Biodiversidad, Conservación, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático con Soluciones Basadas en Naturaleza
- Conflictos Proyectos REDD+
- Conflicto PNN Chiribiquete
- Conflicto PNN Tinigua
- Conflicto PNN Macarena
- Conflicto PNN Los Picachos
Conflictos asociados a la ejecución de proyectos REDD+ en el Gran Resguardo del Vaupés
Descripción
El Gran Resguardo del Vaupés, está conformado por 19 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas AATI que hacen parte del Consejo Mayor de Gobierno Propio del Gran Resguardo Indígena del Vaupés Parte Oriental y Territorios Ancestrales. Dentro de las causas que han estado generando este conflicto con relación a la firma de contratos de proyectos REDD+, se encuentran las discrepancias entre los miembros de una misma comunidad, al igual que entre sus líderes, así como entre los miembros de distintas comunidades. Lo anterior se explica porque en la mayoría de los casos no se conoce la información completa sobre los compromisos que se adquirieron con determinadas empresas a través de la firma de los proyectos de REDD+, a esto se suma que para una gran parte de los habitantes del Gran Resguardo del Vaupés, no ha sido claro quiénes se están beneficiando y de qué modo se está beneficiando (Voragine, 2022a). Esta asimetría en la información entre los habitantes y algunas empresas en las negociaciones sobre los contratos REDD+, ha llevado a que muchas de las personas que hacen parte del Gran Resguardo no hayan contado con todo el conocimiento, ni la información adecuada, sobre las implicaciones de firmar algunos de estos contratos de proyectos REDD+ (Voragine, 2022).
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En este escenario, estas asociaciones indígenas enfrentan desafíos de gobernanza socioambiental importantes para la sostenibilidad de sus culturas y sus territorios. La implementación de proyectos REDD+ en el territorio, ha despertado profundas preocupaciones en las comunidades y plantea riesgos en aspectos asociados a: injusticias y restricciones en el acceso y el control de los recursos forestales, la creación de nuevas estructuras de gobernanza forestal que cambian las relaciones entre las partes interesadas y el bosque, la exclusión de la participación integral de los miembros de la comunidad en los proyectos y al incumplimiento de las altas expectativas de los mismos (Voragine, 2022 y 2022a). Adicionalmente, se da una afectación a la gobernanza propia de los pueblos indígenas y a su relación tradicional, y cultural con el bosque generando una pérdida del patrimonio cultural inmaterial (Bermúdez, 2022).
Estos factores evidencian que hay un encuentro de territorialidades superpuestas que pueden desencadenar en una serie de conflictos socioambientales. Estos conflictos se manifiestan en la confluencia en el territorio de valoraciones y representaciones divergentes y diversas respecto a los bosques y en la contradicción de visiones e intereses distintos, fundamentados en concepciones y valoraciones diferentes del bosque (Sinchi, 2021). Los proyectos REDD+ plantean para los habitantes del territorio numerosas dudas respecto a las acciones y los cambios necesarios para certificar reducciones de emisiones, de allí parte la confusión, las preocupaciones y las expectativas de las comunidades.
El mecanismo REDD+ en la Amazonia colombiana inició su ejecución en 2010 a través de talleres de generación y fortalecimiento de capacidades en cambio climático y REDD+ en todos los departamentos amazónicos, liderados por la COICA, la OPIAC y apoyados por Minambiente, Patrimonio Natural y WWF. Toda vez que las iniciativas de coordinación interinstitucional y multiactor no tuvieron el éxito esperado, fueron otros actores privados los que emprendieron la difusión de información y promovieron la proliferación de contratos para la comercialización de certificaciones de reducciones verificadas en el Vaupés.
Algunos de los líderes del Gran Resguardo del Vaupés, señalan que la presencia de los diferentes actores interesados en el desarrollo de proyectos REDD+ en el Vaupés, ha propiciado la división interna de las organizaciones indígenas, generando conflictos entre las autoridades y sus comunidades, entre autoridades y representantes legales, así como entre todas éstas y los desarrolladores de proyectos (Bermúdez, 2022). De acuerdo a Bermúdez (2022) territorios que tienen una unidad cultural por pueblo o complejo cultural se están fraccionando con estas negociaciones.
Igualmente hay habitantes de las comunidades que piensan que en estos proyectos pueden haber buenas oportunidades y generar impactos positivos a partir de este tipo de proyectos (Voragine, 2022), no obstante esta posición, con el gobierno actual, por ahora parece que va a tener un nuevo enfoque, que busca mayor regulación en los mercados de carbono (Bermúdez, 2022). Sin embargo, la transformación en el uso del bosque que plantean éstos proyectos, puede generar una afectación directa sobre los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas frente al uso, significado y manejo de su territorio.
La posición de las empresas que están involucradas en el tema, es que ellas deben buscar los mercados y que muchas veces se firma algo con la comunidad y luego se busca el mercado adecuado para el acuerdo al que se llegó (Voragine, 2022). En muchos casos las empresas han reversado acuerdos por los malestares e inconformidades que se han generado al interior de las comunidades. Por otra parte, desde organizaciones como la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques – Masbosques-, señalan en su página de internet (Masbosques, 2023) que en el marco de los proyectos REDD+, se han venido implementando siete proyectos, uno de ellos es la iniciativa MAKARO AP+RO en el departamento del Vaupés, municipio de Mitú con las zonales indígenas AATICAM (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Área de Influencia Directa de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú) y ASATRIBVA (Asociación de Autoridades Tradicionales del Bajo Vaupés) (Masbosques, 2023). Dentro de la información que la empresa presenta en su página se encuentran textimonios como el de Daniel Castillo Botero, autoridad tradicional de la comunidad Puerto Palomo en el departamento del Vaupés: “el proyecto nos ha parecido bien porque hemos cubierto muchas necesidades que hemos tenido, el recurso lo hemos invertido en la construcción de siete viviendas nuevas, les agradecemos por este beneficio que le han dado a la comunidad de Puerto Palomo, nos sentimos muy orgullosos.” (Masbosques, 2023).
