018. pág. 3). En 2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de vida”, también contempla su protección y restauración (OCA, 2023). Igualmente, esta zona al ser una zona cordillerana ubicada sobre las fallas geológicas del borde amazónico es una zona vulnerable a deslizamientos torrenciales como el ocurrido en 2017, que se debió a un evento climático extremo, que pone en evidencia los efectos del cambio climático en el territorio.
En el comunicado a la opinión pública 004/2022 de Corpoamazonía, esta entidad ordenó a Libero Cobre la suspensión inmediata de actividades, pues encontró que las concesiones se traslapan con la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa. “LIBERO COBRE LTD en el año 2019, adquirió cuatro títulos mineros en la modalidad de contrato de concesión para la exploración y explotación de cobre y molibdeno y otros metales preciosos, en un área aproximada de 7.800 hectáreas localizadas en el Macizo Colombiano sobre un sector de la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Ahora bien, con relación a los usos permitidos en las Reservas Forestales Protectoras Nacionales se hace claridad que, la Ley 1450 de 2011 prohibió las actividades mineras en estas reservas. El parágrafo 1 del artículo 204 dispone que en las áreas de reserva forestal protectoras no se podrán desarrollar actividades mineras, ni se podrán sustraer para ese fin” (Corpoamazonía 2022).
Esta zona de reserva, se caracteriza por contener páramos azonales, sectores de bosque alto andino, que aportan conectividad ecosistémica y además en la reserva cruza el río Rumiyaco, y se caracteriza por la gran diversidad de avifauna. Igualmente es una zona que se encuentra amenazada por crecientes y por la presencia de las fallas geológicas del borde amazónico, que configuran un alto riesgo geológico para la población (OCA,2023). En esta zona se vienen adelantando estudios para proyectar la explotación minera de Cobre y Molibdeno que también afecta el territorio de pueblos indígenas especialmente el resguardo Inga de Condagua (Mongabay, 2022).
Diferentes actores multinacionales -empresas de extracción minera- han puesto su interés en esta región como una potencial zona de extracción de cobre y molibdeno. Desde décadas atrás diferentes empresas han emprendido acciones para hacer de este un lugar de explotación minera. “Entre 1973 y 1983, estudios y expediciones dieron cuenta de la presencia de cobre y molibdeno en el llamado “depósito de Mocoa” que hoy tienen relación con 4 títulos mineros pertenecientes a la multinacional canadiense Libero Cobre Ltda., con una superficie de 7.830 ha, equivalentes al 6% de todo el territorio del municipio y localizado a solo 10km al norte del casco urbano de Mocoa. A estos se suma la radicación de 30 solicitudes mineras en los departamentos de Cauca y Putumayo, dentro de un cinturón de pórfidos del Jurásico (cinturón de yacimientos de cobre) en el macizo colombiano, que ascienden a 103.578 hectáreas”(OCA, 2023).
En la actualidad, la multinacional Libero Cobre Ltda., filial de la empresa Canadiense Libero Copper and Gold, se ha asociado con Anglo Asian Mining su mayor accionista “para el diseño inicial, ingeniería y modelado financiero del depósito Mocoa Porphyry Copper-Molybdenum (…) El concepto del proyecto es delinear y confirmar una oportunidad de desarrollo para un camino acelerado hacia la producción a través de una operación subterránea de cimentación e instalaciones locales para la producción de molibdeno, cátodos de cobre y productos de cobre. Los estudios se centrarán en el uso de métodos subterráneos de extracción de tonelaje a granel de bajo impacto, la evaluación del relleno, utilización de la innovación y la tecnología para minimizar la huella ambiental del proyecto” (Valora Analitik 2023).
Como lo expone Valora Analitik Libero Cobre espera extraer metal y molibdeno de la zona donde se ubica la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio Mocoa para aportar a la eficiencia energética, la industria verde y la transición energética (Valora Analitik, 2023).
La minera Libero Copper aliada con Anglo Asian, es un actor fundamental que ha realizado procesos de exploración en la zona, en la actualidad el Proyecto Mocoa de esta multinacional está en fila para comenzar a operar (Portafolio, 2022). En sus sitios oficiales Libero Copper indica que tiene bajo su posesión esta zona de Mocoa como uno de los lugares más ricos en cobre y molibdeno en el mundo. “Libero Copper es una empresa de exploración mineral que posee una colección de depósitos de pórfido de cobre en toda América en jurisdicciones prolíficas pero estables.
El portafolio incluye Mocoa, un depósito de pórfido de cobre y molibdeno ubicado en Putumayo, Colombia (Sitio Oficial Libero Copper). Dentro de lo que señala la empresa Libero Cobre en Mocoa esta: “Lo que hacemos es explorar un mineral estratégico para la transición energética como es el cobre. Sin cobre no hay transición. Es el material por excelencia en cuanto a conductividad de energía” (Mi Putumayo, 2024).
Esta multinacional tiene proyectos de explotación minera en Argentina, Canadá y Colombia y a través de su presidente Ian Harris ha expresado que el proyecto Mocoa es uno de los más importantes de la corporación (Portafolio 2022). Según Harris “”Es un proceso desde 1980 y que fue perforado en 2000 hasta 2012 por B2Gold, pero no había oro. Libero compró el proyecto en 2018 (…) más o menos a finales de 2021 es cuando comenzamos con la geofísica reactualizando y en 2022 comenzamos con la geoquímica. Es el recurso más grande de cobre en Colombia, en recursos es 2 millones de toneladas y más o menos 500 millones de libras de molibdeno; para ponerlo en contexto, la producción mundial es 600 millones de libras” (Portafolio, 2022).
Recientemente el Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA, Universidad Nacional de Colombia, elaboró una nota periodística en la que retoma el asunto del “proyecto para la explotación de cobre en Mocoa”, indicando como este proyecto genera una importante oposición en los habitantes y autoridades locales del municipio y el departamento, recalcando la preocupación local que despierta una posible explotación minera al norte de Mocoa, luego de la tragedia nacional de la “avalancha” o avenida fluviotorrencial ocurrida el 31 de marzo de 2017 de Mocoa, “que causó la muerte de 335 personas y dejó otras 22.324 damnificadas al igual que 1.456 viviendas destruidas (…) La preocupación del impacto sobre el macizo aumenta por la pretensión de la multinacional de sustraer el área de Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Mocoa, área protegida desde 1984, y por el desconocimiento de la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia.
A pesar de las grandes inversiones mediáticas para el posicionamiento de Libero Cobre, la comunidad ha convocado masivas manifestaciones en contra porque no se logran despejar los temores asociados con lo que se sabe que genera la minería: la remoción de coberturas vegetales, la alteración de geoformas que puede intensificar los procesos erosivos, las vibraciones producto de las voladuras, en una zona de amenaza por remoción en masa, eventos fluviotorrenciales e inundaciones, a lo que se suma el miedo por la destrucción de sistemas hídricos subterráneos y superficiales al perforar a gran profundidad las entrañas de la montaña, en zonas de alta recarga acuífera” (OCA, 2023).
Por otra parte, se reportan tensiones entre la comunidad por denuncias de ofertas laborales de Libero Cobre y de donaciones a la sociedad civil para que apoyen el proyecto (Kabilando, 2022). No obstante, a través de fuentes como Religión Digital (2022) se señala que la iglesia católica es un actor de oposición al proyecto minero, en donde ha rechazado las donaciones de la minera a sectores de la sociedad civil y a comunidades parroquiales. A esto se suman las tensiones sociales que surgen entre los que quieren y se benefician de la actividad, y quienes se oponen a la minería. Algunas visiones de la gente en el territorio, señalan que la pobreza y abandono estatal histórico en la región, ha favorecido al proyecto minero al ofrecer oportunidades de trabajo y posibilidades de soluciones a problemáticas que están pendientes por atender.
Sumado a esto, algunas percepciones que se tienen es que se ha estado generando una ruptura del tejido social, ocasionando división de la población acerca de la visión de desarrollo de su territorio (SINCHI, 2022, Voces del Territorio). En este escenario se han generado más divisiones entre la comunidad debido a las ofertas de empleo, actividades sociales, eventos educativos, ayudas e incentivos que ha entregado la multinacional (Mi Putumayo, 2024).
Se trata de un conflicto entre actores globales y actores locales frente al uso que unos y otros esperan hacer del mismo territorio. En este contexto las autoridades ambientales y las políticas ambientales nacionales juegan un papel determinante al momento de garantizar la protección de estos ecosistemas estratégicos resguardados en figuras de protección ambiental, al igual que la normatividad municipal y local que prevalece sobre otras (Asociación Minga, 2022).”
En estas tensiones territoriales que se han venido dando alrededor de este conflicto socioambiental, por contravenir normas superiores y carecer de competencia se fundamenta el reciente fallo del Consejo de Estado sobre el Acuerdo 020 del 6 de diciembre de 2018, emitido por el Concejo Municipal de Mocoa; lo que ha generado un importante debate sobre la regulación de la minería no solo en Mocoa sino en el País (MiPutumayo, 2024a). Este acuerdo, que prohibía el desarrollo de actividades mineras en la jurisdicción del municipio, fue declarado nulo por distintas razones dentro de las que se encuentra la falta de:
a) Motivación y Competencia, a este respecto lo que se indica es que el concejo municipal no presentó razones suficientes que justificaran la prohibición de la minería, b) La importancia de respectar normas superiores, c) el restablecimiento del Orden Jurídico, d) Protección de Derechos y Competencias y, e) Fomento de la Responsabilidad Ambiental (Mi Putumayo, 2024a), no obstante, más allá de tener un panorama definitivo respecto a que va a pasar en este territorio, aún están vigentes la ordenanza 848 y la sentencia 4360 entre otras actos administrativos, por lo que este es un conflicto socioambiental sobre el que los actores involucrados seguirán expectantes sobre como se va desenvolviendo las nuevas acciones y manifestaciones por las parte interesadas. Otro de los aspectos que muestra que aún no se ha definido hacia donde podrían dirigirse lo que se decida hacer en este territorio se relaciona con que todavía la empresa no cuenta con una licencia ambiental para hacer explotación. (IPS, 2024)

Ubicación
Departamento: Putumayo
Municipio: Mocoa
Otros Municipios: Veredas Campucana, San Antonio, El Montclar, Pueblo Viejo.
Otros:
Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Cuenca alta del río Mocoa, Resguardo Condagua.
Resguardo Kamentsá Inga de Sibundoy.
Reserva de la Biosfera Cinturón Andino
1.) Ubicación título Nº FJT-141: sistema de origen oeste, punto arcifinio: 30508, descripción p.a: confluencia de la quebrada Conejoyaco con el rio Mocoa.
2.) Ubicación título Nº FJT-132: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 23990. Descripción del P.A: se tomó como punto arcifinio las coordenadas del pto 1 del poligono
3.) Ubicación título Nº FJT-142: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 30508. Descripción del P.A: se tomó como punto arcifinio confluencia de la quebrada Conejoyaco con el rio Mocoa.
4.) Ubicación título Nº JAP-16141: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 66593. Descripción del P.A: se tomó como punto arcifinio la Confluencia de la quebrada El Almorzadero con el rio Mocoa.
5.) Ubicación título minero No. FJT-131: Sistema de origen Oeste, Punto Arcifinio: 23407, Descripción P.A: se tomó como punto arcifinio las coordenadas del pto 1 del polígono.
