Atlas | Tipología Agropecuario

Desde entonces, el contacto con la sociedad mayoritaria se difundió entre los distintos núcleos de la población Nükak. Este acercamiento ha tenido diversas consecuencias en procesos de cambio cultural (Mincultura, 2012; Mahecha y Franky, 2011). Entre ellos está la transmisión de enfermedades, el debilitamiento de redes de parentesco y de reproducción cultural, el asentamiento en entornos urbanos en condiciones de precariedad, o la reducción de la movilidad y de usos e interacciones con la naturaleza. En 1993 fue establecido el Resguardo Nükak al nororiente del Guaviare y cuatro años después se le hizo una ampliación, con el fin de contrarrestar estas problemáticas que ponían en riesgo la identidad cultural y la característica nomádica de los Nükak (INCORA, 1993); además, el caso había ganado atención nacional e internacional por tratarse de un grupo nómada con mínimo contacto previo (El Tiempo, 1993). 954.480 hectáreas constituyen el resguardo, pero en las últimas dos décadas los Nükak solo lo han habitado parcialmente o en sus fronteras, o no lo han habitado en general, puesto que han sido desplazados hacia San José del Guaviare y sus inmediaciones (Corte Constitucional, 2012; El Tiempo, 2022; Unidad de Víctimas, 2024).

El desplazamiento de los Nükak obedece a varias presiones que se fueron sumando sobre ellos y su territorio. Por un lado, desde la década de 1980 la colonización de las planicies del Guaviare por parte de población mestiza proveniente de los llanos y la región andina llegó a un punto en el que interrumpió sus dinámicas espaciales nómadas, en especial en el sector occidental del resguardo. En la década de 1990, el avance de cultivos de uso ilícito y del conflicto armado en el mismo sector limitó aún más la movilidad de los indígenas (Mahecha, et. al., 2011). En el sector oriental del resguardo, el asentamiento de la misión religiosa The New Tribes conocido como Laguna Pavón II se convirtió en un polo de dependencia para los tránsitos, consumos y la salud de los indígenas. Después de la salida de la misión en 1996, esta dependencia de los núcleos Nükak del sector condujo a que buscaran en asentamientos colonos las ayudas que antes recibían de su parte, a lo largo de los ríos Guaviare o Inírida o de las redes de trochas que se estaban expandiendo (Mahecha y Franky, 2015).

Las dinámicas espaciales de los Nükak consisten en la movilidad de núcleos o grupos locales de varias familias en circuitos que conocen y que han adaptado para atender sus necesidades alimentarias. A lo largo de los circuitos siembran jardines o chagras de distintas plantas como frutales y tubérculos e intervienen procesos naturales para atraer la presencia de fauna para la caza (Cárdenas, D y Politis, G, 2000). Las necesidades y posibilidades de recolección, caza y pesca marcan los ritmos de los movimientos de los Nukak en este circuito. Se han registrado usos de alimentación y de producción material para más de 120 especies vegetales (Cabrera, 2022). Este amplio conocimiento del manejo del entorno ha sostenido una dieta y cultura material diversas en los Nükak, pero depende del acceso a grandes áreas de selva y corredores biológicos para su sostenibilidad. Se ha estimado que los grupos locales Nükaks al interior del resguardo solían establecer hasta 80 campamentos residenciales al año, con una permanencia promedio de 3 a 8 días y a distancias de 4 a 10 kilómetros uno del otro, desde los cuales grupos domésticos, menos numerosos y conformados por parientes directos, hacían exploraciones para encontrar recursos (Politis, 1996). Completar un circuito podía tomar hasta tres años, y cada grupo local, de 13 identificados en el resguardo según distintas fuentes, tenía uno determinado.

La terminación muno significa gente de y designa a los grupos locales según su ubicación geográfica en el resguardo. Los más grandes han sido Wayari muno, que es “gente del Guaviare”; Mipa muno, “gente del Inírida” y Meu muno, “gente de las cabeceras de los caños o de la coronilla”, que corresponden a los sectores norte, sur y a la divisoria de aguas de las cuencas del Guaviare e Inírida, en la zona central del resguardo, respectivamente (Mahecha et. al, 2011). Mauro muno es el nombre que ha recibido el Consejo de Autoridades Tradicionales del pueblo Nükak que engloba a los 13 grupos locales e interactúa con la institucionalidad estatal (Akubadaura, 2021).

La expansión de la colonización campesina dirigida y espontánea, de cultivos de uso ilícito, de monocultivos legales, de redes de trochas, de ganadería extensiva, de deforestación y del conflicto armado, son presiones simultáneas sobre los indígenas y el medioambiente. Las afectaciones a estas dinámicas espaciales nómadas han llevado a interrupciones y desequilibrios que resultan en procesos de sedentarización, dependencia y desplazamiento forzado, además del aumento de tensiones entre actores civiles como campesinos colonos e indígenas (Barbero, 2015). La explotación de hidrocarburos se planteó a inicios de la década de 1990 pero nunca se materializó (CNMH, 2019).

