Atlas | Tipología Cambio Climático

En este escenario, estas asociaciones indígenas enfrentan desafíos de gobernanza socioambiental importantes para la sostenibilidad de sus culturas y sus territorios. La implementación de proyectos REDD+ en el territorio, ha despertado profundas preocupaciones en las comunidades y plantea riesgos en aspectos asociados a: injusticias y restricciones en el acceso y el control de los recursos forestales, la creación de nuevas estructuras de gobernanza forestal que cambian las relaciones entre las partes interesadas y el bosque, la exclusión de la participación integral de los miembros de la comunidad en los proyectos y al incumplimiento de las altas expectativas de los mismos (Voragine, 2022 y 2022a). Adicionalmente, se da una afectación a la gobernanza propia de los pueblos indígenas y a su relación tradicional, y cultural con el bosque generando una pérdida del patrimonio cultural inmaterial (Bermúdez, 2022).

Estos factores evidencian que hay un encuentro de territorialidades superpuestas que pueden desencadenar en una serie de conflictos socioambientales. Estos conflictos se manifiestan en la confluencia en el territorio de valoraciones y representaciones divergentes y diversas respecto a los bosques y en la contradicción de visiones e intereses distintos, fundamentados en concepciones y valoraciones diferentes del bosque (Sinchi, 2021). Los proyectos REDD+ plantean para los habitantes del territorio numerosas dudas respecto a las acciones y los cambios necesarios para certificar reducciones de emisiones, de allí parte la confusión, las preocupaciones y las expectativas de las comunidades.

El mecanismo REDD+ en la Amazonia colombiana inició su ejecución en 2010 a través de talleres de generación y fortalecimiento de capacidades en cambio climático y REDD+ en todos los departamentos amazónicos, liderados por la COICA, la OPIAC y apoyados por Minambiente, Patrimonio Natural y WWF. Toda vez que las iniciativas de coordinación interinstitucional y multiactor no tuvieron el éxito esperado, fueron otros actores privados los que emprendieron la difusión de información y promovieron la proliferación de contratos para la comercialización de certificaciones de reducciones verificadas en el Vaupés.

Algunos de los líderes del Gran Resguardo del Vaupés, señalan que la presencia de los diferentes actores interesados en el desarrollo de proyectos REDD+ en el Vaupés, ha propiciado la división interna de las organizaciones indígenas, generando conflictos entre las autoridades y sus comunidades, entre autoridades y representantes legales, así como entre todas éstas y los desarrolladores de proyectos (Bermúdez, 2022). De acuerdo a Bermúdez (2022) territorios que tienen una unidad cultural por pueblo o complejo cultural se están fraccionando con estas negociaciones.

Igualmente hay habitantes de las comunidades que piensan que en estos proyectos pueden haber buenas oportunidades y generar impactos positivos a partir de este tipo de proyectos (Voragine, 2022), no obstante esta posición, con el gobierno actual, por ahora parece que va a tener un nuevo enfoque, que busca mayor regulación en los mercados de carbono (Bermúdez, 2022). Sin embargo, la transformación en el uso del bosque que plantean éstos proyectos, puede generar una afectación directa sobre los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas frente al uso, significado y manejo de su territorio.

La posición de las empresas que están involucradas en el tema, es que ellas deben buscar los mercados y que muchas veces se firma algo con la comunidad y luego se busca el mercado adecuado para el acuerdo al que se llegó (Voragine, 2022). En muchos casos las empresas han reversado acuerdos por los malestares e inconformidades que se han generado al interior de las comunidades. Por otra parte, desde organizaciones como la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques – Masbosques-, señalan en su página de internet (Masbosques, 2023) que en el marco de los proyectos REDD+, se han venido implementando siete proyectos, uno de ellos es la iniciativa MAKARO AP+RO en el departamento del Vaupés, municipio de Mitú con las zonales indígenas AATICAM (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Área de Influencia Directa de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú) y ASATRIBVA (Asociación de Autoridades Tradicionales del Bajo Vaupés) (Masbosques, 2023). Dentro de la información que la empresa presenta en su página se encuentran textimonios como el de Daniel Castillo Botero, autoridad tradicional de la comunidad Puerto Palomo en el departamento del Vaupés: “el proyecto nos ha parecido bien porque hemos cubierto muchas necesidades que hemos tenido, el recurso lo hemos invertido en la construcción de siete viviendas nuevas, les agradecemos por este beneficio que le han dado a la comunidad de Puerto Palomo, nos sentimos muy orgullosos.” (Masbosques, 2023).