Causas
Mocoa junto con el departamento del Putumayo, ha sido una región multicultural y biodiversa afectada en diferentes momentos por oleadas extractivistas (quina, caucho, maderas, pieles, tagua, petróleo, coca), por los procesos de colonización y de ampliación de la frontera agrícola; y a su vez, por las olas de violencia de las últimas décadas, asociadas al conflicto armado interno y al narcotráfico. Desde la década de los 70 se hicieron estudios geoquímicos por parte de Ingeominas, Naciones Unidas y Ecominas para derminar la factibilidad económica y un programa de exploración para un área que se denominó el “depósito de Mocoa” al norte del municipio.(Carvajal, 2022; Mongabay,2022; OCA, 2023). Entre 1973 y 1983 se realizaron 31 perforaciones constatando la presencia de cobre y molibdeno.(OCA, 2023)
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Iniciando el siglo XXI se da la denomiada, piñata minera en el periodo de 2002 a 2010 (Rengifo, 2023). Se trata de la conseción de títulos a diferentes empresas que se van relegando una a la otra haciendo un relevo hasta llegar a la fecha de hoy. Este proceso inició con los títulos mineros otorgados en 2004 a la empresa Anglo Gold Ashanti (adquirío 6 concesiones sobre dicho depósito), posteriormente en 2009 dichas consesiones pasaron a Mocoa Ventures (subsidiaria de B2Gold Corp.), luego en 2018 fue adquirida por Libero Cobre (Empresa Canadiense) “haciéndose a los títulos mineros FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142 que suman 7.830 hectáreas (más JAP-16141 y JAP-16181 que no han sido registradas), y en estructura el Proyecto Mocoa de minería a cielo abierto, localizado a 10 km al norte del casco urbano de Mocoa (ANM, 2021; LCL, 2022, p.21). Sin embargo, las pretensiones de LCL van más lejos, pues el depósito de Mocoa hace parte de un cinturón de pórfidos del Jurásico en el sur de Colombia, hecho que explica las 30 solicitudes mineras que LCL tramita en los departamentos de Cauca y Putumayo, de acuerdo con información de la ANM (OCT, 2022).” (OCA, 2023)
Igualmente se ha dado la presencia de títulos de concesión minera desde 2007 e inicio de labores de prospección o exploración de cobre en 2020 en áreas restringidas para la minería, como la Reserva Forestal Protectora de la cuenca alta del río Mocoa, donde convergen los ríos Putumayo, Mocoa, San José, Blanco, Pepino, Mulato y Guineo. Sumado a esto no se ha realizado consultas previas a los pueblos indígenas que ejercen jurisdicción en esos territorios (Diario del Sur, 2022; Mi Putumayo, 2022).
Adicionalmente algunos de los líderes indígenas, algunas de las instituciones territoriales y otros sectores, identifican que el apoyo a este tipo de proyectos por una parte de algunos pobladores en la zona, obedece en parte a la falta de oportunidades económicas que hay en el territorio. A lo que se le debe sumar la desarticulación que hay entre algunas de las políticas nacionales con algunas políticas locales.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Persona Jurídica | Autoridad Ambiental | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Resguardo Indígena Inga de Condagua; Pueblo Kamëntsá Biyá (Sibundoy); Yanacona (Anamú y YashayWasy); Pastos (Gran Putumayo y San José del Pepino); Siona (Jai ZiayaBain). | Mujeres Tejedoras de Vida; Asociación de Juntas de Acción Comunal de Mocoa;la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC; Asociación de Educadores de Putumayo; Observatorio ambiental ciudadano del Putumayo; Colectivo rios y reconciliación; Colectivo Guardinas de la Andinoamazonia;Colectivo Hilos de vida. | Agencia Nacional de Minería; Asamblea Departamental de Putumayo, Concejo Municipalde Mocoa; Alcaldía de Mocoa;Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa; | Libero Cobre Ltda. Libero Copper and Gold Corporation. Anglo Asian | CORPOAMAZONIA | Observatorio de Conflictos Ambientales Universidad Nacional de Colombia |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, culturales y económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impactos sociales, culturale y económicos primarios División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad Impactos sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Otros Impactos sociales, culturales y económicos Pérdida de medios de subsistencia |
Momentos Clave
Seis concesiones para el inicio de exploraciones por Anglo Gold Ashanti y Antofagasta Minerals s.a.
Contratos de concesión minera a la empresa canadiense Libero Cobre Ltda. (antes denominada Mocoa Ventures Ltda.) en áreas que se traslapan con figuras de protección ambiental como la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
Ampliación por parte de INCODER del Resguardo Inga de CONDAGUA bajo la Resolución 045 de 2006.
Exploración de yacimientos por la multinacional minera Anglo Gold Ashanti.
- 2010: Contrato de concesión a la alianza Libero Cooper y Anglo Gold Ashanti.
- Protestas de comunidades indígenas y campesinas en contra de la minería en Mocoa.
Legalización del resguardo Kamëntsá – Inga en zona de influencia del proyecto.
- Acuerdo municipal 020, mediante el cual el Concejo Municipal prohíbe actividades mineras a mediana y gran escala en todo el municipio de Mocoa.
- Desarrollo de una asamblea popular en contra de la minería en Pueblo Viejo y de la “Gran marcha contra la minería”.
- Gran Movilización Social en defensa del Territorio y del Agua.
- Concesión de 4 títulos mineros para Libero Cobre contrato de concesión para la exploración y explotación de cobre y molibdeno y otros metales preciosos, en un área aproximada de 7.800 hectárea
- Audiencia Pública Senatorial Ambiental Putumayo Somos Amazonía
- La Agencia Nacional de Minería (ANM) demandó el 18 de febrero de 2019 el municipio de Mocoa, argumentando que el acuerdo municipal 020 del 2018 interfiere con la propiedad estatal del subsuelo y le da la razón a la entidad demandante expresando que el municipio no tenía la autoridad para prohibir la minería, ya que se trata de un asunto de interés nacional.
- El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Acuerdo 006 de 2020, art. 3, prohibió la megaminería en Mocoa.
- Reuniones de Libero cobre con comunidades de las veredas Montclar y JAC para socializar el proyecto…
- Demandas al acuerdo 20/2018
2021: Inicio de actividades de prospección geofísica por Libero Cobre. - Carta de la Asamblea Departamental de Putumayo dirigido a la Agencia Nacional de Minería y a la Procuraduría solicitando suspensión de actividades de Libero cobre y acatamiento de las prohibiciones municipales de la minería.
- Movilización social en oposición a la minería.
Libero cobre ha presentado más de 30 solicitudes de títulos mineros
- Permiso temporal de realizar actividades mineras en Áreas de Reserva Forestal mediante resolución 110 del 28 de enero del MADS.
- Pronunciamiento de Libero Cobre de inicio de actividades de perforación en el Yacimiento Pórfido de Cobre-Molibdeno Mocoa (febrero).
- Posterior suspensión temporal de la resolución (110 del 28 de enero) del MADS el 11 de marzo, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento.
- Carta del alcalde de Mocoa solicitando a la multinacional detener las actividades en virtud del acuerdo 020 de 2018.
- Comunicado de Corpoamazonía señalando que en la Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Alta del Río Mocoa no se pueden desarrollar actividades mineras y solicitud de suspensión inmediata de actividades bajo normas del procedimiento sancionatorio ambiental.
- Radicación de tutela el 19 de abril del 2022 ante el juzgado 2do penal del circuito de Mocoa, la cual fue admitida el 02 de mayo y ordenó realizar la consulta previa con el resguardo Indígena Inga Condagua.
- Suspensión de actividades en el título FTJ 141 (Corpoamazonía Auto DTP No 202 del 2022)
- Festival Agua Montaña y Vida
- El gobernador sanciona la ordenanza 848 del 2022, en la que en el artículo 23 señala “El departamento de Putumayo, a través de las secretarias y las comunidades de la ACFPCA, protegerá los bienes comunes como el Agua, prohibiendo la presencia de la megaminería, liberando al territorio de transgénicos y agrotóxicos y garantizando la no criminalización de los frutos, plantas y semillas ancestrales de uso medicinal y comestible”.
- Convenio de Libero Cobre con la Facultad d Minas de la Universidad Nacional de Colombia para adelantar estudios geofísicos relacionados con el proyecto.
- Alianza entre Libero Copper y Asian.
- Festival Agua Montaña y Vida.
- Sanción contra libero cobre en Mocoa por infringir presuntamente normas ambientales. De Acuerdo a la nota de Mi Putumayo le impusieron una multa de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS($54.907.339)MCTE, por incumplimientos en el procedimiento ambiental.
- Treinta y uno de julio de 2024 Nulidad (Artículo 137 del CPACA). Declarar la nulidad del acuerdo 020 del 6 de diciembre de 2018 proferido por el concejo municipal de Mocoa – Putumayo, “Por medio del cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Mocoa Putumayo y se dicta otras disposiciones”.
- Instalación de la “Mesa Permanente por la Protección de la Vida, El Ambiente y La Paz – Mocoa Corazón Hídrico y de La Biodiversidad de la Andinoamazonia y el Mundo”.
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¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de cobre y otros minerales en la cuenca alta del río Mocoa [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-cobre-y-otros-minerales-en-la-cuenca-alta-del-río-mocoa
Minería informal de oro en San José del Fragua, Caquetá
Descripción
El municipio de San José de Fragua cuenta con un área aproximada de 1.345,3 km2, de los cuales cerca del 30%, localizados en el paisaje de cordillera por encima de los 900 msnm, pertenece a la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2ª de 1959; sobrepuesto a esta área y con una cobertura aproximada al 50% del municipio se encuentra el Parque Natural Nacional Alto Fragua Indi Wasi (Corpoamazonía, 2022). Adicionalmente dentro del territorio del municipio se encuentra parte de tres globos de terreno reservados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de los mismos, uno de estos globos de terreno coincide dentro del área del Parque Nacional Indi Wasi y de la Reserva Forestal, los otros dos se localizan sobre áreas que ya fueron sustraídas de la reserva forestal para propiciar el asentamiento de las poblaciones localizadas en el Piedemonte y la Llanura Amazónica, y el establecimiento del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá (Corpoamazonía, 2022). La región se caracteriza por su riqueza hídrica, pero también por altas tasas de deforestación relacionadas con actividades como la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería.
+ Info
La oferta hídrica del Municipio está representada por una importante red hidrográfica que hacen parte de la cuenca de los ríos Caquetá y Orteguaza. Los principales afluentes del río Caquetá son: ríos Fragua Grande, Zabaleta, Fraguita y Yurayaco, y los del río Orteguaza: Fragua Chorroso y San Pedro. Estos ríos y sus afluentes nacen en la cordillera Oriental, por tanto, son ríos de origen andino – amazónicos. Por transcurrir a través de paisajes de montaña, arrastran consigo gran cantidad de sedimentos que son depositados en las partes bajas cuando descienden a los valles aluviales. Estos ríos descienden de la cordillera con gran velocidad de flujo debido a la fuerte inclinación de las pendientes, por lo que presentan una alta torrencialidad en sus partes altas formando patrones de drenaje erosionales. En el lomerío amazónico nacen algunas quebradas afluentes de estos ríos, y que se alimentan del agua que fluye de manera subterránea desde la cordillera. (Alcaldía San José de Fragua)
En un estudio de caso sobre San José de Fragua y la minería ilegal de la Universidad del Rosario (Romero, Ríos & Güiza 2020) se expone que, la industria minera en Colombia se ha desarrollado principalmente de manera informal sin una clara regulación oficial, especialmente a finales del siglo XIX se consideraba como un elemento relevante en la economía del país. Es en el siglo XX, que se crean las primeras políticas municipales para promover la minería artesanal a pequeña escala. En 2001, la Ley 685 expidió el Código de Minas, con los lineamientos para regular la minería por parte del Estado. Dicha ley resalta que “todos los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado” (Ley 685 de 2001), por lo que para llevar a cabo cualquier tipo de exploración o explotación se debe contar con un título otorgado por la Agencia Nacional de Minería”” (Romero, Ríos & Güiza 2020). De esta manera el Estado central, es el encargado de la administración, regulación y fiscalización de esta actividad la minería. “”Igualmente, a partir de ese momento se dan una serie de esfuerzos para crear herramientas de formalización y sistematización de los mineros artesanales o tradicionales existentes, con el objetivo de diferenciarlos de los pequeños y medianos explotadores informales y de los mineros ilegales””. Romero, Ríos & Güiza 2020 señalan la importancia de la expedición de la ley 1892 de 2018, por medio de la cual el Congreso de Colombia dispuso eliminar el uso del mercurio en la minería a 2018 y en la industria a 2023. Así mismo, a través de la Ley 1892 de 2018, el Congreso “aprobó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y, por medio de la Sentencia C-275/19, la Corte Constitucional declaró exequible su contenido, señalando que las cifras advierten que se trata de un desafío inconcluso para el Estado colombiano, del cual todavía dependen miles de familias, inmersas en complejas dinámicas de violencia, contaminación, exclusión y pobreza.”(Romero, Ríos & Güiza 2020)
El conflicto se da en torno a la extracción informal de oro tanto en veta como en aluvión, en al menos once lugares de algunas veredas de San José del Fragua, municipio cercano al Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. Para la extracción se utiliza maquinaria o mini dragas, así como mercurio que genera contaminación de las fuentes hídricas. La minería está ligada a cultivos de uso ilícito, pues estas economías se alternaron históricamente en el municipio. (Romero, Ríos & Güiza 2020) Quienes antes se dedicaban a cultivos de coca después de la firma de los Acuerdos de Paz y de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS han encontrado en la minería una opción de subsistencia.
