Atlas | Tipología Cambio Climático

El Gran Resguardo Indígena del Vaupés o Resguardo Parte Oriental del Vaupés es uno de los más grandes y étnicamente diversos del país. Fue establecido en 1982 en 3.354.097 millones de hectáreas que cubren el 78% del departamento, principalmente en el oriente fronterizo con Brasil. En el resguardo habitan 21 comunidades indígenas diferentes que hacen parte del Consejo Mayor de Gobierno Propio del Gran Resguardo Indígena del Vaupés Parte Oriental y Territorios Ancestrales. Entre ellas, están comunidades Cubeo, Carapanas, Desanos, Piratapuyos, Tucanos, Tuyucas, Tanimuca, Baras, Barazanos, Guanano, Taibano, Guahibo, Baniva, Tariano, Pizamiras y Curripaco (Aativam, 2019). Estas están organizadas en forma de Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y se distribuyen en los distintos sectores del resguardo.

La región que cubre el resguardo es parte de extensas planicies de bosques densos altos de tierra firme, bosques de galería y en menor proporción de bosques inundables. Numerosos ríos como el Pirá Paraná, Taraira, Apaporis y el Vaupés la atraviesan y alimentan las cuencas del río Caquetá o del río Negro del lado brasileño. Tiene un alto grado de conservación por su aislamiento histórico, aunque los poblados y la población colona actual, concentrada en la vía que conecta a Mitú con Monfort, provienen de antiguos asentamientos caucheros de inicios del siglo XX. Los habitantes son mayoritariamente indígenas y la densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de las más bajas del país. La superficie de cultivos ilícitos, que se expandía desde el sur del Guaviare en la década de 1990, ha disminuido en las últimas décadas (FCDS, 2020). Los suelos son ácidos y poco adaptables a la agricultura, de manera que procesos de colonización y expansión de la frontera agraria no han tenido mucho impulso y prácticas tradicionales como el trabajo en sistemas de chagras se han mantenido entre población indígena y mestiza (Sinchi, 2006). Desde la época de las caucherías los modos de transporte dentro del departamento y con el resto del país han sido el fluvial y aéreo, lo cual ha propiciado la conservación del paisaje selvático, pero la ganadería se ha convertido en una presión cada vez más visible sobre las márgenes de los ríos que llegan desde Guaviare a Mitú, municipio de población creciente rodeado por áreas de resguardo (Rutas del Conflicto, 2023).

En vista de estas condiciones favorables de conservación de la región, en la última década esta ha recibido la atención de varios proponentes de proyectos de REDD+ o proyectos de pago por resultados ambientales basados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación de los bosques (Sinchi, 2023). Los conflictos que la llegada de estas iniciativas han desencadenado, corresponden a distintos proyectos en distintos sectores del resguardo, pero en general coinciden en que hay falta de información clara en los contratos suscritos, falta de consulta a todas las comunidades afectadas, falta de acompañamiento de instituciones estatales, relaciones desiguales entre indígenas y el sector empresarial, riesgo de cambio en dinámicas culturales tradicionales y riesgo de divisiones internas en las comunidades indígenas involucradas (Rutas del Conflicto, 2022; El Espectador, 2023, 2024). 

Los proyectos de bonos de carbono o REDD+ son un mecanismo de Pago por Servicios Ambientales. Por medio de empresas intermediarias que ponen en contacto a las partes interesadas, empresas del sector industrial que tienen una gran huella de carbono pagan a comunidades rurales para que conserven áreas de bosque u otros ecosistemas que captan carbono naturalmente y que están riesgo de deforestación o degradación. El volumen de estas captaciones es estimativo y es calculado por empresas verificadoras. Las toneladas de carbono almacenado por el bosque se venden como bonos en mercados internacionales, en un mecanismo que permite a las empresas compensar la contaminación generada por su actividad industrial con las estimaciones del carbono capturado en bosques conservados (Ministerio de Ambiente, 2023). Colombia ha sido uno de los países más interesados en adoptar este mecanismo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como una forma de contener la deforestación y generar ingresos económicos para las comunidades locales, y en la Amazonía se han concentrado la mayoría de estos proyectos en el país. 