En estos escenarios lo que se puede evidenciar es que los proyectos de carbono han traído recursos invaluables a las comunidades locales, pero también, han multiplicado los conflictos por proyectos de bonos carbono en toda la Amazonía colombiana (Bermudez, 2023). A su vez, algunas iniciativas podrían estar incumpliendo las salvaguardas sociales y ambientales en cuestiones como el acceso a la información de los proyectos, el consentimiento y la participación de las comunidades, el respeto de sus estructuras de gobernanza o la rendición de cuentas sobre sus beneficio (Bermudez, 2023).

Sumado a esto, al parecer, parte de estas tierras ocupadas y acaparadas son negociadas de alguna manera en las notarías, mediante negocios ilegales que luego quedan registrados en las oficinas de instrumentos públicos (Semana Sostenible, 2018). En relación con esto, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, habla de la ausencia de un catastro rural actualizado que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca.

A esta falta de presencia y fortalecimiento de las entidades estatales que se ha venido dando tanto al interior del parque como en su periferia, se adiciona los presupuestos limitados que han venido recibiendo las administraciones del parque, y el desconocimiento que aún se tiene del área natural protegida, lo cual no ha permitido tener un mayor control sobre las distintas presiones que se han venido presentando en el entorno del parque y en su interior (Castellanos y Rojas, 2018). Esto muestra claramente que existen grandes limitaciones para que las autoridades ambientales puedan tener el control de esta área, incluyendo la administración del parque, puesto que no han tenido ni tienen la capacidad de un control real en el territorio, y no han contado ni cuentan con el suficiente personal ni con la dotación necesaria para contrarrestar los distintos problemas que se han venido dando a partir del establecimiento y la ampliación del parque Chiribiquete (Castellanos y Rojas, 2018; Semana Sostenible, 2018). Aunque Chiribiquete es el parque natural más grande del país, no en toda el área se presentan tensiones, son seis las áreas donde especialmente se concentran estas presiones concentradas en los municipios colindantes como Bajo Caguán y Calamar (WWF, 2021).

En cuanto a los operativos de Artemisa, que fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, se ha señalado por parte de algunos líderes sociales de la zona, que esta operación reavivo muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, lo cual ha venido incremento la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.

En el primer trimestre del 2023, en cercanías de Chiribiquete se identificó el desarrollo de una vía ilegal que se construyó en el reguardo indígena de Yaguara II (El Tiempo, 2023), la cual ya la procuraduría le solicitó a Minambiente que debe intervenir esta vía ilegal que se hizo sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara II ni de las autoridades competentes (Caracol, 2023).

El área comprendida hoy por lo que es el Área de Manejo Especial AME Macarena, estuvo sobrepuesta con la denominada Reserva Forestal de la Amazonía que fue creada a través de la Ley 2da de 1959, -cuya extensión abarcaba toda la cuenca del rio Amazonas y parte de la del Guaviare-, la cual fue sometida a sucesivas sustracciones destinadas principalmente a la ampliación de la frontera agrícola a través de procesos de colonización (PNNC, 2018). Con el Decreto 1989 de 1989, cambia el régimen jurídico de esta área pasando a ser entonces él AME Macarena (PNNC, 2018).