La posición de la comunidad sobre la minería no es unánime (Semana Rural, 2019). Quienes desarrollan esta actividad la defienden por ser una fuente importante de ingresos para su subsistencia y argumentan que esta actividad no genera más contaminación que la exploración y explotación petrolera realizada por Pacific Rubiales, de manera legal, en el mismo municipio. En contraste otro sector de la comunidad señala la contaminación hídrica y ambiental por minería. Ambas posturas se han puesto en la agenda pública mediante divulgación en medios de comunicación.
La Fuerza Pública, junto a la Fiscalía General y otras instituciones, han implementado operaciones en contra de esta actividad, incluyendo la destrucción de maquinaria, captura de personas y el inicio de investigaciones penales por delitos ambientales (Romero, Ríos & Güiza 2020; Fiscalía, 2022). En este sentido se realizaron operativos militares y procesos judiciales para detener las actividades de explotación de oro y el uso de mercurio, es el caso de la vereda la Cristalina. Respecto a la contaminación ambiental se ha denunciado contaminación por mercurio en ríos como el Zabaleta, fuente hídrica local utilizado para la pesca y para actividades recreativas (Semana Rural, 2019). También se señala pérdida de fauna acuática por la contaminación y la formación de lodos. Debido a su cercanía con el PNN Alto Fragua Indi Wasi se considera una actividad que pone en riesgo la conectividad de ecosistemas.
Como concluye (Romero, Ríos & Güiza 2020) en su estudio sobre los desafíos del Estado Colombiano al aprovechamiento ilícito de oro y los cultivos de uso ilícito en San José de Fragua (2020) existen pocos estudios y poca documentación oficial frente a esta actividad de economía ilícita. Frente a los impactos, evidencia las afectaciones por deforestación y el vertimiento de mercurio como los principales impactos ambientales. Frente los impactos sociales, la expresión de conflictos por la explotación minera y los cultivos de uso ilícito, la llegada de grupos armados y el aumento de la violencia, especialmente una vez las FARC firmaron el acuerdo de paz y el consecuente ingreso de otros grupos armados que luchan por el control de las economías ilícitas.
Si bien con la firma del Acuerdo de Paz cambiaron las dinámicas de control que los actores armados ejercían sobre estas dos economías y se establecieron planes y proyectos para lograr una transformación integral del territorio y la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, los compromisos del gobierno no fueron aceptados por todos los productores, y quienes sí se vincularon a las iniciativas no han recibido los subsidios y apoyos a tiempo. Con demoras de más de un año en la implementación de programas como el PNIS, muchos campesinos cultivadores han optado por volver a las siembras ilícitas, mientras que otros se han trasladado a la actividad de extracción de oro.

Ubicación
Departamento: Caquetá
Municipio: San José del Fragua, El Cristal
Otros Departamentos, otros municipios y veredas: Vereda El Cristal; río el Zabaleta; Vereda la Primavera; ríos Fragua Grande y Yurayaco; rio Fragua Chorroso.
Otros datos de ubicación: Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi.
Causas
Presencia de minería aurífera informal de veta y aluvión, sin títulos mineros, con uso de mini-dragas y maquinaria en algunas veredas San José del Fragua, Caquetá. Esta actividad genera contaminación hídrica por uso de mercurio, pérdida de biodiversidad, conflictos comunitarios y con la institucionalidad.
En la zona se ha identificado una falta de oportunidades económicas, en donde varias investigaciones ha encontrado que es más fácil sacar un bulto de coca que de plátano, y lo que ha reemplazado en parte a los cultivos de coca para uso ilícito, es la minería informal (Guiza, et al. 2020). A todo esto toca sumarle el crecimiento de la población que se ha dado. La minería y los cultivos de uso ilícito son dos actividades económicas que se han venido alternanndo históricamente en el municipio.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|
Resguardos Indígenas El Portal, Las Brisas, San Antonio del Fragua, San Miguel y Yurayaco. | Mineros | Autoridades mineras nacionales y locales; Ejercito Nacional; Fuerza Aérea; Policía; Fiscalía;Tropas de la VI División;Comando áereo de combate No 6. CTI; SIJIN | CORPOAMAZONIA | Otros grupos armados ilegales |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Deforestación Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) | Impactos Sociales, Culturales y Económicos Primarios Militarización y aumento de la presencia policial Impactos Sociales, Culturales y Económicos Secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, Culturales, Económicos División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad |
Momentos Clave
- Arribo de mineros de Cauca y Putumayo a San José del Fragua.
- Cobro de extorsiones por parte de las extintas FARC a los mineros informales.
Aumento de minería tras la desmovilización de las FARC por la disminución de oferta en trabajos relacionados con cultivos de uso ilícito.
- Aumento de deforestación en el municipio.
- Municipio priorizado para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
Expedición de la ley 1892 de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO”, HECHO EN KUMAMOTO (JAPÓN) EL 10 DE OCTUBRE DE 2013.
- Inicio de operaciones conjuntas entre Fiscalía, Ejército y Fuerza Aérea contra la minería informal en la vereda El Cristal, con resultados como la captura de personas, incautación de maquinaria y el inicio de procesos penales.
- 10 de Agosto Operativo en la vereda Cristales donde se detiene a tres personas y se inicia procesos judiciales.
Operativo en la vereda el Cristal por Corpoamazonía detención de dos ciudadanos y destrucción de 5 motores. Emisión de concepto técnico remitido a la Policía Nacional.
- Por medio de la Ley 685 se expidió el Código de Minas.
- Continuación de operativos militares contra 8 minas que fueron desmanteladas, así como dragas incautadas.
Fuerza Aérea Colombiana en una operación conjunta con el Ejército, coordinada con la Policía e interagencial con la Fiscalía, dio un importante golpe a la minería ilegal en zona rural de la vereda “La Primavera”, municipio de San José del Fragua en el departamento de Caquetá. Fue así como se logró ubicar y destruir material empleado para la extracción ilícita de yacimientos mineros a cielo abierto; a su vez, durante la operación se llevó a cabo la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del GAO’r E62 “Miller Perdomo”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Florencia, donde se les imputará el delito de extracción ilícita de yacimiento minero y daño en los recursos naturales.
Diciembre Operativo conjunto contra la minería ilegal en San José del Fragua (Caquetá).
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¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería informal de oro en San José del Fragua [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-informal-de-oro-san-jose-del-fragua
Minería ilegal en Puerto Guzmán
Descripción
El municipio de Puerto Guzmán ubicado a orillas del río Caquetá, fue creado en 1992, cuenta con 4.569 km2, de los cuáles 3.543 km2 están declarados como área forestal protectora productora Mecaya-Sencella, y según lo indica Corpoamazonía aproximadamente el 45% del territorio se encuentra definido por el Estado para adelantar exploración y explotación de hidrocarburos. La densidad poblacional del municipio es baja y la mayoría de la población vive en zonas rurales. La problemática socioambiental que se presenta actualmente con la minería ilegal, de explotación de oro de aluvión principalmente, está asociada a las características sociales, económicas y demográficas del municipio, además de los diferentes procesos de colonización que han marcado su historia.
La historia de Puerto Guzmán ha estado definida por diferentes momentos u oleadas de poblamiento de personas llegadas de otras zonas del país, algunas como consecuencia de la de violencia armada, y otras por la falta de oportunidades productivas. En este sentido, la minería ilegal se convirtió en una actividad económica y productiva para muchas familias sin otras oportunidades de sustento económico. Durante mucho tiempo el municipio fue un territorio de guerra, entre el Ejército Nacional, la extinta guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares, lo que también determinó su configuración socioambiental.
+ Info
Puerto Guzmán fue catalogado en 2021 por el IDEAM, como el municipio del departamento con más altas tasas de deforestación (Rutas del Conflicto, 2022), el Estado ha privilegiado el tratamiento punitivo, impulsando acciones militares y judiciales, para enfrentar la deforestación y la minería ilegal (Mi Putumayo, 2013). Frente a lo anterior las comunidades han expresado su inconformidad, especialmente frente a las respuestas institucionales estatales que buscan resolver la problemática desde acciones policiales y judiciales, y atacando al pequeño productor (HoyNoticiasAgenciadeMedios, 2018), adicionalmente la inconformidad de las comunidades radica precisamente en la falta de otras oportunidades económicas ya que la minería ha sido fuente de subsistencia para muchas familias. La respuesta de las instituciones estatales locales, como la Alcaldía y la Gobernación, es que van a buscar apoyo de las instituciones del Estado del orden nacional para generar proyectos productivos.
Por otro lado, la dirección territorial de Corpoamazonía en Putumayo, ha explicado la necesidad de emprender acciones contra la deforestación y la minería ilegal. Por lo cual, a nivel institucional estatal, se crea la “”Burbuja de Medio Ambiente”” estrategia que inició en el departamento de Caquetá, posteriormente en Putumayo y finalmente en el departamento del Amazonas. Esta respuesta estatal cuenta con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía Nacional y otras instituciones estatales, para ubicar y judicializar a las personas responsables de la tala de bosques naturales públicos y privados, así como de la minería ilegal. Además de esto, se han llevado a cabo varios operativos, que han implicado la destrucción de maquinaria y la detención de personas vinculadas a la minería ilegal (Policía Nacional, 2014), con su posterior judicialización.
Los mineros y sus familias protestan ante las instituciones estatales denunciando el abandono y la falta de ayuda estatal para legalizar su actividad, según ellos el estado y los gobiernos si otorgan otros permisos para explotaciones petroleras en el municipio sin tener en cuenta las afectaciones ambientales (Hoy Noticias Agencia de Medios, 2018). En este sentido, es importante destacar que la explotación minera y petrolera viene afectando gravemente las fuentes hídricas. Muchas comunidades están en riesgo por las inundaciones y las afectaciones que causa la actividad minera y el cambio de cauce de los ríos y afluentes. En este sentido es importante comprender que hay familia y mineros que viven de esta actividad a falta de otras alternativas, también al parecer hay grupos armados al margen de la ley que hacen uso de esta actividad, por eso es importante intentar diferencias ambos actores para evitar estigmatizaciones hacia las familias mineras.
En el año 2023 continúan y casi que han aumentado los operativos contra la minería ilegal en Puerto Guzmán contra la minería ilegal con operativos en los meses de enero, abril y septiembre, la destrucción de dragas sobre el río Caquetá, la incautación de maquinarias y equipos artesanales, así como de insumos, en el municipio de Puerto Guzmán, en las veredas San Roque y la Sexta División del Ejército Nacional ha adelantado más de 30 operaciones militares contra la exploración y explotación de yacimientos mineros. “”Con este resultado se logra una reducción del impacto ambiental en aproximadamente 6 hectáreas. “Se evitó la contaminación de fuentes hídricas de la región, es de resaltar que el valor aproximado que se invierte para la recuperación del daño ambiental es cercano a los $696.000.000. De acuerdo a la información recopilada, con esta operación se afectan las economías ilícitas del GAO-r Estructura 48 Comandos de Frontera por un valor de $1.270.000.000.”, dice el Ejército.””( WRadio, 2023). De otro lado durante el año 2023 se ha dado un ejercicio de acercar a la institucionalidad al municipio de Puerto Guzmán. Para el actual gobierno en cabeza de Función Pública, es prioritario el acompañamiento y fortalecimiento institucional de Puerto Guzmán por su biodiversidad y riqueza natural; y las problemáticas de narcotráfico, y minería y economía ilegal que aquejan al municipio. Por ello se llevó a cabo una jornada con aproximadamente 40 instituciones como una apuesta para materializar el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026: Colombia potencia mundial de la vida, Función Pública lleva “”Juntémonos, el festival para tejer lo público”” a Puerto Guzmán (Putumayo), para acompañar al municipio en su fortalecimiento institucional, propiciar el ordenamiento territorial alrededor del agua y el cuidado del medioambiente.