Desde inicios de la década de 2010 distintas empresas intermediarias han iniciado contactos para introducir tierras de resguardos indígenas de diferentes departamentos amazónicos a proyectos REDD+. A pesar de algunas campañas informativas sobre el funcionamiento de estos proyectos hechas desde el sector institucional y organizaciones no gubernamentales, la llegada de estas nuevas dinámicas ha generado dudas, desafíos y tensiones entre los distintos actores involucrados en su formulación y ejecución (Sinchi, 2023). Al ser un asunto relativamente nuevo, hay vacíos en la jurisdicción sobre los alcances de los proyectos y sobre su realización en un contexto de intereses variables de múltiples actores y de distintas figuras de ordenamiento territorial como resguardos y Parques Nacionales Naturales (El Espectador, 2023; Dejusticia, 2023), si bien se han venido estableciendo más regulaciones y rutas metodológicas para su realización, llamadas salvaguardas ambientales y sociales (Ministerio de Ambiente, 2020, 2023).

El caso del Gran Resguardo Indígena del Vaupés se convirtió en uno significativo porque recoge algunos de los principales conflictos que ha acarreado la introducción de estos proyectos en la región amazónica colombiana. Además, fue seleccionado por la Corte Constitucional (2024) que redactó la sentencia T-248 de 2024 sobre el caso, la primera sobre bonos de carbono y proyectos REDD+ del país. La sentencia es importante porque sienta un precedente jurídico en este campo y define varias acciones que deben ser tenidas en cuenta para la aplicación de los proyectos, tanto para el sector público como para el privado, en especial en materia de protección de los derechos humanos, étnicos y territoriales de las comunidades locales que participan de los proyectos, en su gran mayoría indígenas y en menor medida poblaciones afrodescendientes y campesinas (El Espectador, 2024).

El caso que aborda la sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional es el de la tutela presentada por el Consejo Indígena del Pirá Paraná contra la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Masbosques), Soluciones Proambiente, Ruby Canyon Environmental y Cercarbono, en un proyecto REDD+ llamado Baka Rokarire ~ia tir+~dito. Los demandados son los intermediarios que llegan a acuerdos con las comunidades para generar y vender bonos de carbono y verificadores o certificadores que calculan las toneladas de carbono capturado que se pueden comercializar en los mercados de carbono (El Espectador, 2024a). El Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) los demandaron porque, según argumentaron en la sentencia que ganaron, las empresas vulneraron sus derechos fundamentales “a la autodeterminación, integridad física y cultural, gobierno propio y al territorio”, además de que el proyecto “desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio” y se suscribió mediante un contrato firmado por un representante legal que no tenía la potestad suficiente para decidir en nombre de las todas las comunidades locales (Corte Constitucional, 2024). 

Investigaciones periodísticas han encontrado prácticas que describen como poco transparentes entre las empresas involucradas en el caso (Vorágine, 2022; Rutas del Conflicto, 2023; Gaia Amazonas, 2024a), mientras que las empresas han afirmado haber hecho el debido proceso según la legislación vigente y han mostrado los documentos de los contratos (La Silla Vacía, 2022). El principal desencuentro radicó en que las empresas desconocieron que era el Consejo Indígena del Pirá Paraná la máxima autoridad con la que debían establecer los acuerdos, cosa que no hicieron porque se reunieron con algunos líderes de forma individual que firmaron contratos sin completo conocimiento del proyecto. La Corte Constitucional falló a favor del Consejo Indigena del Pirá Paraná y abordó el caso de forma específica, pero también estableció algunos lineamientos generales que deberán ser acatados de ahora en adelante en la realización de iniciativas REDD+.

En su sentencia, la Corte ordenó a entidades como el Ministerio de Ambiente y de Interior, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, generar espacios y medidas de diálogo para que las comunidades involucradas en el caso puedan decidir, de forma autónoma e independiente, si quieren implementar proyectos REDD+ en su territorio. De ser así, ordenó el acompañamiento para que puedan decidir en qué términos quieren hacerlo; y en el caso contrario producir los mecanismos necesarios para respetar la decisión. A las empresas involucradas les ordenó abstenerse de interferir en el proceso de toma de decisiones de los indígenas y, en caso de poder hacer el proyecto según la decisión, de establecer mecanismos internos que respeten las determinaciones tomadas por los indígenas y los traten en igualdad de condiciones, pues anteriormente “la conducta de las empresas permitió disputas internas entre los miembros de las comunidades indígenas y, con ello, el riesgo de conservación física y cultural de etnias cuyos saberes desde 2011 se declararon patrimonio cultural inmaterial de la humanidad” (Corte Constitucional, 2024). De manera general, la Corte ordenó al Ministerio de Ambiente establecer “un protocolo con enfoque étnico y estrategias de seguimiento y acompañamiento para la operación de proyectos REDD+ en territorios colectivos” (Corte Constitucional, 2024), que será la hoja de ruta mínima que deberán seguir estos proyectos en adelante. 