En estos escenarios lo que se puede evidenciar es que los proyectos de carbono han traído recursos invaluables a las comunidades locales, pero también, han multiplicado los conflictos por proyectos de bonos carbono en toda la Amazonía colombiana (Bermudez, 2023). A su vez, algunas iniciativas podrían estar incumpliendo las salvaguardas sociales y ambientales en cuestiones como el acceso a la información de los proyectos, el consentimiento y la participación de las comunidades, el respeto de sus estructuras de gobernanza o la rendición de cuentas sobre sus beneficio (Bermudez, 2023).
Ubicación
Departamento: Vaupés
Municipio: Mitú
Otros Municipios: Carurú, Papunaua, Yavaraté, Taraira
Otros datos de ubicación: Resguardo Indígena Gran Resguardo del Vaupés
Causas
Dentro de las causas que han estado generando este conflicto, se encuentran las discrepancias entre los miembros de una misma comunidad, al igual que entre sus líderes, así como entre los miembros de distintas comunidades, con relación a la firma de contratos de proyectos REDD+. Lo anterior se explica, porque en la mayoría de los casos no se conoce la información completa sobre los compromisos que se adquirieron con determinadas empresas a través de los proyectos de REDD+, a esto se suma que para una gran parte de los habitantes del Gran Resguardo del Vaupés, no ha sido claro quiénes se están beneficiando y de qué modo se está beneficiando (Voragine, 2022a). Esta asimetría en la información entre los habitantes y algunas empresas en las negociaciones sobre los contratos REDD+, ha llevado a que muchas de las personas que hacen parte del Gran Resguardo no hayan contado con todo el conocimiento, ni la información adecuada, sobre las implicaciones de firmar algunos de estos contratos de proyectos REDD+ (Voragine, 2022).
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Estas situaciones han generado que varios de los miembros de las distintas comunidades que conforman el Gran Resguardo del Vaupés, hayan desconocido en distintos momentos algunos contratos que se han generado con algunas empresas u organizaciones, dado que en general los argumentos que han señalado, giran en torno a que no tenían conocimiento sobre el contenido total o parcial del contrato, entonces en muchos casos desconocían los compromisos que en teoría debían asumir. Por lo que muchas de estas negociaciones de contratos, han debilitado las estructuras de gobernanza forestal indígenas, así como la organización tradicional propia.
Lo anterior, se ha evidenciado en la proliferación de contratos firmados por representantes del resguardo, representantes de Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas -AATI y capitanes de comunidades. Este tipo de contratos con proyectos REDD+ en el Vaupés, ha propiciado la división interna de las organizaciones indígenas, generando conflictos entre las autoridades y sus comunidades, entre autoridades y representantes legales, así como entre todas éstas y los desarrolladores de proyectos.
Además de esto, varias de las certificadoras y validadoras que ofertan los bonos, no tienen en cuenta las normas específicas del país, lo que genera posteriormente situaciones de tensión y conflicto entre actores, porque desconocen en muchos casos el marco normativo del país. Igualmente, la falta de claridad en las zonas de traslape, hace que se generen conflictos porque cada uno de los actores siente que tiene una legitimidad sobre las zonas que se traslapan y por ello consideran que tiene un mayor derecho, que a su vez deben demostrar. Otro tema por el cual se generan conflictos, es por los tiempos establecidos en el contrato, puesto que las comunidades consideran que los tiempos son en muchos casos muy altos para los beneficios que obtienen.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental |
---|---|---|---|---|
Gran Resguardo Indígena del Vaupés: Makuna, Tanimuca, Macu, Yujup Letuama, Carapana, Yucuna, Itano, Wanano, Puinave, Cubeo, Desano, Tucano, Barasano y Tuyuca. | AATIVAM Asociación de Autoridades del Vaupés Medio; ASOUDIC Unión Indígena Cubeo del Cuduyarí; OZCIMI Organización Zona Central Indígena del Mitú; ASATRAIYUVA Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Yurutíes del Vaupés; AATIVAM Asociación de Autoridades Tradicionales del Vaupés Medio; ASATAV Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Alto Vaupés; AATICAM Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas aledañas a la MCH; UNIQ-ASAMQ Unión Indígena de la Zona del Querarí (Asociación Minería del Querari); ACURIS Asociación Indígena de Capitanes del Río Isana y Surupí; OZIRPA Organización Indígena Zona del Río Papunagua; AZATIAC Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Acaricuara; ASATRIZY Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona del Yapú; AATIZOT Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Zona del Tiquie; ACAIPÍ Asociación de Capitanes Indígenas del Pirá-Paraná; ACTIVA Asociación de Capitanes Tradicionales Indígenas del Cananarí; ACIYAVA Asociación de capitanes indígenas del Yaigojé Apaporis Vaupés; AZIRPA Asociación Zonal Indígena del Río Papunahua; AAITTAVC Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales de Taraira Vaupés Comeca; ACAZUNIP Asociación de Capitanes de la Zona Unión Indígena del Papurí ASATRIBVA; Asociación de Tribus Indígenas del Bajo Vaupés AATIAM; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Aledañas a Mitú AATIVAM; Asociación de Autoridades del Vaupés Medio ASOUDIC; Unión Indígena Cubeo del Cuduyarí OZCIMI; Organización Zona Central Indígena del Mitú ASATRAIYUVA; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Yurutíes del Vaupés AATIVAM; Asociación de Autoridades Tradicionales del Vaupés Medio ASATAV; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Alto Vaupés AATICAM; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas aledañas a la MCH UNIQ-ASAMQ; Unión Indígena de la Zona del Querarí (Asociación Minería del Querari) ACURIS Asociación Indígena de Capitanes del Río Isana y Surupí OZIRPA; Organización Indígena Zona del Río Papunagua AZATIAC; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Acaricuara ASATRIZY; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona del Yapú AATIZOT; Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Zona del Tiquie ACAIPÍ; Asociación de Capitanes Indígenas del Pirá-Paraná ACTIVA; Asociación de Capitanes Tradicionales Indígenas del Cananarí ACIYAVA; Asociación de capitanes indígenas del Yaigojé Apaporis Vaupés AZIRPA; Asociación Zonal Indígena del Río Papunahua AAITTAVC; COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica; OPIAC Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. | MinAmbiente, Ministerio de Interior, Parques Nacionales Naturales. | Masbosques, Waldrättung S.A.S, South Pole, Fundación Gaia Amazonas, Vida Planetaria, Suma Pakari, Fundación Natura, Patrimonio Natural, WWF., Permian Colombia S.A.S, CARBO Sostenible S.A.S., Corporación para el manejo sostenible de los bosques MASBOSQUES, Saving the Amazon, South Pole Carbon Asset Management S.A.S., Wildlife Works Colombia S.A.S | CDA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