Los episodios de desplazamiento hacia San José del Guaviare iniciaron en 2002 con la intensificación de acciones violentas, producto de la entrada de grupos paramilitares que disputaban el control territorial sostenido por las extintas FARC durante décadas en la región (Cabrera, 2021). El frente 44 de las FARC regulaba las actividades ilegales desde la década de 1990, pero el avance paramilitar en el cambio de siglo llevó a que se refugiaran en las zona oriental del resguardo, lo cual motivó el desplazamiento paulatino de las comunidades locales de esa parte hacia la occidental y eventualmente fuera del resguardo. Las numerosas minas antipersona plantadas a lo largo de corredores estratégicos al interior del resguardo son una de las consecuencias de estas disputas territoriales, y actualmente son uno de los principales obstáculos para la realización de programas relacionados al retorno de los indígenas (Mongabay, 2016). La creciente presencia de actores armados que se identifican como disidencias de las FARC aleja la posibilidad de retorno y obstaculiza el control de autoridades ambientales frente al avance del cultivo de palma de aceite y de carreteras (Mongabay, 2024).

De 2002 a 2008 investigadores han registrado siete movimientos de desplazamiento de distintos grupos locales desde los sectores occidental y oriental del resguardo. Según los registros, 235 personas fueron desplazadas, lo que correspondía al 35% de la población total Nükak del momento (Mahecha et al., 2011). Los procesos de registro de víctimas realizados por la Unidad de Víctimas, por otra parte, suman otros episodios en los cuatro años siguientes que hablan de más de 600 víctimas adicionales de desplazamiento (Unidad de Víctimas, 2024). En la mayoría de los casos, los procesos de retorno han sido insatisfactorios porque en algunos sectores del resguardo no hay garantías de seguridad por presencia de actores armados ilegales y de campos minados (Mongabay, 2016), o porque afectaciones medioambientales han llevado a la interrupción de las dinámicas territoriales de los Nükak, lo cual ha hecho insostenibles formas tradicionales de habitabilidad en el resguardo (Barbero, 2015). En vista de esta situación, la Corte Constitucional ha declarado desde 2009 que los Nükak son una de las poblaciones étnicas en riesgo de extinción por el desplazamiento y el conflicto armado. A pesar de que en distintas instancias ha ordenado acciones para mejorar las condiciones de los indígenas y el resguardo (sentencia T-025 de 2004, auto 004 de 2009, auto 173 de 2012, auto 827 de 2023), el auto de seguimiento más reciente reconoce que los avances institucionales han sido limitados para atender la situación (Corte Constitucional, 2023).

Las cifras de la población Nükak han sido variables. Se calcula que el 40% de la población murió en los cinco años posteriores al encuentro de 1988 (Cabrera, 2021). En la década de 1960 se estimaba una densidad poblacional mayor a lo que se constató en décadas siguientes, pues en 1988 se hablaba de 700 a 1000 indígenas. A mediados de los noventa y durante inicios de la década del 2000 las cifras bajaron a 400 o 500 personas según algunas fuentes (Politis, 2006), aunque el censo de 2005 hace referencia a 1080 personas que se identificaban como Nükak (Mincultura, 2010). Las cifras actuales fluctúan entre estas aproximaciones (Cabrera, 2021; URT, 2023). Según registros de hace una década, en ese momento menos del 2% de la población total superaba los 50 años de edad y el 80% era menor de 30 (Mincultura, 2012), lo cual pone en riesgo la capacidad de reproducción cultural de la sociedad Nükak.

Sumado a lo anterior, el desplazamiento y el asentamiento en cabeceras urbanas ha generado procesos de bilingüismo en poblaciones jóvenes Wayari muno y Meu muno que no han tenido la oportunidad de habitar el resguardo bajo los modos tradicionales de vida. El aprendizaje de español ha sido incentivado por entidades estatales pues facilita la comunicación con los Nükak, que durante décadas ha sido de los principales obstáculos en la relación entre indígenas y estado, pero también ha generado tensiones al interior de algunos grupos locales porque hay disputas generacionales por la legitimidad y representación de grupos y personas en estas instancias (Cabrera, 2020). Además, hay problemáticas por la incomprensión de los modos de organización social y de gobernanza al interior de la sociedad Nükak desde la institucionalidad, lo cual se traduce en que los mecanismos de participación y toma de decisiones propuestos no se relacionan con el contexto y fallan en sus objetivos (FCDS, 2022; Mahecha y Franky, 2015). Estas diferencias en la comprensión de los modos de vida social que evidencia la relación entre estado e indígenas Nükak han resaltado las dificultades de atender a un grupo en contacto inicial y de implementar el enfoque diferencial de acción sin daño.

