Atlas | Tipología Agropecuario, Tierras y Gestión Forestal

Dentro de las tensiones sociales que han perdurado en el tiempo en este conflicto socioambiental, se destaca lo señalado por la comisión intereclesial de justicia y paz (2021) quienes indican que la empresa Poligrow con el respaldo de instituciones estatales prohíbe a las comunidades indígenas Sikuani y Jiw el acceso a sus zonas sagradas, al igual que al ejercicio tradicional de la caza y la pesca. Estas comunidades, señala la comisión, que están siendo vulneradas por la producción palmera puesto que esta actividad les ha ocasionado escasez y contaminación de agua entre otras afectaciones para su subsistencia. Adicionalmente, en el marco de este conflicto desde la CIJP (2018), se señala que algunos indígenas han sido asesinados en la zona, con signos de tortura, como fue el caso de una líder comunitaria, que trabajaba en el esclarecimiento de la propiedad de tierras. En los testimonios que ha recogido la CIJP (2021), se encuentra el sentir de esta comunidad que manifiesta “Queremos volver al territorio, reconectar con nuestros espíritus y mayores, necesitamos nuestro territorio libre de palma y así poder volver a ser Sikuani”. Afirmación referente a las exigencias que la comunidad Sikuani le hacen a las instituciones del Estado para la restitución del territorio y en exigencia a que se garantice su derecho fundamental a la consulta previa sobre la continuidad o no del proyecto palmero.

En Mapiripán, durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándolas de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Igualmente, varias publicaciones identifican que uno de los principales actores involucrados en este conflicto socioambiental de la última década, ha sido la empresa palmera Poligrow, la cual llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con el cultivo de palma africana, tambien conocida como palma de aceite. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales, en donde se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994

En el 2017, sale informe de la Contraloría, donde se señala que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala por lo que se hace traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si existen responsabilidades penales y/o disciplinarias. En contraste, la organización Tierra en Disputa, señala que durante el 2016 y 2017 hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal por adquirir varios predios en el territorio, en contra del representante de la empresa Poligrow, esta organización indica que en agosto de 2017, un juez determinó la inocencia del representante legal de la empresa, tras no hallar pruebas ni testimonios contundentes (Tierra en Disputa, 2023). Posterior a esto en el 2020, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WMR) señaló en uno de sus artículos que la empresa palmícola Poligrow en Colombia, planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores” (WMR, 2020).

Adicional a esto, desde la CIJP (2016, 2018 y 2021) junto con otras fuentes, se señala que dentro de las malas prácticas ambientales que tiene la empresa esta el uso del agua de lagunas naturales, morichales y humedales, contaminándolos y afectando la biodiversidad que depende de estas fuentes como el caño Yamu. Igualmente, señalan que, en las solicitudes de agua, realizadas por la empresa a Cormacarena son para el uso exclusivo de agua concesionada para riego, pero la usan también en el campamento de empleados y la extractora. Así mismo, se indica que aunque la empresa tiene prohibido depositar el fruto directamente en el suelo por los lixiviados y contaminación que produce, se sigue haciendo de este modo. Junto con estas situaciones, se le suma que se señala que la empresa también construyó una presa sobre una laguna para aumentarle el tamaño, modificando sus ciclos naturales, además a esto se ha acusado a la empresa por crear deforestación.

El representante de la empresa Poligrow afirma que en Mapiripán hay 400.000 hectáreas que hacen parte de la frontera agrícola, y que potencialmente para ser cultivadas hay 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están con palma de aceite. Por lo anterior para el representante la idea no es pensar si hay monocultivos y cómo acabarlos, si no más bien se debe pensar que Colombia puede alimentar al mundo superando el “mito” de que la palma de aceite no deja espacio para nada más (La republica, 2022). Dentro de las afirmacines que han hecho directivos de Poligrow en relación con su producción en el Mapiripan es “…Nuestro compromiso es incluir más a las comunidades y, por ejemplo, a víctimas del conflicto. La idea es que las personas sean operadores de sus propios servicios, con asistencia técnica a largo plazo. También, la garantía de la compra del fruto a valores del mercado…”(La republica, 2023).