---|---|
Impacto ambiental principal Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo | Impacto social, cultural y económico principal Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impacto social, cultural y económico secundario Pérdida de medios de subsistencia Otros impactos sociales, culturales y económicos Corrupción |
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflictos asociados a la ejecución de proyectos REDD+ en el Gran Resguardo del Vaupés [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/cambio-climatico/#conflictos-asociados-al-proyecto-redd-mas-en-resguardo-vaupes
Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones
Descripción
En varias de las zonas circundantes a las áreas ampliadas de Chiribiquete al igual que en las áreas ampliadas se ha venido dando un proceso de deforestación para la posterior expansión de las praderas, esto con el fin de apropiarse y ocupar ilegalmente las tierras, en muchos casos con la visión de dedicarlas a la ganadería (Semana Sostenible, 2018). Adicional a esto, la autoridad ambiental CDA, señala que hay actores externos a la zona, que suelen financiar estas actividades y ven en la ocupación, posesión ilegal de la tierra, y en el cambio de su uso, la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de talar indiscriminadamente los bosques naturales y praderizarlos. Además de esto, otras entidades señalan que detrás de estos procesos de ocupación hay un gran cantidad de dinero que proviene de actividades ilícitas, como es el caso de ganancias obtenidas del narcotráfico (Cardenás, 2021), con lo cual esto funciona como un mecanismo de lavado de dinero.
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Sumado a esto, al parecer, parte de estas tierras ocupadas y acaparadas son negociadas de alguna manera en las notarías, mediante negocios ilegales que luego quedan registrados en las oficinas de instrumentos públicos (Semana Sostenible, 2018). En relación con esto, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, habla de la ausencia de un catastro rural actualizado que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca.
A esta falta de presencia y fortalecimiento de las entidades estatales que se ha venido dando tanto al interior del parque como en su periferia, se adiciona los presupuestos limitados que han venido recibiendo las administraciones del parque, y el desconocimiento que aún se tiene del área natural protegida, lo cual no ha permitido tener un mayor control sobre las distintas presiones que se han venido presentando en el entorno del parque y en su interior (Castellanos y Rojas, 2018). Esto muestra claramente que existen grandes limitaciones para que las autoridades ambientales puedan tener el control de esta área, incluyendo la administración del parque, puesto que no han tenido ni tienen la capacidad de un control real en el territorio, y no han contado ni cuentan con el suficiente personal ni con la dotación necesaria para contrarrestar los distintos problemas que se han venido dando a partir del establecimiento y la ampliación del parque Chiribiquete (Castellanos y Rojas, 2018; Semana Sostenible, 2018). Aunque Chiribiquete es el parque natural más grande del país, no en toda el área se presentan tensiones, son seis las áreas donde especialmente se concentran estas presiones concentradas en los municipios colindantes como Bajo Caguán y Calamar (WWF, 2021).
En cuanto a los operativos de Artemisa, que fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, se ha señalado por parte de algunos líderes sociales de la zona, que esta operación reavivo muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, lo cual ha venido incremento la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.
En el primer trimestre del 2023, en cercanías de Chiribiquete se identificó el desarrollo de una vía ilegal que se construyó en el reguardo indígena de Yaguara II (El Tiempo, 2023), la cual ya la procuraduría le solicitó a Minambiente que debe intervenir esta vía ilegal que se hizo sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara II ni de las autoridades competentes (Caracol, 2023).
Ubicación
Departamento: Guaviare, Caqueta
Municipios: Calamar, Cartagena del Chairá, Solano, Calamar, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare
Veredas con mayor deforestación en áreas límites de las ampliaciones: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yari, Zonas de ampliación de Chiribiquete.
Otros datos de ubicación: Municipios de Caquetá: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano; municipios de Guaviare: Calamar, San José del Guaviare, Miraflores.
Veredas: Ciudad Yarí, Paraíso del Yarí, Nueva Esperanza, Alta Gracia y el Camulla (en San Vicente del Caguán), así como en las veredas de Puerto Polaco y Brisas del Itilla (en Calamar), veredas de Manabil y Choapal en el Corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare.
Parque Nacional Natural Chiribiquete.
Causas
En varias de las zonas circundantes a las áreas ampliadas de Chiribiquete al igual que en las áreas ampliadas se ha venido dando un proceso de deforestación para la posterior expansión de las praderas, esto con el fin de apropiarse y ocupar ilegalmente las tierras, en muchos casos con la visión de dedicarlas a la ganadería (Semana Sostenible, 2018). Adicional a esto, la autoridad ambiental CDA, señala que hay actores externos a la zona, que suelen financiar estas actividades y ven en la ocupación, posesión ilegal de la tierra, y en el cambio de su uso, la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de talar indiscriminadamente los bosques naturales y praderizarlos. Además de esto, otras entidades señalan que detrás de estos procesos de ocupación hay un gran cantidad de dinero que proviene de actividades ilícitas, como es el caso de ganancias obtenidas del narcotráfico (Cardenás, 2021), con lo cual esto funciona como un mecanismo de lavado de dinero.