Con las entidades participantes, la comunidad accedió a información, sobre trámites y servicios en temas como formalización minera, oferta educativa, apoyo a emprendimientos y proyectos productivos, formalización laboral, entre otros. Uno de los trámites más solicitados por la comunidad fue el registro en el sistema Génesis para los mineros artesanales y de subsistencia. Para acceder al trámite, los interesados deberían contar con: Documento de identidad en físico, Correo electrónico, Fotocopia del Registro Único Tributario RUT con fecha de expedición no mayor a 30 día, Fotocopia del SISBÉN. “”Para el Gobierno del Cambio y Función Pública es prioritario el acompañamiento y fortalecimiento institucional de Puerto Guzmán por su biodiversidad y riqueza natural; y las problemáticas de narcotráfico, y minería y economía ilegal que aquejan al municipio.”” (Ministerio de Educación, 2023)”

Ubicación
Departamento: Putumayo
Municipios: Puerto Guzmán
Otros Departamentos, otros municipios y veredas: Vereda la Selva; Santa Lucía; El Jauno; Vereda San Pedro Guadalupe; Centro poblado José María;Vereda La Mana; Vereda San Roque; Vereda la Chorrera; Vereda Los Corrales.
Otros datos Ubicación: Río Mandur; Rio Caquetá; Río Mecaya;
Centros poblados con alertas de EVOA en Agua: José María; Mayoyoque; El Gallinazo; San Roque.
Causas
Las causas que han generado el conflicto por la minería artesanal ilegal en Puerto Guzmán, están asociadas a la historia de poblamiento de esta región, las características socioeconómicas y demográficas, y determinada por procesos de colonización y de violencia armada. Así mismo otra causa, está relacionada con la manera como los pobladores de este municipio históricamente han resuelto su economía y subsistencia, quienes debido a la marginalidad y abandono estatal han encontrado en la minería y otras economías ilegales una fuente de recursos económicos. Puerto Guzmán es un municipio que ejemplifica, los patrones de poblamiento de la Amazonia colombiana, su historia construyó un modelo de ordenamiento territorial alrededor de los procesos de colonización asociados a bonanzas productivas y económicas en la explotación de recursos naturales. (Uribe, 2020)
+ Info
Los cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva, la minería artesanal, la explotación petrolera son algunas de las actividades económicas predominantes en Puerto Guzmán, lo cual nos demuestra una economía extractiva que depende de ciertas bonanzas. El municipio ha estado marcado por diferentes olas de violencia y por la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley. Algunas actividades productivas están causando graves afectaciones a los ecosistemas, la principal problemática está asociada a los altos niveles de deforestación por la ganadería extensiva, la minería y la explotación petrolera.
Algunas familias del municipio se han dedicado por generaciones a la extracción de oro de manera artesanal, como una actividad para garantizar su subsistencia, dicha actividad más recientemente ha vinculado maquinaria pesada y está causando contaminación de los ríos Caquetá, Mandur y sus afluentes. Según el informe: Colombia Explotación de Oro de Aluvión de UNODC, las alertas del monitoreo de evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), a partir de percepción remota muestran que Puerto Guzmán es uno de los municipios con alerta por presencia de EVOA en agua 2019.Según el informe Colombia Explotación de Oro de Aluvión de UNODC, Puerto Guzmán es uno de los municipios con alertas por EVOA en agua.
Actores
Comunidades Comunidades | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Resguardos indígenas La Aguadita; Calenturas; El Descanso; Villa Catalina de Puerto Rosario; Porvenir La Barrialosa y Alpamanga; de las etnias Inga y Páez (Nasa). | Mineros: Cooperativa Multiactiva de Mineros de Puerto Guzmán La Guaca; Asociación de Ex mineros de Tradición con Conciencia Ambiental; Asociación de exmineros de Tradición con Concienca Ambiental | Agencia la Burbuja del Medio Ambiente; Alcaldía de Puerto Guzmán; Gobernación del Putumayo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mesa técnica institucional para la sustitución de la minería ilegal; Ejército Nacional de Colombia Brigada de selva No. 27; Policía Naciona;l Batallón de Infantería N.º 25; Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 33; Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Sur; la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y tropas del Batallón de Infantería N.° 25. | CORPOAMAZONIA | Otros grupos armados ilegales. | Cartel de Sinaloa; Frente No 1 de las Disidencias de las FARC; Grupos Armados Organizados; Comandos de Frontera. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales | Expresiones visibles del CSA - Acciones o repertorios de movilización |
---|---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Otros Impactos Ambientales Secundarios Deforestación Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) | Impactos Sociales, Culturales y Económicos Primarios Militarización y aumento de la presencia policial Impactos Sociales, Culturales y Económicos Secundarios Pérdida de medios de subsistencia
| Expresiones Visibles Protestas Otra expresión Reuniones de la alcaldía con mineros para socialización de la problemática de deforestación y contaminación por minería. Detenciones, destrucción de maquinaría, oposición por parte de las familias mineras. |
Momentos Clave
Puerto Guzmán es separado de Mocoa y elevado a la categoría de Municipio.
Adopción del primer esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Puerto Guzmán.
- Plan Colombia. El municipio se convierte en una zona de guerra entre el Ejército y la Guerrilla de las extintas FARC.
- Las fumigaciones de coca con glifosato, las masacres y los falsos positivos desocuparon veredas completas.
- Movilización social en contra de la contaminación del río Mandur a causa de la minería.
- Decreto 200-022 No 154 por el cual se prohíbe y suspende la explotación de minería ilegal en el Municipio de Puerto Guzmán.
- Creación del mecanismo de la Burbuja del Medio Ambiente contra la minería ilegal y la deforestación.
- Mesa técnica alternativa para la sustitución de la minería ilegal para el municipio de Puerto Guzmán.
- Salida de las tropas del Frente 32 de las extintas FARC.
Capacitación de barequeros de Puerto Guzmán por parte de la Alcaldía.
Según el informe Colombia Explotación de Oro de Aluvión de UNODC Puerto Guzmán es uno de los municipios con alertas de explotación de oro en agua.
Ejército Nacional con las comunidades logra la siembra de más de un millón de árboles en el Departamento del Putumayo.
Cerca de 12 familias, quienes se dedicaban a la minería artesanal; consolidaron un proyecto que buscaba dar un giro a la economía de esta comunidad, vereda San Pedro de Guadalupe.
- Enero. Vereda Los Corrales, jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, lograron ubicar e intervenir dos unidades de producción minera.
- En el mes de Abril Unidades de la Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y coordinadas con la Policía Nacional en el departamento del Putumayo, incautaron maquinaria y equipos artesanales que eran utilizados para la extracción ilícita de yacimientos mineros en el municipio de Puerto Leguizamo sobre el río Mecaya.
- Septiembre. Intervención de dio en la vereda La Chorrera, en el municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, donde se intervino una unidad de producción minera, de la cual se estimaba una extracción de 4 kg de oro al mes, con un valor aproximado en el comercio de 920 millones de pesos. Adicionalmente, en el lugar fue destruida una excavadora empleada para el desarrollo de esta actividad ilícita y fueron capturadas dos personas.
- 22 y 23 de Septiembre Función Pública, como entidad encargada de materializar en el sector público el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida, estuvo en el municipio de Puerto Guzmán con 40 entidades, en “Juntémonos, el festival para tejer lo público”, entre otros temas se trataron los temas de formalización minera.
El Gobierno de Venezuela emprendió una cruzada para sacar a miles de personas de la reserva natural de Yapacana mediante la operación Autan, que durante décadas ha sido arrasada por la extracción ilegal de oro a cielo abierto, lo que generó un retorno de mineros colombianos a Inírida. De acuerdo al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo que más de 11.594 mineros ilegales fueron desalojados de Yapacana, una gran parte de ellos de nacionalidad colombiana.
La Defensoría del pueblo emitió la Alerta Temprana 03 de 2023 en la que se advierte la situación que enfrentan los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe. La Alerta Temprana también advierte que las poblaciones indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los Ríos Inírida, Atabapo y Guainía son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
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¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería Ilegal en Puerto Guzmán [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-ilegal-puerto-guzman
Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón en Guaviare
Descripción
El corredor río Guaviare en conexión con Venezuela está ubicado en el suroriente del país y es el que divide las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Está conformado por 4 departamentos –Meta, Vichada, Guaviare y Guainía– y 8 municipios alrededor del afluente principal, con presencia ancestral de los pueblos indígenas Sikuani, Piapocos, Piaroas, Puinaves, Curripacos, Cubeos y Jiw, además de población Nükak, desplazada por el conflicto armado (Comisión de la Verdad, 2022).
Debido a las prácticas de minería de grava que se viene desarrollando en el río Guaviare, en las zonas colindantes a los resguardos indígenas el Refugio, Barrancón y La Fuga, en los que habitan en la actualidad indígenas de distintas etnias como son los Jiw, Cubeo (Tucano Oriental) y Nükak, los habitantes de estos resguardos sienten que esta minería les está trayendo una afectación a sus prácticas culturales ancestrales, al igual que sienten que también está generando impacto sobre la pesca en el río Guaviare (Caracol, 2022). Otra de las percepciones que tienen los indígenas habitantes de estos resguardos, es que el desarrollo de esta minería les está afectando su movilidad puesto que ya no pueden circular por ciertos lugares que tradicionalmente recorrían como lo señalaron en el taller del 2022 que se adelanto en el marco del proyecto del atlas de CSA en San José del Guaviare.
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Los indígenas habitantes de estos territorios, señalan que ellos consideran que se les esta afectando de tal manera su diario vivir con esta actividad, que debió haberse hecho consulta previa antes de adelantar cualquier tipo de actividad que afectara el río Guaviare (Caracol, 2022). Igualmente, señalan que en algunas zonas donde se está haciendo minería hay sobrelapamiento con las zonas de resguardo, por lo que no comprenden por que se está haciendo esta minería. Adicional a la minería con licencia ambiental, también se viene dando la actividad de minería informal de grava, en donde la falta de verificación y control de la actividad por parte de las autoridades estatales competentes, ha generado una actividad económica para pescadores de gravilla, quienes de manera permanente están haciendo esta práctica sin ningún tipo de permisos, y expuestos a ahogamientos en el río Guaviare por hacer esta actividad sin ningún tipo de medidas de seguridad (Caracol, 2020). Hacia el 2019, algunos pescadores de gravilla en medio de estar en esta práctica se ahogaron (Caracol, 2019). Respecto a la minería informal de gravilla, las autoridades han hecho operativos para decomisar los elementos con las que hacen esta práctica de manera irregular (El Morichal, 2019). Por otra parte, también los mineros legales ven engorrosos todos los procedimientos legales para poder desarrollar su actividad económica de manera legal, y ven en contraste como si se desarrolla en algunas zonas la actividad sin ningún tipo de regulación (Caracol, 2020).
En el 2023 desde el Sinchi se contactó a personas que tuvieran conocimiento respecto a si se habían dado algunas nuevas situaciones sobre este CSA socioambiental a lo largo del 2023, puesto que no se encontró ningun hallazgo de información secundaria para ese año, sin embargo, las personas contactadas señalaron que no era posible seguir suministrando información.

Ubicación
Departamento: Guaviare,
Municipios: San José de Guaviare
Otros Municipios: Río Guaviare cerca a los Resguardos del Refugio, La Fuga, Barrancón, veredas Puerto Colombia, Progreso, Cámbulos.
Otros datos Ubicación:Resguardos del Refugio; La Fuga; Barrancón; veredas Puerto Colombia; Progreso; Cámbulos; Parcelación Santa Lucia.
Causas
Dentro de los reclamos que hacen las comunidades indígenas que habitan los resguardos de El Refugio, Barrancón y La Fuga, es que no se les hizo consulta previa para poder hacer el aprovechamiento de minería de grava en el río Guaviare que esta cercano a los resguardos donde habitan (Caracol, 2022). Las comunidades indígenas no están de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en el río Guaviare, puesto que señalan que esto está afectando sus sitios sagrados y culturales, además de estar afectando su base alimenticia, tal como lo manifestaron en la jornada de taller que se hizo en San José del Guaviare en agosto de 2022.