El desplazamiento Nükak hacia San José del Guaviare, El Retorno, Mapiripán y las inmediaciones de otros municipios cercanos ha acarreado una asimilación problemática a sus nuevos entornos. En los lugares de recepción los Nükak han conformado pequeñas colonias expuestas a las condiciones más precarias de sus nuevas locaciones. Problemas de orden psicosocial como abuso sexual, prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, indigencia y mendicidad se han vuelto recurrentes en una parte significativa de la población joven, además de afecciones a la salud generadas por cambios en la dieta y patrones de movilidad (Cambio, 2023; El Espectador, 2023, El Espectador, 2023a). En la actualidad, las investigaciones consideran que todos los grupos locales de los distintos sectores del resguardo han tenido contactos con los kawene (personas blancas/mestizas) y con procesos de desplazamiento dentro del resguardo o hacia las afueras de éste, que es el caso de la mayoría; y señalan que hay posiciones divergentes en cuanto a los deseos de retornar a los resguardos o de quedarse en los municipios (Mincultura, 2012; Mahecha y Franky, 2015). A pesar de que la figura de los Nükak ha sido un aliciente para la promoción de la diversidad cultural del Guaviare y del multiculturalismo colombiano, en San José las relaciones interétnicas de comunidades desplazadas Jiw, Tukano y Nükak son complejas porque se han conformado jerarquías que relegan a los últimos de espacios de participación y concertación por su limitado conocimiento del funcionamiento estatal (Del Cairo, 2011).

El desplazamiento ha posibilitado la ocupación del resguardo por parte de distintos actores con sus respectivas economías. Los cultivos de planta de coca de uso ilícito se han propagado porque actores armados ilegales y carteles de narcotráfico direccionan población campesina o colona. Se ha documentado que las disidencias de las FARC comandadas por Gentil Duarte han amenazado y prohibido el retorno de Nükaks desplazados a ciertas zonas del resguardo (Ambiente y Sociedad, 2020). Por otra parte, el avance de la frontera agraria ha instaurado monocultivos de palma africana, eucalipto y otras plantaciones como piña y plátano en las franjas occidental y norte del resguardo (Mongabay, 2020; USAID, 2021), las más afectadas por la penetración de procesos de colonización desde las carreteras San José – Calamar y San José – Charras y desde el río Guaviare y sus afluentes. El resguardo Nükak tiene cerca de 1000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, la mayor área para un resguardo en la Amazonia (La Silla Vacía, 2023). Los cultivos, lícitos e ilícitos, no solo propician la deforestación, sino que requieren la expansión de la red de trochas que segmenta más el resguardo y las dinámicas espaciales de los Nükak. Tanto como las actividades agrícolas, la ganadería extensiva es causa de deforestación y praderización en la región (USAID, 2021), además de fomentar dinámicas de especulación con los precios de la tierra. Todas estas actividades presionan el avance de la deforestación y la creación de caminos a nuevas áreas. Hay registros de 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Mongabay, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque a lado y lado se ve actividad económica y afectaciones ambientales (FCDS, 2020).

Las discrepancias entre población colona campesina e indígenas se complejizan porque en 1997, a la par que amplió el área del resguardo Nükak, el INCORA creó la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, que entra en traslape con los límites occidentales del resguardo (La Silla Vacía, 2020; Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, 2021). Por ello ambos actores civiles reclaman derechos territoriales sobre áreas disputadas, aunque la deforestación y el avance de cultivos y trochas, asociados a actores armados ilegales o a terceros inversionistas, excede los límites de la zona de reserva (Rutas del Conflicto, 2022). En 2021 la Comisión de la Verdad acompañó un proceso de acercamiento y generación de confianza entre campesinos e indígenas que resultó en un Acuerdo de Voluntades para lograr una convivencia pacífica en la región (Comisión de la Verdad, 2021). Sin embargo, aún representa un reto para la institucionalidad el tratamiento de estas dos poblaciones en un mismo territorio, lo cual revive tensiones entre actores. Por ejemplo, el PNIS suspendió proyectos con campesinos cultivadores de coca porque estaban en área del resguardo y allí no podía operar el programa sin autorización de los indígenas; mientras que para los Nükaks inscritos al programa (principalmente como recolectores) ha tardado la aplicación de los proyectos de sustitución por falta de un enfoque diferencial (Rubiano-Lizarazo et. al., 2022). Por otro lado, la demanda instaurada por la URT en 2023 para lograr la restauración de los derechos territoriales de los Nükak implicaría el desalojo de familias colonas campesinas que han establecido minifundios y economías de subsistencia dentro del resguardo. Las asociaciones campesinas argumentan que llevan allí generaciones, les han hecho mejoras a los predios y dependen de su trabajo para sobrevivir (El Espectador, 2023b).

Dentro de las tensiones sociales que han perdurado en el tiempo en este conflicto socioambiental, se destaca lo señalado por la comisión intereclesial de justicia y paz (2021) quienes indican que la empresa Poligrow con el respaldo de instituciones estatales prohíbe a las comunidades indígenas Sikuani y Jiw el acceso a sus zonas sagradas, al igual que al ejercicio tradicional de la caza y la pesca. Estas comunidades, señala la comisión, que están siendo vulneradas por la producción palmera puesto que esta actividad les ha ocasionado escasez y contaminación de agua entre otras afectaciones para su subsistencia. Adicionalmente, en el marco de este conflicto desde la CIJP (2018), se señala que algunos indígenas han sido asesinados en la zona, con signos de tortura, como fue el caso de una líder comunitaria, que trabajaba en el esclarecimiento de la propiedad de tierras. En los testimonios que ha recogido la CIJP (2021), se encuentra el sentir de esta comunidad que manifiesta “Queremos volver al territorio, reconectar con nuestros espíritus y mayores, necesitamos nuestro territorio libre de palma y así poder volver a ser Sikuani”. Afirmación referente a las exigencias que la comunidad Sikuani le hacen a las instituciones del Estado para la restitución del territorio y en exigencia a que se garantice su derecho fundamental a la consulta previa sobre la continuidad o no del proyecto palmero.