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Sumado a esto, al parecer, parte de estas tierras ocupadas y acaparadas son negociadas de alguna manera en las notarías, mediante negocios ilegales que luego quedan registrados en las oficinas de instrumentos públicos (Semana Sostenible, 2018). En relación con esto, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, habla de la ausencia de un catastro rural actualizado que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca.
A esta falta de presencia y fortalecimiento de las entidades estatales que se ha venido dando tanto al interior del parque como en su periferia, se adiciona los presupuestos limitados que han venido recibiendo las administraciones del parque, y el desconocimiento que aún se tiene del área natural protegida, lo cual no ha permitido tener un mayor control sobre las distintas presiones que se han venido presentando en el entorno del parque y en su interior (Castellanos y Rojas, 2018). Esto muestra claramente que existen grandes limitaciones para que las autoridades ambientales puedan tener el control de esta área, incluyendo la administración del parque, puesto que no han tenido ni tienen la capacidad de un control real en el territorio, y no han contado ni cuentan con el suficiente personal ni con la dotación necesaria para contrarrestar los distintos problemas que se han venido dando a partir del establecimiento y la ampliación del parque Chiribiquete (Castellanos y Rojas, 2018; Semana Sostenible, 2018). Aunque Chiribiquete es el parque natural más grande del país, no en toda el área se presentan tensiones, son seis las áreas donde especialmente se concentran estas presiones concentradas en los municipios colindantes como Bajo Caguán y Calamar (WWF, 2021).
En cuanto a los operativos de Artemisa, que fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, se ha señalado por parte de algunos líderes sociales de la zona, que esta operación reavivo muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, lo cual ha venido incremento la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.
En el primer trimestre del 2023, en cercanías de Chiribiquete se identificó el desarrollo de una vía ilegal que se construyó en el reguardo indígena de Yaguara II (El Tiempo, 2023), la cual ya la procuraduría le solicitó a Minambiente que debe intervenir esta vía ilegal que se hizo sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara II ni de las autoridades competentes (Caracol, 2023).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|---|
Uitoto; Tucano; Cubeo; Wanano; Desanos; Pijaos; Piratapuyos; Yukuna; Matapí; Tanimuka y Andoque entre otros. | Guardianes de Chiribiquete; Juntas de Acción Comunal de la vereda Puerto Polaco (Municipio de Calamar); Juntas de acción comunal de las otras veredas. | Fiscalía; Procuraduría; Fuerza Pública; Parques Nacionales; Ministerio de Ambiente; Ministerio de Defensa; Ministerio de Agricultura; Agencia Nacional de Tierras - ANT; Alcaldía de Cartagena del Chairá; Alcaldía de San Vicente del Caguán; Alcaldía de Solano; Alcaldía de Calamar; Alcaldía de San Vicente del Caguán; San José del Guaviare; Gobernación Guaviare; Gobernación Caqueta; la Agencia de Desarrollo Rural (ARN); Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DCSI de la Agencia de Renovación del Territorio (ART); Defensoria del Pueblo. | Fedegán y Fedepalma | CORPOAMAZONIA CDA | Disidencias de las FARC, Otros grupos armados ilegales. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
---|---|
Impacto ambiental principal Pérdida de cobertura vegetal Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Militarización y aumento de la presencia policial Impacto social, cultural y económico secundario Desplazamiento Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/otras-actividades/#parque-chiribiquete-superposicion-de-territorialidades
Parque Nacional Natural Tinigua poblamiento y superposición de territorialidades
Descripción
La ausencia estatal a lo largo de años en las zona donde se creó el parque Tinigua en 1989, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). Esta situación ha generado que no se hayan logrado acuerdos definitivos entre estas comunidades con las distintas entidades estatales (Rodríguez, 2020).
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El área comprendida hoy por lo que es el Área de Manejo Especial AME Macarena, estuvo sobrepuesta con la denominada Reserva Forestal de la Amazonía que fue creada a través de la Ley 2da de 1959, -cuya extensión abarcaba toda la cuenca del rio Amazonas y parte de la del Guaviare-, la cual fue sometida a sucesivas sustracciones destinadas principalmente a la ampliación de la frontera agrícola a través de procesos de colonización (PNNC, 2018). Con el Decreto 1989 de 1989, cambia el régimen jurídico de esta área pasando a ser entonces él AME Macarena (PNNC, 2018).
El espacio donde hoy día se localiza él AME Macarena, desde mediados del siglo XX ha estado sujeto a procesos de colonización espontánea y orientada, caracterizados por ser desordenados y carecer de atención estatal (PNNC, 2018). Desde la década de los años 50 hubo apoyó económico del Estado para que en ese momento ex combatientes liberales amnistiados se trasladaran al Ariari; posterior a esto desde la Caja Agraria se fundaron los centros de colonización de Canaguaro, Avichure y Charco Indio, en la ribera derecha del río Ariari, para que allí se asentaran cientos de familias que se habían quedado sin tierra ni trabajo por cuenta de la “violencia”; en la década de los 60 el recién creado INCORA inició el denominado proyecto Meta I con la apertura de zonas de crédito supervisado en los municipios de Acacias, Guamal, San Luis de Cubarral, la parte norte de Granada, la Oriental de San Martín y la parte de Fuente de Oro en el sector intermedio del río Ariari, proyecto que se extendió a finales de la década del sesenta a tres áreas de colonización diferente: al Ariari-Guejar, El Retorno en márgenes del río Guaviare; y Planas, al oriente del departamento del Meta. Igualmente, en la década de los setenta hubo en particular procesos de colonización espontanea asociados especialmente a bonanzas locales de madera, pieles y cultivos de uso ilícito (PNNC, 2018).
