Dentro de los conflictos socioambientales identificados en el marco del taller por parte de los asistentes de organizaciones indígenas, estuvieron temas como extracción de madera para construcción en Caño Bocón, extracción de madera aserrada en el resguardo Cayulamo, deforestación del bosque en el resguardo Paujil, Quema de bosques a las orillas de los lagos en el resguardo cayulanzo. Por otra parte también en temas relacionados con temas de biodiversidad estuvieron la domesticación de fauna en el resguardo Cayulamo, las artes de pesca ilegal y mallas en caño bocón, la captura de peces pequeños en resguardo Cayulamo, la pesca sin control peces, ornamentación en el resguardo Coayare Coco -designación Ramsar, pesca masiva dentro del resguardo caño Bocón, conflicto en pesca (río Guaviare resguardo el Paujil, Pesca indiscriminada en el río Guaviare con artes de pesca no permitidos, caza excesiva en el río Guainía, conflictos pesqueros río Guaviare. 

En temas relacionados con minería los asistentes identificaron los conflictos socioambientales en relación con la minería ilegal en los ríos Guainía, Inírida, Orinoco, Atabapo, Veneturí en donde esta minería está generando entre los diferentes impactos contaminación por mercurio. Igualmente, esta minería ilegal está generando conflictos socioambientales en las zonas fronterizas con Venezuela. Además de estos conflictos, los participantes al taller identificaron como conflictos socioambientales los títulos mineros sin consulta previa en el río Inírida. Y de manera detallada señalaron que se está dando un conflicto por minería en el río Atabapo -Venezuela por extracción minera en el resguardo el río bajo y medio del Guainía. 

En cuanto conflictos socioambientales estuvieron los relacionados con temas territoriales, en donde los asistentes señalaron lo que se viene presentando en el departamento de Guainía en el río Guaviare y en el resguardo el Paujil, en el cual indicaron que los límites de los resguardos son invadidos por colonos y convertidos en potreros, además indicaron que se viene dando una serie de situaciones entre entidades públicas y privadas. Otro de los conflictos socioambientales que señalaron fue en relación con la situación que se está dando entre el resguardo y gobierno nacional por el parque Puinaway, e igual las disputas por cargos en el resguardo Cemari en el río Inírida.

Otros conflictos socioambientales identificados en el marco de los talleres estuvieron la contaminación de fuentes de agua como los caños urbanos de caño Ramón, caño Terpel y Caño Pola, y por otro lado estuvieron los cultivos de uso ilícito en Guaviare.

Los temas más recurrentes mencionados por los asistentes al taller de instituciones estuvieron relacionados con la tipología de ordenamiento territorial. Sobre ello mencionaron tensiones entre población campesina e indígena por las pretensiones de expansión de resguardos en áreas que son actualmente habitadas por campesinos y utilizadas en actividades agrarias y recientemente ganaderas. Esto sucede en los sectores de Coco Viejo, Barrancominas y Laguna Negra, en las inmediaciones del resguardo de Matavén y CMARI (cuenca media y alta del río Inírida) y en las márgenes del río Guaviare. También mencionaron tensiones entre comunidades indígenas y comunidades negras que se han asentado en la región en las últimas décadas en la vía al aeropuerto, al igual que con población migrante venezolana que se ha asentado informalmente en Inírida. Los resguardos rodean al municipio, por lo que los asistentes señalaron que la cabecera urbana no tiene a dónde expandirse con el crecimiento reciente de la población. En el sector de Coco Viejo la Armada Nacional ha tenido tensiones por la presencia de un área militar en cercanías de resguardos. Los asistentes mencionaron la falta de legalización de ocupaciones de hecho, la urbanización y la contaminación de fuentes hídricas del municipio por falta de planeación como problemáticas de ordenamiento territorial. 

Según los asistentes, hay tensiones al interior de la población indígena del departamento porque el resguardo CMARI, el más grande del departamento, obstruye planes de ampliación de otros resguardos que albergan a poblaciones más grandes. Esto ha repercutido en temas financieros por la disparidad en recursos recibidos por proyectos REDD+ y por recursos públicos girados a los resguardos.