En Mapiripán, durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándolas de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Igualmente, varias publicaciones identifican que uno de los principales actores involucrados en este conflicto socioambiental de la última década, ha sido la empresa palmera Poligrow, la cual llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con el cultivo de palma africana, tambien conocida como palma de aceite. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales, en donde se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994

En el 2017, sale informe de la Contraloría, donde se señala que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala por lo que se hace traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si existen responsabilidades penales y/o disciplinarias. En contraste, la organización Tierra en Disputa, señala que durante el 2016 y 2017 hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal por adquirir varios predios en el territorio, en contra del representante de la empresa Poligrow, esta organización indica que en agosto de 2017, un juez determinó la inocencia del representante legal de la empresa, tras no hallar pruebas ni testimonios contundentes (Tierra en Disputa, 2023). Posterior a esto en el 2020, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WMR) señaló en uno de sus artículos que la empresa palmícola Poligrow en Colombia, planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores” (WMR, 2020).

Adicional a esto, desde la CIJP (2016, 2018 y 2021) junto con otras fuentes, se señala que dentro de las malas prácticas ambientales que tiene la empresa esta el uso del agua de lagunas naturales, morichales y humedales, contaminándolos y afectando la biodiversidad que depende de estas fuentes como el caño Yamu. Igualmente, señalan que, en las solicitudes de agua, realizadas por la empresa a Cormacarena son para el uso exclusivo de agua concesionada para riego, pero la usan también en el campamento de empleados y la extractora. Así mismo, se indica que aunque la empresa tiene prohibido depositar el fruto directamente en el suelo por los lixiviados y contaminación que produce, se sigue haciendo de este modo. Junto con estas situaciones, se le suma que se señala que la empresa también construyó una presa sobre una laguna para aumentarle el tamaño, modificando sus ciclos naturales, además a esto se ha acusado a la empresa por crear deforestación.

El representante de la empresa Poligrow afirma que en Mapiripán hay 400.000 hectáreas que hacen parte de la frontera agrícola, y que potencialmente para ser cultivadas hay 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están con palma de aceite. Por lo anterior para el representante la idea no es pensar si hay monocultivos y cómo acabarlos, si no más bien se debe pensar que Colombia puede alimentar al mundo superando el “mito” de que la palma de aceite no deja espacio para nada más (La republica, 2022). Dentro de las afirmacines que han hecho directivos de Poligrow en relación con su producción en el Mapiripan es “…Nuestro compromiso es incluir más a las comunidades y, por ejemplo, a víctimas del conflicto. La idea es que las personas sean operadores de sus propios servicios, con asistencia técnica a largo plazo. También, la garantía de la compra del fruto a valores del mercado…”(La republica, 2023).

Igualmente medios como La Metro Noticias (2019), indican que hay personas de la población de Mapiripán cuya posición es: “Mapiripán ha surgido de la oscuridad a la luz, es una zona que a pesar de las adversidades y de todos los problemas de violencia que se vivieron hace varios años, ha tratado de salir adelante gracias a la intervención de empresas privadas como Poligrow”.

Por otra parte en contraste con estas acciones y declaraciones, la corte constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente dar respuesta a una petición que busca solucionar los problemas ambientales y territoriales de un resguardo indígena de la comunidad Sikuani de Mapiripán, además, le pidió al Ministerio de Ambiente coordinar una mesa de trabajo con entidades del orden nacional, departamental y municipal, para abordar la problemática ambiental y verificar el estado y condiciones de vida del pueblo indígena (Gómez, 2023).

Sumado a esto, La UnidadDeRestitución de Tierras, URT, resolvió un recurso de reposición contra un acto administrativo de no inscripción de un predio localizado en el municipio de Mapiripán, Meta en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF presentado por la ComisióndeJusticiayPaz, de un campesino de Mapiripán, despojado de su predio y en donde actualmente la empresa palmera Poligrow desarrolla proyectos agroindustriales. En donde la URT decidió inscribir el predio en el RTDAF y así, continuar con la fase judicial.

En el resguardo indígena multiétnico Yaguará II, inicialmente conformado por los indígenas de las etnias Tucano, Pijao y Piratapuyos, se han venido presentando distintas situaciones que han generado conflictos socioambientales a lo largo de su conformación. Como parte de las situaciones que se han presentado, han estado los enfrentamientos entre las extintas FARC y las fuerzas militares estatales, como parte del operativo del gobierno de turno “Destructor II” que tenía como objetivo atacar el corredor de narcotráfico que existía en la zona, al igual que era un operativo contra el comandante guerrillero “Mono Jojoy”, muerto en combates en el 2010 (García, 2017). Estas situaciones que acontecieron en ese momento en esa zona, generaron un deterioro ambiental y social, que dieron como resultado que en el 2004 se terminara generando un gran desplazamiento del resguardo de miembros de la etnia indígena Pijao por miembros de las extintas FARC (González, 2012). Luego en los lugares que dejaron los Pijao se reubicaron indígenas de la etnia Nasa, desplazados también por las extintas FARC, desde el resguardo de Altamira (González, 2012).