En la última década la situación que se viene dando al interior del parque y en sus zonas aledañas, es que a partir de la salida de las extintas FARC, por el Acuerdo de Paz en el 2016, por la no llegada de entidades del estado al territorio, empezó un fuerte proceso de ocupación en los terrenos del parque, a este respecto hay versiones que indican que esta ocupación se ha estado financiado por mafias que quieren hacer negocios con las tierras praderizadas o que quieren establecer ganado (Mongabay, 2021). Otras versiones dicen que también hay campesinos que están llegando de manera masiva de muchos lugares del país a buscar tierras que solo están encontrando disponibles al interior del parque (Semana, 2018). Al interior del parque se han hecho una gran cantidad de vías por las extintas FARC y por la comunidad, que son las que han permitido varias de las actividades que se dan en el interior del parque, en donde la gente de la comunidad pide que haya reconocimiento y mejoramiento de algunas de estas vías para poder tener más alternativas económicas con las que cuentas al día de hoy (Borda, 2017 Semana Sostenible, 2019).
Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por lo operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022). Además de esto, no ha sido posible en los últimos años la presencia permanente de funcionarios del parque por las amenazas que han recibido por parte de distintos actores que han estado en la zona (Mongabay, 2019). En cuanto a la comunidad que vive en el parque Tinigua, han venido señalando que la única alternativa económica que ellos ven viable es la ganadería, puesto que bajo la visión de ellos los suelos del sector son muy malos y no se dan si no pastos, igual señalan que además de esto por la falta de infraestructura en la zona el único negocio que les da rentabilidad es la ganadería (Mongabay, 2019).
Ubicación
Departamento: Meta
Municipio: La Macarena
Otros Municipios: La Uribe, Meta.
Otros datos Ubicación: Parcialmente el territorio comprende, total o parcialmente, veinte veredas: “Aguabonita, Aires del Meta, Alto Raudal, Atlántica, Bajo Raudal, Bajo Villanueva, Brisas del Guayabero, Tapir, Esperanza, La Dorada, Bocana del Perdido, Los Alpes, Paraíso, Aires del Perdido, Caño Limón, El Rubí, Jordania, La Samaria, Paraíso del Losada y Villanueva Alto. Parque Nacional Natural Tinigua
Causas
La ausencia estatal a lo largo de años en las zona donde se creó el parque Tinigua en 1989, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). Esta situación ha generado que no se hayan logrado acuerdos definitivos entre estas comunidades con las distintas entidades estatales (Rodríguez, 2020).
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El área comprendida hoy por lo que es el Área de Manejo Especial AME Macarena, estuvo sobrepuesta con la denominada Reserva Forestal de la Amazonía que fue creada a través de la Ley 2da de 1959, -cuya extensión abarcaba toda la cuenca del rio Amazonas y parte de la del Guaviare-, la cual fue sometida a sucesivas sustracciones destinadas principalmente a la ampliación de la frontera agrícola a través de procesos de colonización (PNNC, 2018). Con el Decreto 1989 de 1989, cambia el régimen jurídico de esta área pasando a ser entonces él AME Macarena (PNNC, 2018).
El espacio donde hoy día se localiza él AME Macarena, desde mediados del siglo XX ha estado sujeto a procesos de colonización espontánea y orientada, caracterizados por ser desordenados y carecer de atención estatal (PNNC, 2018). Desde la década de los años 50 hubo apoyó económico del Estado para que en ese momento ex combatientes liberales amnistiados se trasladaran al Ariari; posterior a esto desde la Caja Agraria se fundaron los centros de colonización de Canaguaro, Avichure y Charco Indio, en la ribera derecha del río Ariari, para que allí se asentaran cientos de familias que se habían quedado sin tierra ni trabajo por cuenta de la “violencia”; en la década de los 60 el recién creado INCORA inició el denominado proyecto Meta I con la apertura de zonas de crédito supervisado en los municipios de Acacias, Guamal, San Luis de Cubarral, la parte norte de Granada, la Oriental de San Martín y la parte de Fuente de Oro en el sector intermedio del río Ariari, proyecto que se extendió a finales de la década del sesenta a tres áreas de colonización diferente: al Ariari-Guejar, El Retorno en márgenes del río Guaviare; y Planas, al oriente del departamento del Meta. Igualmente, en la década de los setenta hubo en particular procesos de colonización espontanea asociados especialmente a bonanzas locales de madera, pieles y cultivos de uso ilícito (PNNC, 2018).
En la última década la situación que se viene dando al interior del parque y en sus zonas aledañas, es que a partir de la salida de las extintas FARC, por el Acuerdo de Paz en el 2016, por la no llegada de entidades del estado al territorio, empezó un fuerte proceso de ocupación en los terrenos del parque, a este respecto hay versiones que indican que esta ocupación se ha estado financiado por mafias que quieren hacer negocios con las tierras praderizadas o que quieren establecer ganado (Mongabay, 2021). Otras versiones dicen que también hay campesinos que están llegando de manera masiva de muchos lugares del país a buscar tierras que solo están encontrando disponibles al interior del parque (Semana, 2018). Al interior del parque se han hecho una gran cantidad de vías por las extintas FARC y por la comunidad, que son las que han permitido varias de las actividades que se dan en el interior del parque, en donde la gente de la comunidad pide que haya reconocimiento y mejoramiento de algunas de estas vías para poder tener más alternativas económicas con las que cuentas al día de hoy (Borda, 2017 Semana Sostenible, 2019).
Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por lo operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022). Además de esto, no ha sido posible en los últimos años la presencia permanente de funcionarios del parque por las amenazas que han recibido por parte de distintos actores que han estado en la zona (Mongabay, 2019). En cuanto a la comunidad que vive en el parque Tinigua, han venido señalando que la única alternativa económica que ellos ven viable es la ganadería, puesto que bajo la visión de ellos los suelos del sector son muy malos y no se dan si no pastos, igual señalan que además de esto por la falta de infraestructura en la zona el único negocio que les da rentabilidad es la ganadería (Mongabay, 2019).