Igualmente medios como La Metro Noticias (2019), indican que hay personas de la población de Mapiripán cuya posición es: “Mapiripán ha surgido de la oscuridad a la luz, es una zona que a pesar de las adversidades y de todos los problemas de violencia que se vivieron hace varios años, ha tratado de salir adelante gracias a la intervención de empresas privadas como Poligrow”.

Por otra parte en contraste con estas acciones y declaraciones, la corte constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente dar respuesta a una petición que busca solucionar los problemas ambientales y territoriales de un resguardo indígena de la comunidad Sikuani de Mapiripán, además, le pidió al Ministerio de Ambiente coordinar una mesa de trabajo con entidades del orden nacional, departamental y municipal, para abordar la problemática ambiental y verificar el estado y condiciones de vida del pueblo indígena (Gómez, 2023).

Sumado a esto, La UnidadDeRestitución de Tierras, URT, resolvió un recurso de reposición contra un acto administrativo de no inscripción de un predio localizado en el municipio de Mapiripán, Meta en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF presentado por la ComisióndeJusticiayPaz, de un campesino de Mapiripán, despojado de su predio y en donde actualmente la empresa palmera Poligrow desarrolla proyectos agroindustriales. En donde la URT decidió inscribir el predio en el RTDAF y así, continuar con la fase judicial.

Como cualquier otro conflicto socioambiental, para entenderlo es importante comprender la historia de su configuración territorial y espacial, e identificar a los actores que han hecho presencia en esta región, y su forma de relación con el territorio y sus recursos. De un lado esta carretera tuvo sus inicios con las extintas guerrillas de las FARC-EP hace más de 40 años, y también con participación de las comunidades del municipio de Miraflores (SEMANA, 2020; Espectador, 2022). Luego del Acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016, este corredor se convirtió en un foco de ganadería extensiva reemplazando de alguna forma a los cultivos de uso ilícito. Adicional a lo anterior, la falta de regulación y presencia estatal, han allanado el camino para que se den procesos de acaparamiento, dirigidos por “caras no visibles” que financian la deforestación a gran escala, e introducen ganado en la región (Mongabay, 2022; Zona Franca, 2021; El Espectador, 2022).

La ampliación de esta carretera ha continuado en los últimos 6 años, pues se han ampliado 59 kilómetros en solo cuatro años luego de los Acuerdos de Paz (SEMANA, 2020). Igualmente, la deforestación se está llevando a cabo tanto en épocas de verano como en época de lluvias, expandiendo el problema del acaparamiento de tierras, la ampliación de la frontera agrícola y la ganadería ilegal (Mongabay, 2022; SEMANA, 2020). La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en su informe Seguimiento de la pérdida de bosques y cambio de cobertura en el arco de deforestación en la Amazonía colombiana (abril 2021-marzo 2022) indicó como uno de los siete principales núcleos de deforestación la carretera Calamar-Miraflores (Mongabay 2022). Sumado a lo anterior esta trocha o carretera ilegal, se convierte en un motivo para la especulación de precios de la tierra y la valorización de la misma, como lo indica el reporte e investigación de la Silla Vacía (2022), el precio de la tierra en San José del Guaviare ha implicado que personas que vienen de otras zonas del país compren a los campesinos para dedicar las tierras a la ganadería.

Es importante entender que ésta zona fue un sitio de control territorial dominado durante décadas por las extintas FARC, en este sentido éste era el actor que tenía autoridad en la zona, y tenían determinadas reglamentaciones para el uso del bosque, de los ecosistemas y del territorio, durante la época del conflicto armado paradójicamente se dio la conservación de éstas zonas, en tanto los cultivos de uso ilícito no implicaban grandes extensiones de deforestación, en la actualidad las disidencias de las FARC siguen ejerciendo un tipo de control territorial pero ya no realizan actividades de control sobre el uso de los recursos naturales (El Espectador, 2022). Luego de 2016 con la entrega de armas de las extintas FARC y el proceso de paz de la Habana, se dieron cambios transcendentales en las dinámicas territoriales “”cuando las extintas FARC se retiraron, estas normas se acabaron y esas tierras quedaron sin una autoridad que las protegiera. Fue en ese momento cuando empezó un nuevo proceso de colonización en el sur del Guaviare y cuando la destrucción de la selva empezó a convertirse en un problema”” (La Silla Vacía, 2022). Nuevos colonos y principalmente grandes financiadores de la deforestación, llegados de otros lugares y regiones son los responsables de la deforestación y del ingreso de ganadería. “”En Calamar, desde 2016, ha disminuido el número de hectáreas de coca, mientras que ha aumentado el número de cabezas de ganado. Y lo mismo ha sucedido en el pueblo vecino de Miraflores, pues la nueva economía del ganado abarca a todo el Guaviare”” (La Silla Vacía, 2022).