En algunas de las tierras que fueron despojadas a la etnia Pijao, a parte de la llegada de otra etnia indígena, como fueron los Nasa, estuvo el inició de un proceso progresivo y drástico de deforestación en las tierras, al igual que de siembra de cultivos de coca para usos ilícitos. En el 2015 hay unos conflictos interétnicos en donde los Nasa que se habían ubicado en el Yaguará II salen de este resguardo (Sánchez, 2021). Al año siguiente se viene el Acuerdo de Paz, con la salida de las extintas FARC, y la no presencia de entidades del Estado para retomar el control territorial, se comenzaron a dar procesos de acaparamiento y ocupación de tierras de manera ilegal al interior del resguardo por distintos actores, como fueron los grupos armados ilegales, quienes han vuelto a desplazar a la comunidad, bajo amenaza de reclutar a los menores, no obstante esta situación algunos pobladores permanecen en el territorio a pesar de la difícil situación de seguridad (Rutas del Conflicto, 2021). Miembros de las comunidades indígenas que fueron desplazados hace dos décadas, han intentado retornar a sus tierras para impedir que aumente la deforestación, pero no cuentan con garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado (Tierra de Resistentes, 2020).

Actualmente el territorio perteneciente al resguardo Yaguara II, hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lo que lo protege de posible enajenación (Tierra de Resistentes, 2020). Dentro de la importancia que se le ha reconocido al resguardo Yaguara II, aparte de ser el lugar donde habitan distintas etnias indígenas, es que constituye parte de uno de los corredores biológicos más importantes entre la Amazonia y los Andes, y la conexión entre los parques naturales Chiribiquete y La Macarena. No obstante estas situaciones, se ha señalado que hay intereses económicos para conectar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo Yaguara II (Pérez, 2021). La conexión de estas vías se señala que permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, pero hay versiones que dicen que es algo que puede cambiar muy pronto (Pérez, 2021).

Con Auto 0263 del 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (medida cautelar), se le ordenó a las autoridades ambientales regionales correspondientes, así como a Minambiente, que impartiera una estrategia integral inmediata para cesar la tala ilegal del bosque dentro de Yaguará II y judicializar a quienes trafican la madera de allí extraída, para implementar un plan de recuperación ambiental y reforestación (Tierra de Resistentes, 2020). En la nota publicada en el 2020 por Tierra de Resistentes, se señaló que Corpoamazonia indicó que para poder cumplir con la orden del Juzgado Civil de Ibagué, deben contar con acompañamiento de las Fuerzas armadas del Estado, dada la compleja situación de orden público en la zona; pero confirmaron que la situación ambiental es crítica pues se están desarrollando quemas para la implementación de ganadería extensiva. Igualmente en esta nota Cormacarena, expresó la misma necesidad de acompañamiento, para poder cumplir con las obligaciones impuestas. La CDA igual, además de alegar falta de personal suficiente y la amplitud del territorio.

Dentro de las acciones que se están priorizando por parte del gobierno para disminuir la deforestación en esta área están a) la destrucción de la vía ilegal al interior del resguardo (Presidencia, 2023) y b) el invertir dinero en la implementación de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (Minambiente, 2023; Presidencia, 2023). Además de estás acciones desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo un acuerdo con Minambiente, para dignificar la labor del campesinado, de los pueblos indígenas y las comunidades negras (Minagricultura, 2023). En este escenario, a través de la constitución de las Zonas de Reserva Campesina en el Amazonas, se está apuntando a reconocer su gobernanza y promover sus sistemas productivos, en donde como parte del acuerdo también se incluye el cumplir las medidas cautelares de la demanda de restitución del pueblo Nukak y resguardo Llanos del Yarí Yaguará II (Minagricultura, 2023). Todos estos compromisos y acciones se espera que contrarresten la deforestación al interior del resguardo, el cual entre el 2021 y 2022 fue uno de los más afectados por el tema de Deforestación (Villamil, 2023).

Como parte de los problemas que ha tenido el área natural protegida de Chiribiquete desde su creación, ha sido la falta de presencia estatal en la zona donde se conformó el área natural protegida, la falta de asignación presupuestal y el desconocimiento de la zona por parte de la institucionalidad dado su difícil acceso (Castellanos y Rojas, 2018). Todos estos elementos en conjunto, sumado a que es el parque nacional más grande del país, con más de cuatro millones de hectáreas después de las ampliaciones, han facilitado la intensificación de los motores de transformación en la zona, los cuales se han visto agudizados por la falta de control efectivo del territorio por parte de la fuerza pública y de las autoridades ambientales que están a cargo del área. A esto se le debe sumar las nuevas situaciones de presiones que se han generado por las ampliaciones que se le han hecho a esta área protegida, que en algunos casos ha generado nuevas presiones o ha intensificado las ya existentes. Además, posterior al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, se empezó a dar un riesgo permanente del control territorial por distintos grupos armados al margen de la ley, producto de la salida de las extintas FARC de la zona (Semana Sostenible, 2018).

Sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley, hay otros actores ilegales que han estado aprovechando la falta de control territorial estatal posterior del Acuerdo de Paz, control que era ejercido por las extintas FARC antes de este Acuerdo (Semana Sostenible, 2018). Igualmente, la ausencia o poca presencia de entidades estatales en estos territorios, ha dificultado la articulación con los sistemas de gobernanza locales, desaprovechando la oportunidad que estos sistemas le puedan aportar a un mayor control de la zona (Castellanos y Rojas, 2018). Dentro de las posiciones que tienen algunos de los líderes sociales y autoridades estatales para el caso de la parte de Chiribiquete que se encuentra en el departamento de Caquetá, es que la solución al grave problema de la deforestación, no es solamente judicial y con la intervención de la fuerza pública, sino que también se debe realizar una concertación con las comunidades afectadas para lograr medidas más efectivas.

Algunas de las visiones que se tienen desde las fuerzas armadas estatales respecto a esta situación, es que la deforestación que se ha estado dando en Chiribiquete, ha estado siendo generada por mafias (Cárdenas, 2020; FCDS, 2021). En donde las fuerzas armadas señalan sobre este proceso de deforestación que: “…Los campesinos no tienen plata para pagarle a cien motosierristas…” (Semana Sostenible, 2018). Otras de las percepciones que se tienen desde las fuerzas armadas del estado, es que las autoridades ambientales, dentro de las cuales se encuentra Parques Nacionales, no tienen la capacidad para tener el control territorial del área, y no cuentan ni con la capacidad de personal, ni financiera para contrarrestar todos los problemas que se viene presentando en el parque (Castellanos y Rojas, 2018; Cardenás, 2020). Adicional a esto, la visión de la autoridad ambiental – CDA es que: “…Esa gente llega con grandes capitales desde fuera del departamento. Contratan campesinos y cuando llegan los operativos, solo caen estos, no los autores intelectuales ni los financiadores…”.

Según el IDEAM, en el 2017, hubo un gran aumento de la deforestación, en donde para el caso de la Amazonia se duplicó. El 47 % de esta deforestación en la Amazonia se concentró en ocho municipios amazónicos, seis de los cuales son considerados como las nuevas fronteras de Chiribiquete: San Vicente del Caguán, Solano, Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Guaviare, Calamar y Miraflores (Guaviare) (WWF, 2018).

En general, varias de las zonas de influencia de las áreas que estaban en la propuesta para la ampliación de Chiribiquete, han estado siendo afectadas por procesos de deforestación. Los sectores donde más han disminuido porcentualmente las áreas de bosque son en orden: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yarí (FCDS, 2018). Por otra parte, en la zona de influencia directa del área en proceso de ampliación de Chiribiquete, FCDS (2018) señaló que se contabilizaban 2500 km lineales de accesos terrestres (IDEAM, 2016), sin discriminación de uso, superficie de rodadura ni ancho. Igualmente, dentro de los últimos reportes en la zona de ampliación se señala que una carretera está atravesando el norte del PNN Chiribiquete (El Tiempo, 2022). Por otro lado, otras de las situaciones que se identificaron desde FCDS (2018) que han generado presiones en las zonas de ampliación del parque, son en relación con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, puesto que esto se consideró que causa tensión con la población, ya que al no tener una visión de planificación regional de desarrollo, sino privilegiando proyectos individuales (en su mayoría son ganaderos), que podrían estar derivando en procesos productivos insostenibles que se convierten en pocos años en motores de deforestación.

En la zona del Chuapal FCDS (2018) detectó que hay una alta dinámica de deforestación y apertura de vías, con cultivos de coca generalizados y casi permanentes según el análisis de cultivos de uso ilícito; con algunas incursiones crecientes en el área que se destino para ampliación de Chiribiquete, en condición de abandono. En lo que respecta al sector de la Cristalina FCDS (2018) señaló que a la fecha de la publicación había una dinámica alta del proceso de deforestación, destinada en gran parte al cultivo de pastos, en el norte de este sector se identificado incursiones (Interanual 2016-2017) que son necesarias de monitorear debido a que la presencia de vías de acceso terrestre que lo hacen un sector altamente vulnerable FCDS (2018). Vale la pena anotar que sus características naturales de inundación no facilitan el uso antrópico, lo que, hasta el momento, ha mantenido libre de intervención su zona central.

En cuanto al sector de Itilla FCDS (2018) indica que este sector es un sector caracterizado por cultivos de coca concentrados en el margen izquierdo (aguas arriba) del río Itilla, desde hace una década (como mínimo) con una extensión de aproximadamente 55 hectáreas, sin grandes cambios ni ampliación de la frontera. No obstante en el sobrevuelo de reconocimiento y monitoreo FCDS (2018) señaló que detectó cultivos de coca de amplias dimensiones con características empresariales más que de producción de indígenas.