Actores
Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
---|---|---|---|---|
Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de La Macarena (CORPOAMEM); Comité de cultivadores de hoja de coca de La Uribe y La Macarena; Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL-G); y Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios Ambientales de los Llanos del Yarí (CORPOAYARÍ). | Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales; Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena); Gobernación del Meta; Alcaldía de La Macarena; Alcaldía de La Uribe; Defensoría del Pueblo; Minambiente; Mindefensa; Minagricultura; Ministerio de Minas y Energía; ICA; ANLA; Fiscalia; Procuraduria; Defensoria del Pueblo. | Fedegán | CORMACARENA | Disidencias de las FARC |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
---|---|
Impacto ambiental principal Contaminación/afectación a fuentes hídricas Impacto ambiental secundario Afectación o pérdida de biodiversidad acuática (flora, fauna silvestre, recursos hidrobiológicos) Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Pérdida de medios de subsistencia Impacto social, cultural y económico secundario Militarización y aumento de la presencia policial Otros impactos sociales, culturales y económicos Desempleo |
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Tinigua poblamiento y superposición de territorialidades [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/atlas-tipologia-agropecuarios-y-biodiversidad/#superposicion-territorialidades-parque-tinigua
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena Poblamiento y Superposición de Territorialidades
Descripción
El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena reviste una gran importancia ecológica, biológica y ambiental. Por su ubicación sobre el Escudo Guyanes y su interconectividad ecológica con los parques Tinigua y Picachos, es un punto de unión del corredor entre la Orinoquía, la Amazonia y los Andes, contando con altos niveles de endemismo biológico y con una gran expresión de biodiversidad.
El actual Parque Nacional natural tiene una larga historia de conformación y consolidación que está imbricada con diferentes procesos y momentos de colonización, dirigidos por el Estado, de esta manera durante los años 50 y 60 se dieron diferentes momentos en los que los gobiernos promovieron la colonización del rio Ariari y de la Reserva Nacional Sierra de la Macarena. Luego de varios conflictos territoriales entre los colonos y las instituciones ambientales, y desconociendo los estudios de la Universidad Nacional de Colombia y los aportes de la misma, el gobierno de Virgilio Barco determinó con el decreto 1989 de 1989 la creación del Parque Natural Sierra de la Macarena, dentro del decreto quedó establecido que el Área de Manejo Especial de La Macarena (AME-Macarena), estaría integrado por: i) El PNN Sierra de La Macarena; ii) los DMI de La Macarena; iii) el PNN Tinigua; iv) el DMI del Ariari – Guayabero; y v) el “Territorio” de los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos y Sumapaz comprendido en la jurisdicción del Departamento del Meta ( PNN, 2018 ).
+ Info
La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados índices de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación, sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios en este momentos están muy limitados en el acceso al parque por el control territorial que están ejerciendo las disidencias de las FARC.
El Parque Nacional Sierra de la Macarena fue fundado en 1989, sin embargo, por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, del narcotráfico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque (Verdad Abierta, 2022; Mongabay 2019), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego del Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró reemplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsistencia. Luego de los Acuerdos de Paz se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica.
Sin embargo, como bien lo registra Mongabay en su serie Rutas del Conflicto (2019) la conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamiento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades propias de los campesinos. Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de esta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Parque Natural (PNN, 2018), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de los Acuerdos de Paz.
Las comunidades manifiestan inconformidad porque la institución de Parques Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación (Mongabay, 2019 ). Igualmente, los cultivos de coca han disminuido, pero no de manera contundente y han aparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, impidiendo a los mismos funcionarios de Parques Naturales entrar en ciertas zonas del parque, pues las disidencias han generado también amenazas y amedrentamientos para limitar el acceso de los funcionarios al territorio del parque.
Haciendo referencia a los registros de Parques Naturales, el informe de Mongabay (2019) afirma que “Según cifras de la entidad, para 2007, dentro de La Macarena había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas. Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas. Al transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impida que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando “.
Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construida de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes índices de incendios y deforestación en los últimos años. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (Mongabay, 2019). Igualmente, como lo indican varios funcionarios, el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforestación, incluso más que la siembra de cultivos de coca.
Existen también presiones sobre el Área de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, alrededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma africana justo en los límites del parque (Botero, 2016).
Las comunidades también han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se le ha dado a la relación con las familias campesinas asentadas en la zona del parque, especialmente como parte de la Operación Artemisa. El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, precisamente denunció cómo en febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de esas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos. A su vez denunciaron el tratamiento que el Estado está teniendo con esas familias e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas víctimas del conflicto y de la marginalidad social. Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesinas, pero no hacia los grandes financiadores de la ganadería extensiva, los monocultivos de palma, entre otros.
En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se han presentado 29 585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre (Mongabay, 2023), Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que este 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de PNN (Mongabay, 2023). En el 2023, un pescador sufrió las consecuencias de “desobedecer” el mandato del grupo guerrillero que prohibió pescar en el río Guayabero, en el Raudal, sector del Parque Natural Sierra de La Macarena, donde un letrero con una calavera y con las siglas Farc-EP, en letras grandes, restringe la pesca (El Colombiano, 2023)
Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encuentran en un nivel de riesgo alto (Mongabay, 2023).
De acuerdo a lo señalado en Mongabay (2023) ha habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dice que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad. “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente (Mongabay, 2023). Contrario a varias de estas estas situaciones como parte de los proyectos del Fondo Colombia Sostenible, 52 familias de dos municipios del Meta, se incorporaron a la conservación y uso sostenible de los bosques (El Espectador, 2023). Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023 (Mongabay, 2023).