Además de este caso, hay otros en el resguardo que presentan conflictos similares. El territorio gestionado por el Consejo Indígena del Pirá Paraná está en el sur del Gran Resguardo del Vaupés. Un poco más al norte, en territorios de AATIAM, AATIVAM, ASATRAIYUVA, ASOUDIC, y AZATIAC, se han registrado tensiones por la implementación de un proyecto REDD+ encabezado por la empresa intermediaria South Pole Carbon Asset Management S.A.S. y la empresa certificadora Bio Carbon Registry (South Pole S.A.S., 2023). Para 2023, este proyecto se encontraba en estudios de factibilidad (CNTI, 2023).

Otro caso es el de la empresa Walrättung o Waldrettung en el mismo resguardo, que también ha sido objeto de investigaciones periodísticas (Rutas del Conflicto, 2022; Vorágine, 2022). Según el representante legal de esta empresa, los acuerdos suscritos por la empresa y las autoridades del resguardo cubren la totalidad del resguardo, pues los contratos fueron revisados con la máxima instancia de gobernanza del resguardo, el Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés. El representante ha señalado que otras empresas del mismo sector aprovechan la diversidad de comunidades del resguardo para establecer acuerdos parciales, y ha mencionado tensiones con empresas como “South Pole Asset Management, Saving The Amazon, Más Bosques, Carbon Sostenible, Wildlife Works Colombia y Amazon Carbon Bonds” (Rutas del Conflicto, 2022). En una misma área no pueden traslapar dos proyectos REDD+ porque el carbono capturado calculado corresponde a una única superficie boscosa, de manera que los bonos comercializados a partir de esa área serían bonos de “aire caliente”, que es como se conoce a proyectos REDD+ engañosos. Dado que desde 2017 hay exenciones tributarias para empresas con grandes impactos ambientales por uso de combustibles fósiles que demuestren haber comprado bonos de carbono, se teme que este mecanismo llegue a ser utilizado de formas poco transparentes sin regulación y seguimiento estructurados (Carbon Market Watch, 2021; Gaia Amazonas, 2024). 

La llegada de empresas a la región del Gran Resguardo del Vaupés ha generado desencuentros al interior de comunidades indígenas cuya unidad social es importante para asegurar la permanencia de prácticas y conocimientos tradicionales. También ha generado desencuentros entre distintas comunidades étnicas del resguardo que tienen visiones diferentes sobre los proyectos REDD+. Por ejemplo, un testimonio recogido en investigaciones periodísticas clave sobre el tema señala: “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”(Rutas del Conflicto, 2022). 

Por tratarse de acuerdos comerciales privados en un mercado internacional, en ocasiones anteriores entidades estatales se han desligado de lo que suceda al interior de estos acuerdos entre empresas intermediarias y formuladoras de proyectos, empresas certificadoras, verificadoras y compradoras de los bonos, y las comunidades locales con las que estas interactúan (La Silla Vacía, 2021). La sentencia de la Corte contradice esta posición y obliga al Estado a estar presente en estas negociaciones y a regular los alcances de los proyectos en los lugares y las poblaciones en que sean ejecutados, en especial con un enfoque territorial y étnico (Corte Constitucional, 2024). Otra modalidad de proyectos de bonos de carbono está vinculada al Estado por medio de la estrategia Visión Amazonía, que recibe fondos de cooperación internacional. Sin embargo, la intención inicial que enunciaron algunas autoridades del Gran Resguardo del Vaupés estaba en establecer ellos mismos un proyecto de conservación REDD+ para llegar a acuerdos con compradores de bonos sin la intervención de un intermediario (Gaia Amazonas, 2024a). Ahora que la Corte Constitucional ha definido lineamientos sobre el tema, esta podría ser nuevamente una posibilidad para las distintas comunidades del resguardo y un precedente para otros grupos de la región.

Los proyectos de bonos de carbono o REDD+ son uno de los mecanismos de Pago por Servicios Ambientales, en donde por medio de empresas intermediarias se pone en contacto a las partes interesadas, que son empresas del sector industrial que tienen una gran huella de carbono y que les pagan a comunidades rurales para que conserven áreas de bosque u otros ecosistemas que captan carbono naturalmente y que están riesgo de deforestación o degradación (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023). El volumen de estas captaciones es estimativo y es calculado por empresas verificadoras. Las toneladas de carbono almacenado por el bosque se venden como bonos en mercados internacionales, en un mecanismo que permite a las empresas compensar la contaminación generada por su actividad industrial con las estimaciones del carbono capturado en bosques conservados (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023). Colombia ha sido un país que ha estado muy interesado en incorporar este mecanismo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como una forma de contener la deforestación y generar ingresos económicos para las comunidades locales, en donde en la Amazonía se ha concentrado la mayoría de estos proyectos en el país.