Por otra parte, de manera complementaria con lo señalado por FCDS (2018) respecto a las presiones en las zonas de ampliación o zonas colindantes, otros fuentes como Mongabay (2018) han señalado que hay cinco zonas donde hay presiones y tensiones sociales en la ampliación de Chiribiquete. Una primera zona se encuentra en la parte norte de la ampliación del parque, en el área entre los Parques Nacionales Chiribiquete y La Macarena en 2010, se empezaba la construcción de una carretera (Mongabay, 2018). La deforestación se expandió cerca de ella, acelerándose mucho más en el año 2017 (Mongabay, 2018). Un segundo foco señalado por Mongabay (2018), se ubica en la esquina noroccidental del Resguardo Indígena Yarí-Yaguará II. En 2016 la deforestación comenzó a invadir este territorio ancestral y para 2018 los parches talados aumentaron considerablemente su tamaño. El tercer foco se centra en la zona norte de la ampliación del Parque Chiribiquete. En 2017 la zona se veía intacta, pero en 2018 se vió deforestación a lo largo de una nueva carretera que se acerca al Parque (Mongabay, 2018). El cuarto punto caliente corresponde a otro sector en el norte de la ampliación del Parque Chiribiquete, con grandes zonas deforestadas en el 2018. Finalmente, el quinto foco de deforestación se encuentra en el borde nororiental de la ampliación de Chiribiquete (Mongabay, 2018).

En cuanto a las campañas de la Operación Artemisa que se han adelantado en parques nacionales de la Amazonia en los últimos años, dentro de los que se encuentra Chiribiquete, algunos de los líderes indígenas y campesinos que representan a las comunidades afectadas indican que: “…Estamos desde el pasado 22 de marzo (2019) haciendo una gira con campesinos e indígenas que vienen desde Caquetá, sur del Meta y Guainía, porque venimos a exponer ante las instituciones del estado – que no se presentaron- nuestra intención de dialogar sobre la problemática que nos tiene enfrentados a graves violaciones de derechos humanos: tenemos compañeros que están siendo judicializados y desplazados, y sus pertenencias quemadas…” (El Tiempo, 2021).

Artemisa fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, se ha señalado por parte de algunos líderes sociales de la zona, que esta operación reavivó muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, lo cual ha venido incrementó la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.

En cuanto a lo que se ha venido dando en el 2023 en Chiribiquete, en el primer trimestre, se identificó el desarrollo de una vía ilegal que se construyó en el resguardo indígena de Yaguara II y que se identificó que estaba impactando en Chiribiquete (El Tiempo, 2023), la cual ya la procuraduría le solicitó a Minambiente que debe intervenir esta vía ilegal que se hizo sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara II ni de las autoridades competentes (Caracol, 2023). Adicional a esto según reporte oficial de los organismos de socorro, más de dos mil hectáreas de bosque y 200 de sabana, han resultado consumidas por las quemas indiscriminadas y tala de bosques registradas en el lugar (Caracol Radio, 2023).

Tinigua ha aparecido en los últimos años como una de las áreas que está siendo más impactada por la deforestación (Mongabay, 2021). Las vías, la colonización y la ganadería han llevado a un fuerte proceso de acaparamiento de tierras en su interior posterior a la salida de las extintas FARC producto del Acuerdo de Paz firmado con el gobierno nacional 2016 (Semana, 2018a; Mongabay, 2022). Las situaciones en el Parque Tinigua, han estado tan complicadas en los últimos años que los funcionarios del parque, incluyendo la propia Directora han sido amenazados por las disidencias de las FARC (Mongabay, 2019). De acuerdo a algunas versiones, son ahora esas disidencias uno de los actores que promueven la deforestación, una situación que contrasta con la que ocurría años atrás, donde las extintas FARC regulaban evitando la tala del bosque (Rojas, 2020).

El Parque Tinigua hace parte de un territorio de frontera de colonización, en donde ha habido muy poca o ninguna gobernabilidad por parte del Estado, por lo cual la gente ha creado sus poroias formas de gobernabilidad y se ha organizado creando estrategias propias para relacionarse con el territorio más allá de las figuras de ordenamiento que se establezcan desde las entidades del estado (Borda, 2017; Rodriguez, 2020). La ausencia estatal a lo largo de años en las zona donde se creó el parque Tinigua (1989), sumado a los procesos de colonización promovidos en distintos momentos por el Estado, ha caudado que los campesinos que han ido colonizando las zonas dentro del parque y su periferia, se hayan organizando y planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado durante décadas (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). Esta situación ha generado que no se hayan logrado acuerdos definitivos entre estas comunidades con las distintas entidades estatales (Rodríguez, 2020).