Ubicación
Departamento: Meta
Municipios: La Macarena
Otros Municipios: Vista Hermosa y Puerto Rico
Otros datos Ubicación: Veredas: Alto Caño Cafra, Las Ánimas y La Reforma
Veredas: La Tigra, Laguna Gringa, Charco Carbón, Caño Ceiba y Monserrate. Sector oriental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde se registran cerca del 50 % de los puntos de alertas. Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM)
Causas
La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se pueden observar la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de la deforestación. Detrás de estas actividades a su vez, están las “caras no visibles” de personas que se hacen a grandes extensiones de tierra, pagan jornales por talar y son los grandes financiadores de la ganadería extensiva (Botero, 2016).
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Una de las características principales de esta región consiste precisamente, en que ha sido uno de los focos principales del conflicto armado. Los procesos de colonización, liderados por el propio Estado jugaron un importante papel en el poblamiento de esta zona, al igual que campesinos y poblaciones que llegaban a la región huyendo de la violencia armada, en sus diferentes épocas y etapas. La guerrilla de las FARC tuvo un papel preponderante en el proceso de colonización y organización del territorio (SEMANA RURAL, 2019). Tinigua, la Serranía de La Macarena, Cordillera de los Picachos y Sumapaz, los cuatro Parques Nacionales que conforman el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), se encuentran entre los más perjudicados por el conflicto armado y la colonización.
El Área de Manejo Especial de la Macarena entre Guaviare y el Meta representa una zona ecológica única al conectar el bioma de la Amazonia, los Andes y la Orinoquía. Por lo anterior cuenta con una importante diversidad biológica, ecosistemas únicos y un gran endemismo de especies vegetales y animales. También cuenta con importantes escenarios de alto valor paisajístico, indispensables para el turismo de la región. Debido a su posicionamiento geopolítico y militar estratégico, el AMEM se convirtió en uno de los núcleos más importantes del conflicto armado interno colombiano y un fortín de coca. SEMANA RURAL (2019) presentando el libro “Áreas protegidas amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado“ de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y al Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), resalta que la Macarena resultó siendo un territorio estratégico “para los actores armados, legales e ilegales, lo que conllevó a disputas territoriales y victimizaciones en su interior como asesinatos, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, secuestros, extorsiones, violencia sexual y amenazas, afectando a los defensores del medioambiente”, cita la publicación.
Como otras regiones, los procesos de colonización siempre han estado vinculados a procesos de auges extractivos de recursos naturales, y para esta zona liderados también por las mismas políticas estatales (PNN, 2019). En los años 30 del siglo XX, tuvieron lugar las bonanzas de la quina, el caucho, el comercio de pieles, así como la extracción de especies maderables. La violencia de los años 50 también fue un factor importante para la llegada de colonos y campesinos que huían del interior del país, en los años 60 y 70 fue el mismo Estado quien promovió los procesos colonizadores y luego de los años 80 la bonanza cocalera se convirtió en el atractivo de colonos y campesinos en busca de oportunidades. Posteriormente durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Municipio de la Macarena hizo parte de la zona de distención y del control social, económico y territorial que implicó este proceso.
Todo lo anterior ha determinado el uso del territorio y explica de alguna manera las actuales conflictividades, como está indicado en el Plan de Manejo del Parque Natural Serranía de la Macarena 2018-2023 (2018) estos procesos de poblamiento previos a la confirmación legal del parque. Estos procesos de ocupación han estado dirigidos por la búsqueda y explotación de recursos naturales, así como la colonización de terrenos baldíos. De esta manera es posible comprender las actuales conflictividades respecto a la ocupación y uso del territorio, y sus formas de apropiación.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
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Embera Katío. | AsproMacarena; Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta; Juntas de Acción Comunal; Asojuntas; AGROGUEJAR La Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del Rio Güejar ACATAMU La Asociación de Trabajadores Campesinos Ambientalistas de los Parques Tinigua y Macarena del municipio de Uribe; CORPOAMEM La Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM. | Parques Nacionales Naturales; Gobernación del Meta; Ministerio de Defensa; Ministerio de Ambiente; Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios; Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional; Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); Fiscalía General de la Nación. | Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), | CORMACARENA | Disidencias de las FARC. | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) Paramilitares, Ganaderos, Narcotraficantes. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
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Impacto ambiental principal Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros Impactos Ambientales Deforestación | Impacto social, cultural y económico principal Apropiación privada de áreas Impacto social, cultural y económico secundario Aumento de la violencia y el delito Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |
Momentos Clave
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¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena poblamiento y superposición de territorialidades [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/otras-actividades/#parque-nacional-sierra-macarena-poblamiento-y-superposicion-de-territorialidades
Parque Nacional Natural Picachos Colonización, Poblamiento y Superposición de Territorialidades
Descripción
El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos se ubica en la vertiente este de la cordillera Oriental, al sur del país, en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Uribe (Meta) (PNN, 2023). El PNN fue declarado mediante el acuerdo del INDERENA 018 del 2 de mayo de 1977, con la resolución ejecutiva 157 del Ministerio de Agricultura. Cuenta con un área de 287.493 ha y por su amplio gradiente altitudinal y ubicación en la transición andino-amazónico-orinoquense, sus ecosistemas incluyen páramos, bosques andinos, selvas húmedas y bosques de galería que brindan varios servicios ecosistémicos como el almacenamiento de carbono o la provisión y regulación de recurso hídrico para las macro cuencas del Orinoco junto con la del Amazonas (PNN, 2023).
+ Info
La ausencia estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017). Este es un mosaico cultural conformado por colonos de orígenes diversos, procedentes de fronteras cerradas, de los departamentos del Tolima, Valle, Boyacá y la región del Magdalena medio, entre otros (Sinchi, 2004). Los colonos a través de las relaciones sociales de parentesco o compadrazgo, han desarrollado un proceso de ocupación del territorio donde reproducen las prácticas culturales de sus centros de origen y formas organizativas mediante las cuales conseguir cohesión e identificación grupal (Sinchi, 2004).