La carretera de 138 kilómetros que atraviesa las selvas del Guaviare conectando los municipios de Miraflores y Calamar, está construida además sobre un corredor de conectividad biológica entre la Serranía de Chiribiquete y la Reserva Nukak, donde confluyen la Amazonia, el Orinoco y el Escudo Guayanés. Calamar y Miraflores están separados por más de 100 kilómetros de bosque, esa trocha, que por 162 kilómetros recorre grandes extensiones de bosque en el Guaviare, es hoy uno de los mayores focos de deforestación de la Amazonia. En tan solo cinco años se ha transformado completamente por la deforestación, la quema de bosques y la praderización. Al parecer se trata de una verdad que aún cuesta nombrar “”Hablar con franqueza de la coca, la deforestación, la ganadería y los dueños de la tierra en el sur del Guaviare es muy difícil, si uno quiere seguir viviendo sin problemas. Existe el miedo a convertirse en blanco de Gentil Duarte, el antiguo comandante de las Farc que nunca entregó sus armas y ahora lidera la disidencia más grande del país (…) da miedo que lo que uno diga termine torpedeando los intereses de otros; en especial, de ese otro casi invisible que paga para tumbar bosques y meter vacas. Da miedo imaginarse las represalias que puedan producir las palabras”” (La Silla Vacía, 2022).

Según el reporte investigativo y periodístico de Zona Franca (2019) en el departamento del Guaviare, la gente tiene miedo de nombrar quienes son los grandes acaparadores de tierra en el Guaviare, y muy pocos se atreven a mencionar los vínculos con figuras de la política departamental, aunque todos lo saben pocos se atreven a decirlo. En relación con lo anteriormente expuesto, afirma Rodrigo Botero (SEMANA, 2020) que en esta trocha- corredor, se presenta principalmente un problema de ingobernabilidad. Así mismo, Botero (2020) afirma que en la actualidad en este corredor Calamar-Miraflores la mayor amenaza se da por la apertura de la frontera agropecuaria sobre las grandes áreas de conservación como son los Parques Naturales, los resguardos indígenas y la Reserva Forestal de la Amazonia. Es importante destacar que esta trocha o carretera ilegal es resultado de los procesos de conflicto armado que vivió Colombia y de la siembra de cultivos de uso ilícito asociados a este fenómeno. Esta carretera comenzó a ser construida por las extintas FARC hace más de 20 años, en la actualidad se trata de una de las zonas con más altos niveles de deforestación, como consecuencia de las distintas dinámicas que confluyen allí, tanto la apropiación de grandes extensiones de tierras, por personas con grandes capitales, como procesos de colonización campesina, el control de grupos armados ilegales y la economía que generan los cultivos de uso ilícito, afirma Botero para la revista SEMANA (2020).

Alrededor de esta vía podría haber medio millón de hectáreas con riesgo de deforestación, esto lo demuestran varios estudios que confirman que esta zona presentó una de las mayores intensidades de deforestación en 2019 para la Amazonia. Indica el informe Colombia Más 20, (El Espectador 2022) que según el IDEAM que entre 2016 y 2019 hubo aumentos en la deforestación, en este lapso de tiempo Miraflores perdió 4.300 hectáreas de selva y Calamar 26.869, 5.075 hectáreas deforestadas alrededor de la vía. Actualmente ésta vía es objeto de una compleja disputa, aunque su construcción se atribuye a las extintas FARC, una mezcla de intereses políticos y económicos la han expandido. Por ejemplo, la carretera fue una de las promesas de campaña del exgobernador del departamento, Nevio Echeverry, y de los exalcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa, y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, ellos aseguraban que la comunidad de Miraflores, en la que viven aproximadamente 5.000 personas, merecía estar conectada en mejores condiciones, y por eso comenzaron a tomar acciones para abrir la vía, e incluso propusieron al Invias pavimentarla (SEMANA, 2020).