Dentro de las iniciativas REDD+ en la amazonia colombiana,  Guainía ha sido un departamento en el que las empresas han encontrado una gran oportunidad para el desarrollo de este tipo de proyectos dada la conservación de los bosques. Esta confluencia de empresas que se ha estado dando en el departamento en las últimas dos décadas, ha generado una gran especulación financiera y monetización de los bosques que se encuentran en las zonas de resguardos, lo que en gran parte ha desencadenado una serie de tensiones territoriales que han intensificado los conflictos socioambientales (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023). 

Con la llegada de proyectos REDD+ en algunas comunidades se ha debilitado y amenazado la gobernanza. En parte estas situaciones se han dado por que existen contratos firmados con diferentes empresas desarrolladoras en un mismo territorio para la ejecución de proyectos REDD+, todo lo cual ha generado una pérdida de cohesión entre las comunidades y podría ocasionar problemas jurídicos por la firma de dos contratos por el mismo propósito (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023). Por tratarse de acuerdos comerciales privados en un mercado internacional, en ocasiones anteriores entidades estatales se han desligado de lo que suceda al interior de estos acuerdos entre empresas intermediarias y formuladoras de proyectos, empresas certificadoras, verificadoras y compradoras de los bonos, y las comunidades locales con las que estas interactúan (La Silla Vacía, 2021). La sentencia de la Corte contradice esta posición y obliga al Estado a estar presente en estas negociaciones y a regular los alcances de los proyectos en los lugares y las poblaciones en que sean ejecutados, en especial con un enfoque territorial y étnico (Corte Constitucional, 2024). 

Otro de los temas que ha surgido y que ha generado tensiones entre comunidades,  instituciones de gobierno y empresas implementadoras, es el desarrollo de proyectos REDD+ en áreas protegidas, como es el caso de la reserva Puinawai, ya que existe una zona de traslape con el resguardo indígena de Cmari, quienes están adelantando un proyecto REDD+ por parte del resguardo, estas tensiones se evidenciaron en el desarrollo del taller adelantado con instituciones en Inírida en el 2024. Además de esto, un tema que ha generado especial preocupación en varias instancias, es que algunos de los proyectos  REDD+ han generado como compromiso del desarrollo del proyecto, reducir el 30% del área de las chagras, con el fin de reducir deforestación. Este aspecto es preocupante porque la Chagra es una práctica cultural fundamental, no solamente desde el punto de vista alimentario, también desde lo social, económico y especialmente ambiental, porque es un sistema productivo con la capacidad de fortalecer la recuperación de los ecosistemas degradados o con riesgo de degradación (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023).

Además de esto otras situaciones que se han venido dando en el Guainía alrededor de los proyectos REDD+ y que han generado tensiones al interior de las organizaciones indígenas, en distintos momentos, es que en el marco de la llegada de proyectos REDD+, las empresas implementadoras no han realizado jornadas informativas en las comunidades y preferiblemente han optado por adelantar  eventos en la cabecera de Inírida con asistencia de los representantes de resguardos, de acuerdo a las declaraciones de la Mesa de Concertación Indígena – MECIGUA (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023). Por lo que contrario a ser esto una solución, la participación de los representantes, no ha sido garantía de que la información haya fluido a la base de las comunidades. En este sentido, se ha asumido que una persona con el cargo de autoridad cuenta con las capacidades para transmitir el mensaje y los acuerdos con empresas implementadoras, en comunidades rurales dispersas a varios kilómetros de viaje por río (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023). 

Aproximadamente hacia el 2010, distintas empresas intermediarias han ido llegando a territorios de resguardos indígenas de diferentes departamentos amazónicos en búsqueda de oportunidades para incorporar a proyectos REDD+. Al ser un asunto relativamente nuevo, hay vacíos en la jurisdicción sobre los alcances de los proyectos y sobre su realización en un contexto de intereses variables de múltiples actores y de distintas figuras de ordenamiento territorial como resguardos y Parques Nacionales Naturales (El Espectador, 2023). Estas situaciones han generado que se hayan venido estableciendo más regulaciones y rutas metodológicas para su realización, a través de salvaguardas ambientales y sociales (Ministerio de Ambiente, 2020, 2023), no obstante, aún desde el sector institucional y organizaciones no gubernamentales, la llegada de estas nuevas dinámicas de estos proyectos ha generado dudas, desafíos y tensiones entre los distintos actores involucrados en su formulación y ejecución (Díaz & Ruiz-Nieto, 2023).