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Adicional a esto, en el caso del resguardo de La Fuga, de acuerdo a lo señalado en Tierra en Disputa (2016) ha habido ocupación del territorio, en algunos casos generado por errores de entidades estatales, como fue el caso del Incoder, que le asignó a otros actores tierras del Resguardo, desconociendo la presencia de comunidades indígenas en la zona, con las implicaciones que esto conlleva en términos de consulta previa para el desarrollo de determinadas actividades (Tierra en Disputa, 2016). De acuerdo a lo previamente señalado, para el caso del resguardo de La Fuga, las comunidades indígenas señalan que hay minería ilegal por un proceso de ocupación. Por otra parte, otra de las causas generadoras de tensiones sociales, es la visión de los pescadores de gravilla, quienes desarrollan la actividad de manera informal, y alegan que no se les esta permitiendo ejercer su actividad económica y que tampoco se les esta dando soluciones para poder sobrevivir (Caracol, 2017).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|---|
Jiw, Cubeo (Familia lingüística de los Tukano Oriental) y Nükak | Comunidades campesinas y afros; comunidades de mineros de informales | Agencia Nacional Minera-ANM, Mininterior, Fuerzas Militares, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Agencia Nacional de Tierras - ANT, Gobernación Guaviare, Alcaldía San José, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. | Cantera Lajitas, Asogravic. | CDA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |
---|---|
Impactos Ambientales Primarios Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impactos Ambientales Secundarios Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros Impactos Ambientales Afectación del componente ambiental geomorfo | Impactos Sociales, culturales y económicos primarios Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impactos Sociales, culturales y económicos secundarios Pérdida de medios de subsistencia Otros Impactos Sociales, culturales y económicos Despojo de tierras |
Momentos Clave
Desconociendo el territorio de los Jiw, el Incoder creó la parcelación Santa Lucía dentro de la Reserva Indígena, adjudicando tierras a 62 familias desplazadas por el conflicto armado.
Los Jiw del Resguardo La Fuga, junto a la Unidad de Restitución de Tierras del Meta, interpusieron una demanda ante un juzgado de San José del Guaviare para reclamar sus derechos territoriales.
Las autoridades estatales hacen operativos de control sobre la minería informal de gravilla, en donde en uno de los operativos sancionan a 12 personas.
Mediante la resolución 00553 de 2018, la ANLA designa a la CDA como autoridad competente para otorgar Licencia de ambiental para Exploración de materiales de construcción en los municipios de Puerto Concordia (Meta) y San José de Guaviare (Guaviare).
Audiencia Pública de la Agencia Nacional de Minería, municipio de San José del Guaviare, Guaviare.
- Reunión interinstitucional de nivel departamental para revisar avances en el plan de acción del convenio suscrito entre la OPIAC y el Ministerio de Minas y Energía
- Asamblea general del resguardo Barrancon y Veredas Aledañas, donde se hizo una citación de CDA, Ministerio de Interior y Fuerzas Armadas.
- Solicitud del resguardo a la Procuraduría Regional del Guaviare para que acompañe la rendición de cuentas del contrato de concesión IJH-10531.
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¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de grava en los resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#mineria-de-grava-en-los-resguardos-del-refugio-la-fuga-y-barracon
Minería en los ríos San Pedro y San Francisco
Alto Putumayo
Descripción
El río San Pedro nace en el páramo de Bordoncillos, en zona montañosa del valle del Sibundoy, en la cuenca alta del río Putumayo. Desde allí sigue su curso hasta la zona plana del valle en un recorrido de 7 kilómetros. Con la creación del Distrito de Drenaje del valle de Sibundoy en 1964 el curso natural del río fue alterado para convertirlo en canales de riego a lo largo del valle (Corpoamazonia, 2013). Las aguas del río San Pedro pasan por Colón y Santiago y, en su parte alta, corresponden a la jurisdicción del municipio de Sibundoy, mientras que la parte baja a Colón. Después de pasar por el distrito de riego las aguas desembocan en el río Putumayo y se dirigen al medio y bajo Putumayo. El río San Francisco también nace en el páramo de Bordoncillos, más al oriente que el San Pedro, y es la fuente de agua del municipio que lleva el mismo nombre. Desemboca en el río Putumayo, del cual es uno de los principales afluentes, junto con el San Pedro. Ambos ríos son las fuentes hídricas para el valle del Sibundoy.
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Según testimonios conocidos por el Instituto Sinchi en la realización de talleres para la identificación de conflictos socioambientales en el alto Putumayo, distintos sectores ven en actividades de minería en el río San Pedro, San Francisco y en quebradas afluentes como Quinchoa, Balsayaco y Secayaco una problemática importante en la región. Las comunidades indígenas Inga y Kamentsá, que habitan las laderas y la zona plana, denuncian que la minería de materiales de construcción ha contaminado fuentes hídricas, erosionado la ribera de los ríos y disminuido el flujo hídrico. Los sectores campesinos e institucionales señalaron, por su parte, que actividades extractivas han tenido efectos negativos sobre la calidad y el volumen de las aguas que en la zona plana y en centros urbanos reciben, por cuenta de los sedimentos y la contaminación que transporta desde zonas altas.
Se tiene conocimiento de extracción aurífera en la cuenca alta del río San Pedro desde época colonial, pero la disponibilidad de este mineral es baja e implica bastante esfuerzo y afectaciones ambientales, así que en la actualidad solo pocas familias agremiadas en la Asociación de Mineros de Colón se dedican a esto (Alcaldía de Colón, 2009). Los yacimientos son principalmente aluviales y en menor medida de veta (UPME, 2013). La comunidad Kamentsá comentó que el uso de mercurio se hace desde más de cinco décadas.
Por otra parte, la extracción de materiales de construcción como gravas y arenas se realiza en algunas locaciones de la parte alta de laderas del San Pedro y San Francisco, pero principalmente en la llegada al valle antes de entrar al Distrito de Riego. Esta actividad se lleva a cabo desde hace décadas igualmente, pero ha aumentado con el cambio de siglo (ANM, 2018). En 2007 se solicitó la primera licencia ambiental formal para minería de materiales de construcción, a la cual Corpoamazonia dio visto bueno en 2008 (Corpoamazonia, 2009), y desde entonces ha aumentado la intensidad de la extracción. El sector institucional ha encontrado que la extracción de materiales es realizada por familias con métodos artesanales y que se trata de actividades de subsistencia principalmente, cuyo producto venden a terceros para la construcción de vivienda o infraestructura vial (Alcaldía de Colón, 2009). Los actores consultados en los talleres tienen el recuerdo de que la pavimentación de la vía Pasto – San Francisco en la década de 1990 (Buchely y Tulcán, 2009) utilizó vastas cantidades de materiales extraídos de la cuenca del río San Pedro, y las actividades de mantenimiento en años posteriores también se han alimentado de esta fuente. Por eso, según los actores escuchados en los talleres, la propuesta de pavimentación de la actual vía San Francisco – Mocoa y la construcción de la misma variante, continuación de la Ruta Nacional 10 que es parte del Proyecto IIRSA de integración económica a partir del avance de la infraestructura regional del sur del país, plantea dudas por el impacto ambiental que los requerimientos de materiales de construcción podrían tener sobre los ríos San Pedro y San Francisco y otras quebradas afluentes en las que hay locaciones extractivas.
La extracción de materiales tiene lugar en distintas partes del cauce de los ríos según el tipo de material. Material sedimentario de mayor tamaño, es decir piedras y gravas gruesas, se encuentra antes de la zona de planicie, donde la mayor inclinación del terreno promueve el descargue de estos sedimentos desde la parte alta de la cuenca. Por otro lado, gravas finas y arenas son obtenidas en la ribera del río en las zonas de planicie inundable que antes de la canalización del Distrito de Drenaje manejaba el río San Pedro. Los métodos de extracción son artesanales y por lo general siguen la técnica de “sistema de agua montada o arrimada”, que consiste en generar derrumbes en barrancos sobre el río para que el flujo de agua ayude a separar los elementos (Alcaldía de Colón, 2009). Sobre el río San Francisco resalta la extracción de piedra caliza y de mármol, además de material de arrastre.
Hay registros de que la calidad del agua de Colón y otros municipios del valle del Sibundoy ha fluctuado en los últimos años de buena a regular (Corpoamazonia, 2012; Instituto Nacional de Salud, 2019), aunque hay otros factores que también contribuyen a la contaminación de fuentes hídricas en el alto Putumayo. El efecto percibido por las comunidades locales relacionado a variaciones en el flujo hídrico normal del río San Pedro, por ejemplo con marcados periodos de inundaciones y sequías, podría estar relacionado a afectaciones a la ronda hídrica del río ocasionadas por la remoción de capa vegetal. Sin el aporte de la función reguladora de los procesos de acumulación y liberación de agua que hace la capa vegetal alrededor del curso de los ríos, las cuencas medias y bajas reciben volúmenes variables de agua altamente dependientes de la temporada (Díaz et. al., 2014). La alcaldía de Colón y la gobernación del Putumayo han hecho proyectos para restaurar áreas erosionadas por la actividad minera en la cuenca del San Pedro (Gobernación de Putumayo, 2021), pero según la información recogida en el taller las problemáticas perduran.
De otro lado, la deficiente construcción del Sistema de Drenaje del valle del Sibundoy aumenta los problemas con la gestión del agua en la parte plana (Corpoamazonia, 2012), pues recoge los sedimentos que transporta el río y los canales quedan bloqueados, lo cual propicia desbordamientos e inundaciones a la llegada de flujos hídricos al valle, a lo que se suma que la planta de tratamiento de aguas residuales que procesa las aguas del río San Pedro no funciona (Díaz et. al., 2014). En temporada de lluvias, las constantes inundaciones han puesto en riesgo la infraestructura de la región y han restringido la movilidad (Alcaldía de Colón, 2016). Las crecidas del San Pedro han destruido el puente que conecta a Colón y Sibundoy en varias ocasiones (El Tiempo, 2022; 2001).
Autoridades ambientales han determinado desde hace una década que afectaciones a las fuentes hídricas y a la ronda hídrica de los ríos del alto Putumayo han tenido impactos sobre poblaciones de fauna locales, particularmente peces y aves, que registran poblaciones menores que otras zonas del departamento (Corpoamazonia, 2012). Si bien la minería no es la única actividad que genera afectaciones ambientales en el alto Putumayo, la alta biodiversidad que caracteriza a esta región (un hotspot de biodiversidad mundial) ha sido uno de los motivos para que las comunidades indígenas busquen reducir actividades extractivas allí. Aunque en los talleres realizados por el Sinchi no surgieron posiciones divergentes, hay registros de indígenas Kamentsá que han buscado obtener licencias para la extracción de materiales de arrastre sobre el río San Francisco (ANM, 2018), lo que podría indicar desacuerdos internos en torno a la gestión de los recursos naturales.

Ubicación
Departamento:Putumayo
Municipio: Colón
Otros Municipios: Sibundoy, San Francisco, Santiago.
Otros datos de ubicación: Resguardos Inga y Kamentsá del alto Putumayo, Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del río Mocoa.
Causas
Los conflictos relacionados a la minería en los ríos San Pedro y San Francisco, además de otras quebradas afluentes en el alto Putumayo, están asociados al crecimiento de la actividad económica y de la población en el valle del Sibundoy. Si bien los municipios del valle tienen planes de ordenamiento territorial, estos han tenido un alcance limitado en la regulación y expansión de actividades extractivas en la región, lo que ha puesto en riesgo el suministro de agua para la población local.
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Por su ubicación estratégica entre los Andes y el Amazonas, el valle del Sibundoy se ha convertido en un punto importante para la extracción de recursos naturales para proyectos de infraestructura en la zona. El crecimiento de centros urbanos como Sibundoy y San Francisco en las últimas décadas, o la construcción de vías en la región como la carretera Pasto – Mocoa, han impulsado la extracción de materiales de arrastre sin regulaciones formales a la actividad. Los consecuencias ambientales de esta actividad han sido conocidas desde hace algunas décadas, pero en los últimos años el efecto erosivo de la minería en la cuenca de ríos y quebradas ha generado mayores impactos socioambientales y posiciones encontradas entre actores.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|
Comunidades Inga y Kamentsá del alto Putumayo. | Asociación de mineros de Colón, asociaciones mineras del alto Putumayo. | Alcaldías de Sibundoy, San Francisco, Santiago y Colón; Agencia Nacional de Infraestructura, INVIAS, Ministerio de Vivienda; Gobernación del Putumayo. | CORPOAMAZONIA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos | Otros |
---|---|---|
Impacto ambiental principal Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impacto ambiental secundario Erosión / Desertificación Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) | Impacto social, cultural y económico principal Afectación a temas de salud Impacto social, cultural y económico secundario Apropiación privada de áreas Otros impactos sociales, culturales y económicos División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad | Expresiones visibles del CSA - Acciones o repertorios de movilización Denuncias públicas Otros Las comunidades indígenas han denunciado la presencia de actividades extractivas en áreas de resguardo y han realizado marchas y pronunciamientos públicos a nivel local para regularlas |
Momentos Clave
1964: creación Distrito de Drenaje valle del Sibundoy, canalización y desvío del río San Pedro y San Francisco.