En los años recientes según la misma Fiscalía, en esta región hay organizaciones delincuenciales y grandes estructuras criminales que se benefician de la tala indiscriminada, lo que no necesariamente significa que quienes cuidan las cabezas de ganado sean los directamente beneficiados de tumbar los árboles, o quienes conforman la empresa criminal que existe detrás de este fenómeno (El Tiempo, 2018). Si se quisiera ahondar más y llegar a las raíces, una de las principales causas del problema es, también, el acceso inequitativo a la tierra (El Tiempo, 2018). Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por lo operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022).
Durante décadas el costado suroriental del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos ha sido foco de tala de bosque con propósitos, en su mayoría, de ganadería (Acuña, 2019). Un aproximado de 209 familias habitan el parque, muchas de ellas sin acceso a servicios públicos, educación, salud, entre otras necesidades básicas (Acuña, 2020). No obstante, también se señaló por parte de PNN en el 2018, que en el Parque Picachos hay un negocio grande, unas mafias de acaparadores de tierra, quienes le pagan a unas 30 o más personas para que deforesten por ellos (El Tiempo, 2018). Igualmente, en el 2018 PNN también señaló que es la comunidad que han estado trabajando para evitar la deforestación, son quienes le insisten a PNN que detengan la deforestación, que ejerzan la autoridad, que protejan el ecosistema y defiendan el patrimonio natural de los colombianos (El Tiempo, 2018).
En relación con los operativos que se han desarrollado al interior del parque Picachos para judicializar y desalojar a las personas que están en parque, la Fiscalía General de la Nación señala que: “Simplemente no podemos ignorar a quien esté dentro de los Parques Nacionales y haya deforestado, pese a que no sea el gran determinador. Es la manera de desincentivar a los pequeños campesinos: sacándolos y mostrándoles que cometen un delito. La única medida de aseguramiento contra ellos es que se les prohíbe ingresar al parque” (El Tiempo, 2021).
Estas relaciones entre las comunidades que habitan el Parque y las instituciones estatales, como la Unidad de Parques y el MinAmbiente, se han dado muchas tensionante de carácter temporal, es decir que además de ser conflictiva la relación es esporádica porque las entidades mencionadas no tienen presencia permanente en el territorio (CEALDES, 2019) Igualmente, los campesinos que habitan en el Parque señalan que Cormacarena y Parques Nacionales Naturales son dos entidades con las que hay una relación negativa (CEALDES, 2019). Éstas situaciones están relacionadas en parte con lo ocurrido en el operativo policial del mes de octubre de 2018 en el PNN Cordillera de los Picachos (Acuña, 2020), que resultó con la captura de varios campesinos y la judicialización de tres de ellos (CEALDES, 2019). Las comunidades campesinas también alegan que estas entidades únicamente persiguen pequeños propietarios, mientras que los que llaman “grandes deforestadores” no corren ningún riesgo pues pueden dar dinero para evitar las sanciones (CEALDES, 2019).
Adicional a esto otra de las estrategias que se han usado para disminuir la deforestación han sido la de firmar acuerdos de conservación en donde en la inspección de Guayabal, municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, comunidades del sector de manejo Pato-Balsillas (que comprende la Zona de Reserva Campesina) y Parques Nacionales, firmaron acuerdos de conservación para continuar protegiendo el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos y sus zonas con función amortiguadora (PNN, 2020).
Ubicación
Departamento: Caquetá
Municipios: San Vicente del Caguán
Otros municipios: Uribe, Meta
Otros datos de Ubicación: Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos
Causas
La ausencia estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017).
+ Info
Este es un mosaico cultural conformado por colonos de orígenes diversos, procedentes de fronteras cerradas, de los departamentos del Tolima, Valle, Boyacá y la región del Magdalena medio, entre otros (Sinchi, 2004). Los colonos a través de las relaciones sociales de parentesco o compadrazgo, han desarrollado un proceso de ocupación del territorio donde reproducen las prácticas culturales de sus centros de origen y formas organizativas mediante las cuales conseguir cohesión e identificación grupal (Sinchi, 2004).
En los años recientes según la misma Fiscalía, en esta región hay organizaciones delincuenciales y grandes estructuras criminales que se benefician de la tala indiscriminada, lo que no necesariamente significa que quienes cuidan las cabezas de ganado sean los directamente beneficiados de tumbar los árboles, o quienes conforman la empresa criminal que existe detrás de este fenómeno (El Tiempo, 2018). Si se quisiera ahondar más y llegar a las raíces, una de las principales causas del problema es, también, el acceso inequitativo a la tierra (El Tiempo, 2018). Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por lo operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022).
Actores
Organizaciones Sociales | Institución Estatal | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
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Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de La Macarena (CORPOAMEM); Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL-G); Asociación Municipal de Colonos del Pato - AMCOP | Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena); Gobernación del Meta, Gobernación de Caquetá; Alcaldías municipales de La Uribe y San Vicente del Caguán; Defensoría del Pueblo; Departamento para la Prosperidad Social y Dirección para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas; Minambiente; Mindefensa; Minagricultura; Ministerio de MInas y Energía; ICA; ANLA; Fiscalia; Procuraduria, Visión amazonia; ADR; ADR; DCSI ART; | CORMACARENA | Disidencias de las FARC |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
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Impacto ambiental principal Deforestación Impacto ambiental secundario Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) Otros impactos ambientales Cambio en el uso del suelo | Impacto social, cultural y económico principal Apropiación privada de áreas Impacto social, cultural y económico secundario Aumento de la violencia y el delito Otros impactos sociales, culturales y económicos Militarización y aumento de la presencia policial |
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Picachos Colonización, Poblamiento y Superposición de Territorialidades [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/atlas-tipologia-hidrocarburos/#pnn-picachos-colonizacion