Los participantes encontraron problemas en la gestión ambiental del municipio por la falta de un plan y gestión adecuadas para el manejo de residuos sólidos y líquidos. Los rellenos sanitarios no son bien manejados y no dan abasto al municipio, y el transporte fluvial ha contaminado fuentes hídricas por el vertimiento inadecuado de desechos, gasolina y aceites. También asociaron a esta tipología las problemáticas relacionadas a la pesca y caza indiscriminada. La pesca ornamental y de consumo por parte de comercializadores e indígenas ha pasado por alto regulaciones como vedas temporales.

La minería fue identificada como un conflicto en la región por las visiones encontradas de distintos actores en torno a ella y por los impactos ambientales y sociales que deja. Los asistentes señalaron que en los sectores de Zancudo, Morroco Nuevo, Chorrobocón, además de en el alto y medio río Inírida, en los ríos Guainía, Atabapo y en la reserva Puinawai, hay extracción minera realizada por población colona, indígena y migrante. Según sus apreciaciones, en ocasiones los indígenas recurren a la minería en áreas protegidas y no permiten el control de autoridades ambientales, mientras que otros actores realizan estas actividades de acuerdo con variables como el control policial, las relaciones fronterizas y el nivel de caudal de los ríos. La minería ha dejado numerosos efectos sociales y ambientales, como la pérdida de dinámicas culturales o de dietas tradicionales en comunidades indígenas, la dependencia económica del municipio a esta actividad y la contaminación por uso de mercurio en los ríos y suelos de la región. 

Sobre problemáticas relacionadas a gestión forestal surgieron registros por deforestación por ampliación de la frontera agraria y ganadera y por extracción de maderas finas, en general en terrenos baldíos pero también dentro de resguardos. Según los asistentes, toda la madera comercializada en el departamento es de origen ilegal. Esto sucede en especial a lo largo del río Guaviare. Por otro lado, mencionaron en varias ocasiones conflictos por el desarrollo de proyectos REDD+, pues perciben que ha afectado dinámicas culturales de las comunidades indígenas involucradas y que ha disminuido la producción de alimentos por reducción en las áreas habilitadas para cultivar en los resguardos. En su opinión, esto ha repercutido en la seguridad alimentaria del municipio, a lo que se suman las diferencias por áreas disputadas con población campesina. De otro lado, apuntaron que afectaciones a los bosques en la ribera de los ríos ha generado impactos negativos sobre dinámicas erosivas del río y sobre ciclos de alimentación de peces, cuyas poblaciones se han reducido en ciertos lugares.  

Por los niveles cambiantes del cauce de los ríos y caños de la región circundante a Inírida, los asistentes señalaron que hay problemas de planeamiento urbano por las inundaciones que llegan a algunos sectores del municipio y que han generado desplazamiento de habitantes y de fauna, en especial en la comunidad de Concordia. 

Por último, los representantes de instituciones en el taller dijeron que hay conflictos por la construcción de infraestructura para el transporte en la vía a Huesito, desde Inírida hacia la frontera con Venezuela y en áreas de conservación Ramsar, así como falta de mantenimiento a las vías existentes para conectar a las comunidades. También mencionaron falta de planes de gestión de turismo en locaciones que han recibido atención en los últimos tiempos, como los Cerros de Mavecure, Sabanitas y Vitina.

La problemática ambiental más mencionada que se ha convertido en conflicto socioambiental está relacionada con la actividad minera, principalmente de oro pero también de otros minerales como coltán y tungsteno; además de materiales de construcción o gravilla. La minería informal de oro es una de las principales actividades productivas de Inírida, dada la ausencia de otras alternativas laborales y económicas, y en los últimos años ha habido un incremento en la fuerza laboral y en los volúmenes de extracción aurífera según los participantes. Los asistentes al taller señalaron que la minería en los ríos Inírida, Atabapo y Guainía ha generado contaminación a las fuentes hídricas por afectaciones a los procesos de sedimentación y por contaminación con mercurio, además de aceite y gasolina de las lanchas en las que se mueven los mineros. En los sectores de Macasabe, Campoalegre, Pana Pana, Chorrobocón y El Venado, dentro de áreas de resguardos, los asistentes registraron impactos ambientales y sociales por la minería. Por ejemplo, hablaron de afectaciones a la salud, vulneraciones a territorios étnicos, presencia de actores armados y alza de precios en insumos básicos y canasta familiar. Los participantes anotaron que las comunidades indígenas y población mestiza hacen minería con mercurio sin consciencia de los daños ambientales actuales y futuros que genera, y que en ocasiones los indígenas hacen minería dentro de los resguardos aunque lo niegan frente a autoridades. Por otro lado, la migración venezolana también ha aumentado la presión sobre estos recursos. La minería es aluvial en su mayoría, pero hay minería de socavón en varias locaciones, lo cual ha extendido los impactos de los ríos selva adentro. 

El manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos en el municipio de Inírida fue la siguiente problemática más recurrente, si bien señalaron que se extiende a todo el departamento. Los participantes señalaron la falta de rellenos sanitarios y tratamiento de basuras, su mala gestión, además de falta de cobertura del servicio de recolección de basura. Una parte de las basuras son quemadas y otras terminan en el río Inírida. La migración venezolana ha aumentado la población del municipio, lo que a su vez, en opinión de los asistentes, ha aumentado la cantidad de residuos en los últimos años que no son procesados. Según estos, la falta de educación ambiental respecto al manejo de basuras y la falta de sistemas adecuados de tratamiento de basuras son las principales causas de esta problemática. 

Conflictos relacionados a problemas de ordenamiento territorial también fueron mencionados con frecuencia. En particular, problemas de titularidad de tierras en áreas disputadas por resguardos que buscan la ampliación de sus terrenos frente a comunidades campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la vocación productiva para sostener la seguridad alimentaria del municipio, en sus palabras. Esto sucede en algunos predios sobre las márgenes del río Guaviare, en la vereda Rompida de Cumaribo en Vichada y en los alrededores de la Selva de Matavén. También señalaron los asistentes que hay acaparamiento de terrenos baldíos en el Sitio Ramsar de la Estrella Fluvial de Inírida. Según ellos, la falta de claridad en los Esquemas de Ordenamiento Territorial ha generado tensiones sobre los usos y la propiedad de la tierra en el municipio y el departamento. 

La pesca y cacería es otra fuente de problemáticas entre actores en la región. En los ríos Guaviare, Orinoco, Atabapo, en el caño Sesema y en general en áreas del Sitio Ramsar, los asistentes describieron actividades de pesca y cacería indiscriminada que han afectado dinámicas ambientales y sociales. Los asistentes dijeron reconocer afectaciones a los ciclos de crecimiento y reproducción de ciertas especies, lo que pone en riesgo su presencia normal en los ecosistemas de la región. Según ellos, algunas comunidades indígenas y la población mestiza han pasado por alto las vedas temporales a ciertos peces diseñadas para asegurar la sostenibilidad de su reproducción y consumo, por ejemplo con el uso de barbasco, lo cual también pone en riesgo la sostenibilidad de dietas tradicionales. Además de esto denunciaron la compra de carne de monte en el municipio para su venta a turistas. Por otra parte, los asistentes comentaron sobre los altos índices de mercurio en los peces de la región y los efectos en la salud de la población. 

Cuestiones relacionadas al manejo forestal surgieron en algunos testimonios. Algunos asistentes mencionaron problemas por deforestación en el municipio, en especial sobre el río Guaviare, impulsados por el avance de la frontera agraria desde los ríos que comunican con el departamento del Guaviare y, en jurisdicción de Cumaribo, por la demanda de maderas finas. Según los asistentes, toda la madera comercializada en Inírida es de origen ilegal. Por otro lado, también mencionaron desencuentros entre poblaciones campesinas e indígena por la participación en el desarrollo de proyectos REDD+, pues estos se llevan a cabo en áreas cuya titularidad es disputada. También se hacen al interior de los resguardos indígenas, frente a lo que los asistentes comentaron que las comunidades indígenas no siempre cuentan con los conocimientos necesarios para implementarlos. 

Por último, hubo llamados a mejorar la planeación territorial del municipio y del departamento para que se acerque a las prioridades ambientales de la región, así como a acercarse al uso de energía solar y a producir sin contaminar fuentes hídricas, el suelo o el paisaje. El sistema de humedales vecino a Inírida fue objeto de atención para los asistentes porque reconocen que ha sido de los lugares más afectados por las actividades productivas del municipio.