Aumento de población en valle del Sibundoy y crecimiento de centros urbanos y de infraestructura.
Pavimentación vía Pasto – San Francisco.
Primera solicitud de licencia ambiental para la extracción de material de arrastre.
Aumento informal y formal de actividades extractivas de material de arrastre.
Obras de mantenimiento vía Pasto – San Francisco.
Obras para frenar procesos de erosión sobre río San Pedro.
Inundaciones y daños a la infraestructura regional por crecida de los ríos y descargue de sedimentos de gran tamaño sobre obras públicas.
En los talleres adelantados en el Alto Putumayo de diálogo territorial para la identificación, priorización y caracterización de CSA en el 2024 los participantes señalaron que se ha continuado y aumentado la minería.
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¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#minería-oro-rios-inirida-atabapo-guainia
Minería de oro en el río Puré
Descripción
El río Puré nace en el interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo en el departamento del Amazonas. Tiene aproximadamente 250 kilómetros de longitud antes de cruzar la frontera a Brasil, donde confluye con el Caquetá, en una zona de planicies por debajo de los 200 m.s.n.m. compuesta en su mayoría por bosques de galería en tierra firme y en menor medida bosques inundables. Los principales afluentes son las quebradas Aguablanca y Aguanegra, pero en general es una zona rica en humedales y pantanos por la formación de meandros del río Puré y la amplia disponibilidad de agua en quebradas y caños afluentes (Parques Nacionales, 2004).
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En 2002, con la resolución 0764 del 5 de agosto, el Ministerio de Ambiente declaró y delimitó las 999.880 hectáreas que conforman el Parque Nacional Natural Río Puré (Minambiente, 2002). El área se proyectó como una expansión del sistema de áreas protegidas en el noroeste amazónico, pues conecta varias figuras de conservación ambiental del lado colombiano y del lado brasileño con el que es fronterizo. También se identificó como importante la conservación de los complejos de humedales de la cuenca. Además, el área del resguardo corresponde a territorios que han sido históricamente habitados por la etnia Yurí, Arojes o Caraballo, comunidad indígena en estado de no contacto o en aislamiento voluntario, así como por otros grupos indígenas que mantienen relaciones en distinto grado con la sociedad mayoritaria (Minambiente, 2022). En vista de estas particularidades se definieron dos zonas en el parque: la zona intangible y la primitiva. La primera está destinada a la preservación cultural de los Yurí y en ella está prohibida cualquier alteración externa al medio ambiente; la segunda está destinada a la conservación ambiental y en ella puede hacerse investigación científica.
La minería de oro en el río Puré inició en la década de 1990. Según testimonios de indígenas recogidos por investigadores, desde los ríos brasileños comenzó a entrar población mestiza que introdujo el uso de dragas en la región (Franco, 2012). Del lado brasileño, el avance de la minería siguió el camino del río Japurá (río Caquetá) hacia el occidente hasta llegar al Puré. Desde entonces la extracción minera ilegal se ha identificado en numerosos puntos del río, principalmente en Brasil, pero con cada vez mayor frecuencia en el lado colombiano se han visto enclaves mineros. En los últimos 10 años la presencia de dragas ha aumentado drásticamente, pasando de registros de 20 a más de 200 dragas (El Espectador, 2023), y el incremento de evidencias satelitales de extracción aluvial aurífera sobre el río ha alertado sobre la conformación de un nuevo eje extractivo en la región amazónica en esta cuenca (UNODC, 2022). Los puntos de extracción han penetrado la zona intangible del parque y cada vez se cuentan más. Según datos de información georreferenciada, en 2020 las balsas y dragas mineras estaban a 100 kilómetros de asentamientos Yurí, y en 2022 estaban a solo 10 kilómetros (El Espectador, 2023a). El riesgo de contacto inminente hace peligrar la determinación propia de los Yurí de permanecer en aislamiento y además aumenta la posibilidad de transmisión de enfermedades para las que los indígenas de la zona no han desarrollado defensas, como ha sucedido en otros casos de contacto con comunidades aisladas (Rutas del Conflicto, 2021).
La minería de oro de aluvión consiste en la remoción del lecho del río y de la cobertura vegetal a su alrededor en busca de pequeñas partículas de oro. Estas partículas están entremezcladas con los sedimentos, arenas y gravas que durante largo tiempo se han depositado en la superficie por donde pasan los ríos. Dado que los ríos cambian de recorrido con el tiempo por la formación de meandros, la extracción aurífera aluvial destruye la superficie de la ronda hídrica de segmentos enteros de los ríos, como demuestran imágenes satelitales en zonas mineras aluviales (FCDS, 2023). Si bien las cifras de deforestación en el Parque Nacional Natural del río Puré por extracción aurífera no alcanzan las dimensiones de otras regiones, hay evidencias de cambios de cobertura y degradación de bosques por actividad humana en cientos de hectáreas que bordean el río y sus afluentes (Cañas, 2020; UNODC, 2022). Por otra parte, la erosión que genera la remoción de grandes masas de tierra de la ribera o el lecho del río altera la geomorfología del cauce, incrementa la turbidez del agua, afecta los sistemas bióticos del río hasta desplazarlos a otros sectores e interrumpe las dinámicas de flujos hídricos y poblaciones acuáticas (Parques Nacionales, 2020).
Otra afectación social y ambiental significativa viene del uso de mercurio y cianuro que utilizan los enclaves mineros ilegales para amalgamar el oro y separarlo de sedimentos. Se ha calculado que para la obtención de cada gramo de oro la minería ilegal requiere aproximadamente seis gramos de mercurio que, después de ser usado, es desechado a los ríos y la tierra o quemado sin ninguna regulación (Mindefensa, 2023). Los efectos del mercurio sobre ecosistemas y sobre humanos son conocidos por su documentación en otros lugares de la Amazonia. El mercurio no se degrada con el tiempo ni con procesos metabólicos, de manera que peces y otros seres vivos acuáticos de los ríos contaminados absorben este metal y eventualmente, a lo largo de la cadena trófica, se acumula y se transmite a quienes se alimentan de ellos. El resultado es que las poblaciones aledañas a cuencas contaminadas por mercurio tienen concentraciones de este metal en su cuerpo que superan ampliamente los máximos contemplados tanto por la regulación colombiana como por la normativa internacional. Según estudios hechos por el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, las poblaciones de ríos amazónicos vecinos al río Puré, casi en su totalidad indígenas, superan por 17 veces en promedio la concentración máxima recomendada de mercurio en el cabello. En base a los mismos estudios se ha incentivado la prohibición del consumo de más de 15 especies de peces que antes eran centrales en la dieta de estas poblaciones (Parques Nacionales, 2018). Los efectos de este metal en el cuerpo se hacen evidentes prontamente por afecciones dermatológicas, pero con la exposición prolongada resaltan en el mediano y largo plazo problemas neurológicos, genéticos, inmunitarios, renales y respiratorios (OMS, 2017). Dado que hay amplias zonas inundables a lo largo del cauce del río Puré, existe el riesgo de que la mancha de contaminación haya alcanzado un área mayor a la de ríos que no suelen desbordarse, lo que implicaría mayor contacto de las comunidades indígenas locales con el mercurio.
En el caso de los Yurí una de las mayores preocupaciones consiste en que, como grupo en aislamiento, no disponen de atención médica para tratar estas afecciones. Aunque no se han hecho estudios con esta población por sus características seminomádicas y de aislamiento voluntario, puede darse por hecho que han interactuado con entornos contaminados por mercurio y que han absorbido este metal indirectamente después de décadas de su uso indiscriminado en inmediaciones de sus territorios. En el mediano y largo plazo, esto representa un grave riesgo para la supervivencia de este grupo étnico minoritario. Además, por tratarse de un problema de salud relativamente nuevo, se especula que no tienen una experiencia previa en la denominación, explicación y tratamiento de estas afecciones (Franco, 2012).
La región del Parque Nacional Natural Río Puré reviste particular importancia en términos de diversidad cultural y biológica. Durante más de un siglo se pensó que la población Yurí había sido diezmada y extinta cuando dejaron de aparecer menciones de ella en documentos de mediados del siglo XIX, pero desde la década de 1960 se sospechó de su pervivencia por relatos de comerciantes perdidos, misiones de rescate, misiones religiosas, guerrilleros y narcotraficantes que transitaban la zona. Posteriormente su presencia fue comprobada por investigaciones antropológicas que avistaron malocas coincidentes con descripciones antiguas de las malocas Yurí (Nassar, 2014). Las investigaciones trazan el origen de los Yurí a los grandes cacicazgos amazónicos prehispánicos y dan cuenta de las migraciones y adaptaciones que han debido hacer en los últimos siglos hasta asentarse como grupos seminomádicos en la cuenca del río Puré. La decisión de mantenerse en aislamiento o no contacto es reconocida como deliberada por esta larga historia de violencias y afectaciones a su sociedad (Franco, 2012). Investigaciones en terreno o en sobrevuelos sobre el Parque Nacional Río Puré indican que, aparte de los Yurí, puede haber otras comunidades indígenas que también han tomado la decisión de vivir en aislamiento (Semana, 2019). Entre ellas, hay registros de supervivencia de la comunidad Passé, que históricamente se ha asociado a la Yurí, pero la información sobre esta es más limitada.
Gracias al proceso investigativo realizado en la región del río Puré, se definió en el decreto 1232 de 2018 una hoja de ruta para el tratamiento por parte de entidades estatales de poblaciones en condición de aislamiento voluntario o no contacto (Ministerio del Interior, 2018). Este decreto se buscó implementar en el funcionamiento del Parque Nacional del río Puré en vista de que, además de preservar ecosistemas ricos en biodiversidad de fauna y flora por la confluencia de aguas negras y blancas en zonas de planicies inundables, el parque funge como figura de ordenamiento territorial que protege los derechos territoriales de sus habitantes indígenas. Si bien el decreto busca respetar la determinación propia de permanecer fuera de la órbita de la sociedad mayoritaria, el caso de los Yurí demuestra que el sector institucional no ha logrado regular algunas de las presiones que llevan al contacto y a la pérdida de autonomía. Por ejemplo, el avance de la minería ilegal y los efectos del mercurio han puesto en riesgo dinámicas bioculturales de las poblaciones indígenas locales con su entorno porque alteran la estabilidad ecológica de la que dependen para su supervivencia. Para comunidades indígenas que han optado por mantener relaciones distantes o de no contacto frente a la sociedad mayoritaria, esto significa una restricción a las posibilidades de vida en su territorio y una vulneración a su derecho a decidir sobre su modo de vida (Nassar, 2014), además de los conocidos riesgos de salud por contacto con enfermedades transmisibles y por el mercurio. Las otras comunidades indígenas en aislamiento voluntario que se presumen en la región del río Puré estarían afrontando los mismos peligros, sin distinción entre la zona intangible y la primitiva. Actualmente se estima la población Yurí en cerca de 200 personas, y las cifras para los otros grupos serían mucho más reducidas (El Espectador, 2023a).
En 2023 la Unidad de Restitución de Tierras solicitó medidas cautelares para proteger los derechos de los Yurí y Passé, dado el no cumplimiento del decreto 1232 de 2018 que protege su derecho a decidir permanecer fuera de contacto de la sociedad mayoritaria (URT, 2023). Estas fueron concedidas en el auto interlocutorio 214 de 2023 del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca. En este, se ordena a entidades de varios niveles como los Ministerios de Ambiente, Relaciones Exteriores y del Interior, Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección, Corpoamazonia, Parques Nacionales, Fiscalía General de la Nación y Gobernación del Amazonas tomar acciones conjuntas para proteger las determinaciones propias de los Yurí y Passé y la estabilidad ecológica del territorio que habitan.