Adicionalmente en diciembre del año 2019, la Fiscalía General de la Nación en sus labores de policía judicial y bajo la ‘Estrategia de Investigación contra la Deforestación en la Amazonía Colombiana’, identificó el grave daño ambiental y la acelerada pérdida de selva en la zona de especial protección ecológica entre Calamar y Miraflores. Según esta instancia la construcción de la vía sin los permisos ni licencias ambientales, el paso de vehículos pesados y los asentamientos que se dan luego de la tala y quema de bosques, afectaron el deterioro del área protegida y de las fuentes hídricas de la región. El alcalde de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal; y el alcalde de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial de 138 kilómetros y, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron. “”Según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación se triplicó en Guaviare durante el período de gobierno de los dos mandatarios locales. Pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal”” (Fiscalía, 2019). Por lo anterior la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores (Guaviare) como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados. El juez de control de garantías de San José del Guaviare accedió a la petición de la Fiscalía, y decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla (Fiscalía, 2019).

Concluye el portal investigativo y periodístico de La Silla Vacía (2022), que luego del proceso de paz, y de que las extintas FARC dejaran la zona, aumentaron notablemente las hectáreas dedicadas al ganado y disminuyeron las hectáreas de cultivo de uso ilícito, “”antes de que llegara la bonanza del ganado, la deforestación no era un problema que estuviera en la mira de muchos. Tal vez porque, aunque la siembra de coca también termina talando árboles, no lo hace al ritmo de la ganadería”” (La Silla Vacía, 2022). Calamar presenta mayores pérdidas de bosque, al estar conectado por tierra con San José del Guaviare y con el Retorno, de otro lado Miraflores es el más afectado, respecto a la economía y bienestar de sus comunidades, debido a que la vía es el único acceso de transporte terrestre para el comercio de alimentos, víveres y combustible, y la problemática social de Miraflores con respecto a la vía se da precisamente por su aislamiento.

En el informe especial Colombia Mas 20, que entrevistó a líderes de la comunidad de Miraflores, éstos afirman que la carretera fue una obra de las comunidades de Miraflores y por lo tanto no debería ser considerada ilegal por el servicio que le presta a la comunidad. En 2019 la Fiscalía ordenó el cierre total de la vía, luego en enero de 2020 la fiscalía se dio cuenta de las necesidades de la comunidad y se hizo una apertura parcial con ciertas limitaciones, permitiendo que pudieran transitar solo vehículos oficiales, motos, y vehículos particulares con 4 personas. Luego en el mes de marzo 2021, el juez promiscuo municipal de San José del Guaviare, ordenó a las autoridades civiles hacer un cierre de la vía Calamar – Miraflores y también ordenó a la fuerza pública vigilancia inmediata de la medida, debido a la solicitud de una fiscala en Medio Ambiente indicó medidas cautelares, para que no pudieran transportarse carros de carga pesada o con pasajeros.

Sin embargo, en el mes de enero de 2022 los campesinos y comunidades de Miraflores protestaron por la escasez de víveres y combustibles asociados al cierre de la vía y al bajo caudal del río Guaviare, y protestaron contra el cierre de un año de la carretera. Las comunidades exigían que les solucionaran el problema de desabastecimiento de alimentos y combustible porque no tenían como transportar carga, pues la carretera de 138 kilómetros es la única vía terrestre que comunica a este municipio con Calamar. Desde la firma del acuerdo de paz, los cultivos ilícitos disminuyeron notablemente porque la mayoría de campesinos se acogieron a los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos a través de PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que les había prometido a los campesinos proyecto legales y resolver el problema de la carretera. Sin embargo, el nivel de insatisfacción de los campesinos con el programa es alto, debido a los incumplimientos del mismo a lo que se suma la falta de la carretera, lo cual estaba generando problemas de abastecimiento, pues, aunque los campesinos se dispusieran a trabajar en el desarrollo agrícola de la región, no había forma de sacar los productos. Y aunque al municipio de Calamar lo cobija la figura de zona de reserva campesina, los campesinos no han tenido las garantías para llevar a cabo un proceso de sustitución de cultivos que les garantice su supervivencia. (El Espectador, 2020).