Como parte de este proceso organizativo comunitario, los campesinos que venían habitando el área del parque Tinigua, incluso antes de la creación del parque, señalan que hace más de 20 años se organizaron en la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero (Ascal-G), que agrupa a comunidades de 68 veredas, y uno de sus pilares, ha sido el evitar la deforestación (Borda, 2017). Esta visión ha sido reconocida en el territorio, incluso cuando operaban las extintas FARC en territorio, ayudaban a Ascal-G a evitar la deforestación, pero una vez salieron del territorio por la firma de los Acuerdos de Paz en el 2016, esta asociación no tuvo ningún respaldo para controlar la deforestación, puesto que ya entraron otros actores al territorio que hicieron se apoderarararon de la zona (Semana, 2018; Rodríguez, 2020). Incluso para las mismas entidades del Estado, la presencia en territorio no ha sido fácil, por ejemplo los funcionarios de Parques Nacionales no han podido permanecer mucho tiempo en la zona, esto ha incluido a la directora del parque a quien le ha tocado permanecer en Villavicencio por las amenazas (Mongabay, 2019).

Dentro de las distintas versiones que se tienen de lo que ha estado pasando en Tinigua, se señala que están llegando campesinos desplazados de Chocó, Putumayo, Cauca, Huila, Caquetá, del mismo Meta, de casi todo el país buscando tierra y al no haber tierras disponibles se adentran en el parque (Semana, 2018). Por otro lado, hay versiones que señalan que los que están llegando no son campesinos desplazados, sino que son personas a las que se les paga por deforestar, y que los financiadores son mafias que buscan praderizar y acaparar tierras, ya sea para incorporar ganado o para comercializarla de manera irregular, en muchos casos para blanquear dinero de actividades de uso ilícito (Mongabay, 2021).

Según el análisis del Ideam, en el primer trimestre del 2023, comparado con el primer trimestre de 2022, se deforestaron 5209 hectáreas menos en Tinigua (Mongabay, 2023). No obstante según investigaciones, las dinámicas territoriales que se están dando muestran los patrones de conversión de bosque a pastos para ganado, en el parque Tinigua, en donde tanto los agricultores antiguos y cómo los nuevos han fragmentado y se han apropiado intencionalmente del área con el patrocinio de disidentes de las FARC y de grandes ganaderos. Al parecer hay ciertas ‘normas’ de los nuevos grupos que ahora están en la Amazonía, para llenar de ganadería la parte sur de Tinigua y conservar la parte norte para garantizar su movilidad por el territorio” (Las2Orirllas, 2023).

La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados índices de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación, sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC.

El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo, por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, del narcotráfico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque (Verdad Abierta, 2022; Mongabay 2019), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró reemplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsistencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica, no obstante, como se evidencio en el taller de diálogo social para la identificación y caracterización de conflictos socioambientales adelantado en el 2024 por el Sinchi, el turismo en la parte del parque que hace parte del municipio de Vista Hermosa también está generando tensiones entre actores en la región.

Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamiento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de esta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Parque Natural (PNN, 2018), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.

Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación, sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación (Mongabay, 2019). Igualmente, los cultivos de coca han disminuido, pero no de manera contundente y han aparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrentamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque. Por otra parte, de acuerdo a lo que se indicó en los talleres de diálogo territorial adelantados en el 2024 por el Sinchi, las personas que residen en los distintos municipios de la zona deben estar carnetizadas por parte de alguna junta de acción comunal y deben andar con este carnet de manera permanente puesto que los actores armados ilegales que controlan la zona pueden solicitarlo en cualquier momento, y en caso de no portarlo pueden ser sancionados.

Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas. Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impide que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando “.

Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construida de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes índices de incendios y deforestación en los últimos años. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (Mongabay, 2019). Igualmente, como lo indican varios funcionarios, el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforestación, incluso más que la siembra de cultivos de coca. Para el 2024 se reportaron nuevos focos de deforestación en Parque Sierra de la Macarena que le apuntan a ganadería y acaparamiento de tierras (Mongabay, 2024).

Existen también presiones sobre el Área de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, alrededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque (Botero, 2016). En los talleres adelantados de diálogo para la identificación y caracterización de CSA en esta zona para algunos de los participantes la culminación de la transversal de la Macarena esta empezando a traer varios problemas en el sur de meta, que afectaciones que se presentan también en el parque la Macarena y áreas próximas.

Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, precisamente denunció cómo en febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de esas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con esas familias e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas víctimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesinas, pero no hacia los grandes financiadores de la deforestación, la ganadería extensiva, los monocultivos de palma, entre otros.

En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se han presentado 29 585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre (Mongabay, 2023), Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que este 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de PNN (Mongabay, 2023). En el 2023, un pescador sufrió las consecuencias de “desobedecer” el mandato del grupo guerrillero que prohibió pescar en el río Guayabero, en el Raudal, sector del Parque Natural Sierra de La Macarena, donde un letrero con una calavera y con las siglas Farc-EP, en letras grandes, restringe la pesca (El Colombiano, 2023).

Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encuentran en un nivel de riesgo alto (Mongabay, 2023).

De acuerdo a lo señalado en Mongabay (2023) ha habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad. “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente (Mongabay, 2023). Contrario a varias de estas estas situaciones como parte de los proyectos del Fondo Colombia Sostenible, 52 familias de dos municipios del Meta, se incorporaron a la conservación y uso sostenible de los bosques (El Espectador, 2023). Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023 (Mongabay, 2023).