En los últimos años ha habido una aproximación militar en la que varias operaciones del ejército han intentado detener el avance de la minería. Se han destruido o incautado balsas y dragas o dragones estacionados sobre el río Puré (Infobae, 2024; Mi Putumayo, 2023) y detenido a varias personas, entre ellos ciudadanos brasileños que cruzan temporalmente la frontera (La Nación, 2022). En noviembre de 2024 se hizo un operativo militar que destruyó material avaluado en $55.000 millones de pesos colombianos, lo cual permite ver la escala de las rentabilidades y los intereses en juego (Caracol, 2024).
El control de actividades ilícitas en esta región se dificulta por la falta de acciones militares y jurídicas articuladas entre autoridades colombianas y brasileñas, pues es fácil para los mineros ilegales utilizar trochas ilegales o la red de ríos y quebradas para cruzar fronteras y refugiarse del otro lado (Díaz, 2021). El tránsito desde Brasil a través de los ríos es más fácil, ya que en el lado colombiano hay raudales en las conexiones fluviales que impiden el movimiento hacia el oriente. Las rentas ilícitas que genera la minería, mayores desde la subida de precios internacionales del oro en la última década, han atraído actores armados tanto colombianos como brasileños. El frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC controla algunos sectores del río, cobra extorsiones a los mineros y abre caminos para el narcotráfico, lo mismo que organizaciones criminales de Brasil como el Comando Vermelho o Primeiro Comando da Capital, y se presume la presencia del Clan del Golfo (Mongabay, 2022; Infoamazonia, 2023). Se estima que el control de estos grupos armados ilegales en la región fronteriza que atraviesa el río Puré es casi total, pues desde 2020, cuando actores armados ilegales destruyeron una cabaña de vigilancia llamada “Puerto Franco” de Parques Nacionales y amenazaron a los guardabosques para que abandonaran la zona, no hay presencia de instituciones estatales en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Río Puré y, en general, en el noroeste amazónico colombiano (Mongabay, 2023). La excepción han sido los ejercicios militares de los últimos años, pero hay actores que denuncian su inefectividad pues los operativos no llegan a los responsables de las dragas y las locaciones mineras, sino que se enfocan en los eslabones más débiles de la minería ilegal como los indígenas que, sin alternativas económicas o forzados violentamente, trabajan en los enclaves mineros (Mongabay, 2022).

Ubicación
Departamento: Amazonas
Municipio: La Pedrera, Tarapacá
Otros Municipios: Japurá, estado del Amazonas, Brasil
Otros datos de ubicación: Ríos Caquetá y Putumayo; frontera con Brasil
Causas
Dentro de las causas de la expansión de la minería en el río Puré se encuentra que el incremento de los precios internacionales de oro coincide con mayor actividad extractiva ilegal. En la última década esta relación entre precio de oro e intensidad de actividad minera se ha constatado en el noroccidente amazónico, en ríos fronterizos como el Caquetá, Putumayo y Puré. También ha influido en un aumento de la actividad minera la disposición de algunos gobiernos nacionales de fomentar actividades extractivas en la región, como demuestra el incremento de dragas en los últimos años, en especial provenientes desde Brasil. La dificultad de rastrear el origen del oro que es comercializado en centros urbanos es otro aliciente para la extracción aurífera ilegal, cuyos responsables en muy pocas ocasiones son judicializados.
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Por otra parte, puede decirse que la falta de control estatal en la región facilita la operación de actores armados ilegales y de su incursión en las economías extractivas, de las cuales reciben amplias rentas ilícitas que utilizan para expandir y establecer más la minería ilegal. La falta de oportunidades de población local involucrada en los eslabones más bajos de la minería hace que mestizos e indígenas trabajen en precarias condiciones extrayendo oro.
Actores
Comunidades Indígenas | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otro |
---|---|---|---|---|
Comunidad Yurí, otras comunidades indígenas en aislamiento voluntario o no contacto | Ejército Nacional de Colombia; Ministerio de Defensa; Ministerio de Ambiente; Ministerio de Interior, Gobernación de Amazonas; Parques Nacionales Naturales | CORPOAMAZONIA | Disidencias de las FARC | Colombia: Clan del Golfo. Brasil: Comando Vermelho o Primeiro Comando da Capital |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos | Otros |
---|---|---|
Impacto ambiental principal Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impacto ambiental secundario Afectación del componente ambiental geomorfo Otros impactos ambientales Erosión / Desertificación | Impacto social, cultural y económico principal Afectación a temas de salud Impacto social, cultural y económico secundario Violaciones de los derechos humanos Otros impactos sociales, culturales y económicos Pérdida de medios de subsistencia | Expresiones visibles del CSA - Acciones o repertorios de movilización Visibilidad medios de comunicación Otros Las expresiones visibles del CSA provienen de actores terceros que se interesan por la situación de los Yurí, entre ellos organizaciones sociales y comunidades indígenas vecinas, pues estos no sostienen contacto con la sociedad mayoritaria |
Momentos Clave
Actividades de extracción de madera y de cacería en la región por parte de colonos mestizos que incursionaron en la región por medio de los ríos Caquetá y Putumayo.
Julián Gil, un ex marinero dedicado a la caza de pieles finas, se perdió en la región y no fue visto nunca más. Se presume que fue uno de los primeros contactos con comunidades Yurí. El libro Perdido en el Amazonas de Germán Castro Caicedo recuenta esta historia.
Primeras incursiones mineras desde Brasil desde el río Japurá (río Caquetá).
- Registros de primeras dragas operando sobre el río Puré.
- Incursiones y asentamientos de grupos armados ilegales.
Creación de trocha entre los ríos Caquetá y Putumayo por grupos armados ilegales.
Creación del Parque Nacional Natural Río Puré.
Aumento de presencia de actores armados ilegales de ambos lados de la frontera.
Avistamiento de malocas de grupos indígenas no contactados, presumiblemente comunidades Yurí.
Levantamiento de cabaña de control de Parques Nacionales “Puerto Franco” sobre el río Puré en la frontera con Brasil.
Quema de la cabaña “Puerto Franco” y amenazas por parte de grupos armados ilegales contra guardaparques. La región queda sin representación institucional.
Aumento de actividades militares contra el avance de la minería ilegal sobre la cuenca del río Puré y Caquetá, Putumayo, Apaporis y Cotuhé.
Cercanía y contacto inminente entre comunidades Yurí en aislamiento voluntario y mineros ilegales avanzando en la zona intangible del Parque Nacional
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#minería-oro-rios-inirida-atabapo-guainia
Explotación minera en Taraira
Descripción
Taraira es un municipio en el extremo sur del Vaupés fronterizo con el departamento de Amazonas al sur y occidente, y con Brasil al oriente. Su corta historia está marcada por la historia de la minería aurífera en la región. En 1985 se formó un pequeño caserío de algunas casas y una corta pista de aterrizaje habitado por no más de una decena de colonos colombianos y brasileños que buscaban oro tras las indicaciones de indígenas de la zona. Según registros, un colono siguió a pie por 29 días a un indígena que cada tanto vendía oro en Mitú, hasta llegar al punto conocido como Cerro Rojo, y allí se estableció. Durante los 3 años siguientes, fuentes calculan que entre 10.000 y 20.000 personas de distintas regiones del país y de países vecinos llegaron a este caserío y sus inmediaciones y se instalaron temporalmente atraídos por noticias de la abundancia de este metal. Sin embargo, para 1989 había 1.500 personas y para 1993, cuando Taraira se convirtió en municipio después de 8 años de su fundación, el pueblo tenía apenas 664 habitantes. En la actualidad en el pueblo viven cerca de 1.000 personas, de las que el 81% se identifica como indígena (Rubiano, 2014; Dane, 2005).
+ Info
El área que corresponde a Taraira y las selvas del suroriente amazónico colombiano es una región particularmente rica en biodiversidad, diversidad cultural y recursos mineros, además de ser de las mejor conservadas de la Amazonia por su aislamiento. Hay varios raudales a lo largo de los ríos que la conectan con el interior del país, lo que dificulta el transporte desde el occidente, y desde el lado oriental brasileño es necesario remontar varios ríos por días para llegar hasta allí, entre ellos el Caquetá o Japurá.
Esta región de bosques inundables y bosques de galería ha sido habitada por comunidades tanimuca y macuna, originarias de la cuenca del bajo Apaporis en la que desemboca el río Taraira, y por comunidades barasano, letuana, matapí, yucuna y yujup-makú que por distintos procesos de desplazamiento se han asentado allí (Jiménez, 2007). Cuando comenzaron a llegar miles de colonos colombianos y brasileños, estas comunidades demandaron que se respetara su territorio y pidieron la creación de un resguardo que se constituyó en 1988 en lo que eran entonces las comisarías de Vaupés y Amazonas (INCORA, 1988). El resguardo Yaigojé-Apaporis fue ampliado 10 años después hasta alcanzar 1.020.320 hectáreas (INCORA, 1998). Sin embargo, estas medidas no fueron efectivas y durante los años de la bonanza aurífera, a finales de la década de 1980, hubo fuertes tensiones entre indígenas, colonos e instituciones en torno a los recursos naturales y usos del territorio. Por ejemplo, la propuesta de la gobernación de construir una escuela y un punto de policía en el Chorro de la Libertad fue rechazada por los indígenas por ser éste un lugar sagrado; así como hubo intentos judiciales por expulsar a los mineros informales colonos del área (Infoamazonía, 2018). Los colonos colombianos, por su parte, argumentaban que su presencia era un acto de patriotismo, en la medida en que el estado central nunca estuvo presente y que los brasileños se habían adueñado en la práctica de la región (Rubiano, 2014).
La extracción aurífera también atrajo actores armados. Las extintas guerrillas de las FARC se acercaron a la zona y regularon la actividad minera y la vida social del recién creado pueblo a falta de presencia de instituciones estatales. Desde el sur del Guaviare llegaron a mediados de la década de 1980 y cultivaron algunas pocas hectáreas de hoja de coca, pero principalmente se preocuparon por asegurar corredores de narcotráfico fuera del país. Como la misma bonanza, su presencia no duró mucho tiempo y a inicios de la década de 1990 fuerzas militares estatales ocuparon la cabecera municipal de Taraira. Es recordado un episodio en 1991 en el que las extintas FARC atacaron un destacamento del ejército brasileño para robar armas y como manifestación por los malos tratos que los militares daban a los colombianos que cruzaban el río Taraira para sacar oro del otro lado de la frontera. En represalia, el ejército brasileño realizó una operación que dejó 7 mineros inocentes muertos que señalaron de ser guerrilleros muertos en combate. Eventualmente se resolvieron las tensiones diplomáticas y el ejército colombiano estableció una base militar en el municipio (El Tiempo, 2021).
El oro fácil de encontrar fue muy abundante durante unos años y la economía del pueblo giró en torno a él. Se calcula que de 1986 a 1990 se extrajeron 100.000 onzas anuales, que luego cayeron a 1.000 onzas por año en la década siguiente (Alianza por la Minería Responsable, 2015). Con gramos y “rayas” (una décima parte de un gramo) de oro se pagaban bienes y servicios, y había vuelos constantes entre Taraira, La Pedrera, Mitú, Villavicencio y Bogotá. Sin embargo las tierras de Taraira son poco fértiles y todo debía ser importado desde otras regiones, lo cual encarecía notoriamente los precios, y cuando las ganancias por la minería disminuyeron estas dinámicas económicas se hicieron insostenibles. La población se redujo durante los años siguientes, solo se hacía un vuelo semanal, y los habitantes que se quedaron lo hicieron con la idea de asentarse y dedicarse a la minería como forma de vida, por lo que Taraira se constituyó como un municipio colono y minero en medio de un resguardo indígena en la selva amazónica (Rubiano, 2014).
La minería que se ejerció en este periodo temprano de extracción fue minería artesanal de aluvión en las riberas y lechos de caños y ríos. Por la abundancia del metal resultaba fácil y rentable usar técnicas poco sofisticadas. Pero con el tiempo el recurso aurífero disponible en la superficie se hizo escaso y comenzaron a utilizarse técnicas cada vez más invasivas con el terreno, de manera que los impactos ambientales comenzaron a hacerse más evidentes (Cardona, et. al., 2024). La mecanización de la minería informal vino impulsada por prácticas traídas desde Brasil, entre las que están el uso de distintos sistemas de remoción y separación de gravas como las retroexcavadoras, dragas y el uso de mercurio y dinamita (Rubiano, 2014). A pesar de esto debe decirse que los daños al medio ambiente no alcanzan la magnitud de otras regiones de extracción aurífera en la Amazonia y que la región tiene un alto grado de conservación (Global Forest Watch, 2023).