Ante ésta situación la comunidad tiene varias peticiones frente al Estado Colombiano: piden que la carretera Calamar-Miraflores sea reconocida como vía terciaria; solicitan la sustracción de la vía y la malla vial para que el Estado sea el responsable de su mantenimiento; piden también la sustracción de lugares intervenidos, para lograr titulación de las tierras a los campesinos; ampliar la zona de reserva campesina del Guaviare; obtener contratos por pagos de servicios ambientales; solucionar el conflicto entre indígenas y colonos por el territorio. Proponen un cabildo abierto que cuente con presencia de las alcaldías, entidades de nivel departamental, nacional e internacional, organizaciones de derechos humanos y quienes tengan competencia para buscar soluciones. Miraflores es el municipio más afectado debido a los cierres de la vía, pues la única vía de acceso con la que cuenta es precisamente la trocha o carretera ilegal, “”reclaman que se habilite la única carretera que los comunica con el resto del país, pero los ambientalistas y las instituciones sostienen que esto generaría un impacto irreparable en la Amazonía colombiana”” (El Espectador, 2022).

El informe especial de Colombia Más 20 (2022), reconoce el conflicto socioambiental de la trocha Calamar-Miraflores a partir de las disputas legales que enfrentan a campesinos, instituciones y ambientalistas. En este especial periodístico se indica que fueron los colonos y campesinos quienes hace más de 40 años construyeron la vía, por lo cual las comunidades reclaman la necesidad de reclamar y defender la legalización de la vía, las comunidades de Miraflores no entienden por qué si han sido ellos quienes han cuidado y financiado la vía el Estado no quiere legalizarla. Rodrigo Botero director de la FCDS que lleva más de una década haciendo seguimiento a este proceso, expresa que la carretera está generando fragmentación en la conectividad entre la zona central norte del Chiribiquete y la reserva Nukak, y que su activación rompería la barrera de la frontera agropecuaria. (Espectador, 2022) Los campesinos expresan que la falta de posibilidades para sacar los productos agrícolas de la zona, lo que los va a obligar a deforestar. Según los líderes, indican que, aunque la medida cautelar busca parar la deforestación, ésta y el acaparamiento han seguido creciendo, sienten que el Estado pone sobre los campesinos la responsabilidad de cuidar del bosque. Hay entrada de población vulnerable sí, pero especial y particularmente de grandes apropiadores y deforestadores.

En el año 2023 en el contexto del Consejo Nacional de deforestación se identificaron 4 núcleos de deforestación en Calamar, donde se van a iniciar con intervenciones, a partir de la identificación del análisis de predios, con coordenadas de los predios donde se están comenzando con procesos de socolar. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo como la gobernación anunciaron que se hará seguimiento a los responsables de la deforestación, se actuará con la fiscalía y las autoridades ambientales. La Gobernación aportará recursos para pagar recompensas sobre informaciones de responsables de la deforestación. Igualmente, la ministra anunció un plan concreto para la inhabilitación de la vía que pasa por el resguardo Yaguará II y un plan específico con la fiscalía para llegar a los predios que participen de procesos de deforestación para abrir procesos de investigación penal al respecto. También envió un mensaje de apoyo a las comunidades campesina, y condenó las amenazas que reciben líderes sociales, así como denunció la aparición de nuevas carreteras ilegales, que van a ser inhabilitadas, porque están abriendo corredores para el acaparamiento de tierras. A finales de 2023 se redoblaron esfuerzos desde el Ministerio de Ambiente para disminuir las altas tasas de deforestación.