El espacio donde hoy día se localiza él AME Macarena, desde mediados del siglo XX ha estado sujeto a procesos de colonización espontánea y orientada, caracterizados por ser desordenados y carecer de atención estatal (PNNC, 2018). Desde la década de los años 50 hubo apoyó económico del Estado para que en ese momento ex combatientes liberales amnistiados se trasladaran al Ariari; posterior a esto desde la Caja Agraria se fundaron los centros de colonización de Canaguaro, Avichure y Charco Indio, en la ribera derecha del río Ariari, para que allí se asentaran cientos de familias que se habían quedado sin tierra ni trabajo por cuenta de la “violencia”; en la década de los 60 el recién creado INCORA inició el denominado proyecto Meta I con la apertura de zonas de crédito supervisado en los municipios de Acacias, Guamal, San Luis de Cubarral, la parte norte de Granada, la Oriental de San Martín y la parte de Fuente de Oro en el sector intermedio del río Ariari, proyecto que se extendió a finales de la década del sesenta a tres áreas de colonización diferente: al Ariari-Guejar, El Retorno en márgenes del río Guaviare; y Planas, al oriente del departamento del Meta. Igualmente, en la década de los setenta hubo en particular procesos de colonización espontanea asociados especialmente a bonanzas locales de madera, pieles y cultivos de uso ilícito (PNNC, 2018).

En la última década la situación que se viene dando al interior del parque y en sus zonas aledañas, es que a partir de la salida de las extintas FARC, por el Acuerdo de Paz en el 2016, por la no llegada de entidades del estado al territorio, empezó un fuerte proceso de ocupación en los terrenos del parque, a este respecto hay versiones que indican que esta ocupación se ha estado financiado por mafias que quieren hacer negocios con las tierras praderizadas o que quieren establecer ganado (Mongabay, 2021). Otras versiones dicen que también hay campesinos que están llegando de manera masiva de muchos lugares del país a buscar tierras que solo están encontrando disponibles al interior del parque (Semana, 2018). Al interior del parque se han hecho una gran cantidad de vías por las extintas FARC y por la comunidad, que son las que han permitido varias de las actividades que se dan en el interior del parque, en donde la gente de la comunidad pide que haya reconocimiento y mejoramiento de algunas de estas vías para poder tener más alternativas económicas con las que cuentas al día de hoy (Borda, 2017 Semana Sostenible, 2019).

Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por lo operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022). Además de esto, no ha sido posible en los últimos años la presencia permanente de funcionarios del parque por las amenazas que han recibido por parte de distintos actores que han estado en la zona (Mongabay, 2019). En cuanto a la comunidad que vive en el parque Tinigua, han venido señalando que la única alternativa económica que ellos ven viable es la ganadería, puesto que bajo la visión de ellos los suelos del sector son muy malos y no se dan si no pastos, igual señalan que además de esto por la falta de infraestructura en la zona el único negocio que les da rentabilidad es la ganadería (Mongabay, 2019).

La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados índices de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación, sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC.

El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo, por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, del narcotráfico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque (Verdad Abierta, 2022; Mongabay 2019), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró reemplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsistencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica.

Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamiento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de esta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Parque Natural (PNN, 2018), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.

Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación (Mongabay, 2019 ). Igualmente, los cultivos de coca han disminuido, pero no de manera contundente y han aparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrentamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque.

Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas. Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impida que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando “.

Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construida de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes índices de incendios y deforestación en los últimos años. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (Mongabay, 2019). Igualmente, como lo indican varios funcionarios, el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforestación, incluso más que la siembra de cultivos de coca.

Existen también presiones sobre el Área de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, alrededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque (Botero, 2016).

Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, precisamente denunció cómo en febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de esas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con esas familias e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas víctimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesinas, pero no hacia los grandes financiadores de la ganadería extensiva, los monocultivos de palma, entre otros.
En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se han presentado 29 585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre (Mongabay, 2023), Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que este 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de PNN (Mongabay, 2023). En el 2023, un pescador sufrió las consecuencias de “desobedecer” el mandato del grupo guerrillero que prohibió pescar en el río Guayabero, en el Raudal, sector del Parque Natural Sierra de La Macarena, donde un letrero con una calavera y con las siglas Farc-EP, en letras grandes, restringe la pesca (El Colombiano, 2023)
Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encuentran en un nivel de riesgo alto (Mongabay, 2023).
De acuerdo a lo señalado en Mongabay (2023) ha habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad. “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente (Mongabay, 2023). Contrario a varias de estas estas situaciones como parte de los proyectos del Fondo Colombia Sostenible, 52 familias de dos municipios del Meta, se incorporaron a la conservación y uso sostenible de los bosques (El Espectador, 2023). Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023 (Mongabay, 2023).