Cuando la minería de aluvión no fue rentable, los colonos pasaron a la minería de veta o de socavón. Los depósitos auríferos de Taraira están emparentados con formaciones geológicas remanentes del Escudo Guayanés ricas en minerales en capas del subsuelo. Durante eras geológicas estos depósitos han aflorado y se han convertido en sedimentos aluviales a lo largo del curso de ríos y quebradas, pero se presupone que la mayor riqueza está todavía en las formaciones rocosas de las serranías características de la región, como la de Machado, la de Taraira, Cerro Rojo, Garimpo, Sabana y Peladero. La minería informal recurrió a las locaciones aluviales sobre cuerpos de agua, pero la población tuvo que trasladarse a cotas más altas y minar y dinamitar secciones de estas serranías para sobrevivir de la minería después de varios años. Eventualmente algunos sectores de población indígena también han participado de estas actividades para satisfacer necesidades económicas (Rubiano, 2014).
En la década de 1990 la población minera de Taraira agrupada en la Asociación de Mineros del Vaupés – ASOMIVA intentó formalizar su actividad, frente a la oposición de las autoridades indígenas que querían expulsarlos. De este esfuerzo viene la promulgación de Taraira como municipio en 1993. A pesar de que tuvieron varios acercamientos con entidades estatales para llegar a acuerdos que reconocieran su actividad y les permitieran estar en tierras del resguardo, su solicitud nunca fue concedida. El estado sabía del potencial minero del suroriente amazónico por estudios hechos en décadas anteriores e impulsó exploraciones por parte de Minercol, la empresa estatal minera, que definieron la región como Reserva Minera Especial. Esto significaba que el área estaba solo disponible a quien ofreciera las mayores contraprestaciones económicas al estado. Por eso, los colonos mineros tienen la percepción, según recogen distintas fuentes, que el estado se reservó el aprovechamiento de esta región y los ignoró para entregarla en concesión a actores que favorecieran más sus intereses (Rubiano, 2014).
En la primera década tras el cambio de siglo la idea de la minería como motor principal de la economía colombiana tomó fuerza. En 2006 la población colona minera de Taraira se enteró que la empresa minera canadiense Cosigo Resources había solicitado licencias para explotación aurífera en los puntos que ellos habían reclamado desde hace años, y al año siguiente INGEOMINAS se las concedió, basadas en los estudios previos que Minercol había hecho años atrás. Ante esta situación, las autoridades indígenas del resguardo Yaigojé-Apaporis se agruparon en la asociación ACIYA y pidieron, con la colaboración de la Fundación Gaia Amazonas, que su resguardo se convirtiera en Parque Nacional Natural, pues bajo esa figura de ordenamiento territorial quedaban protegidos los recursos del subsuelo, cosa que no hace un resguardo. Lo lograron el 27 de octubre 2009 cuando se declaró el Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis que traslapa deliberadamente con el 98% del Resguardo Indígena Yaigojé-Apaporis (Minambiente, 2009). Además de garantizar la no intervención de los recursos naturales en el subsuelo, se acordó que el manejo ambiental del Parque-Resguardo sería una tarea conjunta entre autoridades indígenas y la dirección de Parques en lo que se denominó un Régimen Especial de Manejo, en vista del interés principal compartido de conservar el medio ambiente (Rivera y Lopes, 2019).
La llegada de Cosigo Resources estuvo marcada por controversias. La multinacional comparó el potencial del proyecto con la mina Witwatersrand en Sudáfrica, una de las más grandes y productivas del mundo. Su presencia resaltó y reposicionó tensiones entre distintos actores, pues, por ejemplo, indígenas y colonos mineros artesanales se acercaron para detener el ingreso de la empresa al área, y sectores ambientalistas al interior del estado se alinearon con estas pretensiones, contra otro sector gubernamental que continuó impulsando el avance de la frontera minera por su potencial económico (El Espectador, 2013). Esta descoordinación entre entidades estatales se hizo particularmente evidente con las distintas figuras de ordenamiento territorial que se superpusieron en este caso, de un lado orientadas a la conservación ambiental y del otro a la utilidad económica (La Silla Vacía, 2014).
Dos días después de la declaratoria del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, INGEOMINAS concedió la solicitud minera a Cosigo Resources, que aprovechó esta descoordinación institucional para disputar hasta las últimas instancias judiciales sus pretensiones en la zona (El Espectador, 2014). Entre sus técnicas estuvo interferir en procesos de las comunidades indígenas, intentando generar divisiones en su interior por medio de invitaciones a viajes y regalos a algunos sectores clave de la población local, para hacer retroceder el proceso de conformación de Parque Nacional. De haber logrado esto, habrían tenido motivos jurídicos para continuar con sus planes pues habría precedido en el derecho la aprobación de su licencia. Cosigo Resources también recurrió a una secuencia de demandas y contrademandas contra el estado colombiano que buscaban hacer prevalecer sus derechos comerciales sobre el territorio disputado.
La principal estrategia de Cosigo Resources fue impulsar la división de los indígenas. De ese esfuerzo surgió ACITAVA, la asociación de autoridades indígenas que demandó al estado por la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis sin hacer consulta previa. Del otro lado estaba ACIYA, la asociación de autoridades indígenas antigua que pidió la formación de un Parque Nacional para proteger el subsuelo, que contraargumentó que sí se había hecho este proceso requerido por ley. En una audiencia convocada por la Corte Constitucional en Taraira a la que asistieron todos los actores interesados en el proceso, el representante legal de ACITAVA reconoció que su demanda fue costeada y planificada por Cosigo Resources, y que su asociación se había desligado de la multinacional después de darse cuenta de que el proyecto minero sería perjudicial para el territorio. Aunque esto se rumoraba, el testimonio tomó por sorpresa a los asistentes (La Silla Vacía, 2015). Finalmente la Corte Constitucional desestimó la demanda contra la creación del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis y lo dejó en firme como un área protegida (Corte Constitucional, 2014). Frente a esto, la multinacional interpuso una demanda por indemnización de US$16.500 millones (o cerca de 50 billones de pesos colombianos de la época) en un tribunal de comercio internacional contra el estado colombiano, que se encuentra inactiva (Asuntos Legales, 2017).
En la actualidad el conflicto por minería a gran escala en Taraira está desactivado, pero hay otros frentes que generan presiones ambientales y sociales. La minería informal ejercida por colonos o indígenas es cada vez más mecanizada y de veta en lugar de aluvión, lo que implica mayores impactos ambientales y la exploración de nuevos caños y sectores de las serranías para la explotación. Los límites del Parque-Resguardo son porosos por el difícil control del territorio, que además ha visto la llegada de disidencias de las FARC que han limitado el movimiento de las comunidades locales (Defensoría, 2023). En algunos sectores clave para el transporte de mercancías ilegales ha habido desplazamientos y asesinatos selectivos de indígenas por parte del frente Armando Ríos de las disidencias (Defensoría, 2023a).
Del otro lado del río Taraira, en Brasil, hay numerosas solicitudes de proyectos de minería aurífera, lo cual podría atraer a nuevos colonos mineros (o garimpeiros, como son llamados en portugués y en zonas de influencia minera brasileña en Colombia) y afectar los sistemas ecológicos de la región en general (Indepaz, 2013). La región vecina del río Puré ha visto en los últimos años aumento de actividad minera ilegal y se teme que este avance llegue al río Taraira y los afluentes que bajan de las serranías, porque ambos hacen parte de la cuenca del río Caquetá o Japurá, uno de los corredores de minería ilegal aurífera más importantes de la Amazonia. La subida de precios del oro en las últimas décadas ha significado el avance de la frontera minera, que ya no solo se mueve por bonanzas sino que se ha vuelto más constante. Un testimonio de una investigación clave del caso señala que “en esa época había mucho oro pero valía poquito. Ahorita hay poquito pero vale mucho” (Rubiano, 2014, p. 36). Por otra parte, Taraira es el municipio con la tasa de suicidios más alta del país, con 325 casos por 100.000 personas cuando la media nacional es de 77. En el marco de acelerados procesos de contacto y de cambio cultural suscitados por oleadas de colonización, estos datos indican que, aunque se trata de comunidades indígenas con experiencia previa de contacto con la sociedad mayoritaria, ha habido afectaciones a la salud mental relacionadas con la alteración a modos tradicionales de vida por las dinámicas que impuso la minería de oro en la región (Revista Alternativa, 2024).

Ubicación
Departamento: Vaupés
Municipio: Taraira
Otros Municipios: Municipio fronterizo
São Gabriel da Cachoeira del estado Amazonas en Brasil
Otros datos de ubicación: Río Taraira, Serranía del Taraira, Serranía de Machado; Parque-Resguardo Yaigojé Apaporis
Causas
El conflicto entorno a la minería en Taraira es un ejemplo de los efectos de la dinámica de bonanzas que ha determinado procesos de colonización en la Amazonia. En este caso, la noticia de abundantes depósitos auríferos atrajo a distintos actores que entraron en numerosas tensiones por el control de los recursos y el territorio en distintas etapas de conflictividad en la región. Como causas se encuentra la falta de control y presencia estatal en regiones fronterizas distantes y ricas en recursos; la dificultad de rastrear el origen del oro que es comercializado y exportado desde el país; la descoordinación entre instituciones en sus acciones y visiones sobre el desarrollo del territorio que regulan, particularmente entre el sector ambiental y el productivo y comercial; y el avance de la frontera minera de forma constante sobre la cuenca hidrográfica del río Caquetá o Japurá.
Actores
Comunidades Indigenas | Organizaciones sociales | Instituciones estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Comunidades tanimuca, macuna, barasano, letuana, matapí, yucuna y yujup-makú, entre otras presentes en el resguardo Yaigojé-Apaporis | Asociación de Mineros del Vaupés - ASOMIVA | Gobernación del Amazonas, Alcaldía de Taraira, Parques Nacionales Naturales, Ministerio del Interior, Ejército Nacional de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia Nacional de Minería | Cosigo Resources Ltd. y Andrés Rendle (representante legal); Cosigo Resources Ltd., Sucursal Colombia, Tobie Mining and Energy, Inc | CDA | Disidencias de las FARC | Ejército de Brasil, mafias y actores armados ilegales de Brasil involucrados en el conflicto |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos | Otros |
---|---|---|
Impacto ambiental principal Afectación del componente ambiental geomorfo Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros impactos ambientales Contaminación/afectación del suelo | Impacto social, cultural y económico principal Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impacto social, cultural y económico secundario División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad Otros impactos sociales, culturales y económicos Apropiación privada de áreas | Expresiones visibles del CSA - Acciones o repertorios de movilización Litigio estratégico Otros El caso ha llegado a distintas instancias judiciales y ha estado en el centro de la atención pública nacional e internacional por noticias sobre la posibilidad de hacer minería a gran escala en la Amazonia. |
Momentos Clave
Primeros asentamientos en inmediaciones de Cerro Rojo, donde se construyó un caserío y una pista que luego se convirtieron en Taraira.
Auge minero en distintas locaciones sobre las serranías de la región del Taraira.
- Llegada de la extinta guerrilla de las FARC.
- Creación del Resguardo Indígena Yaigojé Apaporis.
- Registros de primeras dragas operando sobre el río Puré.
- Incursiones y asentamientos de grupos armados ilegales.
Enfrentamientos entre FARC y ejército brasileño; represalias que dejaron 7 colonos mineros colombianos muertos en la frontera.
Oficialización de Taraira como municipio.
Inicio de estudios de Cosigo Resources para la explotación aurífera en Taraira.
- 27 de octubre: creación del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis por solicitud de autoridades indígenas del Resguardo para proteger el subsuelo.
- 29 de octubre: entrega de licencia para explotación aurífera de INGEOMINAS a Cosigo Resources.
Corte Constitucional falla a favor de la creación del Parque Nacional y restringe actividades mineras en él.
Demanda en tribunal internacional de Cosigo Resources al estado colombiano.
Registro de afectaciones por uso de mercurio y continuidad de minería informal en el municipio de Taraira
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Minería de oro en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/mineria/#minería-oro-rios-inirida-atabapo-guainia