Si bien el pico de deforestación sucedió después de la salida de las extintas FARC de la zona, entre 2016 y 2018, y posteriormente los índices bajaron durante unos años, la apertura y expansión de la trocha Calamar – Miraflores y la red de vías que crece perpendicular a ella ha fomentado la aparición de nuevos focos de deforestación en la zona (La Silla Vacía, 2023; FCDS, 2022; Sinchi, 2020). Por ello se ha priorizado la región circundante al corredor Calamar – Miraflores en la estrategia de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, la cual busca llegar a acuerdos de conservación con actores locales involucrándolos en la conservación del bosque por medio de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). La estrategia ha estado acompañada de otras iniciativas de educación ambiental y productivas que apoyan la meta de reducir la deforestación (Ministerio de Ambiente, 2024). Esta estrategia consiste en la entrega de incentivos monetarios a familias campesinas con predios de más de 10 hectáreas de cobertura boscosa. La intención del incentivo es que desarrollen sus actividades productivas en zonas ya afectadas, pero que no avancen el desmonte de la selva en las hectáreas todavía conservadas. También contempla el desarrollo de proyectos productivos sostenibles en los que, por ejemplo, se producen bloques de madera, pero, por cada árbol tumbado, se siembran 10 nuevas unidades en lugares estratégicos como rondas hídricas y corredores biológicos, sin tumbar más de tres o cuatro árboles por hectárea (La Silla Vacía, 2023).

Aunque el incentivo ha aumentado porque han llegado nuevos recursos presupuestarios con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad (Ministerio de Ambiente, 2023), los actores campesinos señalan que su objetivo no es depender de ellos sino del desarrollo de actividades productivas sostenibles. En ese sentido la estrategia de los Núcleos de Desarrollo Forestal ha tenido efectos positivos, como evidencia la reducción de hectáreas taladas en veredas y predios involucrados en el programa y la disposición en los actores locales a un cambio en la forma de llevar a cabo sus actividades productivas (Visión Amazonía, 2023). Sin embargo, han resaltado algunas problemáticas relacionadas con la aplicación de la estrategia en un contexto inestable por la presencia de actores armados y dificultades históricas de conectividad en la región. A pesar de que las disidencias de las FARC, que controlan la región del sur del Guaviare, no han propiciado en los últimos dos años deforestación en las áreas de los Núcleos de Desarrollo Forestal (La Silla Vacía, 2023), hay informes de cobro de vacunas a los Pagos por Servicios Ambientales que reciben las familias, así como a sectores productivos de la región. Esto ha sucedido en especial hacia Miraflores, donde hubo presencia histórica de las FARC y hoy continúan grupos disidentes (Cambio, 2023; Marandua, 2024). Al parecer, una división interna en el grupo disidente de las FARC que en la región opera, el Frente Primero Armando Ríos, ha sido el motivo detrás de la intensificación de dinámicas violentas en el último año (Defensoría del Pueblo, 2023).

También hay insatisfacción de la comunidad civil de Miraflores por el cierre de la vía que comunica con Calamar, pues cuando los niveles de agua en el río Vaupés son bajos, el tránsito de Miraflores a Calamar o viceversa puede demorar varios días. Esto ha aumentado los precios de la comida, combustible y demás productos de abastecimiento (El Cuarto Mosquetero, 2024), lo que ha llevado al municipio a declararse en crisis en épocas de sequía (Marandua, 2024). La comunidad ha denunciado que la vía está cerrada para usos básicos necesarios, pero que personas relacionadas al sector político del departamento han usado la vía para hacer carreras ilegales de vehículos 4×4, sin consecuencias legales a pesar de las afectaciones ambientales. También señala que, para lograr consolidar sus proyectos productivos sostenibles como parte de la estrategia de los Núcleos de Desarrollo Forestal, es necesario contar con la vía abierta y en buen estado, para sacar sus productos por allí, y que se comprometen a frenar la tumba de bosque si encuentran alternativas económicas (El Cuarto Mosquetero, 2024).

Por otro lado, se han documentado casos en los que algunas familias han dividido sus predios para recibir dobles Pagos por Servicios Ambientales, o en los que no declaran la totalidad de sus fincas para dejar una porción para tala y praderización. En vista de esto, el Ministerio ha propuesto que sean las Juntas de Acción Comunal quienes administren el dinero del programa de Núcleos de Desarrollo Forestal, para que así puedan regular estas dificultades desde los mismos municipios y veredas.