La revisión de los estándares de certificación Verra, Biocarbon Registry y Cercarbono indican la existencia de cinco proyectos inscritos, desarrollados por las empresas Masbosques y South Pole en el Gran Resguardo del Vaupés que agrupan 131 comunidades, 9 AATIs y cubren el 59,19% del resguardo. Dos de los proyectos implementados por Masbosques han sido certificados por el estándar de Cercarbono y cubren 980.109ha equivalentes al 24,8% del área del resguardo. Un aspecto de especial interés y preocupación en los 4 proyectos implementador por Masbosques, son los compromisos en reducir el 30% del área de las chagras, bajo el programa de deforestación cero en su primera línea de acción 1 Protección de los bosques y conservación ambiental (Masbosques PDD 2021a p.55; PDD 2021b p.66; PDD 2022a p.102, PDD 2022b p. 98). Es preocupante porque la Chagra es una práctica cultural fundamental, no solamente desde el punto de vista alimentario, también desde lo social, económico y especialmente ambiental, porque es un sistema productivo con la capacidad de fortalecer la recuperación de los ecosistemas degradados o con riesgo de degradación. En este sentido, reducir las chagras implica transformar los sistemas de conocimiento tradicional, que repercuten en las formas propias de conservación y provisión de bienes y servicios ambientales que han construido las comunidades para mantener sus grandes extensiones boscosas.
La implementación de proyectos REDD+ en fragmentos del Gran resguardo del Vaupés ha provocado desafíos de gobernanza socioambiental a las organizaciones indígenas y por tanto a la sostenibilidad de sus culturas y territorios. Igualmente, los proyectos han despertado profundas preocupaciones en las comunidades y plantea riesgos en aspectos asociados a: injusticias y restricciones en el acceso y el control de los recursos forestales, la creación de nuevas estructuras de gobernanza forestal que cambian las relaciones entre las partes interesadas y el bosque, la exclusión de la participación integral de los miembros de la comunidad en los proyectos y al incumplimiento de las altas expectativas de los mismos (Vorágine, 2022 y 2022a). Adicionalmente, se da una afectación a la gobernanza propia de los pueblos indígenas y a su relación tradicional, y cultural con el bosque generando una pérdida del patrimonio cultural inmaterial (Bermúdez, 2022). Es pertinente señalar que la AATI como forma autónoma de organización indígena, se está instrumentalizando para dividir los grandes resguardos de la Amazonia. La divisiones, tensiones y conflictos se intensifican por la ausencia de una cartografía oficial del área que cubre el conjunto de AATIs en el Gran resguardo del Gran Vaupés. Además, los efectos del decreto 632 de 2018 y la constitución de Consejos Indígenas dentro del Gran resguardo del Vaupés que reemplazan la injerencia de algunas AATIs, complica el escenario, al traslaparse intereses que coinciden con los cambios de directivas y por ende en los compromisos adquiridos.
Por ejemplo, el proyecto Baka Rokarire ~ia tir+~dito implementado por Masbosques generó 11.652.292.127 pesos (Corp. Masbosques, 2022) para ser distribuidos en 17 comunidades pertenecientes a la cuenca del río Pirá Paraná agrupados en ACAIPI. Masbosques inicio un proyecto que fue validado por el representante de ACAIPI el 2 de marzo del año 2021; no obstante, en esas fechas las directivas de ACAIPI estaban en proceso la constitución del Consejo Indígena del Pirá Paraná desde el 3 de mayo de 2019, su solicitud fue registrada el 26 de septiembre de 2019 y el 22 de julio de 2021 sale la resolución 105 del Ministerio del Interior que reconoció al Consejo Indígena del río Pirá Paraná (Procuraduría, 2022). El conflicto proviene de la omisión por parte de Masbosques de los procesos de consulta e identificación de las autoridades tradicionales que realizó la empresa, así como la empresa auditora Ruby Canyon, quienes no acudieron al recién constituido Consejo Indígena. Simultáneamente, el representante de ACAIPI no manifestó a Masbosques sobre el recién constituido Consejo Indígena, es decir, hubo una fractura en la gobernanza forestal, en cuanto a la inclusión de una figura organizativa indígena reciente. Las discrepancias motivaron una acción de tutela el 15 de julio del 2022 del Consejo Indígena del Pirá Paraná a Masbosques con el fin de revocar los acuerdos entre Masboque y ACAIPI, la tutela involucró la división de las 17 comunidades pertenecientes a ACAIPI y al Consejo Indígena del Pirá Paraná en dos grupos, de las cuales 10 comunidades de la cuenca alta del río han sostenido su vinculación con el proyecto implementado por Masbosques y 7 comunidades de la cuenca baja han puesto en duda su vinculación. Más allá de profundizar en los aspectos esenciales del caso (tarea que realiza el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística et al. 2022), este conflicto es importante porque revela conflictos entre los arreglos contractuales de proyectos suscritos entre empresas implementadoras con organizaciones indígenas en el Gran Resguardo del Vaupés. En este sentido, se evidencia que hay un encuentro de territorialidades superpuestas que pueden desencadenar una serie de conflictos socioambientales. Estos conflictos se manifiestan en la confluencia en el territorio de valoraciones y representaciones divergentes y diversas respecto a los bosques y en la contradicción de visiones e intereses distintos, fundamentados en concepciones y valoraciones diferentes del bosque (SINCHI, 2021). Los proyectos REDD+ plantean para los habitantes del territorio numerosas dudas respecto a las acciones y los cambios necesarios para certificar reducciones de emisiones, de allí́ parte la confusión, las preocupaciones y las expectativas de las comunidades.
El mecanismo REDD+ en la Amazonia colombiana inició su propagación en 2010 a través de talleres de generación y fortalecimiento de capacidades en cambio climático y REDD+ en todos los departamentos amazónicos, liderados por la COICA, la OPIAC y apoyados por el Minambiente, Patrimonio Natural y WWF. Toda vez que las iniciativas de coordinación interinstitucional y multiactor no tuvieron el éxito esperado, fueron otros actores privados los que emprendieron la difusión de información y promovieron la proliferación de contratos para la comercialización de certificaciones de reducciones verificadas en el Vaupés.
Algunos de los líderes del Gran Resguardo del Vaupés, señalan que la presencia de los diferentes actores interesados en el desarrollo de proyectos REDD+ en el Vaupés, ha propiciado la división interna de las organizaciones indígenas, generando conflictos entre las autoridades y sus comunidades, entre autoridades y representantes legales, así como entre todas éstas y los desarrolladores de proyectos (Bermúdez, 2022). De acuerdo con Bermúdez (2022) Territorios que tienen una unidad cultural por pueblo o complejo cultural se están fraccionando con estas negociaciones.
Igualmente existen posiciones que señalan que éstos temas no requieren de una consulta previa, puesto que esto puede complejizar el proceso y se resalta que las comunidades pueden encontrar buenas oportunidades y generar impactos positivos a partir de este tipo de proyectos (Voragine, 2022), no obstante, esta posición, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, por ahora parece que va a tener un nuevo enfoque, que busca mayor regulación en los mercados de carbono (Bermúdez, 2022). Sin embargo, la transformación en el uso del bosque que plantean éstos proyectos, puede generar una afectación directa sobre los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas frente al uso, significado y manejo de su territorio.
La posición de las empresas que están involucradas en el tema, es que ellas deben buscar los mercados y que muchas veces se firma algo con la comunidad y luego se busca el mercado adecuado para el acuerdo al que se llegó (Voragine, 2022). En muchos casos las empresas han reversado acuerdos por los malestares e inconformidades que se han generado al interior de las comunidades.
